Nadie lo echó. Se fue solo. Las diferencias las arrastraban hace más de un mes. Javier Milei temió una emboscada y no aceptó los cambios. Marco Lavagna ya no tenía nada más que hacer. Habló con el Presidente el domingo y el lunes renunció. Se resguardó en su casa, sin hacer declaraciones. Por ahora seguirá así, sin hablar. Pidió descansar un poco y esperar. A sus allegados les dijo que hizo su trabajo lo más seriamente posible y que pretendía pasar de etapa.

La abrupta salida de Lavagna del Indec dejó descontentos a todos los actores políticos y una mancha con expansión difícil de dimensionar aún en la reputación estadística del gobierno libertario. De alguna manera, esa sensación térmica del bolsillo, discutible siempre por carecer de datos, se terminó imponiendo al número oficial en la batalla pública.

Quienes conocen y ven al Presidente sostienen que lo ganó su impulso en el manejo de la situación. “Cuando se convence de algo, acelera”, lo describe un allegado. Hablan de una “emboscada” que nadie puede probar. La salida terminó concretándose en buenos términos, con Luis Caputo al mando de la comunicación. Sin eufemismos, el ministro de Economía contó su desacuerdo y el del Presidente con la metodología que hasta hacía días nada más defendían desde el Gobierno y confesó que decidieron no modificarlo para evitar que un sobresalto inflacionario arruinara el plan. Contó incluso que Lavagna lo llamó para salir a desmentir lo que se estaba diciendo, aunque en la intimidad, el ex funcionario se guardó.

En la oposición, y sobre todo en el massismo, masticaban bronca. “Tendría que haber dado una conferencia y explicar lo que pasó”, se quejaban sobre el accionar posterior. Hace dos años, cuentan ahora, que Sergio Massa no habla con Lavagna. Los nexos para su permanencia en el cargo en la administración libertaria fueron Ramiro Marra y Eugenio Casielles, dos de los primeros dirigentes del núcleo más cercano a Milei, eyectados rápidamente del círculo presidencial. Marra trabajó en la campaña de Roberto Lavagna en el 2019, junto a Marco, que como parte de un acuerdo político posterior con Alberto Fernández, terminó al frente del Indec.

A partir de ahora, todas las cifras que difunda el organismo quedarán empantanadas en discusiones sin árbitros en momentos en que comenzó a crecer la conflictividad social. Esta semana, el Gobierno debió decretar la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores ferroviarios por la negociación salarial. Los líderes sindicales pusieron en duda los números de inflación para mantener la amenaza de paro.

La falta de actualización de la canasta de medición de precios reabre el debate respecto del resto de las estadísticas oficiales. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone la lupa en cuatro indicadores debatidos. Uno es el crecimiento exponencial del salario no registrado; otro, la medición de la pobreza, en la que la Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios y el transporte; también quedaron bajo sospecha las estadísticas de turismo al discontinuarse la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera; y la actividad económica (EMAE), a partir de que en septiembre de 2025 el Indec aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada que evitaron el diagnóstico de recesión.

¿Credibilidad por ahorro?

A esto se suma un informe del Banco Provincia que alertó sobre el impacto en el gasto público que derivaría en un ahorro de “casi 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER”. Según este informe, representa “poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: 4,3 billones de pesos”. Además, establece que como contrapartida, el “aumento de la recaudación depende de la evolución ‘real’ del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y débitos y créditos, entre otros, se ajustan de manera automática por valores de venta”. La conclusión a la que llegan es que “la marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos sólo por razones estadísticas”. Nada mal para la obsesión fiscal del Presidente.

Con la canasta sin actualizar, la Argentina queda muy rezagada respecto de la región. En Uruguay se usan consumos de 2022 y en Chile, de 2023.

El otro impacto estadístico fuerte se da en el poder adquisitivo. Según el informe del Banco Provincia, “la caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% con la actualización de canastas”.

El Gobierno pretende pasar rápidamente de página, pero el caso ya tiene un proyecto en el Congreso que podría enhebrar los deshilachados hilos de la oposición. Es para darle autarquía al Indec. Lo presentó el Frente Renovador. Otro dato que toman en Olivos para insistir en la teoría del complot. Además, ya se presentó una denuncia en Tribunales contra Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su raid televisivo de las últimas horas, con el debate textil de por medio, el ministro confesó conocer de antemano el número de inflación que se difundirá esta semana, lo que le valió la presentación judicial por revelar un dato estadístico.

