POLITICA
Milei pone en la mira a los jueces laborales: el plan para limitar la industria del juicio
“Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”. El mensaje salió publicado este domingo en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y lo retuiteó Javier Milei. ¿Qué significa el gesto del Presidente? En la Casa Rosada revelaron que el primer mandatario está muy preocupado por el récord de demandas judiciales que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican al Gobierno.
Por eso se espera que, tras su guiño en las redes sociales, Milei ponga en la mira a los jueces laborales porque cree que “han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones” y que “el daño que han hecho es irreparable”, según fuentes oficiales.
Para el Gobierno, la sucesión de fallos judiciales en contra del DNU 70, que incluía un capítulo laboral; del DNU 340, que reglamenta el derecho de huelga en 17 actividades, y del DNU 430, que eliminó el Día del Trabajador del Estado, es una muestra de que “la Justicia Laboral responde a los sindicatos”, por lo que se prevé una fuerte ofensiva presidencial para poner en foco a los magistrados de ese fuero.
“Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puedo explicar cómo vive. Por eso hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes”, dijo a Infobae una fuente libertaria.
La última destinataria de la furia gubernamental es Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, que es la magistrada que hace un mes declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340 que reglamentó el derecho de huelga ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la semana pasada dictó un fallo similar tras una denuncia impulsada por la CGT. También dictó una sentencia contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado.
En la línea que explicitaría Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a Fullana como “jueza militante” y señaló en X: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.
Ahora, el Gobierno decidió hacer un análisis de los fallos que viene dictando la Justicia del trabajo para tener estadísticas que demostrarían la “parcialidad” de los jueces. “Son una casta total y estamos hartos de ellos; nos declararon la guerra”, afirmó el mismo funcionario, con fuerte predicamento en el Gabinete.
¿Cuál es el plan del Gobierno para contrarrestar la andanada de fallos adversos? En principio, en la administración Milei hablan de “una expectativa novedosa” puesta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ): un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
A mediados de marzo, el TSJ ya había recibido un total de 180 causas enviadas por la Corte Suprema , desde que éste tribunal determinó, en diciembre pasado, que el TSJ debe actuar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. De ese total de causas, 140 correspondieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial.
La mayoría de los jueces nacionales reaccionaron en contra de la decisión de la Corte, con el argumento de que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal, pero ahora el Gobierno estaría decidido a quebrar esa resistencia apurando el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a CABA para cumplir lo establecido en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
De todas formas, en la Casa Rosada admitieron que, si no hay traspaso de juzgados, “no hay nada normativo que se pueda hacer” para limitar a los jueces laborales, aunque se prevé que La Libertad Avanza podría tener más legisladores en el Congreso desde diciembre para ir hacia una modificación del procedimiento de la justicia laboral, que permitiría agilizar el funcionamiento del fuero.
En el oficialismo apuestan a desgastar a los magistrados laborales mediante el ataque directo del Presidente, que “visibilizaría los problemas que generan para que se haga justicia”. Incluso hay funcionarios que piensan ir más allá: “Hay que investigar el patrimonio de los jueces laborales y que se conozcan sus caras y nombres”, dicen.
De la misma manera, Milei quiere actuar con medidas concretas para “desbaratar la industria del juicio”, sobre todo luego de que conoció un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que revela que, en un año, se iniciaron demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo superior a $2 billones en el período que va de junio de 2024 a mayo pasado. “El 2025 será récord: se estiman 130 mil nuevas demandas”, advierte el documento, que describe una situación de judicialización sin control.
El relevamiento destaca que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por CABA con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un escenario en el que cada mes se presentarían más de 10.000 demandas nuevas.
Según la UART, en aquel período se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, y una baja del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados y también se registró una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros.
Sin embargo, se incrementó la litigiosidad: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. La UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, dato que describe como el verdadero “costo argentino”.
La entidad denuncia que esta situación no se explica por un aumento en los accidentes ni por un deterioro en el servicio sino a un fenómeno asociado a “pericias médicas judiciales infladas” que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y a tasas de interés judiciales “desproporcionadas”, ya que estas condiciones convierten “cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.
Por eso, en el Gobierno se están evaluando una serie de cambios en el Sistema de Riesgos Laborales que permitan cumplir con el objetivo de “sancionar a los abogados que mienten y hacen negocios”.
El malestar por este tema no es nuevo. Cuando fue presidente de la Nación, Mauricio Macri consideró que la Justicia Laboral era un fuero “maldito” de donde salieron muchos fallos judiciales que frenaron algunas decisiones que tomó durante su gobierno y que favorecieron a los sindicatos.
