En un contexto político argentino marcado por la volatilidad y la transformación, la diputada Sabrina Ajmechet se ha convertido en una de las voces más firmes de La Libertad Avanza, tras dejar el PRO y seguir los pasos de su referente política, Patricia Bullrich.

En diálogo con el programa “A confesión de parte”, por FM Milenium, Ajmechet analizó el presente del Congreso, la reforma laboral y el rumbo económico del país, defendió la necesidad de cambios estructurales y la legitimidad del mandato popular que respalda al oficialismo y anunció que presentó un proyecto legislativo para evitar que los diputados juren por fuera de lo que establece el reglamento.

“Terminemos con este circo”, dijo Ajmechet en referencia a los enunciados de nuevos diputados, especialmente del peronismo y de la izquierda.

Según el reglamento de la Cámara, hay cuatro “modelos” de juramentos: juramento de desempeñar fielmente el cargo (simple); por Dios, la Patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria; y por la Patria.

“Hubo juras espantosas”, comentó Ajmechet y comentó que en el Congreso “lamentablemente, hay mucho pan y circo, lo venimos viendo en los últimos años” y consideró que “hay muchas faltas de respeto, hay muchos griteríos”.

“Que haya diputados que hayan asumido jurando por otro territorio, que haya diputados que hayan asumido por la libertad de una persona que tiene doble condena en la justicia. La verdad es que es más que feo, es problemático”, dijo. Por eso, el proyecto de Ajmechet directamente prohíbe cualquier expresión por fuera del reglamento.

“Estamos haciendo historia, estamos cambiando el país para nuestros hijos”, afirmó Ajmechet en relación al momento del país y el triunfo categórico de La Libertad Avanza en octubre que, con acuerdos posteriores, convirtió al partido libertario en la primera minoría en la Cámara baja.

La legisladora describió el ascenso de su espacio como un fenómeno inédito: “Creo que lo interesante es pensar estos cuatro años, porque es algo inédito en la historia de nuestro país que surja un partido nuevo, que ocupe dos bancas, estamos hablando en el 2021, que se transforme un diputado que había empezado recientemente en política, en Presidente, que esté haciendo un montón de cambios y que logre, a los dos años de estar presidiendo, tener la primera minoría en la Cámara de Diputados y romper con la hegemonía del peronismo en el Senado. Eso también, ¿no? Para mirar las dos cámaras. Me parece que estamos en un momento histórico”, sostuvo.

Ajmechet además defendió la urgencia de modernizar la legislación vigente: “Hay una realidad fáctica, el 40 por ciento de la población económicamente activa en Argentina labura en negro y tenemos leyes laborales que en el siglo XX funcionaron. En una Argentina organizada a partir de fábricas y de un trabajo que, una persona empezaba a los dieciocho, diecinueve años a laburar en un lugar y se jubilaba en ese lugar, una Argentina que ya no existe, que era la de nuestros abuelos, esas leyes pudieron resultar adecuadas. Hoy tenemos que modernizarlas porque hay muchísimas formas de trabajo que no están contempladas o que, al revés, están condenadas al fracaso con la legislación actual”, explicó la diputada.

En cuanto a la situación económica, Ajmechet destacó el rumbo adoptado por el Gobierno y relativizó la idea de un alto costo social: “Está bajando la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que hay un costo social muy alto. Un costo social muy alto fue una Argentina que llega a tener una pobreza cercana al cincuenta por ciento, ¿no?“.

La legisladora también se refirió a la relación con los gobernadores y la dinámica de negociación en el Congreso. “Todos los gobernadores están preocupados por lo que necesitan en sus provincias. Y hay una preocupación central, un objetivo que tuvo este gobierno desde el primer día, que es mantener el déficit cero”, señaló Ajmechet.

Además, la diputada libertaria apoyó que el Gobierno nacional no incluya al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en las negociaciones con las provincias. “El que no es parte de la negociación es el que sigue queriendo para la Argentina fórmulas que nos llevaron a la pobreza y a la decadencia. Acá los bonaerenses, desde mi punto de vista, son víctimas de este gobernador que sigue con ideas que fracasaron. Me parece más que lógico y sensato y racional que el Gobierno se siente a conversar con los gobernadores que no se pelean con los hechos, con los que no quieren insistir con aquello que nos salió mal”, afirmó Ajmechet.

