Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se burlaron de la presentación judicial de la vicepresidenta, que pide hasta 8 años de prisión. «Es una cucarda que nos envíe a la cárcel», lanzaron en un pase cargado de ironía.

​Buenos Aires, 14 de marzo de 2026 – Lo que comenzó como un análisis político en la pantalla de LN+ derivó en un conflicto judicial sin precedentes entre la Casa Rosada —vía el Senado— y el periodismo. Victoria Villarruel denunció formalmente a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, acusándolos de afectar su honor y de participar en supuestas maniobras desestabilizadoras.

​La respuesta de los conductores no se hizo esperar. En su habitual «pase» televisivo, transformaron la gravedad de una denuncia penal en un ácido sketch donde se autodenominaron «los reos».

​El origen del conflicto: «Victoria Pírrica» y el análisis político

​La denuncia de la vicepresidenta apunta a expresiones de Rossi y Feinmann sobre la sesión preparatoria del Senado. Según el escrito judicial, los periodistas habrían sugerido que Villarruel pactó con la UCR para quedarse con cargos, calificando el movimiento como un «golpe político» contra Javier y Karina Milei [03:57].

​Uno de los puntos más insólitos de la denuncia es la mención al término «Victoria Pírrica», utilizado por Rossi. «El abogado que la asiste parece que faltó a algunas materias; una victoria pírrica es aquella que termina pareciéndose a una derrota. No tiene nada que ver con su nombre», disparó Rossi con ironía [05:41].

​La justicia federal le da la espalda a la Vicepresidenta

​A pesar del impacto mediático, la denuncia parece tener las piernas cortas en los tribunales. Según informaron los propios periodistas, el fiscal Carlos Rívolo ya dictaminó la inexistencia de delito en cuanto a la acusación por «atentado contra el orden público» [10:21].

• ​Libertad de expresión: El dictamen fiscal subraya que los hechos analizados son de «interés público» y que el derecho penal debe aplicarse de forma restrictiva ante la libertad de prensa [14:04].
• ​Acción privada: La fiscalía desestimó el impulso penal, sugiriendo que, si la vicepresidenta se siente injuriada, debería iniciar una querella civil por daños y perjuicios, algo que Feinmann aceptó como un desafío: «Vamos a la justicia civil, a ver quién pone plata del bolsillo» [12:45].

​«Campanita» y los 26 «Ravioles»: La contraofensiva de Feinmann

​Lejos de retroceder, Feinmann redobló la apuesta revelando lo que llamó la «estructura ministerial» de recursos humanos que Villarruel habría montado en el Senado. El periodista leyó una resolución con 26 cargos jerárquicos (o «ravioles») creados bajo su gestión [23:33].

​»Ustedes venían a destruir la casta y montaron un ministerio para 72 senadores», fustigó Feinmann, quien también cuestionó por qué la vicepresidenta no deroga la resolución que engancha los sueldos de los senadores a las paritarias, lo que permitió que sus dietas treparan a cifras millonarias [19:10].

​¿Candidatura en peligro?

​El cierre del programa dejó una advertencia política. Para Feinmann, esta actitud de Villarruel contra la prensa es «peligrosísima» de cara a sus ambiciones presidenciales. «Si con este mínimo poder ataca así la libertad de prensa, no me quiero imaginar lo que sería siendo Presidenta», concluyó [16:39].

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), organismo dependiente del Poder Ejecutivo argentino, decidió este lunes que se le convalidara el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, una de las cinco personas que están en el país y que fueron condenadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva del 8 de enero de 2023.

El ciudadano brasileño está preso junto a otros cuatro simpatizantes de Jair Bolsonaro -quien perdió aquellos comicios presidenciales de 2022-: Joelton Gusmao de Olveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.

Todos habían recibido prisión domiciliaria en enero. Borges Correa es el único que lo consiguió, pero el número promete acrecentarse.

En un gesto a la oposición de Lula, en el Gobierno ven con buenos ojos que se convalide el estatus de refugiado para el resto de los condenados, reconocieron tres fuentes gubernamentales a Infobae. “Va por ahí”, afirmaron desde una de las áreas por las que circunvala ese trámite.

La CONARE es una dependencia poco conocida, pero que tiene una centralidad vital para determinar el futuro de aquellos que solicitan la condición de refugiado. Pese a que en su página web convalida que tiene una ascendencia organizacional sobre la Dirección Nacional de Migraciones, el comité que evalúa las solicitudes está compuesto por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Capital Humano.

Se supone que al tratarse de asuntos de extrema sensibilidad, las decisiones que toma esa comisión no deben estar impregnadas por la subjetividades del gobierno de turno. Por ese motivo, desde el Ejecutivo no explicitan ninguna declaración sobre eventuales futuras decisiones de la CONARE.

