POLITICA
Milei reabre el debate por la Ley de Glaciares para sumar a los gobernadores mineros y asegurar el quorum
El Gobierno definió de manera informal el temario desdoblado de las sesiones extraordinarias y anticipó que, en febrero, se debatirán reformas de peso, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares. El tema es un reclamo histórico de las provincias mineras, que buscan redefinir el “área periglacial” para habilitar inversiones hoy frenadas por las restricciones ambientales.
En el oficialismo celebran la jugada: el Presidente se acercaría a gobernadores cordilleranos que, en conjunto, controlan 13 diputados y cuatro senadores, un capital político suficiente para arañar la mayoría sin abrir la billetera ni poner en riesgo su base electoral. Javier Milei no tiene una agenda ambiental e incluso suele cuestionar la noción misma de cambio climático. Con una reforma técnica, sin costo fiscal ni político, podría alinearse con los gobernadores de cuyo -sobre todo San Juan y Mendoza– y del norte –Salta, Jujuy y Catamarca-, donde una redefinición del área protegida podría traducirse en más inversiones y, por ende, más ingresos.
El movimiento dejaría sin margen a sus aliados de Pro, espacio con el que el oficialismo mantiene una tensión creciente. El martes, Jorge Macri volvió a marcar diferencias al exigir que el Presupuesto 2026 incluya la coparticipación automática dispuesta por la Corte Suprema y el pago de los $6000 millones que la Nación adeuda a la Ciudad. En contraste, los gobernadores del oeste se muestran más “baratos” y dispuestos a colaborar.
La estrategia, además, serviría para fisurar cuatro espacios distintos: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y las fuerzas provinciales no alineadas. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical pese a su acuerdo con LLA en su provincia; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) es un peronista independiente; y Marcelo Orrego (San Juan) conserva un bloque propio con identidad provincial.
Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, todo indica que el eje será una nueva definición del área periglacial, un tema que ya había aparecido en el texto original de la primera Ley Bases. Las provincias mineras insisten en ese punto: sin precisiones, las empresas no invierten.
El glaciar -las grandes masas de hielo visibles- está protegido por ley, al igual que los cuerpos menores, cubiertos o mezclados con roca, que conforman el ambiente periglacial. La norma vigente impide realizar allí actividades industriales. Las reformas que se analizan reducirían las zonas protegidas, lo que despierta el rechazo de organizaciones ambientalistas y buena parte de la comunidad científica.
Tras reunirse el lunes con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego celebró que el tema esté sobre la mesa: “Pudimos tocar temas sobre nuestra jurisdicción: temas que tienen que ver con distintas definiciones, sobre todo con una nueva Ley de Glaciares a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”, dijo al salir de la cumbre en Casa Rosada en alusión a un posible decreto o una nueva norma.
En el Gobierno confirman la lectura política: “Hay consenso para dar la discusión. Muchos gobernadores lo vienen pidiendo y están dadas las condiciones para hacerlo”, reconoció una fuente oficial.
Las provincias reclaman, además, que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución Nacional les otorga la potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición, nunca resuelta del todo, mantiene paralizadas las inversiones: las empresas no saben si la aprobación de un proyecto depende de la Nación o de las provincias.
San Juan es el caso emblemático. Tiene la mayor cantidad de glaciares y áreas periglaciales del país y seis proyectos de cobre en distintas etapas. Dos -Vicuña y Los Azules- ya cuentan con estudio de impacto ambiental; Altar está listo para iniciarlo; y Pachón está detenido porque un glaciar de roca fue inventariado en el centro del yacimiento.
“El problema no es el espíritu de la ley, sino su ambigüedad”, explicó Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. Según él, muchas de las formaciones incluidas en el inventario “no cumplen una función hídrica relevante” y, por eso, deberían diferenciarse. “Nadie quiere dejar de proteger los glaciares -aclaró-, pero necesitamos una definición más precisa para dar seguridad jurídica”.
