La Confederación General del Trabajo (CGT) logró hoy un triunfo en la Justicia en su intento de frenar la ley de “modernización laboral” que impulsó la gestión de Javier Milei.

El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, dictó hoy una medida cautelar innovativa en la que hace lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.

Ahora el juez debe resolver en el fondo del caso, aunque el Gobierno puede apelar esta decisión.

Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue jefe de asesores del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo.

El fallo frena los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo.

El magistrado hizo lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo

Según la demanda sindical, la reforma establecía “modificaciones peyorativas y permanentes” que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.

El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República.

“La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío”, dice la la resolución, a la que accedió .

Para justificar la urgencia de la cautelar, el fallo advirtió sobre el “peligro en la demora”, al afirmar que que ejecutar normativas como el de los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de Convenios Colectivos “podría generar daños irreparables si, llegado el momento de la sentencia final, la ley fuera declarada inconstitucional”.

El juez advirtió que no suspender la ley de forma inmediata podría causar daños irreparables y generar una grave inseguridad jurídica antes de que se dicte una sentencia definitiva.

Noticia en desarollo

La Cámara Federal de Casación tiene previsto celebrar hoy una audiencia para resolver qué juez se quedará con la causa que investiga quién es el verdadero dueño de la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Pero no está claro todavía qué sucederá con la audiencia. Luciano Pantano, que aparece como dueño de la mansión de Pilar, pidió suspenderla. Pantano, un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown, aparece -con su madre, Ana Conte– como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña de la quinta de Villa Rosa, un predio con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.

Pantano pidió suspender la audiencia porque planteó un recurso extraordinario.

Lo que se debatirá en la audiencia, este lunes 30, es qué fuero judicial debe investigar las causas contra la AFA.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky deben determinar si la causa de la mansión de Pilar tramita en el juzgado federal de Campana; si debe investigarse en la justicia federal con Daniel Rafecas, donde todo empezó, o en el fuero penal económico de Marcelo Aguinsky.

La AFA quiere que la causa siga en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, que ya sumó la causa por supuesto desvíos de 300 millones de dólares, cobrados en Estados Unidos y que terminaron en supuestas sociedades fantasma.

Según indicaron fuentes judiciales, lo que se decidirá es quién investiga al presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por fraude y por supuesto lavado de dinero con la quinta de Pilar, que figuraría a nombre de testaferros.

Otro expediente

En paralelo, Tapia y Toviggino están en la mira de la Justicia en otra causa paralela por evasión tributaria y apropiación de aportes patronales, donde ya fueron indagados y el juez Diego Amarante debe decidir si los procesa o no. Por ahora no los deja salir del país, a menos de 90 días del mundial.

Ahora, lo que puede ocurrir hoy en Casación es un enigma porque se presentaron dos escritos que hacen correr riesgo la audiencia.

Por un lado, la exdiputada Elisa Carrió pidió que la jueza Angela Ledesma se aparte del caso. Acusó a la magistrada de un supuesto vínculo con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora.

A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques, quien supuestamente festejó su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino, se presente a declarar en la causa. Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Sobre la jueza Ledesma, la líder de la Coalición Cívica pidió su recusación porque “realizó gran parte de su trayectoria profesional” en Santiago del Estero, integró su “Tribunal Superior de Justicia” y tiene relación directa con Cecilia Indiana Garzón, fiscal general de la provincia.

El escrito recuerda que un “número considerable” de las sociedades montadas por Toviggino “tienen una constitución original en Santiago del Estero” que, a su entender, las facilitó “a partir de debilidades institucionales” de la provincia.

Pero Carrió no es parte en la causa y basta con que la recusación sea rechazada sin más trámite hoy mismo para que la audiencia tenga lugar. El juez Carbajo, que preside el tribunal a los efectos de esta causa, decidirá el trámite.

Pero en medio de estas idas y venidas judiciales, el fiscal Villar pidió todo el expediente de Campana. Encontró que esa causa no se inició ni con una denuncia policial, ni con el impulso de un fiscal, ni con una denuncia de un particular.

El caso arrancó con un mail de Pantano, el supuesto dueño de la quinta de Pilar, diciendo que como su propiedad quedaba en jurisdicción de ese tribunal, debería ser ese juzgado de Campana el que lo investigue y pedía la inhibición del juez Aguinsky de la Capital, que venía avanzando a paso firme.