El Gobierno comienza el año político con un objetivo prioritario: retomar su agenda original en una suerte de revancha política, con los mismos ejes con los que inauguró la gestión, más dureza ideológica y escaso margen para negociar.

En ese balotaje sin oponentes, Javier Milei sueña con reeducar al sistema. “Lo de Paolo Rocca es un mensaje para todos”, reflexiona un funcionario con despacho en la Casa Rosada para explicar la escalada en la disputa con el grupo Techint. “No le perdona el apoyo a Massa en 2023”, insisten ahora, con algo de incertidumbre futura, a pesar de los lazos que unen al Gobierno con el grupo empresarial. Sin ir más lejos, el secretario de Trabajo sigue siendo Julio Cordero, un hombre que viene de esa multinacional. Es imposible percibir entre los funcionarios hasta dónde llegará la disputa. Más bien, fuentes oficiales refieren que lo que busca Milei es aleccionar al círculo rojo. “Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra”, fue una de las frases más amenazantes que lanzó esta semana el Presidente. Por ahora, Milei disfruta y se ríe entre sus allegados, vía mensajes de Whatsapp, por el apodo de “Don Chatarrín”, todo de su autoría.

Paolo Rocca parece no ser el único empresario que se topa con negativas oficiales. Ahora es Mercado Pago, la otra gran empresa argentina, que no encuentra cómo filtrar un cambio en el proyecto de la reforma laboral. Sus directivos hicieron un intento con la Casa Rosada para modificar la intervención del Banco Central. A pesar de que las billeteras virtuales se verán beneficiadas por la habilitación que les da el proyecto para el pago de salarios, hicieron un pedido para evitar la regulación de la entidad monetaria. Es paradójico para un liberatario, pero el Gobierno ya les avisó que la regulación se mantendrá.

En la Casa Rosada hay malestar por lo que consideran un “tibio” apoyo empresario a la reforma laboral. Pretenden que sea más comprometido y presionan para que den el debate público, por ahora con escasa recepción.

La prioridad absoluta en Olivos es la aprobación de la reforma laboral. Ni siquiera el final es abierto, sino que el desarrollo del debate hoy tampoco parece allanado. La discusión no encuentra todavía un cauce. “Negocien conmigo”, les hizo llegar Patricia Bullrich a los líderes sindicales. Pero cuando intentaron una mesa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza optó por una conversación técnica, y envió a Josefina Tajes, la abogada laboralista que la asesora. Los gremios se quejan de la falta de una negociación política. “Nadie tiene el poder para tomar una decisión”, se agarra la cabeza un secretario gremial. Santiago Caputo sigue manteniendo el canal abierto solo con Gerardo Martínez, pero ya no define. Un sindicalista lo define así: “Los hermanos ceden pero no largan el mando”. Dejan que negocien, pero sin autonomía. La palabra final la tienen Karina y Javier.

La triangulación

Después de haber logrado, en diciembre, postergar el debate, la CGT está dispuesta a aceptar una reforma. No ésta. No así. Pero saben que el Gobierno está más cerca de aprobarla que ellos de bloquearla. A lo sumo, creen que pueden volver a retrasarla y que pase para el periodo de sesiones ordinarias. Si va a salir, que sea desguazada, analizan. Pero no encuentran con quién encauzar un diálogo. Trabajan en una triangulación, vía los gobernadores, que en definitiva, son los que tienen la llave para redactar cualquier modificación. Las desconfianzas son el principal escollo. Todos juegan. Sobre todo Diego Santilli. En las charlas con los gobernadores, el ministro del Interior les dice que el Gobierno ya tiene el aval de la CGT. De eso se enteraron los jefes sindicales, que estallaron de bronca. A cada reunión que hace el funcionario, van detrás para aclarar que ellos no dieron el sí. Tienen un problema importante, que los hace dudar. Ningún gobernador aceptó una foto con ellos. Sólo el diálogo.

Por ahora, las cuentas le dan a favor a Patrica Bullrich. No tiene asegurada la aprobación, pero está más cerca. Al menos, a seis senadores de la aprobación. El problema es que todavía no pudo lograr ni siquiera el compromiso para sesionar el 11 de febrero, como era la idea original. Los senadores radicales se negaron a poner fecha después de la última reunión que hizo con los bloques aliados. El radicalismo posiblemente se divida en esta votación, pero al menos siete de sus miembros apoyarán la reforma con cambios.

