POLITICA
Milei impuso la negociación bilateral con las provincias y se desarticuló el frente de gobernadores
Los gobernadores permanecen dispersos frente a la aceleración de las reuniones individuales que protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, de cara al tratamiento de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso. A la estrategia de diálogo bilateral delineada por el Gobierno, se agregan la debilidad de los incipientes bloques entre mandatarios, el receso legislativo y las licencias, que los fragmenta más de la cuenta.
Los jefes provinciales que mantienen afinidades geográficas o ideológicas conservan el diálogo, con variada intensidad según el caso. No obstante, no constituyen frentes consolidados que planteen una negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, pese a compartir la inquietud por el artículo 191 del proyecto de modernización laboral, que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, perjudica la coparticipación.
El panorama contrasta con el estallido de encuentros grupales que se produjo durante los últimos meses del año pasado, tanto durante la campaña electoral como en la previa del tratamiento legislativo del Presupuesto 2026, finalmente aprobado. Actuaron en bloque para presionar por el reparto del impuesto al combustible y de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
En diálogo con , una funcionaria del gabinete de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) reconoció que los viajes de Santilli “debilitan los proyectos en conjunto” de los jefes provinciales, aunque destacó que esto no sucede con los peronistas del ala más opositora. “El problema es cómo [el Gobierno] va comparando voluntades de manera individual. Distintas provincias han votado por una obrita, una concesión de un recurso natural o un cambio en el presupuesto”, expresó.
Hay un grupo de mandatarios de origen peronista que dialoga permanentemente con el Gobierno y cuyos legisladores suelen acompañarlo en las votaciones en el Congreso. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes suelen trabajar en conjunto con Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), según enumeró el catamarqueño a .
Estos gobernadores se reunieron reiteradamente a fines de noviembre, en vísperas del recambio de bancas y del tratamiento del Presupuesto 2026, que sus legisladores finalmente apoyaron. Incluso intentaron conformar un interbloque, pero el ensayo terminó frustrado.
Entre estos mandatarios, Santilli mantuvo encuentros durante enero con los jefes provinciales de Salta y Neuquén y “estará yendo a ver a los gobernadores de Misiones, Tucumán y Catamarca en algún momento, aunque aún no hay fecha definida”, según supo de una fuente cercana al ministro.
Jalil espera que el diálogo entre estos líderes provinciales se reactive de forma privada la próxima semana, en la previa al debate de la modernización laboral. Pese al intento frustrado de conformar un interbloque, señaló que el trabajo conjunto de los legisladores que les responden “está funcionando en el Congreso, cada uno con su bloque”. Asimismo, indicó que están “preocupados” por el artículo referido a Ganancias.
En un peronismo que atraviesa una crisis de liderazgo, aparece otro conjunto de gobernadores, más identificados con el kirchnerismo, que también se encuentra en estado de alerta por el impacto de la reforma en la recaudación de las provincias.
Kicillof, Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) se reunieron el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires, junto a diputados y senadores nacionales, en una demostración de trabajo conjunto.
Una funcionaria cercana a Kicillof señaló que estos gobernadores tienen la intención de “votar juntos” contra la reforma laboral y “sumar votos para conseguir que no se vote”.
Este grupo conserva un “diálogo totalmente fluido” -que contrasta con las conversaciones que mantienen con gobernadores de otros espacios- y tiene el objetivo de frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso. Su tarea será meramente defensiva, dado que consideran que sus proyectos serían “puramente declamativos” en tanto entienden que no llegarían al recinto, explicó la dirigente.
Entre ellos, solo el pampeano y el santiagueño fueron convocados y mantuvieron encuentros con Santilli desde que asumió su cargo. “Ziliotto [se reúne] pero no se mueve un milímetro. Tiene muy claro su lugar”, dijo.
Por su parte, dos fuentes de Provincias Unidas, el bloque que se referencia principalmente en los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres) y Jujuy (Carlos Sadir), coincidieron en que el diálogo con Nación convive con el vínculo entre los mandatarios, sin obstaculizarlo. “Que reciban y conversen con Santilli no significa que entre ellos no tengan una coordinación”.
Sin embargo, una fuente parlamentaria del espacio dijo que la comunicación entre jefes provinciales “está bastante más fría” en comparación a los meses de campaña. “La iniciativa la tiene el Gobierno”, dijo, y admitió que la estrategia nacional de negociar individualmente fue “rompiendo”.
Provincias Unidas dejó atrás las presentaciones públicas que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña. Luego del 6,95% de los votos -que quedó lejos de sus expectativas-, mermaron las apariciones colectivas.
“No hay algo concreto que obligue a hacer una demostración en conjunto en pleno verano”, explicó una fuente que coordina el vínculo entre los gobernadores de Provincias Unidas, en diálogo con .
Explicó que cada uno está concentrado en la agenda de su respectiva provincia y que el diálogo grupal lo acapara la reforma laboral. “Estamos de acuerdo con que tiene que haber una modernización. Lo que planteamos es que no tiene que ser cada ley en contra de los recursos de las provincias”, dijo, y mencionó el artículo sobre Ganancias: “Ahí ningún gobernador está de acuerdo”.
Una fuente del equipo de Pullaro agregó que en el proyecto “hay cosas que se deberían modificar”, pero que de todos modos “no va a haber trabas”.
el ministro del Interior, Diego Santilli,intentaron conformar un interbloque,por el artículo referido a Ganancias,se reunieron el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa,las presentaciones públicas que repitió en numerosas ocasiones,Reforma laboral,Conforme a,,Tensión. Los gobernadores vuelven a la carga por la obra pública en medio de la negociación por la reforma laboral,,»Tour de la gratitud». Milei llega este lunes a Mar del Plata y el martes habla en La Derecha Fest,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,Reforma laboral,,La IA para los mayores de 55. Cómo la inteligencia artificial extiende la vida laboral de los trabajadores silver,,Costo argentino. Un laberinto impositivo: pese a las promesas, las pymes aún pagan 37 tributos y sólo les quitaron el impuesto PAIS,,Reforma laboral. El oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero
El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.
Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.
Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.
Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.
En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.
Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.
En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.
En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.
El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.
En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.
El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.
Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.
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POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones
La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre
POLITICA
Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral
La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.
El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.
No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.
La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.
“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.
Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.
En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
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