POLITICA
Milei no logra despegarse del escándalo de Ficha Limpia y se arriesga al colocar a CFK en el ring electoral

El rechazo a la ley de Ficha Limpia en el Senado puso de manifiesto que la casta está más viva que nunca, a ambos lados de la grieta, y que el gobierno de Javier Milei no se baña en agua bendita.
Pero además, agregó un nuevo y grave elemento en la compleja negociación que La Libertad Avanza y el PRO mantienen en la provincia de Buenos Aires para buscar un acuerdo que les permita enfrentar con éxito al peronismo y al kirchnerismo, como lo admitió el mismo Mauricio Macri.
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El Gobierno había sido bastante remolón para permitir el tratamiento de Ficha Limpia en la cámara de Diputados. Un proyecto que impedía a los políticos con condena por corrupción ratificada en segunda instancia, presentarse en elecciones nacionales.
Ya en ese momento trascendía la intención de los libertarios de no impedir una candidatura de Cristina Kirchner, pues apostaban a que la polarización fuese el mejor negocio para ganar las elecciones legislativas y sumar un buen número de representantes en el Congreso de la Nación.
Pero no tuvieron más remedio que aceptar su tratamiento y su aprobación, izando la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En ese momento no molestaba tanto que el proyecto tuviese el sello de la diputada macrista Silvia Lospennato. Después de todo, la alianza de LLA con el PRO funcionaba, a los tumbos pero bastante bien, en el Parlamento.
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Pero todo cambió en el Senado. Cristina Kirchner recibió una ratificación en la Cámara de Casación de su condena a 6 años de cárcel por la causa Vialidad y debió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para no ir a prisión y poder presentarse en las elecciones legislativas de octubre.
Además, Lospennato se convertía en candidata a legisladora porteña en los comicios desdoblados y Ficha Limpia era una victoria que la Casa Rosada no le quería dar.
Encima, el escándalo por el caso Libra -o criptogate- se instalaba en Diputados, y no solo afectaba al Presidente sino también a Karina Milei y a integrantes del Gabinete. Se requería entonces una “mano amiga” que aliviara esta situación.

En todo ese escenario, se instalaron muchas sospechas en el Senado y creció la posibilidad de que la ley se modificara para volver a tratarse en Diputados después de las elecciones porteñas. O que directamente sea rechazada, que fue lo que ocurrió el miércoles por la noche, en medio de un escándalo.
Los responsables habían dejado los dedos marcados y Misiones quedó en el medio de la polémica. Los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se habían dado vuelta, votando en contra.
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Esa noche, con Milei a la cabeza, el Gobierno descargó toda la responsabilidad por la caída de Ficha Limpia en el PRO y el periodismo.
Todo estaba saliendo a pedir de los libertarios hasta que desde Misiones llegó la noticia que el jefe político de los dos senadores, el exgobernador Carlos Rovira, había admitido que ordenó votar en contra por pedido de Milei.
Desde el Gobierno nacional salieron a desmentir rápidamente la versión y cualquier contacto de Milei con Rovira.
Fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el encargado de defender al Presidente: “No tiene ni el teléfono (de Rovira)”, dijo. Pero en Misiones se instaló la versión de que el pedido no llegó directamente de Milei sino a través de Santiago Caputo, o de alguien cercano al súper asesor.
Francos se había asomado al escándalo horas antes cuando reconoció que estaban los votos para la aprobación de Ficha Limpia después de que el propio Milei dijera lo contrario.
El tiempo dirá quién tiene la razón, pero lo concreto es que la caída del proyecto de ley deja en superficie olas que benefician a Milei y sus libertarios.
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Cristina Kirchner podrá ser candidata a legisladora bonaerense o nacional. Su presencia profundiza el enfrentamiento de la expresidenta con el gobernador Axel Kicillof y el peronismo provincial. Y además, Lospennato se quedó sin una victoria política. Lo que se dice una carambola a tres bandas.
La propia Lospennato no pudo ocultar su furia y frustración el mismo miércoles. Hasta pensó en renunciar a su candidatura, pero fue convencida por el propio Mauricio Macri para continuar la lucha.
Macri también reconoció que lo ocurrido en el Senado hizo más compleja aún la posibilidad de un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, donde ya venía complicado porque el PRO quiere una alianza partidaria que incluya también a radicales y Milei solo quiere sumar macristas a las listas de LLA.
Habrá que esperar el resultado de las elecciones del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires para, a partir de ese momento, barajar y dar de nuevo.
Milei y su hermana Karina se han pegado a la campaña del vocero presidencial Manuel Adorni para apuntalar su figura, frente a las candidaturas de Lospennato y el opositor Leandro Santoro, que figura al frente en varias encuestas.
El domingo también será en el Vaticano la misa que inaugura el pontificado de León XIV. La Casa Rosada ya tiene la invitación para Milei, Karina y una reducida comitiva, como quería el Presidente.
Si bien el cardenal Robert Prevost es estadounidense (nacionalizado peruano), lo cual fue una buena señal para Milei, no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento de Donald Trump.
Es más, León XIV tomará y desarrollará el legado del papa Francisco en lo referente a la protección de los pobres y los mayores, la promoción del diálogo y la unidad, y la preocupación del cambio climático.