Los aliados provinciales son los que tienen la llave. “Así como está no sale, nosotros no la votamos”, dijo a Infobae una senadora, representante de ese sector. Y los cambios van más allá de los fondos coparticipables que pierden los gobernadores por la rebaja en el impuesto a las Ganancias para las empresas. “Esto lo resuelven la CGT y los gobernadores, tienen que sentarse en serio a puntear los cambios”, expresó, para dar cuenta de que solo por esa vía se lograría encauzar el tema. La Casa Rosada no quiere saber nada. No están habilitados cambios profundos.

En la CGT están expectantes con una reunión de gobernadores, esta semana, en el CFI, para avanzar en una posición común. Axel Kicillof viene manteniendo diálogo, pero no contaría con la presencia de los díscolos. Si los cambios no se negocian ahora, con el debate en el Senado, también el Gobierno corre el riesgo de enfrentarse a un escenario negativo en la Cámara de Diputados.

Solo en la cancha

El Gobierno juega solo en la cancha. La oposición, desordenada como está, no logra tampoco tener mayor participación en el debate. El bloque peronista de la cámara alta cruje. “No descartamos irnos”, dijo a Infobae la senadora Carolina Moisés, que integra el interbloque de 28 legisladores del PJ junto a otros 5 integrantes que se diferencian de la conducción. Esta semana, por orden de Cristina Kirchner, la expulsaron del partido en su provincia, Jujuy. El malestar se extiende a José Mayans, el jefe de la bancada, que está a cargo de manera ejecutiva del partido ante la prisión domiciliaria de la ex presidenta. Hay incluso reproches que vienen desde diciembre, cuando el jefe del bloque decidió no conformar las comisiones, y por la elección, sin consulta, de Anabel Fernández Sagasti para el Consejo de la Magistratura. En ese escenario de disputa interna tiene que trabajar la CGT. Por ahora dicen que Cristina Kirchner está comprometida con colaborar. Al menos, ya lo hizo. Una parte del triunfo parcial que lograron por la postergación en diciembre del debate se lo deben a José Ottavis. Sí, el ex novio de Victoria Xipolitakis, hoy reconvertido en el principal armador político de la oposición en Corrientes, trabajó para que el peronismo terminara colaborando con el gobernador radical Juan Pablo Valdés en las leyes provinciales que necesita. “Jugaron bien”, rememoran en el frente sindical. La UCR fue crucial para que la reforma entonces no se tratara.

Esta semana será clave para empezar a definir los pasos a seguir. Bullrich volverá a reunir a los senadores aliados, el martes. La CGT convocará a su mesa directiva, con fecha a definir, y los gobernadores harán una cumbre en Buenos Aires, posiblemente, el miércoles.

La batalla cultural

Mientras tanto, el Gobierno asume la agenda de Bullrich como propia y relanza la batalla cultural con foco en los menores que delinquen y la inmigración, el clásico de todos los clásicos. Una encuesta de Management & Fit refleja que entre las reformas que lanzó la Casa Rosada, una futura reforma al código penal, con endurecimiento de penas, es la que mayor consenso tiene con el 72,1% de aprobación. La reforma laboral, en cambio, recibe el 43,7% a favor, con un alto rechazo, que llega al 52%, según los últimos datos de la consultora, relevados en diciembre.

“No es Milei, es Bullrich, pero a él le sirve todo lo que le trae”, reflejan en la Casa Rosada sobre el relanzamiento del debate. Incluso, el Presidente incentiva para mostrar mayor dureza.

Esta semana se presentará nuevamente el proyecto para un nuevo régimen penal juvenil, con los mismos lineamientos centrales que el que ya había presentado el Gobierno el año pasado. A pesar del consenso político que lograron en el Congreso para dejar en 14 la edad de punibilidad de los menores, el oficialismo insistirá con bajarla a 13, como fue la iniciativa original, y volverá a establecer en 20 años la pena máxima para delitos graves, cuando se había fijado en 15 años en el dictamen del año pasado.

La reforma se juega en dos frentes: el del relato y el del texto. Por más que el Gobierno sostiene el slogan de “delito de adulto, pena de adulto”, eso no forma parte del proyecto. La máxima es más baja, y se establecen medidas alternativas a la internación, de hecho no se habla de prisión, como domiciliaria o monitoreo con tobillera electrónica. El 80% de los delitos cometidos por menores tendrá pena alternativa.