En ese sentido aseguró que “hay dos modelos de país” y que “no se trata de fingir que somos amigos, no se trata de fingir cordialidad” porque “desde que Néstor asumió como presidente a mí me parece que eligieron una forma de conducir a la Argentina que me posiciona a mí completamente enfrente”.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca establecer un nuevo marco legal para el derecho de huelga, introduciendo regulaciones estrictas sobre su ejercicio y delimitando con precisión las conductas consideradas legítimas e ilícitas.

La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Verónica Razzini, quien acaba de pasarse al bloque de La Libertad Avanza y que tiene como confirmantes a 14 legisladores, responde a la “necesidad imperiosa” de dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales y a la actividad productiva en el país.

Hasta diciembre de 2023, Razzini fue creadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), desde donde, junto con otros dueños de pymes, dieron batalla contra esa modalidad extorsiva de protestas y lograron fallos favorables en la Justicia contra los bloqueos y sus responsables.

El proyecto atribuye la titularidad del derecho de huelga exclusivamente a las asociaciones sindicales con personería que representen los intereses colectivos de los trabajadores involucrados en un conflicto. En ausencia de una entidad con personería, la potestad podrá recaer en un gremio inscripto que acredite una representación mayoritaria absoluta, siempre bajo un procedimiento de constatación fehaciente definido por la autoridad de aplicación.

La convocatoria a la huelga, según la propuesta, deberá decidirse en asamblea especialmente convocada con al menos 3 días de antelación o mediante mecanismos democráticos de consulta directa previstos en los estatutos sindicales. El incumplimiento de este requisito “vicia de nulidad la convocatoria” y cualquier medida de acción directa adoptada en contravención será considerada ilícita e ilegítima. En este último caso, se habilita al empleador a aplicar sanciones disciplinarias y a promover acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de la entidad sindical y sus dirigentes.

La iniciativa de Razzini exige que toda medida de acción directa esté precedida de un preaviso fehaciente al empleador y a la autoridad de aplicación, con una antelación mínima de 7 días hábiles. El preaviso debe detallar las causas, el objeto, el alcance territorial y personal, así como la fecha, hora de inicio y modalidad de la medida. Una vez recibido el preaviso, la autoridad convocará de oficio a una instancia de conciliación obligatoria por un plazo improrrogable de 10 días hábiles (tal como prevé la ley vigente). En este período, las partes deberán abstenerse de modificar el estado del conflicto y negociar de buena fe. El incumplimiento de estos pasos convierte la medida en ilegítima, con las consecuencias legales previstas.

El proyecto define con precisión las modalidades ilícitas de acción directa, entre las que se incluyen la ocupación total o parcial de establecimientos, bloqueos o piquetes que restrinjan el acceso o circulación de personas y bienes, huelgas rotatorias o sorpresivas, trabajo a reglamento, quites de colaboración, trabajo a desgano y cualquier alteración colectiva del régimen de trabajo que implique una prestación irregular, parcial o defectuosa del servicio. También se consideran ilícitos los actos de violencia, sabotaje, daño a instalaciones o bienes, intimidación o amenazas, así como el incumplimiento de las coberturas mínimas en servicios esenciales y de importancia trascendental.

La comisión de estas conductas habilita al empleador a aplicar las máximas sanciones disciplinarias a los trabajadores involucrados y a promover acciones civiles y penales. El texto es enfático al señalar que “el ejercicio legítimo del derecho de huelga no suspende las obligaciones recíprocas de las partes del contrato de trabajo” y que durante la vigencia de la medida el trabajador no devengará remuneración alguna por el tiempo no trabajado. El empleador queda eximido de pagar salarios durante la huelga, incluso si la medida fue declarada procedente o su causa es imputable al empleador, y la falta de pago no podrá considerarse sanción, práctica antisindical ni represalia. El proyecto declara nulas de nulidad absoluta las cláusulas de convenios colectivos que impongan al empleador el pago de salarios caídos durante las medidas de fuerza.

En cuanto a los servicios esenciales, definidos como aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, el ejercicio del derecho de huelga no podrá implicar la interrupción total de la prestación. Las partes deberán negociar y garantizar la prestación de servicios mínimos indispensables, y en caso de desacuerdo, la autoridad de aplicación fijará la cobertura mínima, que no podrá ser inferior al 75 % de la prestación normal y habitual. Para los servicios de importancia trascendental —como el transporte público, la educación obligatoria, los servicios bancarios y financieros, la distribución de combustibles, las telecomunicaciones y la administración de justicia— se exige garantizar una prestación mínima del 50 % de la actividad normal y habitual durante la huelga.

