Tras un febrero agitado, con tres sesiones de tablas y la sanción de otras tantas leyes, el Senado se apresta a enfrentar una semana de transición, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida cuáles serán los proyectos de ley que pretenderá impulsar como parte de la serie de reformas que anticipó, aunque sin entrar en detalles, el presidente Javier Milei el pasado 1° de marzo en su discurso sobre el estado de Nación ante la Asamblea Legislativa.

Por lo pronto y para no perder el impulso de las extraordinarias, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), planea convocar a sesión esta semana, aun cuando no tenga proyectos de ley o dictámenes de comisión en condiciones de ser discutidos. El temario, o su ausencia, se definirá este martes, a las 18.30, en una reunión de Labor Parlamentaria.

La idea es abrir el recinto para que puedan tomar estado parlamentario una serie de ascensos militares que el Gobierno envió la semana pasada. Así se lo confirmó Bullrich a en un diálogo en el que confirmó que en la sesión también se le dará ingreso oficial el pliego que nomina para continuar en su cargo por cinco años más al camarista Carlos Mahiques, que cumple 75 años, y por lo tanto debería jubilarse, en noviembre próximo.

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal y es, además, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La prórroga de su magistratura fue enviada al Senado en la primera semana del mes pasado y si no se le dio estado parlamentario en la sesión del 12 de febrero, cuando se trató por primera vez la reforma laboral en la Cámara alta, fue porque su pliego no fue incluido de manera explícita, como sí lo estuvo el de Fernando Iglesias para embajador, en el decreto que convocó a sesiones extraordinarias.

Consultada por sobre el extraño caso de convocar a una sesión sólo para que tomen estado parlamentario ascensos militares y el pliego de un juez, la senadora lo justificó como “un gesto hacia los efectivos de las Fuerzas Armadas de que los tenemos en cuenta y que ya no los dejamos para el final”. “Es una impronta que quiero marcar”, agregó Bullrich.

Tanto los ascensos militares como la continuidad de Mahiques se definirán en la Comisión de Acuerdos, que todavía no tiene fecha de reunión. Esto se decidirá en las próximas horas en un encuentro que la jefa de la bancada oficialista planea sostener con el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Oficialista como Bullrich, el senador riojano responde a una tribu diferente en el universo libertario: es un hombre que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. En otras palabras, su terminal política es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esta semana obtendrá dictamen tres tratados internacionales, entre ellos uno de persecución de la pesca ilegal que suscribió la Argentina, que serán discutidos este martes, a las 17, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda. Si no generan disidencias bien podría ser tratados sobre tablas esta semana, aunque se necesitará el apoyo de los dos tercios para habilitar su discusión.

Mientras tanto y con Javier Milei de viaje por el exterior hasta el jueves, no hay definiciones del Poder Ejecutivo sobre cuál será la agenda que le deparará al Congreso en el futuro inmediato.

Más allá de las supuestas grandes reformas de las que se habla en la Casa Rosada, como los cambios en el sistema electoral, lo concreto es que en la Cámara alta no ha ingresado ningún proyecto considerado como prioridad por el oficialismo.

De hecho, los nombres de los candidatos para ocupar las más de 200 vacantes de jueces que hay en las justicias federal y nacional recién podrían comenzar a conocerse la semana próxima, que es cuando el ministro Mahiques tiene planeado reunirse con Milei para definir los nominados que enviará el Poder Ejecutivo a la Cámara alta.

No obstante la falta de precisiones, en el oficialismo circula una lista tentativa de supuestas iniciativas que serían enviadas al Senado en los próximos días y que contendrían algunas de las reformas anheladas por la administración libertaria desde el día que tomó el poder.

Así, se habla de proyectos con cambios a la ley de sociedades comerciales, que data de 1984; de la derogación de la denominada Ley de Tierras o de “Las Mil Hectáreas”, sancionada por el kirchnerismo en 2011 y que limita la capacidad a los extranjeros de poseer grandes extensiones de territorio; y el impulso una ley que acelere los desalojos en casos de usurpaciones.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay quiere concentrar en su juzgado todas las causas relacionadas con la AFA. Por ahora tiene el expediente sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece al tesorero Pablo Toviggino, pero ahora pidió las causas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado en los Estados Unidos.

Según pudo saber , no se trata de una mera cuestión procesal: los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.

De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.

El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.

En pocos días se definirá quién será el juez que acumule la mayoría de las causas que investigan a la AFA de Claudio Tapia.

Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juez del juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.

Es una juzgada arriesgada en términos de lo que pretende la AFA, porque si le dan la razón a González Charvay se queda con todo, pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.

El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.

De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.

La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.

Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.

Al juez Armella le pidieron una parte de su causa, solo la referida a TourProdEnter y no lo referido a Ariel Vallejo y el posible lavado de dinero. Aún Armella no resolvió; antes de hacerlo le dará traslado a las partes para conocer su opinión y pedirá algunas aclaraciones a González Charvay.

Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.

González Charvay entendió que lo que se investiga en el juzgado de instrucción de Capital y lo que se investiga en Lomas es la misma maniobra que tiene en sus manos y por eso les pidió el caso.

“De tal forma, a partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados, ante la verificación de la existencia de otras causas en las que se investigan los mismos sucesos que se ventilan en autos, por estricta aplicación de la prohibición de persecución penal múltiple por el mismo hecho me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente, para su acumulación a las presentes actuaciones”, dijo el juez de Campana.

Argumentó que el delito de administración fraudulenta investigado por el desvío de fondos “habría afectado intereses federales”, en particular al “sistema tributario argentino”.

“En ese caso se denunció la contratación de la empresa extranjera para el cobro de ganancias que no habrían ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habrían consignado en los libros y documentos contables, lo que necesariamente repercute en las declaraciones a efectuar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”, indicó.

La denuncia por fraude contra la AFA del agente FIFA Guillermo Tofoni señala que la AFA habría desviado unos U$S 400 millones hacia estructuras financieras internacionales.

Según el denunciante, este dinero, proveniente de contratos de la Selección Argentina, habría sido derivado a cuentas fantasmas de empresarios vinculados a la dirigencia, sin ingresar nunca a las arcas oficiales de la entidad en el país.

La investigación apunta a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 por Faroni (exdiputado bonaerense) y su esposa Gillete. Según la denuncia, esta empresa obtuvo de forma automática los derechos para recaudar fondos globales de la AFA.

El dinero (alrededor de U$S 300 millones) se depositaba inicialmente en cuentas de Tour ProdEnter LLC, luego se giraba a al menos siete sociedades sin actividad real, dirigidas por personas vinculadas a los imputados. Parte de estos fondos se habrían utilizado para costear “servicios suntuosos”, como el alquiler de aeronaves y embarcaciones.