Se discute plata

El debate de la reforma laboral se llevará la marca esta semana. Mañana será un día clave. Se define hasta dónde la Casa Rosada está dispuesta a aceptar los reclamos de los gobernadores. No se está discutiendo sobre técnica laboral. Se discute plata. El peronismo en el Senado reza para que Milei se radicalice y no quite el capítulo fiscal que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas que afecta el reparto de fondos vía coparticipación. Si eso sucede, hasta el quórum se le podría complicar. “Si no sacan el tema impositivo no votamos nada”, reflejó a Infobae una de las senadoras aliadas. La reunión clave está citada para el lunes a la tarde. Es el deadline para que Patricia Bullrich responda cuáles de los cambios pedidos fueron aceptados por Milei.

A pesar de que la jefa de bloque dijo que está guardado bajo “cuatro llaves”, Infobae pudo saber que en ese listado figura como primera modificación el financiamiento de cámaras empresariales y de los sindicatos. La sospecha de un acuerdo sindical crece sobre todo por la no convocatoria a un paro. También figura ampliar los plazos de revisión de los convenios colectivos vencidos; dejar sin efecto la caída del estatuto del periodista; y los dos artículos con los que se elimina el Fondo de Fomento del Incaa.

El Gobierno consiguió un respaldo contundente para la convocatoria a la sesión especial que, traspolado, ya le daría el número para la aprobación. A eso se suma que dos de los gobernadores menos afines a Milei no se quisieron reunir con los dirigentes sindicales. El encuentro iba a hacerse en Córdoba el martes pasado. El sábado se bajó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El lunes canceló el propio anfitrión, Martín Llaryora. “Problemas de agenda”, reflejaron. Tampoco se pudo concretar una reunión presencial con los peronistas en el CFI, pensada para mostrar fortaleza política. Terminaron en un zoom. Sólo cosecharon debilidad. La CGT se queja de que los gobernadores no conocen el proyecto. Dicen que tampoco lo conocen muchos senadores. “¿Vos sabés que la cuenta sueldo deja de ser gratuita?”, apuró un senador peronista a un colega de la UCR dispuesto a apoyar la reforma a libro cerrado. La respuesta fue negativa.

El anzuelo que circula por estas horas en el Gobierno es que la baja tributaria se haga de manera gradual, para moderar el impacto en las arcas provinciales. De esa manera, Caputo se sale con la suya y el impacto en las cuentas provinciales no es brutal. La otra alternativa era la coparticipación del impuesto al cheque, para compensar. En Córdoba se pusieron a hacer los cálculos y la diferencia es abismal.

La Casa Rosada ya puso en marcha el operativo de fondos inmediatos. Es paradójico, pero los gobernadores apoyan al Presidente a pesar del ahogo sostenido desde el centro del poder. Según datos de Politikon Chaco, en enero las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias totalizaron $39.491 millones, lo que representa una caída de 65,4% en términos reales respecto de enero de 2025. Pero este enero hubo una llamativa particularidad. La mayor parte de esos fondos son transferidos a las cajas previsionales provinciales. Se pagan mensualmente. Lo novedoso es que tres distritos recibieron el equivalente a dos cuotas juntas. La primera fue Entre Ríos con $12.000 millones; le siguió Córdoba con $10.000 millones por flujo previsional y otros $10 millones por el programa Conducción y Docencia; y La Pampa con $10.004 millones y otro $4 millones por asistencia a Provincias. Quedan fuera del análisis Chubut y Corrientes que recibieron ATN por incendios e inundaciones.