En este punto, la propuesta de Razzini está en sintonía con lo que preveía el DNU 70 dictado por Javier Milei y luego por el decreto 340, ambos frenados por la Justicia, e incluso sería similar a lo que figura en la reforma laboral que promueve hoy el Gobierno.

El proyecto también regula las asambleas de personal, estableciendo que el derecho de reunión y deliberación en el establecimiento debe ejercerse sin interferir con la ejecución normal de la prestación laboral ni con las facultades de organización y dirección del empleador. La realización de asambleas durante la jornada de trabajo requerirá autorización previa y expresa del empleador, quien, en consulta con la representación sindical, determinará las condiciones de modo, tiempo y lugar. La realización de asambleas sin autorización, o excediendo los límites concedidos, será considerada una interrupción concertada e injustificada del débito laboral, constituyendo una medida de acción directa encubierta e ilícita. El texto equipara a esta ilicitud las medidas concertadas que impliquen una prestación irregular, defectuosa o ralentizada del servicio, como el trabajo a reglamento, trabajo a desgano o quites de colaboración. La participación acreditada en estas conductas será considerada falta laboral grave y facultará al empleador a aplicar sanciones disciplinarias, incluida la extinción del vínculo laboral con justa causa.

En los fundamentos, la autora del proyecto argumenta que la regulación integral del derecho de huelga es una “necesidad imperiosa” para brindar seguridad jurídica y proteger tanto la actividad productiva como los derechos constitucionales de todos los actores involucrados. El texto cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de huelga a los gremios, y el artículo 28, que establece que los derechos reconocidos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Según la exposición de motivos, la ausencia de una ley integral genera un vacío que permite el ejercicio irrazonable del derecho de huelga, vulnerando otros derechos constitucionales como la propiedad, la libre circulación, la salud y la educación.

La diputada de LLA sostiene que la regulación del derecho de huelga no es “antiobrera” ni inconstitucional, sino un mandato constitucional y una solución adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el derecho comparado para garantizar la paz social y la armonización de derechos.

El proyecto, afirma, se inspira en los marcos normativos de España e Italia, donde la huelga está regulada con preaviso obligatorio, definición de modalidades ilícitas y mecanismos para garantizar servicios mínimos. En España, el Real Decreto-ley 17/1977 exige preaviso y faculta a la autoridad a fijar medidas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, mientras que en Italia la Ley 146/1990 establece la obligación de prestaciones indispensables y crea una comisión independiente para supervisar los conflictos y aplicar sanciones.

Según Razzini, la OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, reconoce el derecho de huelga como derivado del Convenio 87 sobre libertad sindical, pero admite la legitimidad de exigir preaviso, agotar instancias de conciliación y mediación y establecer servicios mínimos en actividades esenciales o de importancia pública. El proyecto cita que “la OIT no promueve un derecho de huelga irrestricto; valida la necesidad de su regulación”.

En el contexto argentino, de acuerdo con Razzini, la regulación vigente es calificada como fragmentaria y generadora de inseguridad jurídica, perjudicando tanto a empleadores como a trabajadores y a la comunidad. En la iniciativa se destaca la importancia de clarificar la titularidad del derecho de huelga, que la Constitución otorga a los gremios, aunque la jurisprudencia ha sido oscilante. El fallo “Orellano, Francisco c/ Correo Oficial” de la Corte Suprema en 2016 reafirmó la titularidad sindical, declarando ilegal una huelga convocada por un grupo informal, aunque el debate doctrinario permanece abierto.

El proyecto enfatiza la necesidad de distinguir entre la cesación de tareas —la huelga legítima— y otras acciones de fuerza que configuran delitos o ilícitos civiles, como la ocupación de establecimientos, los piquetes y bloqueos, que vulneran derechos como la propiedad y la libre circulación. “La ocupación de establecimientos no es huelga; es una vulneración directa del derecho de propiedad”, afirma el proyecto de Razzini, y agrega que “los piquetes y bloqueos no son huelga; son acciones que vulneran el derecho a la libre circulación”.