Por otra parte, no debe esperar el Presidente un cambio en el discurso de los obispos argentinos, que muchas veces no cae bien en el Gobierno nacional. Ellos también seguirán la línea de Francisco y hasta la profundizarán.
Pero a Milei, ese escenario no parece preocuparlo. Está inmerso en el control de la marcha de la economía, del ajuste y la baja de la inflación. Y en buscar enemigos hasta debajo de las piedras.
En ese sentido, los periodistas que no tocan la melodía preferida del Presidente son señalados como los culpables de todas las cosas que no le salen bien al Gobierno.
Ahora entró por la variante de denunciarlos antes la Justicia por supuestas calumnias e injurias, como hizo con Viviana Canosa, Carlos Pagni y Ari Lijalad.
En Balcarce 50 admiten que esas denuncias no prosperarían durante la investigación judicial, pero señalan que el objetivo de Milei se cumple con el solo hecho de llevar a periodistas a los tribunales. Es la señal que quiere dar.
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Además, Milei eleva día a día el nivel de insultos e insta a un sector de los argentinos a odiar cada vez más a los periodistas, con el riesgo que eso significa.
En esto parece superar el enfrentamiento que Cristina Kirchner tuvo, desde sus dos presidencias, con los hombres y mujeres de prensa que no le eran afines.
Ahora, Milei volvió a colocar a Cristina donde más la prefiere: en el otro costado del ring electoral, sin importar los costos que deba pagar.
Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner
POLITICA
Victoria Villarruel se reunió con un gobernador opositor y escala su interna con el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Vilarruel, sigue enfocada en ampliar sus márgenes de autonomía en medio del largo conflicto larvado que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno.
Este sábado, como parte de esa agenda, mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de un festival provincial.
Quintela es uno de los gobernadores peronistas que no mostraron cercanía al Gobierno desde que este asumió en diciembre de 2023. Se lo vincula al sector de la oposición dura.
Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y pidió agravar penas por los incendios en la Patagonia
La acción de Villarruel se da un contexto de aislamiento de la vicepresidenta por parte del Ejecutivo Nacional y sus legisladores libertarios en el Senado.
A su vez, el gobernador de La Rioja también se encuentra en una situación de aislamiento, al igual que otros gobernadores como los de Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.
Victoria Villarruel declaró ante la prensa provincial que “el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes”.
De esta manera, la vicepresidenta y presidenta del Senado confronta con la agenda de Javier Milei, estructurada alrededor del antagonismo político con los gobernadores y dirigentes que no compartan sus ideas, y lo hace haciendo de ambulancia para algunos de estos políticos, muchos de ellos peronistas y en crisis de liderazgo en su espacio político.
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POLITICA
El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral en Diputados, pero negocia una salida por las licencias médicas

Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, hubo un flujo permanente de conversaciones telefónicas y chats entre funcionarios, legisladores y emisarios distribuidos en diferentes puntos del país. El objetivo fue único y explícito: encontrar una salida política al conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral quede empantanada en la Cámara de Diputados.
La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores aliados comenzaron a expresar reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores solicitaron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Ante este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a los niveles más altos de su estructura política y se extendió durante todo el fin de semana largo.
Tanto la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, como el titular de la Cämara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en contacto con la mesa política, que integran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La consigna fue lograr una salida consensuada antes de que la discusión ingresara formalmente en el plenario de comisiones, que está previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre las alternativas posibles para enfrentar esta imprevista encrucijada: ceder para tener la ley o buscar una “diagonal”.