La CGT tiene sólo garantizados 28 votos. El jueves los jefes gremiales se reunieron con los cinco senadores de Convicción Federal, el espacio que tiene terminal en las provincias díscolas de la conducción de Cristina Kirchner. “Nos dijeron que no dan quórum ni votan”, anticipó un referente sindical. Sin apoyos, la CGT apenas logró activar una movilización para el miércoles. El paro podría quedar para la discusión en la Cámara de Diputados. Allí el peronismo presentará un dictamen de minoría. No lo hicieron en el Senado. Tampoco tienen plan B. La posibilidad de desguazar el proyecto ni siquiera tiene forma. No hay nadie que se haya sentado a escribir una reforma light. La CGT trazó sus “líneas rojas” y espera. Son los gobernadores los que hablan con el Gobierno. Sus senadores, con Patricia Bullrich. “Para nosotros hay que eliminar todo el proyecto y dejar solo la parte de promoción de empleo y blanqueo laboral”, focalizan en Azopardo, algo que no va a pasar. Lo que está en discusión y se define mañana son cambios en las cajas, no en los derechos colectivos que afecta la reforma. En esas líneas rojas figura eliminar la limitación al derecho a huelga, la ultraactividad de los convenios; la cuota sindical y el aporte solidario, la baja de aportes patronales a las obras sociales del 6 al 5% o la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), que financia con fondos de la Anses los despidos.

El Gobierno buscará evitar el debate en particular. La oposición se ilusiona con que pierda el quórum o que varios artículos vayan quedando en el camino. Por eso la Casa Rosada propondrá votar por capítulos para evitar sobresaltos. Sabe que con la presión en la calle deberán reforzar al extremo las medidas de seguridad y acotar el tiempo de debate.

El mes arrancó con una visible conflictividad. El mapa de reclamos tuvo en el centro a los trabajadores ferroviarios, y el viernes reapareció Pablo Moyano para decretar un paro por tiempo indeterminado en la planta de Coca Cola del partido de Tres de Febrero.

En ese escenario, al Presidente le llegó la hora de la micro. Un economista muy cercano a Milei describe que ya no se discute el déficit fiscal, y eso es un logro discursivo del Gobierno, pero que ahora se necesita dar una señal contundente al bolsillo. Más allá de las estadísticas oficiales, otra vez en duda, lo que se destruyó fue el salario disponible, sobre todo en el área metropolitana por la quita de subsidios en el transporte público y los servicios. Cómo reactivar la economía sigue siendo el desafío. El Gobierno confía en el crédito como motor y en la obra pública con fondos privados para la creación de empleo.

Esta semana podría llevarse dos triunfos parlamentarios de alto impacto político. Al debate de la reforma laboral el miércoles se sumó el proyecto del régimen penal juvenil, con sesión pedida para el jueves. No solo podrá llevarse otra victoria sino que abrirá una grieta en el bloque peronista. Pasado mañana se juntará la bancada que conduce Germán Martínez para definir los pasos a seguir en una discusión en la que no se ponen de acuerdo. A esta altura, la única herramienta que le queda a la oposición de ambas cámaras es evitar las sesiones.

Unidad peronista

Una de las mayores fortalezas del Gobierno se explica por la debilidad opositora, centrada desde el triunfo de Javier Milei en 2023 en la disputa bonaerense. Finalmente hubo acuerdo. Axel Kicillof presidirá el PJ provincial, secundado por su aliada Verónica Magario. Ese cargo fue la última resistencia de Máximo Kirchner, que aceptó dejar el control pero vetaba la vicepresidencia. Finalmente, Axel se impuso en la elección de su sucesión. El trato incluyó a Federico Otermin en la vice primera y Mariano Cascallares en la segunda. Máximo Kirchner quedó al frente del congreso del partido y su alfil Leonardo Nardini en la junta electoral. El gobernador pasó buen parte de la mañana en la rosca bonaerense, desde la residencia de La Plata. Pasado el mediodía llegó la fórmula. El kicillofismo se mostró conforme. Sostienen que se garantizaron el control, en un reparto más bien equitativo, pero con una ajustada mayoría en el congreso para ellos.

En La Cámpora transmiten un mensaje pacificador. “Será en unidad y todos conformes. Equitativo. Lo bueno es que una vez más queda claro que más allá de algunos roces siempre llegamos a acordar. Ahora a mirar para adelante”, envían como mensaje en modo zen allegados a Máximo. Todavía quedan disputas distritales como Mar del Plata, Tandil, Necochea, San Nicolás o Zárate, y alguna controversia en el conurbano, como Tres de Febrero y San Isidro, pero desde ambos campamentos le bajan el tono a la disputa.

En definitiva, es sólo el puntapié inicial para empezar a ordenarse.

South America / Central America,Government / Politics