Más allá de la aprobación social, el problema político al que se enfrentará el Gobierno vuelve a estar centrado en lo presupuestario. El proyecto no establece partidas específicas, sólo habilita la reasignación de recursos, como la ley de emergencia en discapacidad, pero además, tampoco el oficialismo tiene en carpeta los fondos. “Será un problema de las provincias”, aclara un funcionario a Infobae, al tanto de la última redacción. “La ejecución depende de los códigos procesales provinciales, no podemos hacer nada”, insisten. Sin centros de rehabilitación y presupuesto para tratamientos adecuados por parte de Nación, serán los gobernadores los que tengan que hacerse cargo. Otro conflicto en puerta con Axel Kicillof, que por el porcentaje de población será el más complicado. De todas maneras deberá definir cómo se instrumenta. Tampoco es una problemática generalizada. El delito en menores solamente representó el 2% de las condenas por homicidios dictadas en la Argentina, según las cifras hasta 2022 de la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El debate abre una grieta al interior del peronismo. El bloque de diputados se reunió este martes por primera vez tras las vacaciones. Las posiciones están encontradas. En la votación, que seguramente saldrá positiva, habrá legisladores de ese espacio que la apoyen. Incluso en algunos que se referencian en La Cámpora hay diferencias. El gran eje será el presupuesto y la falta de fondos para políticas de prevención y contención en la niñez. Quizás desde ese foco logren unidad en la votación.

El otro tema es la política migratoria, calcada de Donald Trump. Lleva más de un mes de demora el nombramiento de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avanza para marcar el pulso y primerear. Lanzó esta semana una campaña promocional en redes sobre la política oficial, cuando está en pleno debate la discusión interna por la estructura que tendrá Valenzuela. “Se atrasó porque pidió de más”, dijo una fuente de la Casa Rosada sobre el organigrama que tendrá la nueva agencia. Bajó el pulgar Federico Sturzenegger. Sin presupuesto, lejos quedará la creación de una policía migratoria. La lapicera de Luis Caputo.

El Gobierno también relanzará este año, para las sesiones ordinarias, la Ley Bases 2. Es la verdadera revancha política de Milei. Ahí irán nuevamente una ola de privatizaciones, entre ellas, Aerolíneas Argentinas y la TV Pública. Todo lo que quedó afuera del desguace con el que estrenó la presidencia. Habrá además otro achique en el Estado. La orden del ministro de Desregulación es una baja del 20% de la planta de empleados, básicamente, contratados, para esta primera etapa del año.

Lejos de cerrarlo, el Congreso será la caja de resonancia de la política, con un Milei envalentonado por el triunfo electoral de octubre. La oposición juega de visitante. Tiene pocos temas de consenso para marcarle la cancha al Gobierno. Una vez que pasen las extraordinarias, podrían avanzar con una iniciativa para aliviar las deudas de las familias, presentada por Guillermo Michel, o la emergencia para las pequeñas y medianas empresas. Por ahora tampoco encuentran eco para dar de baja el decreto que reformó los alcances de la SIDE. Buena parte de la oposición más dura mira expectante el devenir de la relación del PRO con los libertarios.

El detrás del operativo Axel

Sin ningún poder de fuego, el peronismo ni siquiera logra salir de la interna eterna del PJ bonaerense. La disputa tiene tanta raíz personal que ya irrita hasta a los más cercanos colaboradores de Axel Kicillof. La jugada de Máximo Kirchner de instalar en los medios que le propuso al gobernador que presidiera el partido no tuvo, 48 horas después, un contraataque del axelismo. El mensaje que instala la movida camporista es “no gano pero decido”. Enfurecidos, desde las cercanías del mandatario provincial todavía mastican bronca pero en lugar de posicionarse al frente, sólo atinaron a negar la propuesta. Lo que sucedió fueron conversaciones informales de enviados alternativos, como Federico Ortermin, que dan vuelta desde hace rato. Máximo, con su estilo, salió a marcarle la cancha en público y apurar una definición. “Él quiere quedarse con una cuota de poder y nosotros entramos”, reflexiona un integrante del gabinete provincial. En La Plata ahora no descartan que Axel finalmente recale en el PJ bonaerense. Mientras tanto, arman las listas para presentar el próximo 8 de febrero, como amenaza ante la falta de acuerdo. Los términos de cómo se desarrolle la discusión también están en juego. Piden que Máximo levante el teléfono, llame a Axel, pacten una reunión en La Plata, y acuerden ahí la unidad, bajo la condición de tener el control mayoritario del partido.

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