Los gobernadores permanecen dispersos frente a la aceleración de las reuniones individuales que protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, de cara al tratamiento de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso. A la estrategia de diálogo bilateral delineada por el Gobierno, se agregan la debilidad de los incipientes bloques entre mandatarios, el receso legislativo y las licencias, que los fragmenta más de la cuenta.

Los jefes provinciales que mantienen afinidades geográficas o ideológicas conservan el diálogo, con variada intensidad según el caso. No obstante, no constituyen frentes consolidados que planteen una negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, pese a compartir la inquietud por el artículo 191 del proyecto de modernización laboral, que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, perjudica la coparticipación.

El panorama contrasta con el estallido de encuentros grupales que se produjo durante los últimos meses del año pasado, tanto durante la campaña electoral como en la previa del tratamiento legislativo del Presupuesto 2026, finalmente aprobado. Actuaron en bloque para presionar por el reparto del impuesto al combustible y de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

En diálogo con , una funcionaria del gabinete de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) reconoció que los viajes de Santilli “debilitan los proyectos en conjunto” de los jefes provinciales, aunque destacó que esto no sucede con los peronistas del ala más opositora. “El problema es cómo [el Gobierno] va comparando voluntades de manera individual. Distintas provincias han votado por una obrita, una concesión de un recurso natural o un cambio en el presupuesto”, expresó.

Hay un grupo de mandatarios de origen peronista que dialoga permanentemente con el Gobierno y cuyos legisladores suelen acompañarlo en las votaciones en el Congreso. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes suelen trabajar en conjunto con Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), según enumeró el catamarqueño a .

Estos gobernadores se reunieron reiteradamente a fines de noviembre, en vísperas del recambio de bancas y del tratamiento del Presupuesto 2026, que sus legisladores finalmente apoyaron. Incluso intentaron conformar un interbloque, pero el ensayo terminó frustrado.

Entre estos mandatarios, Santilli mantuvo encuentros durante enero con los jefes provinciales de Salta y Neuquén y “estará yendo a ver a los gobernadores de Misiones, Tucumán y Catamarca en algún momento, aunque aún no hay fecha definida”, según supo de una fuente cercana al ministro.

Jalil espera que el diálogo entre estos líderes provinciales se reactive de forma privada la próxima semana, en la previa al debate de la modernización laboral. Pese al intento frustrado de conformar un interbloque, señaló que el trabajo conjunto de los legisladores que les responden “está funcionando en el Congreso, cada uno con su bloque”. Asimismo, indicó que están “preocupados” por el artículo referido a Ganancias.

En un peronismo que atraviesa una crisis de liderazgo, aparece otro conjunto de gobernadores, más identificados con el kirchnerismo, que también se encuentra en estado de alerta por el impacto de la reforma en la recaudación de las provincias.

Kicillof, Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) se reunieron el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires, junto a diputados y senadores nacionales, en una demostración de trabajo conjunto.

Una funcionaria cercana a Kicillof señaló que estos gobernadores tienen la intención de “votar juntos” contra la reforma laboral y “sumar votos para conseguir que no se vote”.

Este grupo conserva un “diálogo totalmente fluido” -que contrasta con las conversaciones que mantienen con gobernadores de otros espacios- y tiene el objetivo de frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso. Su tarea será meramente defensiva, dado que consideran que sus proyectos serían “puramente declamativos” en tanto entienden que no llegarían al recinto, explicó la dirigente.

Entre ellos, solo el pampeano y el santiagueño fueron convocados y mantuvieron encuentros con Santilli desde que asumió su cargo. “Ziliotto [se reúne] pero no se mueve un milímetro. Tiene muy claro su lugar”, dijo.

Por su parte, dos fuentes de Provincias Unidas, el bloque que se referencia principalmente en los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres) y Jujuy (Carlos Sadir), coincidieron en que el diálogo con Nación convive con el vínculo entre los mandatarios, sin obstaculizarlo. “Que reciban y conversen con Santilli no significa que entre ellos no tengan una coordinación”.

Sin embargo, una fuente parlamentaria del espacio dijo que la comunicación entre jefes provinciales “está bastante más fría” en comparación a los meses de campaña. “La iniciativa la tiene el Gobierno”, dijo, y admitió que la estrategia nacional de negociar individualmente fue “rompiendo”.

