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Milei quiere darle más poder a Bullrich sobre la Policía Federal: preparan un DNU y hay polémica

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Circula entre funcionarios vinculados a la seguridad publica y altos oficiales de fuerzas de seguridad federales el proyecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia que el Presidente firmaría a su regreso de su gira internacional, la semana que viene.

Según ese texto, por DNU se modificará la Ley Orgánica de la Policía Federal y se ratifican facultades que generan polémica, como la habilitación a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y la de hacer requisas sin aval judicial.

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Tiene otro costado controversial: según juristas, se estaría modificando el código penal por decreto, lo que es inconstitucional.

La Casa Rosada tiene apuro con el decreto, según las fuentes consultadas. Sucede que el 8 de julio se vencen las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo consiguió a través de la ley bases, aprobada el año pasado por el Congreso.

Javier Milei tiene hasta esa fecha tope para declarar en «situación de emergencia» -el borrador del DNU estipula hacerlo por un plazo de 2 años- a la Policía Federal.

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Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Marcelo Carroll.

Se habilitaría, así por ejemplo, a contrataciones directas sin llamados a licitación y a la reorganización de la fuerza.

Clarín se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero se limitaron a decir que Patricia Bullrich no hará declaraciones y que en los próximos días «se hará una presentación de esa ley con el Presidente».

El texto al que accedió este diario lleva la firma digital de la ministra Bullrich. Fuentes oficiales dijeron que el proyecto podría sufrir aún alguna modificación.

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La ley Orgánica de la Policía Federal que se busca modificar por decreto es de 1958. El proyecto sostiene que se apunta a una reforma y modernización de esa fuerza de seguridad.

«El surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales y tecnológicos ocurridos desde 1958 a la actualidad, tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades», fundamenta.

Y agrega que «resulta necesario que la Policía Federal Argentina tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos». El proyecto de decreto también plantea la necesidad de crear un programa de ingreso y formación específico para universitarios ya graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan los casos del FBI y de la Policía Federal de Brasil.

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En el inciso 7 del artículo 6to se establece:

«Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, (la Policía Federal) no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad. Ese tiempo en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones».

Ese inciso es casi igual a la de la ley orgánica de la Policía Federal que se encuentra vigente. También la ley Lázara de 1991 habla de hasta 10 horas para quien no pudiera acreditar su identidad.

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«Ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de ‘detención por averiguación de antecedentes’», observa a Clarín Fernando Carbajal, ex juez Federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia.

El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.

«Una reforma así no se puede hacer por DNU, darle esa atribución a la Policía no tiene nada que ver con la reorganización de la fuerza. Es completamente inconstitucional. Es volver al viejo paradigma policial de detención por averiguación de antecedentes Están metiéndose con la violación de derechos ciudadanos con el argumento de reorganizar a la Policía», agregó el legislador radical Carbajal, quien además integra la comisión bicameral de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.

Un ex camarista penal federal de prestigio que pidió no ser identificado coincidió con Carbajal: «El Código Procesal Federal no permite detener, salvo en fragancia o por orden de la Justicia. Es polémico además que este cambio se haga por DNU, cuando no hay motivo de urgencia. De salir el decreto, posiblemente se va a judicializar, aunque puede ser complicada la legitimación. ¿Quién se sentiría afectado? Puede que alguna ONG que trabaja en derechos y garantías o violencia institucional», aventuró.

Y un funcionario del área de seguridad de una provincia del interior al que le llegó hace unos días el texto que firmaría Milei agrega: «10 horas es un montón, no se encuentra justificativo para esa demora en consultar con la autoridad judicial, más cuando en la actualidad uno está a un click de poder comunicarse».

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Carlos Ñamandú.Carlos Ñamandú.

Sin embargo, hay especialistas que tienen otra mirada. Carlos Ñamandu, CEO de Fidelem Security Advisors y reconocido especialista en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el cibercrimen,opinó: «Lejos de inaugurar un estado policial, la reforma ratifica una facultad legal preexistente, estableciendo garantías: comunicación inmediata a un familiar o persona de confianza, separación de los demorados de los detenidos por delitos, y estricta sujeción a plazos máximos»

Sigue Ñamandú: «Esta medida, bien aplicada, es una herramienta para prevenir delitos inminentes (por ejemplo, detectar a un sospechoso con un arma antes de que la use) sin vulnerar derechos, ya que la persona recupera su libertad una vez esclarecida su identidad o descartada la sospecha en pocas horas.

