Los archivos de Jeffrey Epstein no solo revelaron detalles y evidencias contundentes sobre la red delictiva de explotación sexual y abuso de menores que rondaba al empresario neoyorkino. También, entre correos y mensajes, se develaron cientos de intercambios de negocios, coordinación de información privilegiada y reportes clasificados que recibía Epstein como parte de la elite mundial. Una serie de documentos confidenciales, analizados por , exponen un plan con aristas sospechosas de una de las empresas de Epstein en Buenos Aires.

Alrededor de 2014, Epstein se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, una empresa asociada a las fuerzas de defensa, la industria militar y a la inteligencia de Israel. De hecho, Ehud Barak, el exprimer ministro de ese país -a quien Epstein le prestaba frecuentemente su departamento de Nueva York-, fue presidente de la compañía. Lo acompañaban en la gerencia exfuncionarios y personal de las fuerzas armadas israelíes.

La empresa se presentaba como la panacea de la seguridad urbana, como parte de un plan de “Ciudades Seguras” (que incluía a otras empresas). Prometían salvar vidas mediante una aplicación móvil. Sin embargo, al escarbar en sus propios planes de negocio y documentos técnicos, surge una realidad mucho más inquietante: la admisión, en múltiples intercambios de los propios oficiales de la compañía, de que se trataba de una herramienta con potencial de vigilancia masiva que convertiría cada smartphone en un sensor de video en tiempo real conectado directamente a centros de control gubernamentales.

Reporty trabajaba sobre el primer sistema de microlocalización exacta (con una precisión de menos de un metro, incluso en interiores). Pero el verdadero negocio parece estar en lo que ocurre cuando no hay una emergencia que es reportada directamente por los usuarios individuales. La empresa admite que, aunque el usuario no esté usando la app, el sistema chequea su posición dos veces al día. Su ambición, de acuerdo a los documentos, era recolectar información de movimientos en espacios cerrados las 24 horas del día, algo que ellos mismos califican como “invaluable” para monetizar con redes sociales y agencias de publicidad. “El santo grial de la información”, le dicen.

Bajo la “gamificación”, Reporty buscaba implementar un sistema de puntuación de credibilidad automática para cada ciudadano. Si alguien reportaba algo que el algoritmo o el despachador consideraran irrelevante, la “nota” de esa persona baja. En un reporte enviado a Epstein el 13 de diciembre de 2014, se describe un esquema de control donde la autoridad no solo recibe ayuda sino que obtiene el poder de “controlar a la masa” en las redes sociales, evitando que los videos de incidentes se vuelvan virales de forma independiente.

En este documento, la empresa se refiere a los reportes de emergencia por video que hagan los ciudadanos y dice: “En lo que respecta al video, no estamos dando a las personas la oportunidad de compartir el video en las redes sociales como ocurre actualmente (al menos no en la primera versión) — nosotros no inventamos la necesidad, esto está ocurriendo en todo el mundo — la gente está tuiteando, enviando mensajes y filmando todo para subirlo a las redes sociales y no hay nada que hacer al respecto, ya que las autoridades no tienen herramientas para controlarlo más allá de limitar el uso de dichas redes (nadie puede detener realmente a la nueva tecnología). Cuando una persona realiza un reporte con Reporty sobre un accidente automovilístico, lo enviamos automáticamente al centro de comando y control pertinente y eso es todo; incluso no le daremos al usuario la oportunidad de guardarlo en su propio teléfono, si fuera necesario. Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la ‘masa’ en la red social, y esta es una gran diferenciación que resulta relevante para la legislación internacional».

¿Qué tiene que ver con la Argentina? Reporty buscaba expandirse principalmente a través de una estrategia de “arriba hacia abajo” (up to bottom strategy), enfocándose en atraer primero a gobiernos y municipalidades para que estas, a su vez, promovieran la aplicación entre sus ciudadanos. Incluso, hablan de que las autoridades “fuercen” a los ciudadanos a bajarse la aplicación. La empresa posicionaba su plataforma como un producto complementario “imprescindible” para los proyectos de ciudades inteligentes y seguras que ya estaban en marcha o planificados a nivel global. Para su expansión internacional, Reporty trató con grandes empresas del sector de la seguridad, actuando como integradores; entre estas compañías aparece Mer Group.

En un reporte confidencial enviado a Epstein en 2014, las autoridades de Reporty vuelcan avances en estrategias, acuerdos con otras empresas y el estado de desarrollo de la instalación de sistemas en distintos lugares del mundo. Expresan: «3.5.6 Argentina (Buenos Aires): Se espera que Mer Group termine la instalación de cámaras, observación y sistemas de inteligencia (cameras, observation and intelligence systems) en Buenos Aires este año para el enorme proyecto de Ciudad Segura, según la empresa. Esto contrasta con varios informes recibidos durante los últimos meses que afirman que el proyecto argentino de la compañía había encontrado numerosos retrasos, e incluso que podría no llevarse a cabo al final. En meses recientes, los periódicos en Argentina publicaron varios informes que afirmaban, entre otras cosas, que el proyecto de 42 millones de dólares había encontrado problemas y se estaba retrasando».

Asimismo, en otro apartado estratégico sobre su expansión global, la compañía menciona: “Ya contamos con algunas asociaciones potenciales con empresas de Ciudad Segura que están buscando ofrecernos como un producto complementario para su solución existente. (Por ejemplo: Mer-group – trabajando en Argentina, África y más)“.

