El Gobierno informó esta mañana que prepara el envío de un paquete de reformas clave para que sean debatidas por el Congreso de la Nación. El encargado de comunicarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Rosada, donde se defendió de las denuncias que apuntan a su viaje a Punta del Este y a un crecimiento patrimonial no justificado: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.

Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.

En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.

Cambios en la ley de tierras rurales e inversión

Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.

En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.

Revisión de pensiones por discapacidad y sistema de beneficios sociales

Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.

“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.

Concesión de Chapadmalal y transformación estatal

El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.

Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.

Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa este miércoles en medio de la polémica que lo tuvo como protagonista en los últimos días, producto de las dudas respecto a su declaración patrimonial y el viaje a Punta del Este que realizó en avión privado. En medio de las respuestas, se cruzó con algunos periodistas y reiteró en varias oportunidades que dará las explicaciones ante la Justicia, en caso de ser necesario.

Durante el inicio, el funcionario leyó un documento en el que lo primero que hizo fue aclarar algunos puntos sobre la investigación judicial que se está desarrollando respecto a su patrimonio. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.

Luego, el funcionario aceptó cinco preguntas por parte de periodistas acreditados en la Casa Rosada y lo primero que respondió fue sobre la supuesta propiedad que aparece a nombre de su esposa en un country. “Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, la verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno”, sostuvo el ministro coordinador.

“Ni siquiera es una operación contra mí. Esto es claramente una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? Estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno. Soy uno más en esta, en esta filita de ataques que estamos recibiendo“, agregó.

En tanto, sobre el viaje a Punta del Este, afirmó que fue realizado con su familia y reiteró: “Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto. Es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia”.

En esa línea, respecto al pago del avión privado en el que viajó a la ciudad uruguaya, Adorni continuó: “Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión. Lo demás es parte de la investigación de la Justicia».

A continuación, ante el cuestionamiento sobre su situación patrimonial, el funcionario respondió: “Partamos de la base de que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí o para mi familia. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista, y yo respondo a un periodista“.

“Sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado, en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que, mi estimado periodista, aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia. Tal vez, pasada la mitad de año podamos desasnar de tus dudas”, completó en la respuesta.

En tanto, también fue consultado sobre si el pago del viaje a Punta del Este representó una dádiva por su gestión en la Televisión Pública, a lo que el jefe de Gabinete replicó: “Cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo. Yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, ya no sé cómo explicárselos”. Sostuvo que la injerencia de (Marcelo) Grandío en la Televisión Pública es previa a su llegada a la gestión de los medios estatales y señaló: “No veo ningún tipo de incompatibilidad ni menos de dádiva. Mucho menos”. Seguido a esto, agregó: “No tengo por qué explicar una transacción privada en la que la Justicia no me lo está preguntando. Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente”.

Por último, ante el pedido de explicaciones sobre cómo pagó el viaje privado (si fue en negro o hubo un recibo), Adorni solicitó un pedido de disculpas: “Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, me voy un poco para atrás. ‘Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni’, ¿Te suena? Porque lo dijiste vos -le dijo al periodista en la sala-. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Has mentido descaradamente sobre mí“.

“Me gustaría que me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas a pedir, así que te lo tomo”, exigió el jefe de Gabinete, que volvió a escuchar la pregunta y respondió: “Pero, ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez“.

“Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos es un tema tuyo. Está todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar, ni ahora ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes”, completó el funcionario en el cierre de la conferencia.

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En una entrevista con Infobae a la Tarde, el director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, tras participar en la primera audiencia pública, donde se registró la inscripción de más de 100 mil personas para exponer su preocupación por la protección del agua.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Nápoli mostró la cintita con sello de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como expositor y destacó: “102 mil personas se inscribieron para participar. Es un estadio de River y un poco más”. Remarcó el carácter federal de la convocatoria: “Vimos testimonios de gente de todas las provincias, de todos los lugares”.

El conflicto por la nueva ley de glaciares y la masiva respuesta social

La jornada en el Congreso se inició con la presencia de 102 mil inscriptos para participar de las audiencias sobre la Ley de Glaciares, aunque solo 300 personas pudieron exponer en forma presencial. Napoli contextualizó: “Lo razonable hubiera sido reestructurar eso. Se podrían haber hecho audiencias simultáneas en el interior del país, en los lugares donde están las cuencas hídricas que más provisión de glaciares tienen”. Según explicó, la dimensión del interés social superó por mucho las expectativas iniciales: “Nosotros calculábamos 10 mil personas aproximadamente. Esto se expandió y da una idea del interés que representa”.

Durante la audiencia, Napoli subrayó la preocupación por el impacto de la minería de alta montaña: “No es que es no a la minería, es el 0,3% no a minería sobre glaciares, porque los glaciares no son compatibles con la actividad minera. Cuando la minería llega, el glaciar vuela por los aires”. Detalló que ese porcentaje del territorio nacional resulta clave para la provisión de agua en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde se concentran proyectos de cobre que podrían habilitarse con la nueva ley.

En ese sentido, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después cuando se habilite el proyecto”. Criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.

Riesgos constitucionales y acuerdos internacionales

El director de FARN sostuvo que el proyecto viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según la Constitución. “Hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no pueden hacer cualquier cosa con ellos porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección”, explicó.

Además, Napoli mencionó que la iniciativa contradice acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige no retroceder en los niveles de protección ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones. “Estamos haciendo una apuesta de muy corto plazo que puede traer muchos problemas para adelante”, afirmó.

Consultado sobre la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras, fue contundente: “No la va a haber, porque además las provincias están conscientes de que eso es así”.

El rol de IANIGLA y las dudas sobre el control provincial

Uno de los puntos más polémicos del debate es la transferencia de competencias al ámbito provincial. Napoli expresó su preocupación: “Si hoy tenemos un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por el trabajo, sino por el propio Inventario Nacional de Glaciares, su metodología es pública, todos la conocemos, y eso se lo pasamos a las provincias y no sabemos cómo van a operar”.

Describió la falta de transparencia en la selección de oradores para las audiencias y la incertidumbre sobre los criterios aplicados: “No se sabe por qué ni cómo le llegó ni de qué manera. Planteamos que la cuestión de la transparencia es muy importante en esto”.

Finalmente, recordó antecedentes negativos de la minería en zonas de glaciares, como el caso de Pascua Lama, clausurado en Chile por afectar ríos y vegas. “Esperemos que no se den acá”, advirtió.

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