El Gobierno definió de manera informal el temario desdoblado de las sesiones extraordinarias y anticipó que, en febrero, se debatirán reformas de peso, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares. El tema es un reclamo histórico de las provincias mineras, que buscan redefinir el “área periglacial” para habilitar inversiones hoy frenadas por las restricciones ambientales.

En el oficialismo celebran la jugada: el Presidente se acercaría a gobernadores cordilleranos que, en conjunto, controlan 13 diputados y cuatro senadores, un capital político suficiente para arañar la mayoría sin abrir la billetera ni poner en riesgo su base electoral. Javier Milei no tiene una agenda ambiental e incluso suele cuestionar la noción misma de cambio climático. Con una reforma técnica, sin costo fiscal ni político, podría alinearse con los gobernadores de cuyo -sobre todo San Juan y Mendoza– y del norte –Salta, Jujuy y Catamarca-, donde una redefinición del área protegida podría traducirse en más inversiones y, por ende, más ingresos.

El movimiento dejaría sin margen a sus aliados de Pro, espacio con el que el oficialismo mantiene una tensión creciente. El martes, Jorge Macri volvió a marcar diferencias al exigir que el Presupuesto 2026 incluya la coparticipación automática dispuesta por la Corte Suprema y el pago de los $6000 millones que la Nación adeuda a la Ciudad. En contraste, los gobernadores del oeste se muestran más “baratos” y dispuestos a colaborar.

La estrategia, además, serviría para fisurar cuatro espacios distintos: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y las fuerzas provinciales no alineadas. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical pese a su acuerdo con LLA en su provincia; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) es un peronista independiente; y Marcelo Orrego (San Juan) conserva un bloque propio con identidad provincial.

Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, todo indica que el eje será una nueva definición del área periglacial, un tema que ya había aparecido en el texto original de la primera Ley Bases. Las provincias mineras insisten en ese punto: sin precisiones, las empresas no invierten.

El glaciar -las grandes masas de hielo visibles- está protegido por ley, al igual que los cuerpos menores, cubiertos o mezclados con roca, que conforman el ambiente periglacial. La norma vigente impide realizar allí actividades industriales. Las reformas que se analizan reducirían las zonas protegidas, lo que despierta el rechazo de organizaciones ambientalistas y buena parte de la comunidad científica.

Tras reunirse el lunes con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego celebró que el tema esté sobre la mesa: “Pudimos tocar temas sobre nuestra jurisdicción: temas que tienen que ver con distintas definiciones, sobre todo con una nueva Ley de Glaciares a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”, dijo al salir de la cumbre en Casa Rosada en alusión a un posible decreto o una nueva norma.

En el Gobierno confirman la lectura política: “Hay consenso para dar la discusión. Muchos gobernadores lo vienen pidiendo y están dadas las condiciones para hacerlo”, reconoció una fuente oficial.

Las provincias reclaman, además, que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución Nacional les otorga la potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición, nunca resuelta del todo, mantiene paralizadas las inversiones: las empresas no saben si la aprobación de un proyecto depende de la Nación o de las provincias.

San Juan es el caso emblemático. Tiene la mayor cantidad de glaciares y áreas periglaciales del país y seis proyectos de cobre en distintas etapas. Dos -Vicuña y Los Azules- ya cuentan con estudio de impacto ambiental; Altar está listo para iniciarlo; y Pachón está detenido porque un glaciar de roca fue inventariado en el centro del yacimiento.

“El problema no es el espíritu de la ley, sino su ambigüedad”, explicó Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. Según él, muchas de las formaciones incluidas en el inventario “no cumplen una función hídrica relevante” y, por eso, deberían diferenciarse. “Nadie quiere dejar de proteger los glaciares -aclaró-, pero necesitamos una definición más precisa para dar seguridad jurídica”.

Fernández cuantifica lo que está en juego: los cuatro proyectos de cobre en la provincia podrían generar, entre 2026 y 2031, inversiones por US$30.000 millones y unos 40.000 empleos directos. “Hoy tenemos 84.000 trabajadores privados registrados -comparó-; este impulso podría duplicar el empleo formal en San Juan, una provincia de apenas 820.000 habitantes”.

En el norte, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca impulsan el mismo reclamo. La senadora electa salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía y aliada de Sáenz, lo resumió así: “Hace falta un decreto o una ley que aclare que el objeto protegido de la Ley Nacional de glaciares, son los glaciares que cuenten con función hídrica efectiva y relevante, y se de claridad sobre lo que se considera periglacial“.

En la misma línea, el abogado Carlos Saravia Frías, del estudio que asesora a empresas mineras, planteó que el eje del debate será técnico: “Hay que determinar cuándo un recurso se vuelve estratégico y cuándo realmente aporta de manera significativa a una cuenca hídrica”. En otras palabras, la discusión girará en torno a cuánto influye cada área periglacial en el sistema de agua. “Con establecer que se entiende como ‘aporte significativo’ el 1% de lo que fluye por una cuenca se resolvería el problema”, advirtió.

El Ianigla, organismo científico que elaboró el inventario de glaciares, confirma que la mayor concentración de glaciares de escombros -periglaciales- está en el noroeste y en la zona central, entre San Juan y Mendoza. Hasta ahora, el instituto no recibió ninguna notificación oficial sobre un cambio de norma.

El texto original de la Ley Bases incluía una modificación de la Ley de Glaciares (26.639): buscaba habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial, bajo control ambiental, y revertir lo que calificaba como “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.

El proyecto reducía el alcance de la protección actual: limitaba la categoría de glaciar a formaciones sólidas por más de dos años, de al menos una hectárea y con una “función hídrica efectiva y relevante”. Esa cláusula fue eliminada del texto final, pero el Gobierno planea volver a insistir con el cambio.

Con un bloque ampliado y el respaldo de los mandatarios cordilleranos, Milei podría convertir esta reforma en una herramienta política: afianzar alianzas estratégicas, fisurar a la oposición y ampliar su margen legislativo sin costo fiscal.