Provincias Unidas dejó atrás las presentaciones públicas que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña. Luego del 6,95% de los votos -que quedó lejos de sus expectativas-, mermaron las apariciones colectivas.

“No hay algo concreto que obligue a hacer una demostración en conjunto en pleno verano”, explicó una fuente que coordina el vínculo entre los gobernadores de Provincias Unidas, en diálogo con .

Explicó que cada uno está concentrado en la agenda de su respectiva provincia y que el diálogo grupal lo acapara la reforma laboral. “Estamos de acuerdo con que tiene que haber una modernización. Lo que planteamos es que no tiene que ser cada ley en contra de los recursos de las provincias”, dijo, y mencionó el artículo sobre Ganancias: “Ahí ningún gobernador está de acuerdo”.

Una fuente del equipo de Pullaro agregó que en el proyecto “hay cosas que se deberían modificar”, pero que de todos modos “no va a haber trabas”.

El Gobierno oficializó este lunes la salida del exfiscal Paulo “Paul” Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al que había llegado tras la salida del primer titular del organismo de la era libertaria, Ignacio Yacobucci. En el mapa libertario, Starc era un hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Su desvinculación se oficializó la semana pasada a través de un comunicado del Gobierno, y previamente había sido confirmada a por fuentes confiables.

Menos de un año después de su designación, el Poder Ejecutivo firmó su renuncia a través del Decreto 45/2026 y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.

Starc había sido elegido en enero de 2025, tras la salida de Yacobucci, pero el Poder Ejecutivo efectivizó su nombramiento en abril pasado, tras la audiencia pública para que arribe al cargo, realizada el 17 de marzo de ese mismo año.

Tras conocerse la salida de Starc desde el Ministerio de Justicia anunciaron que su reemplazante será Ernesto Gaspari, y sostuvieron que Starc se fue “por razones personales”, al tiempo que le agradecieron por su desempeño en el organismo.

Asimismo, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y designó en su lugar a Fernando Herrmann, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero de 2026. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida oficializó un cambio que ya había sido anticipado la semana pasada, cuando se conoció la salida de Pierrini mediante un comunicado oficial del Gobierno. La norma dispuso la aceptación de la renuncia presentada por el funcionario y expresó el agradecimiento del Poder Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión, al tiempo que confirmó la designación de su reemplazante en la Secretaría de Transporte, un área clave dentro de la estructura económica del Gobierno.

El nuevo secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, es arquitecto, con orientación en sistemas constructivos especiales, y egresado de la Universidad de Belgrano. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), una formación que combina perfiles técnicos y de gestión.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno al anunciar el cambio de autoridades, Herrmann posee una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión en el sector. A lo largo de su carrera también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La salida de Pierrini se produjo en un contexto de tensión dentro del sector del transporte. Días antes de que se comunicara su salida del cargo, había informado sobre un conflicto entre empresas de colectivos por el reparto de los subsidios estatales, una disputa que expuso diferencias internas y reclamos cruzados dentro del sistema de transporte automotor.

En línea con los cambios que lleva adelante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y designó a su nuevo interventor, Marcelo Alejandro Nachon, a través de la Resolución 18/2026.

En su carta de dimisión, el ahora exfuncionario declaró que la administración libertaria lo considera “prescindible”.

Y es que en julio del año pasado, el Poder Ejecutivo dio inicio formal a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplazará en los próximos meses a los actuales entes de control, Enargas y ENRE, y asumirá todas las funciones bajo una única estructura.

Esta situación explica el paso al costado de Casares, que estaba entre los candidatos para asumir como titular del Enrge, pero finalmente el Gobierno se decidió por el actual interventor en el ENRE, Marcelo Lamboglia.

La designación de Nachon tendrá validez en las condiciones y en el plazo previsto en el Artículo 2° del Decreto N°370, de fecha 30 de mayo de 2025, que extendió el estado de intervención del organismo hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio definitivo.

Por último, el Poder Ejecutivo avanzó con otra modificación en el área de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), al aceptar la renuncia de su actual titular, Pablo Luis Santos. En su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Así quedó formalizado a través del decreto 33/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Diego Santilli. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicaron.