El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, donde se prevé que comience el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A diferencia de algunos jefes provinciales que han mantenido conversaciones con el Poder Ejecutivo, el mandatario bonaerense es uno de los referentes del peronismo que sostiene una férrea oposición a la iniciativa de la gestión Milei.

“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, remarcó este martes el gobernador tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente de esa localidad, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

En la misma rueda de prensa, el mandatario bonaerense alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”.

La convocatoria formal la realizó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración para este miércoles será en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense viene rechazando la iniciativa de reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar y cuya primera instancia será este miércoles en el Senado; una jornada que se anticipa tensa tanto en el recinto como en la calle. Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) han expresado su rechazo al proyecto, que también impacta en la recaudación del impuesto a las ganancias y la masa coparticipable. La semana pasada mantuvieron un encuentro con la cúpula de la CGT.

En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que algunos de sus colegas que mantienen diálogo con el gobierno nacional podrían enfrentar la intervención del PJ de sus provincias por parte de la conducción nacional del peronismo, actualmente en manos del sector de la expresidenta Cristina Kirchner. Según relató en declaraciones a TN, la dirigencia nacional presiona a los legisladores para que rechacen el proyecto, bajo la amenaza de tomar el control de las estructuras partidarias a nivel provincial si no obedecen.

En la antesala del tratamiento del proyecto y la movilización convocada por las dos CTA y la CGT, la administración bonaerense fijó posición formal mediante un documento de más de 50 páginas presentado este lunes en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, con la participación del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores nacionales, provinciales y representantes de diversas entidades sindicales.

El informe expresa una profunda preocupación por el impacto que la llamada “Ley de Modernización Laboral” tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina, advirtiendo sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical”.

Entre los principales puntos objetados, el documento de la administración Kicillof señala que la reforma:

• Reduce la protección legal de los trabajadores, al derogar principios como el “in dubio pro operario” y facilitar condiciones laborales precarias.
• Facilita el despido y reduce indemnizaciones, incluso promoviendo la creación de un Fondo de Cese Laboral que, según la Provincia, solo beneficia a los empleadores.
• Desmantela organismos de control laboral y transfiere competencias de fiscalización de las provincias a la Nación, en contradicción con el federalismo consagrado por la Constitución Nacional.
• Promueve la tercerización, la fragmentación sindical y la “atomización del movimiento obrero organizado”.
• Permite aumentos en la jornada laboral, reducción de licencias y elimina condiciones garantizadas como la reversibilidad en el teletrabajo, licencias por enfermedad y mecanismos de compensación de gastos.
• Afecta los mecanismos de negociación colectiva y debilita el poder de los sindicatos en discusiones clave sobre condiciones de trabajo y salarios.
• Otorga amplio margen de impunidad a empleadores que no registren personal o que regularicen relaciones laborales precarizadas.
• Introduce cambios tributarios y medidas ajenas a la materia laboral, en un proyecto calificado de “inconstitucional tanto en la forma de tratamiento como en el fondo”.

Como contrapartida, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, había señalado en una reciente entrevista con Infobae que “no hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento”, y que la postura de la CGT y el kirchnerismo solo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos.

South America / Central America

En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.

La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.

El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.

El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.

En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.

La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.

Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.

En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.

El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.

Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.

Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.

Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.

Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.

Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Encuesta

El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.

El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”

“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.

En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.

“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.

Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

Mesa Política