La realidad sobre qué y cuándo se implementó en la Argentina es por ahora parcial. En ese entonces, la Policía Federal no se había aún traspasado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Capital operaba la Federal, comandada por el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Cecilia Rodríguez. Las licitaciones de esa época no están disponibles para su consulta pública y los tiempos de respuesta de pedidos de acceso a la información podrían dar más respuestas en los meses por venir.

Sin embargo, encontró un video institucional, subido por la empresa en julio de 2017, que describe lo siguiente: “Gracias al proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, implementado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, Buenos Aires se suma a las ciudades más desarrolladas del mundo en materia de sistemas de seguridad pública y la Policía Federal se convierte en una de las más avanzadas de Latinoamérica. Pusimos en marcha una red integral de seguridad para que los porteños y los que se encuentran en la ciudad cuenten con tecnologías para su cuidado y protección, mejorando su calidad de vida”. En el video aparecen imágenes de Cristina Fernández de Kirchner saliendo de la Casa Rosada.

En el epígrafe del video, la empresa volcó esta información: “Buenos Aires ciudad segura, proyecto desarrollado por MER GROUP que moderniza sustancialmente los recursos de la policía federal: patrulleros tecnológicos, cámaras on-line, computadora móvil, monitoreo virtual y mucho más. Acercando la ciudad a una Smart City”.

El video describe que se implementaron las siguientes tecnologías: 1200 cámaras de alta definición para patrullaje virtual y control de accesos a la ciudad, cuyas imágenes pueden usarse como prueba judicial; un Centro de Comando y Control y cinco centros regionales de monitoreo; patrulleros tecnológicos equipados con cámaras, computadoras móviles y reconocimiento automático de patentes y 500 kilómetros de red propia de fibra óptica, entre otras.

El Gobierno nacional no tiene pensado retirar el pliego del camarista Carlos Mahiques, con el que busca que se mantenga en su cargo después de cumplir 75 años, el próximo primero de noviembre. Así lo pudo saber este lunes de fuentes oficiales de la Casa Rosada.

“No vemos por qué”, afirmó un funcionario de la administración de Javier Milei ante la consulta respecto de si evalúan retirar el pliego enviado al Senado, a comienzos de este mes, para que Mahiques prosiga en el cargo más allá del límite etario que impone la Constitución a los magistrados.

Mahiques quedó en medio de una controversia después de que publicara el domingo que festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar cuya propiedad se atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, según contaron jueces, fiscales y funcionarios.

La revelación adquiere importancia porque justamente esa lujosa quinta de Pilar es objeto de una investigación judicial sobre la cual debe decidir el propio Mahiques. El festejo al que hicieron alusión las fuentes consultadas ocurrió en noviembre de 2025, cuando Mahiques cumplió 74 años.

Mahiques fue sorteado junto a sus pares de la Sala I de la Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, para definir si abren el recurso de queja que planteó un fiscal de San Martín para que el caso regrese al fuero federal o si dejan todo en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Esta última opción es la que quieren los acusados, entre los que además de Toviggino se encuentra el propio titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En tanto que un sector de la Justicia y los querellantes buscan que regrese al fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultados por la situación de Mahiques, las fuentes oficiales dijeron que no ven motivos para retirar el pliego y aludieron a que el juez niega la existencia de la fiesta, aunque dejaron abierta la posibilidad de que el festejo se hiciera con la presencia de “importantes personalidades de la justicia”, según aseguró un hombre de Balcarce 50.

“Si fuera por tener vínculos con la AFA habría que apuntar a mucha gente”, sostuvieron luego. “Es un juez que, en términos de fallos, la verdad es que no tiene muchas polémicas”, definió otra de las fuentes consultadas. En la misma línea, consideró “apresurado” opinar en el marco actual.

La información sobre la fiesta del cumpleaños 74 de Mahiques fue dada a conocer este domingo por . Según reconstruyó este diario, jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que el festejo se dio a fines del año pasado, en el predio investigado actualmente por la Justicia.

Incluso uno de los jueces consultados por este diario reconoció que asistió al evento. Mahiques negó que esa fiesta haya ocurrido, aunque después desafió con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente?“, y agregó: ”No siento que sea algo por lo que deba excusarme».

Mahiques llegó a la Cámara de Casación federal en 2017, por medio de un traspaso que despertó otra fuerte polémica. Con 74 años cumplidos en noviembre, el 4 de este mes consiguió que Milei solicite al Senado que le otorgue un nuevo acuerdo para que continúe como juez más allá del límite de 75 años.

Esa decisión comenzó a tomar forma el año pasado y para eso, el Gobierno abrió el expediente 176/25, que se aceleró durante las primeras semanas de este año, hasta que cosechó las dos firmas clave. El martes 3 de este mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estampó su firma. Y antes de la medianoche de ese mismo día, hizo lo propio el Presidente. En la mañana del miércoles 4 ingresó por la Mesa de Entradas del Senado.

La mira en la AFA, en otro carril

Por carril paralelo, el Gobierno mantiene su propia embestida contra la la cúpula de la AFA, pero es en un expediente aparte del de la quinta de Pilar sobre el que deberá decidir Mahiques.

Desde fines del año pasado, a través de una presentación en la Justicia en lo penal económico, la ARCA puso la lupa la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. En el marco de ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia y Toviggino para la primera semana de marzo.