Fernández cuantifica lo que está en juego: los cuatro proyectos de cobre en la provincia podrían generar, entre 2026 y 2031, inversiones por US$30.000 millones y unos 40.000 empleos directos. “Hoy tenemos 84.000 trabajadores privados registrados -comparó-; este impulso podría duplicar el empleo formal en San Juan, una provincia de apenas 820.000 habitantes”.
En el norte, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca impulsan el mismo reclamo. La senadora electa salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía y aliada de Sáenz, lo resumió así: “Hace falta un decreto o una ley que aclare que el objeto protegido de la Ley Nacional de glaciares, son los glaciares que cuenten con función hídrica efectiva y relevante, y se de claridad sobre lo que se considera periglacial“.
En la misma línea, el abogado Carlos Saravia Frías, del estudio que asesora a empresas mineras, planteó que el eje del debate será técnico: “Hay que determinar cuándo un recurso se vuelve estratégico y cuándo realmente aporta de manera significativa a una cuenca hídrica”. En otras palabras, la discusión girará en torno a cuánto influye cada área periglacial en el sistema de agua. “Con establecer que se entiende como ‘aporte significativo’ el 1% de lo que fluye por una cuenca se resolvería el problema”, advirtió.
El Ianigla, organismo científico que elaboró el inventario de glaciares, confirma que la mayor concentración de glaciares de escombros -periglaciales- está en el noroeste y en la zona central, entre San Juan y Mendoza. Hasta ahora, el instituto no recibió ninguna notificación oficial sobre un cambio de norma.
El texto original de la Ley Bases incluía una modificación de la Ley de Glaciares (26.639): buscaba habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial, bajo control ambiental, y revertir lo que calificaba como “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.
El proyecto reducía el alcance de la protección actual: limitaba la categoría de glaciar a formaciones sólidas por más de dos años, de al menos una hectárea y con una “función hídrica efectiva y relevante”. Esa cláusula fue eliminada del texto final, pero el Gobierno planea volver a insistir con el cambio.
Con un bloque ampliado y el respaldo de los mandatarios cordilleranos, Milei podría convertir esta reforma en una herramienta política: afianzar alianzas estratégicas, fisurar a la oposición y ampliar su margen legislativo sin costo fiscal.
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POLITICA
Milei se reunió con Viktor Orbán y dijo que la inmigración masiva es “un acto de irresponsabilidad”
El presidente Javier Milei inició su agenda oficial en Hungría con una serie de reuniones políticas y diplomáticas que tienen como eje su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales foros internacionales de la derecha.
Reunión con Viktor Orbán
En ese marco, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro del país centroeuropeo, Viktor Orbán, con quien habló de los temas que trató más tarde en el discurso que brindó en la cumbre ultraconservadora celebrada en Budapest, la capital húngara. El principal tópico que abordó fue la inmigración.
En línea con el pensamiento de Orbán, Milei había anticipado: “En la conferencia que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le relató el libertario al jefe de Gobierno húngaro.
El Presidente Javier Milei fue recibido por el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en la primera visita oficial de un mandatario argentino al país europeo.
La República Argentina y Hungría son países afines que comparten la defensa de los valores occidentales y una agenda… pic.twitter.com/ZL2BfEWmr8
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026
El premier ultraconservador, quien se encuentra alineado a Donald Trump, pero también se muestra cercano al presidente ruso Vladimir Putin, le agradeció a Milei por su visita: “Durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría”, afirmó.
Orbán agregó sobre el mandatario argentino que “su visita es en un tiempo muy importante”, en relación a que en el mes próximo se realizarán elecciones generales en el país europeo, en las que el primer ministro, que encabeza el gobierno de esta nación desde 2010, se presentará nuevamente para conseguir su re-elección en un escenario pre-electoral parejo con su competidor director, Peter Magyar, también de derecha, pero más alineado a la Unión Europea y anti-ruso.
Discurso en el CPAC contra la inmigración masiva
Ya durante su mensaje en la CPAC, Javier Milei esbozó las bases de su filosofía política y económica: “La moral está siempre primero y el cálculo político siempre al final”, manifestó, además de agregar que “la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad” constituyen una prioridad.