Otro eje controvertido es la facultad de requisas que se le otorgaría a la Policía Federal. El inciso 13 del artículo 6to dice:

«Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

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A. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

B. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

Allanamiento de la Policía Federal.Allanamiento de la Policía Federal.

C. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».

Para algunos especialistas lo de «permitan presumir» es un pase libre a lo que siempre se justificó como «olfato policial» y que habitualmente fue desechado por la Justicia.

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«Este punto es polémico, genera sospechas. En ningún caso hay fundamentos, salvo para un delito en curso, que justifique la no consulta con la autoridad judicial y es una de las causas que origina nulidades múltiples», señala un experto en materia de seguridad. Y completa: «La política de prevención de delitos restringe derechos. Para avanzar, la Policía necesita siempre autorización judicial. Están eliminando controles y suspendiendo derechos».

El diputado Carbajal agrega: «La Policía no puede realizar requisas, tiene que pedir la orden al fiscal. No se puede autonomizar la Policía de la Fiscalía».

Pero el especialista Námandú difiere: «Esto no es un ‘cheque en blanco’ sino la formalización de prácticas amparadas por el Código Procesal Penal en casos de flagrancia o peligro en la demora. En situaciones normales seguirá siendo indispensable la orden de un juez para allanar o requisar propiedad privada, pero ante la inmediatez de ciertos escenarios, pensemos en un control de ruta donde un conductor sospechoso intenta descartar droga al ser detenido,, la ley faculta a actuar de inmediato».

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El otro punto que puede generar algún grado de sospecha es la habilitación a la Policía Federal de realizar tareas de patrullaje en las redes sociales.

El inciso 11 del artículo 6to del borrador dice que la Policía Federal podrá «realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente».

Pero según las fuentes consultadas, se trata de algo que ya realiza la Policía Federal y que fue habilitado por Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad de Alberto Fernández. El ciberpatrullaje se usa para la prevención del delito. De la redacción del inciso no surge que la Policía pueda acceder a cuentas abiertas sin orden de la Justicia.

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«El nuevo reglamento en estudio permite que la Policía Federal realice tareas de vigilancia preventiva en espacios públicos digitales, como redes sociales abierta y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial previa».apunta Carlos Ñamandú.

Y considera: «Lejos de ser ‘espionaje ilegal’, esto equivale a las clásicas vigilancias en plazas o rutas, pero trasladas al siglo XXI: monitorear lo que delincuentes y terroristas puedan estar tramando en la web abierta, siempre respetando la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos honestos. Estas actividades de inteligencia previa ya se venían realizando de facto; ahora se les da un marco normativo claro, acorde a estándares democráticos y de protección de datos personales».

Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.

Para Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad, cualquier modificación de este tipo debería «alcanzarse con acuerdos parlamentarios. La vía del decreto genera incertidumbre para la Policía y para los resultados de sus investigaciones porque puede ser declarado inconstitucional. No se puede modificar el Código Penal por decreto. Es un tema para tratarse en el Congreso. ¿Quién podría oponerse a la que la Policía Federal esté mejor capacitada?».

Patricia Bullrich,DNU,Policía Federal

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La nueva CGT se pone en marcha: apuran una reunión clave para debatir sobre la reforma laboral y el encuentro con el Gobierno

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La nueva mesa chica de la CGT tendrá el lunes su primera reunión con un solo punto en la agenda: la reforma laboral. En realidad, se discutirá qué postura adoptarán si el Gobierno los convoca para discutir ese tema antes de que el proyecto de ley se presente en el Congreso para ser debatido en el período de sesiones extraordinarias.

De todas formas, este jueves se produjo un contacto informal entre el nuevo triunvirato de la CGT y el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando se cruzaron en la Conferencia Industrial de la UIA y allí hablaron sobre un encuentro para analizar la reforma laboral. El flamante funcionario incluso les aseguró que el proyecto no contendrá lo que afirman algunas versiones que causan mucha preocupación en el sindicalismo.

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La posibilidad de una convocatoria oficial a la CGT, anticipada por Infobae, multiplicó los llamados entre los sindicalistas para intercambiar opiniones y allí se acordó la realización del encuentro de la mesa chica cegetista, donde se producirá el debut del flamante triunvirato, que integran Jorge Sola (Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Al ser consultado sobre la decisión que tomarán si son invitados a la Casa Rosada, un importante jefe cegetista dijo a Infobae: “Veremos qué sucede. El cómo también es importante. Y el para qué es imprescindible”.