Por eso no fue casual que en 2017 Macri haya embestido contra “la mafia de los juicios laborales” que complican la generación de empleo y acusó a “un grupo de estudios de abogados y un grupo minoritario de jueces laboralistas conducido por (Héctor) Recalde”. En el caso de los abogados, se quejó de que “los estudios laboralistas convencen a un pibe de una pyme de que tiene que hacer ese juicio y dejan a 7, 8, 10 o 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra”. “Queda un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”, agregó el entonces presidente de la Nación.
POLITICA
Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido
“La gente está apática. Le hablás de política y te miran como si fueras un testigo de Jehová”, describió uno de los candidatos que competirá en la elección de este domingo en Mendoza. Sólo seis departamentos renovarán sus Concejos Deliberantes en un contexto complejo para el peronismo, que competirá dividido, pero con expectativas en el oficialismo provincial, donde el gobernador Alfredo Cornejo tendrá la posibilidad de revalidar su alianza con La Libertad Avanza. En paralelo, hay controversia por el avance de la autonomía municipal en San Rafael: allí se elegirán convencionales para redactar la Carta Orgánica, aunque un fallo de la Corte estableció que su implementación podrá concretarse recién dentro de los próximos dos años. “No tiene sentido”, protestan algunos dirigentes.
Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael son los departamentos que tendrán elecciones este domingo. En el entorno de Cornejo adelantaron a Infobae que existe “una alta expectativa” en Luján de Cuyo, luego de que el intendente del PRO, Esteban Allasino, anunciara su incorporación a la coalición Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza. Se trata de la alianza que impulsó el gobernador en 2025, que le garantizó un triunfo provincial y consolidó su vínculo con la Casa Rosada.
En la Gobernación buscan bajarle el tono a las repercusiones que puedan tener los resultados. “Son elecciones municipales”, repiten y evitan cualquier intento de nacionalización. También remarcan que el desdoblamiento decidido por los intendentes responde a “la clásica estrategia” para hacer valer las estructuras oficialistas. No es un dato menor que se espera una baja participación en medio de un clima de apatía política.
En San Rafael anticipan una competencia ajustada frente al histórico peronismo de los hermanos Félix. En el oficialismo provincial aseguran que el escenario en Maipú también aparece favorable. Aunque la elección no define cargos ejecutivos ni provinciales, el resultado será leído en clave 2027. Mendoza es la única provincia que no permite la reelección del gobernador y Cornejo muestra intención de participar en las discusiones estratégicas de la UCR a nivel nacional.
De hecho, Cornejo tiene una pata puesta en el armado de Córdoba donde, además de su aliada Soledad Carrizo, apoya a Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador dentro de una alianza con La Libertad Avanza. Tal es la influencia del radical mendocino en el armado nacional que el propio De Loredo lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo.
El peronismo, en cambio, atraviesa una fuerte interna entre el sector referenciado en La Cámpora y los alineados con los intendentes del PJ. Como consecuencia, en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo irán en listas separadas, lo que podría favorecer a los armados opositores. “Se la pasan diciendo que los votos son de ellos”, dijo desafiante a este medio un dirigente cercano a Anabel Fernández Sagasti, molesto por la postura de los jefes comunales.
La autonomía de San Rafael
Además de concejales, este domingo San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El movimiento autonomista responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. También aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas —como la remoción de un árbol en malas condiciones— hasta obras menores requieren trámites en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo.
A la resistencia opositora se sumó una denuncia del legislador José Luis Ramón, quien presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en ese departamento por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.
La decisión del máximo tribunal generó confusión y extendió el proceso: la elección de convencionales se realizará y los elegidos redactarán la nueva Carta Orgánica, pero el texto recién entrará en vigencia si es aprobado en un referéndum que se realizará dentro de dos años. “Es un papelón”, sostienen quienes se oponen a la autonomía municipal.
“Los Félix acuerdan con Ramón una nueva elección y más gasto político para los sanrafaelinos, por la farsa de la autonomía municipal”, denunció Leonardo Yapur, concejal de la UCR. También señaló que se trató de una estrategia del intendente para ubicar a su hermano como cabeza de lista y conformar una nómina más competitiva.
POLITICA
El Gobierno llamó a la mesa política para avanzar con proyectos de ley claves en el Congreso
Tras la aprobación de la reforma laboral por la Cámara de Diputados, el Gobierno convocó a su mesa política para avanzar con ese y otros proyectos que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación.