Las conversaciones incluyeron a radicales, dirigentes del PRO, referentes del peronismo dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, muchos de ellos de origen peronista. En la mayoría de los casos se trató una primera aproximación para sondear posiciones, aunque también hubo intercambios más extensos sobre los alcances técnicos del artículo cuestionado. El clima general fue de cautela: nadie anticipó un rechazo frontal, pero tampoco hubo garantías cerradas.
El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar la ley, aunque admite en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto podría sufrir modificaciones que lo obliguen a regresar al Senado y retrasen su sanción definitiva. La preocupación principal no es perder la votación, sino abrir un nuevo trámite legislativo que altere el calendario de las extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió en diálogo con Infobae uno de los negociadores oficiales.
El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:
“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo
De los accidentes y enfermedades inculpables
Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.
Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En términos prácticos, la norma implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que garantiza el pago del cien por ciento del salario durante ese período. Para el oficialismo, el cambio apunta a corregir lo que considera un esquema que incentiva el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Para los sindicatos y sectores de la oposición, se trata de un retroceso en derechos adquiridos.
Patricia Bullrich asumió el rol de principal defensora pública del capítulo cuestionado. En declaraciones a TN, afirmó que el texto fue debatido durante semanas y que contó con el respaldo de los 42 senadores que votaron la ley. Además, insistió en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.
Para reforzar su argumento, la ministra detalló comparaciones internacionales: en Portugal se abona el 65% del salario durante las licencias por enfermedad inculpable, en Francia y Alemania el 70%, en Uruguay el 70%, en España el 64%, en Suiza y Suecia el 80%, en Austria el 50%, en Italia el 67%, en Bélgica el 60% y en Finlandia el 70%. Según su planteo, Argentina es una excepción al mantener el pago del 100% del salario incluso en situaciones no vinculadas a la actividad laboral.
Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen vigente genera costos elevados para las empresas. El diagnóstico oficial indica que ese esquema desalienta la contratación y encarece la estructura laboral formal. Al mismo tiempo, admiten que el artículo, tal como fue aprobado, requiere una precisión para evitar efectos indeseados en casos de enfermedades graves.
A partir de ese punto comenzó a delinearse la estrategia central del Ejecutivo, definida internamente como una “diagonal”. La idea consiste en evitar una modificación formal del texto aprobado por el Senado e introducir, en paralelo, precisiones mediante instrumentos complementarios. El objetivo es descomprimir la tensión sin reabrir el trámite legislativo.

Actualmente, se analizan tres alternativas. La primera, que concentra mayor consenso, es un decreto reglamentario que establezca criterios médicos claros y garantice el pago pleno en casos de enfermedades severas, crónicas o irreversibles, siempre que estén acreditadas de manera fehaciente. La segunda opción es impulsar una ley complementaria que aborde exclusivamente el contenido del artículo 44, aunque eso requeriría un nuevo debate parlamentario. La tercera, aceptar cambios directos en el articulado, es considerada la menos probable, ya que obligaría a devolver el proyecto al Senado.
La Unión Cívica Radical juega un papel decisivo en ese esquema. Su bloque, presidido por Pamela Verasay, acompaña el proyecto y no tiene intención de bloquear su aprobación, pero exige una solución clara para el tema de las licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos reservados entre referentes radicales y la mesa política del Gobierno para explorar los márgenes de una reglamentación que no altere el texto votado.
El PRO también respalda la reforma, aunque introduce su propia agenda. Su presidente de bloque, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales. En diálogo conInfobae, afirmó: “No se trata de obligar a nadie a usar billeteras virtuales, sino de garantizar que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Es libertad para trabajar y libertad para cobrar”. Ese planteo no pone en riesgo el acompañamiento general, pero suma una variable adicional a la negociación.
Los bloques peronistas no kirchneristas expresan mayores reservas, especialmente en provincias con fuerte impacto sindical. Sin embargo, tampoco están dispuestos a hacer naufragar el proyecto. En ese espacio se evalúa facilitar el quórum y, en algunos casos, abstenerse para no quedar asociados a una reforma sensible sin aparecer como responsables de su caída.

En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron su presión. Durante el fin de semana hubo contactos informales con diputados de distintos bloques y advertencias sobre el costo político de acompañar el artículo 44 sin modificaciones. Cristian Jerónimo advirtió en declaraciones periodísticas: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Jorge Sola reforzó esa postura al señalar: “Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave”. En este caso, le sumó un factor de preocupación: anticipó que la UTA podría adherirse y dejar sin colectivos, al menos, las horas del debate.
Así como la sesión del plenario de comisión está prevista para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso, la intención es tratarla el mismo jueves, en un debate que promete extenderse por hasta 20 horas.
En el entorno presidencial relativizan el impacto potencial de un paro, aunque reconocen que una protesta masiva durante el debate parlamentario podría influir sobre legisladores indecisos de extracción peronista. La estrategia oficial es concentrarse en la ingeniería de votos y cerrar un esquema que permita evitar modificaciones formales. El reloj del 28 de febrero, fecha límite de las sesiones extraordinarias, funciona como condicionante permanente.

Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa de gobierno. Busca reducir la informalidad, que ronda el 43% del mercado laboral, y fomentar la creación de empleo formal. Una demora prolongada o un regreso al Senado comprometaría uno de los ejes centrales de la estrategia política del Gobierno y obligaría a reordenar prioridades en el Congreso. Es que el Presidente quiere llegar a la apertura de sesiones ordinarias con ese objetivo logrado. Como ocurrió los últimos dos años, el 1° de marzo abrirá el período legislativo a las 21 del domingo, que se transmitirá por cadena nacional.
El escenario actual es de equilibrio inestable. El oficialismo considera que tiene los votos, pero necesita ordenar matices internos y contener a sus aliados. La CGT evalúa si convoca a un paro general y los bloques dialoguistas analizan sus costos políticos. En ese cruce de intereses, el artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en el punto más sensible de la reforma laboral y en una prueba decisiva para la capacidad negociadora del Gobierno.
Mesa Política
POLITICA
El Gobierno se planta por la reforma laboral y rechaza modificar el polémico capítulo de las licencias médicas

El Gobierno nacional endureció su posición en la negociación parlamentaria por la reforma laboral y decidió no introducir cambios en el proyecto aprobado por el Senado, pese a las críticas que despertó el capítulo referido a las licencias por enfermedad. La Casa Rosada busca acelerar su sanción definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En el oficialismo consideran clave que la iniciativa no regrese a la Cámara alta, ya que implicaría demoras y pondría en riesgo su promulgación antes del 1° de marzo. Por ese motivo, la mesa política trabaja para convocar en los próximos días a un plenario de comisiones en Diputados y avanzar con el dictamen.
El punto más cuestionado es el apartado vinculado a ausencias laborales por enfermedad o accidente no laboral, que tomó notoriedad pública luego de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien utilizó como ejemplo lesiones derivadas de actividades voluntarias —como jugar al fútbol— para explicar el alcance de la norma. En el propio oficialismo admiten que ese episodio generó incomodidad interna y expuso diferencias en el armado del proyecto.
Reforma laboral: Milei quiere aprobarla sin cambios en Diputados, pero la oposición busca corregirla
Qué cambia con las licencias médicas
El texto aprobado introduce modificaciones sustanciales al régimen vigente. La reforma no elimina la licencia por enfermedad, pero modifica la cobertura económica y los plazos.
De acuerdo con el proyecto, el trabajador cobrará el 50% del salario si la dolencia o el accidente se originó en una actividad voluntaria y riesgosa, mientras que percibirá el 75% cuando no esté vinculada a ese tipo de conductas. Actualmente, el esquema prevé el pago del 100% del sueldo durante la licencia.
También se establecen límites temporales: la cobertura será de hasta tres meses para empleados sin cargas de familia y de hasta seis meses para quienes sí las tengan. El régimen vigente permite extenderla hasta 12 meses en trabajadores con más de cinco años de antigüedad.
Además, la norma incorpora requisitos formales. Las ausencias deberán justificarse con certificados médicos firmados digitalmente por profesionales habilitados y el empleador tendrá la posibilidad de realizar controles propios. En situaciones particulares podrá intervenir una junta médica oficial o requerirse un dictamen en institutos especializados.
En la CGT advierten que “están dadas las condiciones” para un paro general contra la reforma laboral
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir irregularidades. En distintos despachos oficiales argumentan que la legislación actual permitió abusos en la utilización de licencias médicas y remarcan que la cobertura por enfermedad continúa vigente, aunque con nuevos parámetros.
Tensiones políticas y negociación en Diputados
El capítulo genera resistencias incluso entre bloques aliados. Algunos legisladores advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo podría derivar en un aumento de litigios laborales.
Pese a esos cuestionamientos, en Balcarce 50 unificaron la postura: no habrá modificaciones. El oficialismo apuesta a conseguir los votos necesarios en Diputados para convertir la reforma en ley sin alterar el texto sancionado por el Senado.
La entrada El Gobierno se planta por la reforma laboral y rechaza modificar el polémico capítulo de las licencias médicas se publicó primero en Nexofin.
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