El Consejo de Mayo elabora el proyecto de reforma laboral para ser presentado al Congreso

Una de las ideas que discutirá la CGT, además, es el comienzo de contactos oficiales con los gobernadores para convencerlos de no dar su apoyo en el Congreso a una reforma laboral “antisindical”.

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El dilema para la CGT es que uno de sus máximos dirigentes, Gerardo Martínez (UOCRA), integra el Consejo de Mayo, donde se elabora el proyecto de reforma laboral, aunque hasta ahora, según fuentes oficiales, rechazó la mayoría de las propuestas impulsadas por el Gobierno.

Sin embargo, el propio Martínez dijo: “La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazada por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”.

En una entrevista con Infobae, Jerónimo, uno de los nuevos cotitulares de la CGT, respondió de la siguiente manera si la CGT está dispuesta a negociar la reforma laboral: “Estamos dispuestos no a negociar sino a sentarnos en una mesa-afirmó-. Negociar sería hoy ir ciegamente a discutir algo que están proponiendo ellos. Nosotros también tenemos propuestas».

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Si el Gobierno no flexibiliza su postura y no acepta cambiar artículos de la reforma laboral que irritan a la CGT, la relación entre ambos sectores se encamina a un duro conflicto que incluirá medidas de fuerza sindicales.

Por eso será clave la estrategia que defina la nueva conducción de la CGT, que estrenará un triunvirato y deberá coordinar su funcionamiento con una mesa chica integrada por la vieja guardia sindical: allí estaban hasta ahora Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Sergio Romero (UDA).

La mesa chica de la CGT, en su versión ampliada, se reunió por última vez el 30 de octubre

Sin embargo, algunos de esos dirigentes no fueron invitados al encuentro del lunes próximo y por eso se dieron las primeras señales de tensiones internas ante el malestar de los sindicalistas excluidos.

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Más allá de estos incipientes cortocircuitos, la CGT ya sabe que hay artículos de la reforma laboral que no aceptará, como la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo, que es el principio por el cual esos acuerdos firmados entre empresarios y sindicalistas mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro.

El proyecto oficial mantiene la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos, por ejemplo) se caen al vencimiento del convenio colectivo de trabajo.

Héctor Daer, Hugo Moyano y otros dirigentes de la CGT, a punto de entrar en la Casa Rosada

Otro de los puntos confirmados de la iniciativa, que es considerado un aspecto central de la reforma, es que se priorizarán los acuerdos por empresa, de manera que los convenios de ámbito menor (empresa u regionales) se impondrán sobre los convenios de un ámbito mayor (los de actividad), al revés de lo que estipula hoy la ley.

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Esa propuesta implica la pérdida del poder centralizado de los sindicatos y empodera a las comisiones internas en las empresas al delegarles el poder de negociar y firmar los convenios.

También se incluirá la limitación de las cuotas solidarias, que son el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo.

Para el Gobierno, no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Es la misma idea que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia tras una acción de amparo de la CGT.

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Federico Sturzenegger y Julio Cordero, dos de los impulsores de la reforma laboral

La reforma laboral que impulsa el Gobierno, además, volverá a contemplar la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades, tal como figuraba en el DNU 70 y luego en el decreto 340 (ambos suspendidos por la Justicia), al redefinir el listado de servicios esenciales y fijar mínimos de cobertura: 75% en servicios críticos y 50% en servicios trascendentales.

Otra de las innovaciones del proyecto oficial es la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.

Estas son algunas de las propuestas incluidas hasta ahora en la reforma laboral y en todos los casos seguirán siendo rechazadas de manera tajante por el sindicalismo. A menos que el Gobierno se reúna con la CGT y logre el milagro de que apoye o al menos no frene los cambios.

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El control de la Legislatura porteña, la otra discusión que el PRO y Diego Santilli miran con atención

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Son tiempos agitados para el PRO. Tras las elecciones legislativas se activó un proceso de sangría de dirigentes en los bloques del Congreso nacional. Fue uno de los temas que se discutió en la reunión del Consejo Nacional que encabezó Mauricio Macri el pasado miércoles. También son días agitados para el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, que aún no definió el staff de funcionarios que lo acompañarán en la Casa Rosada y que, en su primera semana en funciones, ya se juntó con 10 de los 20 gobernadores que estuvieron con Javier Milei. La semana que viene prevé terminar la peregrinación para ver a la totalidad de los mandatarios para buscar apoyos al Presupuesto 2026.

