“Las y los abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección”, dice el comunicado que firman Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora y Ángeles Reig.

Todo el proceso conducido por la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a elegir al sucesor o sucesora de Marisa Graham, duró más de dos meses.

Desde el comienzo hubo señalamientos a la falta de transparencia de los procedimientos en las distintas etapas del concurso: examen escrito, evaluación de antecedentes, presentación del plan de trabajo y entrevista con los integrantes de la bicameral.

“Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso -dicen las firmantes del pronunciamiento, todas ellas candidatas que aprobaron el examen escrito-, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas”.

Aseguran haber trabajado de forma “seria y comprometida”, haber presentado planes de trabajo y aprobado exámenes, además de presentarse a una audiencia en la bicameral.

Pero consideran que el resultado del concurso no estuvo a la altura y lo califican en términos muy duros: “No solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación”.

Las principales quejas, tanto de candidatos como de integrantes de la Bicameral, se dirigieron a la no publicación de los exámenes (a posteriori de la corrección), a la publicación tardía y parcial de los currículums de los concursantes y a la no presentación en tiempo y forma de los criterios con los cuales se evaluarían las diferentes etapas del concurso; estos lineamientos se presentaron y votaron solo 5 días antes de anunciar el nombre de la persona elegida para el cargo.

Lo más grave fue que, una semana y media antes del anuncio del nombre, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que éste ya estaba definido, y no como resultado del concurso sino fruto de un acuerdo político previo. Ante las protestas de sus colegas, dijo el nombre: María Paz Bertero. Hubo gritos de indignación y uno de los miembros de la bicameral incluso le dijo: “Te vas a tener que hacer cargo de lo que decís”.

Unos diez días después, se anunciaba el nombre de la candidata elegida: efectivamente, era María Paz Bertero, y de los dos adjuntos, terna que fue votada por 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, incluido el que desafió a Mayoraz.

Esos nombres serán llevados al recinto esta semana para que la Cámara los apruebe.

Es difícil para el conjunto de los concursantes evitar la sensación de haber participado de un simulacro de concurso, en el que el resultado estaba escrito de antemano, lo que explicaría la reticencia a mostrar los exámenes y a definir los criterios de puntuación de cada etapa en forma anticipada.

Texto completo del pronunciamiento

Concurso para la designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – 2025

Las abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección.

Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas.

Durante meses trabajamos de manera seria y comprometida, presentamos planes, exámenes y audiencias. Lo hicimos con la convicción de que la infancia argentina merecía un concurso justo, y con la tranquilidad de haber sostenido durante décadas un trabajo muchas veces ad honorem en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El resultado no solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación.

La Comisión Bicameral debe saber que con este proceder no solo afectó la legitimidad de la Defensoría, sino que desalentó, lastimó y desvalorizó a quienes desde hace años ponemos el cuerpo y la palabra en defensa de la niñez en Argentina.

No aceptamos que se nos diga que “al inscribirnos” renunciamos a nuestro derecho a la transparencia. La transparencia no es un favor: es un deber del Estado. Y cuando se incumple, lo que se erosiona no es solo nuestra confianza, sino la de toda la sociedad.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes merece nacer con legitimidad y respeto. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario.

Firman: Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora, Angeles Reig

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.

Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.

Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.

En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.

El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.

Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.

El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.

En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.

El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.

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El Gobierno libertario se prepara para enfrentar, en caso de ser confirmada en las próximas 48 horas, una sesión con dos potenciales derrotas de difícil digestión para la Casa Rosada: un conglomerado senatorial opositor y en plena campaña electoral rechazará -Diputados ya lo hizo- este jueves los vetos que Javier Milei aplicó a las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas.

Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas precisarán dos tercios para incluir a ambas sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para votar. Esto no será un problema. En la Cámara alta, los textos fueron sancionados por amplio margen el 21 de agosto pasado: el primero obtuvo 62 adhesiones, mientras que el segundo logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.

En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.

Garrahan

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Definiciones

Se espera que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convoque a los jefes de bloque de la oposición y el oficialismo para determinar, en la reunión de Labor Parlamentaria -martes por la tarde, en principio-, el temario para el eventual convite del jueves.

A los vetos se añadiría el pliego que prorroga, por cinco años, el trabajo de de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones ,Mirta Delia Tyden, que se dictaminó el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).

Como sucedió en otras ocasiones, hay iniciativas ya despachadas y con diversos pedidos realizados por la radical -aunque tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) que, de a poco, se suman para avanzar en el recinto.

Tampoco hay que olvidar lo que el titular del Frente de Todos, José Mayans, planteó en la última sesión: “Estamos charlando con los presidentes de las distintas bancadas. También tenemos conversaciones con diputados, y vamos a declarar el sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico, no enajenable, por lo que representa el sistema nuclear argentino”. Hasta anoche, no había novedad alguna.

Al margen de todo lo que ocurrirá en el recinto, el Senado estará cargado de comisiones entre mañana y el miércoles, con proyectos que no pudieron discutirse días atrás por faltazos de varias bancadas opositoras. Sí piensan asistir cuando aparezca un ramillete de interpelaciones a funcionarios libertarios. Ocurrirá pasado mañana.