La iniciativa amplía la protección de servicios más allá de los esenciales en sentido estricto, incluyendo actividades consideradas trascendentales para la vida moderna y la economía, como el transporte, la educación y las telecomunicaciones. Según la autora, “la regulación del derecho de huelga es la principal asignatura pendiente del derecho colectivo argentino”, y su concreción, alineada con los estándares de la OIT y el derecho comparado, es condición necesaria para la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada y la garantía del bienestar general.

La diputada Razzini concluye su exposición solicitando el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto, que fue acompañado con su firma por diputados como Alejandro Bongiovanni, Sabrina Ajmechet, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, Alida Ferreyra, Florencia de Sensi, Ricardo López Murphy, Martín Ardohain, Nancy Ballejos, Daiana Fernández Molero, Laura Rodríguez Machado, Paula Omodeo, Martín Tetaz y Patricia Vásquez.

En traje de ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el que comparte las filas del PRO en un intercambio que tuvo un complejo temario en común.

Es que en el intento del flamante funcionario de sumar el apoyo de la Ciudad de Buenos Aires al Presupuesto 2026 que se tratará en sesiones extraordinarias a partir del próximo 10 de diciembre, escuchó nuevamente la demanda por los fondos coparticipables que adeuda el gobierno nacional al porteño.

Al término de la reunión que duró una hora, Jorge Macri evitó garantizar su apoyo a la Ley de Leyes a la espera de la inclusión de un ítem que garantice un pago semanal de fondos en el marco de la cancelación de una deuda de $274.000 millones.

“Hay que discutirlo, esa es tarea de los diputados nacionales primero y del Senado después, pero con este pedido, que se incluya los recursos de la ciudad de manera explícita. El presidente del bloque debe tener un montón de requerimientos, este es uno más”, deslizó en una rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada. La “fecha límite” -puntualizó- es “el mes de diciembre”.

Este mediodía, Macri ingresó a Casa Rosada minutos antes de las 12 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo al Ministerio del Interior, escoltado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo.

En las oficinas los esperaban Diego Santilli junto al ministro coordinador, Manuel Adorni; y a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Los integrantes del encuentro dieron cuenta de la tónica del intercambio en el que los representantes de la Ciudad de Buenos Aires reiteraron sus reclamos por el dinero adeudado en materia de coparticipación, un tema “sin avances”, como precisaron desde la sede ubicada en Uspallata, en el barrio de Parque Patricios.

En la previa, los equipos técnicos del área de economía de ambas administraciones cursaron una nueva reunión por el tema, la segunda tras la foto entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el alcalde porteño propusiera la inclusión de la deuda en el Presupuesto 2026.

En palabras de Macri, el reclamo busca cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de recursos a CABA por el que la Nación debe girar de forma semanal en un 1,55%, proceso que desde agosto registra demoras.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández recortó la coparticipación de CABA en medio las protestas que enfrentaba Axel Kicillof de la Policía bonaerense.

El gobierno porteño llevó la disputa a la Corte Suprema, que falló a su favor. Macri busca ahora que el gobierno nacional cancele una deuda de $274.000 millones, y que incluya en el proyecto de Presupuesto 2026 un ítem que garantice un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos.

El temario incluyó además la transferencia de competencias del Poder Judicial para cumplimentar la autonomía de la Ciudad y una actualización de la obra para la construcción de la Cárcel de Marcos Paz.

El exlegislador amarillo pintado de violeta enfrentó su primer gran desafío: equilibrar las demandas que su compañero de espacio eleva con las limitaciones presupuestarias que impone el Palacio de Hacienda bajo la mirada atenta de Manuel Adorni.

En Casa Rosada intentan sumar los respaldos legislativos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación por lo que tienden puentes con todos los sectores aliados. Sin embargo, el punto de contacto con el PRO que lidera -en los papeles- Mauricio Macri se da en medio de la tensión con La Libertad Avanza luego de que varios legisladores que respondían a Cristian Ritondo oficializaran su traspaso a la fuerza que fundó el presidente Javier Milei y le otorgaran al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la primera minoría.

Las fugas no fueron bien recibidas en el campamento amarillo que tejió acuerdos con el bloque de la UCR y el MID para la conformación de un interbloque de 22 legisladores. “El bloque del PRO queda estable y funcionando: ordenado y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”, sostuvieron al respecto a este medio luego de acusar al oficialismo de “intentar comprar” diputados.