En medio de todo este frenesí, hay otro proceso que miran con atención tanto las autoridades del PRO como el funcionario nacional: quién tendrá el control político y presupuestario de la Legislatura porteña tras la renovación del próximo 10 de diciembre, que hoy equivale a 159.694.456.793 de pesos. Es una discusión que tendrá lugar en el recinto de sesiones en menos de 20 días, inmediatamente después del tratamiento del Presupuesto 2026 que envió el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, previsto para el 27 de noviembre.

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Así, el próximo 1 de diciembre los legisladores elegirán a las nuevas autoridades. Hasta hoy, la vicepresidencia primera está en manos del macrista Matías López (Vamos Juntos), un dirigente muy cercano a Santilli, que el miércoles participó de la reunión convocada por Macri. El ahora ministro del Interior -que ya anticipó que quiere ser gobernador bonaerense en 2027– convocó a López, que se desempeñaba en la actividad privada, cuando era titular de Espacio Público porteño.

“Estaría todo dado para que Matías continúe, pero la política puede meter la cola hasta la noche anterior y cambiar todo. Es un lugar que todos lo quieren y todos se autoperciben importantes, desde el peronismo por la cantidad de diputados, los libertarios por Milei y el PRO por ser oficial”, graficó a Infobae un dirigente del macrismo porteño.

Matías López, legislador porteño

En los principales despachos de Perú 160 arrecian las versiones y escenarios muy disímiles entre sí. Uno plantea que el PRO (Vamos Juntos), que redujo su bloque de manera considerable, negociaría entregar la vicepresidencia por gobernabilidad al peronismo, que tendrá la primera fuerza tras el recambio, o a La Libertad Avanza.

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Otro escenario es que el macrismo retenga el control, pero sin la Secretaría Administrativa, es decir, sin el manejo del dinero y los tiempos políticos. “Un delirio, quién va a aceptar eso”, se preguntó un veterano dirigente con experiencia parlamentaria. Un último escenario es más audaz: una negociación de cúpulas entre Jorge Macri y Santilli para destrabar el reclamo de CABA por la deuda del gobierno nacional por la Coparticipación. Esta última versión fue descartada desde ambos sectores, ante la consulta de Infobae.

Hasta ahora se tratan de versiones. “Es una discusión que aún no empezó”, señaló a este un importante dirigente libertario de CABA. “Todavía no hemos analizado las opciones, calculo que se hará en los próximos días. Nosotros como fuerza doblemente ganadora vamos a pensar qué hacemos. Sí creemos que como se respeta a nivel nacional, quién gobierna debe poner el vicepresidente, pero con un acuerdo, que incluiría el reparto de las comisiones y definir el resto de las vicepresidencias”, agregó. Además de López, hasta hoy son autoridades también Matías Lammens como vicepresidente segundo, y Graciela Ocaña como vicepresidente tercera.

Presupuesto 2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Jaime Olivos)

Antes de la discusión sobre las autoridades está el tratamiento de la ley de Presupuesto 2026 que envió Jorge Macri al Parlamento. En las oficinas de la sede gubernamental de la calle Uspallata son optimistas, sobre todo por el acuerdo de no agresión que existe entre el PRO y LLA. “Viene bien, discutiéndose, recolectando proposiciones, propuestas de los distintos espacios políticos, viendo cuáles son viables, cuáles no. Por ahora viene todo bien, encaminado, con la expectativa de que el 27 se trate en recinto y se apruebe”, señaló a Infobae un importante funcionario porteño, al tanto de las reuniones de comisión.

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El presupuesto para el año que viene se presentó en septiembre, con foco en la inversión pública y la reducción de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales. Para el próximo año también se prevén cambios en el ABL. Como referencia para la planificación, se tomaron las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. En ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

Con respecto a las proyecciones presupuestarias de CABA, los gastos totales se estiman en $17 billones 341 mil millones, en tanto que los recursos se prevén en $17 billones 347 mil millones. Por lo tanto, se espera un resultado financiero superavitario de $6.000 millones.

Otra discusión que le interesa a Jorge Macri es la deuda que la Nación tiene con CABA por la coparticipación. Esta semana, el Jefe de Gobierno se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar esta cuestión. Se trata de una deuda millonaria. “Desde agosto de 2025, los pagos semanales por el 1,55% comenzaron a ralentizarse, acumulando a hoy una deuda de $274.000 millones. Además, el Presupuesto Nacional 2026 no incluye la partida correspondiente para estas transferencias por el adicional establecido en el fallo de la Corte Suprema”, destacaron.