El presidente argentino resaltó los logros de su política económica de ajuste: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, afirmó, y precisó que implicó una disminución del 30% del gasto público en términos reales.
Discurso del Presidente Javier Milei en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/Ynrq9EjALN
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026
Asimismo, Milei contrastó una vez más su visión económica ultracapitalista con el socialismo, y cuestionó las experiencias de la Unión Soviética, Cuba y Venezuela: “La planificación centralizada fue un error garrafal que condujo al fracaso”. Sobre la nación caribeña, el mandatario vaticinó que “posiblemente veamos a Cuba libre antes de mitad de año”.
Sin embargo, el presidente Argentino no cargó solo contra experiencias abiertamente socialistas, pues también, en línea con la posición de Viktor Orbán, criticó a la burocracia de la Unión Europea, al considerar que “durante décadas priorizó la conveniencia política por sobre lo moral”, y cuestionó al modelo económico estructurado en los Estados de bienestar.
La inmigración fue otro eje de su discurso, en ese punto valoró a Orbán, ya que esta cuestión se erigió en uno de los pilares de su largo gobierno en Hungría: “Fue el primero en decir que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad, sino de irresponsabilidad”.
Encuentro con el presidente húngaro
En lo que fue su primer acto en Hungría, el mandatario fue recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, en la ciudad de Budapest.
El encuentro entre ambos jefes de Estado se desarrolló en la previa de la cumbre y formó parte de una estrategia del Gobierno argentino orientada a fortalecer vínculos con líderes y espacios políticos afines en el plano internacional. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva oficial en esta gira.
El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el marco de su visita al país para disertar en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/o31BvhAXvi
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026
El nuevo viaje del mandatario se dio en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar su perfil internacional y consolidar alianzas estratégicas con países y dirigentes afines. En ese esquema, Hungría aparece como un socio relevante dentro del mapa europeo, tanto por su posicionamiento político como por su cercanía con otros actores del mismo espacio ideológico.
Con esta visita, Milei profundiza su política exterior basada en afinidades ideológicas y refuerza su presencia en escenarios internacionales clave, en un intento por reposicionar a la Argentina en el tablero global desde una perspectiva alineada con las nuevas derechas.
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POLITICA
El Gobierno apunta a una sindicalista por la filtración del video de Manuel Adorni en un vuelo privado
El Gobierno aseguró que logró identificar a la persona que habría filmado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de abordar un vuelo privado con destino a Punta del Este junto a su familia. Según fuentes oficiales, se trataría de una trabajadora vinculada a un gremio aeronáutico con actividad sindical en el aeropuerto de San Fernando.
Desde la Casa Rosada sostienen que la mujer pertenece a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y que se desempeñaría como empleada de planta permanente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, indican que tendría militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), dentro del Frente de Izquierda.
La difusión del video generó tensión interna en el oficialismo y abrió una nueva controversia en torno al viaje del funcionario. En ese contexto, el propio funcionario había sugerido que las imágenes provenían del interior del entorno gubernamental. “El video está claro que es nuestro, es de puertas adentro del Gobierno, es de alguien que estaba del vidrio para adentro”, afirmó al ser consultado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa que pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este
Sin embargo, la versión oficial ahora apunta hacia una persona externa al círculo político más cercano, lo que también busca descomprimir las sospechas de internas dentro del Gobierno. Durante los últimos días, algunas miradas se habían dirigido hacia el asesor Santiago Caputo, en medio de su enfrentamiento con Karina Milei.
En paralelo, el caso sumó un nuevo capítulo judicial. El juzgado federal que interviene en la causa, a cargo de Ariel Lijo, ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación del viaje. Entre ellas, solicitó documentación adicional sobre los vuelos y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para analizar posibles inconsistencias.
También se requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recabe las imágenes de todas las cámaras del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, fecha en la que Adorni y su familia realizaron el traslado hacia Uruguay.