La reunión del ala política del Ejecutivo Nacional será este lunes a las 14:30 horas y los proyectos cuyo estado de situación de abordarán son, además de la reforma laboral, cuya ratificación por el Senado sería este viernes, la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44
Con la sanción de la reforma laboral y la media sanción de la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea así como de la Ley Penal Juvenil, el oficialismo busca acelerar con la media sanción del proyecto de reforma sobre la Ley de Glaciares, que permitiría la ampliación de la frontera extractiva de minerales e hidrocarburos.
Formarán parte de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo y los legisladores Patricia Bullrich y Martín Menem.
Uno por uno, cómo votó cada diputado la reforma laboral
Martes: primera reunión de gabinete con Javier Milei
El martes 24 de febrero tendrá lugar la primera reunión de gabinete del año con la presencia del presidente Javier Milei. El objetivo de esta actividad es fijar los objetivos para la gestión en 2026 y las prioridades en la agenda legislativa de cara a las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo con el tradicional discurso presidencial que las da por inauguradas.
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POLITICA
Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas
Más allá de que el de esta semana fue el cuarto paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los 26 meses que lleva Javier Milei en la Casa Rosada, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo, los datos oficiales muestran que el nivel de conflictividad laboral bajó en la gestión de La Libertad Avanza respecto de gobiernos anteriores.
Los tres paros anteriores convocados por la central obrera fueron el 10 de abril de 2025 y, en el primer año del mandato libertario, el 21 de enero de 2024 – a sólo 42 días de asumir el nuevo Presidente-, y el 9 de mayo de ese año.
Del análisis de los datos publicados por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, que depende de Secretaria de Trabajo de la Nación, surge que hubo 465 paros en todo el país a lo largo de todo 2025,
Involucraron a 1.072.000 trabajadores que participaron de las medidas, y generaron 4.493.000 jornadas individuales no trabajadas a lo largo del año.
En cuanto a la distribución por provincia, los mayores niveles de conflictividad estuvieron vinculados a aquellos conflictos que tienen alcance nacional y los que suceden en la provincia de Buenos Aires, con un promedio de 6 por mes. Y muy cerca de ese valor, Santa Cruz con 5 al mes.
Del análisis de los datos oficiales, esos 465 paros que tuvieron lugar en 2025 fue la cantidad de conflictos con cese de tareas más baja desde 2006. Lo mismo sucedió con el número de huelguistas y las jornadas no trabajadas, que también estuvieron en sus mínimos históricos.
Como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, el año pasado la mayor cantidad de conflictos con paro se dieron en el ámbito estatal, casi el 70%. Sin embargo, descendieron un 18% respecto de 2024, totalizando 311 casos, el menor nivel en las últimas dos décadas.
En línea con esa baja, la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas también disminuyó 15% y 20%, respectivamente. En el ámbito privado, también se registró el valor más bajo de la serie en conflictos con paro (157).
En comparación con 2024, la cantidad de huelguistas y de días sin actividad por una medida de fuerza descendió significativamente (-74% y -60%, respectivamente).
Los años con más paros
Los mayores niveles de conflictividad en las últimas dos décadas se registraron entre 2012 y 2017, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, y en la primera mitad del de Mauricio Macri.
El pico se dio en 2014, sobre el final del gobierno kirchnerista, con 1.336 reclamos laborales en todo el país que incluyeron cese de actividades, de los cuales 868 fueron en el ámbito estatal, y 482 en el ámbito privado.
El segundo año de mayor conflictividad fue 2016 a mediados de la gestión de Cambiemos, con 1.321. Desde entonces, la cantidad de conflictos tanto en el ámbito estatal como privado, fue disminuyendo paulatinamente, hasta el valor más bajo del año pasado.
Qué sucedió en 2025
En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas, en los 24 distritos, siendo marzo el mes con mayor cantidad de conflictos con paro, 61, y enero del año pasado el que registró menos (26).
El 29% de esos conflictos laborales con paros en 2025 estuvieron vinculados al sector de la Administración Pública (un promedio mensual de 14 medidas de fuerza con suspensión de actividad) y la Enseñanza (20% con 10 paros en promedio por mes).
Le siguen el área de la Salud (7 huelgas promedio por mes) y el de Transporte y Almacenamiento (6).
Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y, aproximadamente el 20%, por pagos adeudados. En promedio, sólo 3 conflictos por mes estuvieron vinculados a despidos.
Conflictos sin paro del 2025
En cuanto a los conflictos laborales sin cese de actividades, en 2025 se registraron en todo el país 1.043. El pico se dio en el mes de julio, con 150, y el menor número, en noviembre pasado con 66.
En su mayoría, fueron concentraciones, que crecieron 14% con relación a 2024, y movilizaciones que se mantuvieron estables en número. Se redujeron los cortes (-2%), respecto del 2024, principalmente en el ámbito estatal.
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