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Lo que no se vio de la reunión del PRO que lideró Macri: la expulsión de Agost Carreño, el enojo con Scaglia y la necesidad de diferenciarse de Milei

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Hay partido para rato, que no es poco”, se sinceró un joven dirigente del PRO a Infobae tras la reunión del Consejo Nacional del partido, que encabezó ayer Mauricio Macri y se realizó en la sede de la calle Balcarce. El encuentro fue breve. Y respondió a la necesidad de rediscutir los objetivos y la relación con La Libertad Avanza en el corto, mediano y largo plazo, y a la urgencia de frenar la sangría de dirigentes de los bloques parlamentarios.

Era el reclamo de un sector cada vez más nutrido de dirigentes: que el expresidente, más allá de las declaraciones públicas como las que hizo en Chile, la semana pasada, donde habló de la necesidad de construir un candidato presidencial “propio” para el 2027, marque una hoja de ruta institucional que diferencie al PRO de la gestión libertaria, más allá del apoyo a las reformas que Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su administración. Por eso se anunció que no habrá interbloques parlamentarios con LLA.

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Durante la reunión, Macri destacó la necesidad de “convocar de abajo para arriba, buscando que toda aquella gente que se identifica con el PRO y con las ideas liberales sienta que hay una variante”. “La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión”, agregó.

(@proargentina)

Un dirigente del PRO, afín a las ideas libertarias, relativizó los anuncios de la reunión de ayer. “Fue un poco darle el gusto a gente como (María Eugenia) Vidal, que piden que nos diferenciemos, pero la verdad que lo importante para nosotros es acompañar con votos las reformas penal, tributaria y laboral que el país necesita, y que plantea Milei, que son las mismas que planteaba Macri cuando era Presidente”, afirmó a Infobae. Y añadió: “Que no haya interbloque no implica nada, solo que Cristian (Ritondo), como presidente de la bancada, tiene que negociar el texto de las leyes con el ministro del Interior, que es (Diego) Santilli, es un chiste”.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Expulsiones, ausencias y enojos

Más allá de esta discusión, en la reunión en la sede de Balcarce no pasaron desapercibidas las ausencias de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni. Ambos estaban invitados, pero decidieron no participar.

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También se vivió un momento de tensión, cuando se discutió (y aprobó) una nueva intervención del partido en Córdoba, y que tuvo como protagonista a Oscar Agost Carreño, presente en el encuentro. Enfrentado hace meses con Macri, integra el bloque de diputados de Encuentro Federal y resistió dos intentos previos para removerlo de la conducción del PRO cordobés.

“Entré porque me habían convocado con dos mails, hasta me pusieron cintita amarilla en brazo para mesa central. Adentro, no me dejaron hablar, y luego de votar lo de Córdoba me pidieron me vaya. Esperando ascensor, apareció un custodio oficial de Mauricio Macri y me dijo que tenía que acompañarlo hasta la puerta”, relató Agost Carreño a Infobae.

La nueva interventora designada es Soher El Sukaria, cercana a Macri y concejal en la ciudad de Córdoba. “Yo estaba iniciando el proceso de internas del PRO Córdoba y, al igual que la primera intervención, la hacen para no dejar que se vote porque el macrismo está en minoría en cantidad de afiliados y perdería. En un año hubo tres intervenciones. Por una serie de juicios que hice, la Justicia anuló las dos anteriores, y ahora inicié una nueva acción para anular la tercera”, señaló el diputado, que no logró renovar su banca al frente de la boleta amarilla que tuvo un magro desempeño.

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Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

También hubo malestar entre algunos de los presentes con la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. La titular del PRO provincial, que encabezó la boleta para diputados de Provincias Unidas, habría informado que no será parte del bloque amarillo y que integrará la bancada que representa a los gobernadores. Esto ya lo había adelantado el gobernador Maximiliano Pullaro, la semana pasada, en conferencia de prensa.

“A Agost Carreño lo expulsaron en diciembre del año pasado, cuando intervinieron el PRO de Córdoba. Aún así, se presentó ayer al Consejo y pidió la palabra y se votó para que lo echen del lugar. No es parte del partido hace casi un año por inconducta partidaria y por no conformar el bloque durante su mandato. Y con Gisela hay bronca, porque avisó que no va a asumir por el PRO. Todas las miradas fueron a ella. Es un contexto donde el PRO necesita de la fuerza de cada diputado”, aseguró un importante dirigente del PRO en el Congreso.

La semana que viene, mientras tanto, está previsto que se realice la Asamblea del PRO, que preside el diputado y exintendente de Pinamar, Martín Yeza. “Va a ser más tranquila que ayer”, anticiparon.

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