La reforma de la ley de glaciares desembarca mañana en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.

El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.

Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.

Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.

El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.

Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.

Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.

Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.

Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.

“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”

Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.

Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.

Con motivo de los 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno publicó un video de poco más de una hora en el que cuestiona al kirchnerismo bajo el lema de “Las víctimas que quisieron esconder” y refuerza su postura de “memoria completa”. El material incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127.

Fernández, oriunda de Mendoza, fue restituida el 27 de diciembre de 2017, cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete. Según relata en el documental, decidió —mediante un proceso judicial— mantener el apellido de sus padres de crianza, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi —fallecida en 2023—. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, sostuvo.

De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, Fernández nació en cautiverio en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus padres —que compartieron militancia en la organización Montoneros— habían sido secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla. Ambos continúan desaparecidos.

Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme”, recordó.

“Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado», añadió y lamentó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.

Casi cuatro años después, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández —quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura— y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos”. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del (D-2), recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo del nacimiento.

Fernández recibió, además, —en el marco de una decena de juicios— dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano.

“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos», subrayó y apuntó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.

Crítica de las políticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Fernández eligió que el anuncio de su restitución se hiciera en el anonimato, sin dar a conocer su identidad en ese entonces.

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000.

A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo comenzaba a llenarse de gente portando carteles. “No nos han vencido”, se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.

El camión que traslada a las Madres de Plaza de Mayo y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con su gabinete avanzaba a paso de hombre por la Avenida de Mayo. El mandatario, Verónica Magario y otros funcionarios saludaban a la caravana de gente que acompaña el recorrido.

En algunos tramos, el cántico “Axel presidente” se hace escuchar. En el acoplado del camión (marca Iveco) viajan los ministros bonaerenses Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Alonso y Carlos Bianco, entre otros. También, intendentes como Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), o Andrés Watson (Florencio Varela).