“No nos sorprende del Gobierno, pero sí que suma a un vínculo que ya está muy deteriorado. Estamos en condiciones de decir que Argentina y Brasil se encuentran en el punto más bajo de las relaciones diplomáticas desde la recuperación de la democracia en ambos países”, afirmó una fuente inobjetable de la administración brasileña.

El timing de esta decisión del Gobierno no es menor. Esta semana se dieron a conocer diferentes encuestas en los principales medios de Brasil en las que se mostraba que, a cifras de hoy y en un escenario de segunda vuelta, Lula da Silva está en un empate técnico con el principal postulante de la oposición, el senador nacional Flavio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente.

Al comienzo de la semana se conoció que José Antonio Kast había invitado al mayor de los Bolsonaro a su ceremonia de asunción. Al percatarse de eso, Lula decidió declinar su asistencia al evento. Javier Milei aprovechó la coincidencia para saludar afectivamente a Flavio (el argentino es particularmente cercano de su hermano Eduardo y de su padre Jair) y decirle “te estamos apoyando, vas a ganar”. El video del momento fue subido a las redes del precandidato a presidente del Partido Liberal, quien le agradeció por haber otorgado el estatus de refugiado a Borges Correa.

Este viernes se conoció que Jair Bolsonaro está en terapia intensiva en un hospital de Brasilia por un cuadro de bronconeumonía. Ante ese panorama, Milei retuiteó un posteo en X del medio La Derecha Diario en el que atribuía la afección “a los dictadores Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes que decretaron su arresto en una cárcel federal sin atención médica”.

Los integrantes del oficialismo que están al tanto de la política brasileña utilizan el mismo tono que el Presidente. “Eduardo (Bolsonaro) está viviendo en Austin, Texas, porque si vuelve a su país piensa que lo van a meter preso”, dice uno de ellos, quien tiene una estrechísima relación con el dirigente de Brasil. El 18 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados declaró la pérdida de su mandato después de acumular el límite de ausencias no justificadas, la mayoría producto de haberse ido a vivir el año pasado a Estados Unidos.

El hijo del ex presidente brasileño estuvo días atrás junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza María Celeste Ponce en el recinto penal donde se encuentran presos los simpatizantes bolsonaristas. Ahí marcaron que se trabajará para la libertad del resto.

Hasta hace algunas semanas, Lula intentaba mantener la cooperación con la administración de Javier Milei pese a las diferencias ideológicas. Señal de eso había sido la cooperación que Brasil dio para mantener la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Eso se mantuvo hasta enero de este año, cuando el libertario marcó sus serias diferencias de su par brasileño respecto de la postura sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La diplomacia brasileña también perdió dialogo político con el Gobierno. En Itamaraty reconocían que podían tener una mínima mediación o cercanía a Milei a través del diálogo fluido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli. Todos han perdido centralidad en ese tipo de rol. Incluso, reconocen que habían consolidado una mejor relación con Gerardo Werthein en la última etapa de su gestión.

Este año habrá menores esfuerzos para conciliar con los libertarios. “El año pasado hicimos intentos en política exterior. En un año como este, que se caracteriza por lo electoral, vamos a enfocarnos en la política doméstica”, dijo un funcionario de la administración lulista.

Para el gobierno de Lula, la decisión argentina amenaza con erosionar los canales institucionales que históricamente sostuvieron la relación bilateral, especialmente en materia de cooperación judicial. El impacto trasciende la relación bilateral. La región experimenta una reorganización de fuerzas políticas, con gobiernos de derecha como el de Milei cobrando protagonismo.

El fallo de la Conare fue respaldado por un dictamen técnico de 18 páginas, que consideró verosímil el relato de Borges Correa y concluyó que la persecución que teme está vinculada a su opinión política. El organismo también cuestionó la competencia del Supremo Tribunal Federal brasileño para juzgarlo en este caso.

El otorgamiento del asilo a Borges Correa se fundamentó en el “fundado temor a la persecución política”, según argumentaron sus abogados ante la Conare. El ex camionero, originario de Tubarão, Santa Catarina, había ingresado a Argentina en abril de 2024, eludiendo controles migratorios por temor a ser arrestado.

Borges Correa, identificado como simpatizante de Jair Bolsonaro pero sin militancia activa, participó en la movilización del 8 de enero de 2023 en Brasilia, alegando que protestaba contra propuestas del gobierno de Lula sobre aborto y drogas. Tras su condena, el juez federal Daniel Rafecas en Argentina había ordenado su extradición, pero la protección otorgada por la Conare impide, salvo excepciones, devolverlo a Brasil.

La defensa ya gestiona la suspensión definitiva del proceso de extradición, lo que permitiría su liberación. A raíz de su nuevo estatus, ahora tiene derecho al acceso a una residencia otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones, a un Documento Nacional de Identidad y, si desea, a un documento de viaje de la Convención de 1951.