Javier Milei en Tucumán: respaldó a Manuel Adorni y apuntó contra la “carnicería mediática”
Según la documentación incorporada al expediente, el costo del vuelo de ida habría sido de 4.830 dólares, una cifra superior a la mencionada previamente por el funcionario, que había hablado de unos 3.800 dólares. Este dato se suma a otros elementos que están siendo evaluados por la Justicia.
La polémica por el viaje en avión privado se da en simultáneo con otros cuestionamientos que involucran al jefe de Gabinete. En las últimas horas, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia vinculada a una propiedad en un country de Exaltación que, según señaló, no habría sido declarada y cuyas expensas estarían a nombre de su esposa.
Es evidente que desde la Rosada necesitan cambiar la agenda para que no se hable del crecimiento de la desocupación o del escándalo de $Libra. En vez de dar las explicaciones de cómo Adorni paga o no sus vuelos en aviones privados, o sus propiedades, ahora acusan a una persona…
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) March 20, 2026
Por su parte, el diputado Nicolás del Caño cuestionó la postura del Gobierno y apuntó contra el cambio de foco en la discusión pública. A través de redes sociales, planteó que, en lugar de investigar el financiamiento del viaje, se busca responsabilizar a quien habría registrado las imágenes.
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POLITICA
La CGT lanzará un “INDEC propio” junto a la UBA para medir inflación y enfrentar al Gobierno
La CGT decidió avanzar con un giro en su estrategia política y sindical tras el revés que significó no poder frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, la central obrera prepara el lanzamiento de un observatorio de estadísticas socioeconómicas que funcionará como una suerte de “INDEC propio”, con el objetivo de disputar el relato oficial con datos propios.
La iniciativa será presentada en los próximos días e incluirá la firma de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que aportará respaldo técnico y metodológico. A partir de ese acuerdo, la central gremial comenzará a elaborar mensualmente indicadores alternativos sobre inflación, empleo, precios de la canasta básica y otros datos sensibles de la economía.
La decisión forma parte de un intento por reposicionarse luego de una etapa de debilidad, marcada por la imposibilidad de frenar en la Justicia aspectos clave de la reforma laboral. La central había impulsado medidas cautelares que fueron rechazadas tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que dejó sin efecto su principal estrategia de confrontación institucional.
En paralelo, la CGT presentó un nuevo amparo en el fuero laboral para cuestionar 64 artículos de la reforma vinculados al derecho colectivo, entre ellos la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales. Según sostienen, esas disposiciones vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales.
Sin embargo, puertas adentro del sindicalismo reconocen que el escenario obliga a recalcular. El lanzamiento de este observatorio apunta a dotar a la central de herramientas propias para incidir en el debate público y, sobre todo, mejorar su posición en las negociaciones paritarias, en un contexto donde el Gobierno impulsa acuerdos salariales por debajo de la inflación.
Con estadísticas propias en la mano, la CGT también buscará acercarse a sectores empresarios para articular una agenda común “en defensa de la producción y el empleo”, en medio de señales de enfriamiento económico que preocupan tanto a sindicatos como a empleadores.
La movida, además, se da en un contexto de creciente interna dentro del mundo sindical. El ala más combativa, nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), ya había anticipado la creación de mediciones alternativas y gana protagonismo en la calle y en los conflictos laborales, lo que presiona a la conducción cegetista a no quedar relegada.
A esto se suma un fenómeno que inquieta a varios dirigentes: pese a despidos y suspensiones en distintos sectores, el nivel de conflictividad sindical no crece al ritmo esperado. Desde interior de los sindicatos atribuyen esto tanto al temor a perder el empleo como al desgaste del gobierno anterior, que aún condiciona el humor social.
En ese escenario, los líderes gremiales también comienzan a mirar más allá de la coyuntura y ponen el foco en el armado político de cara a 2027. Mientras algunos sectores impulsan la figura de Axel Kicillof como candidato presidencial, otros no descartan apostar por perfiles por fuera de la política tradicional.
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