Mañana a las 12 del mediodía comenzará una nueva disputa parlamentaria entre oficialismo y oposición en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero la discusión comenzará un par de horas antes, cuando comience la reunión de Labor Parlamentaria, momento en el que los presidentes de los bloques buscan acordar el formato de la sesión.

En los bloques críticos y opositores al Gobierno llegaron a un acuerdo de cómo es el modelo que buscarán llevar adelante en el recinto mañana a partir del momento en el que se alcance el quórum -algo que aseguran tener. En un zoom que se realizó ayer por la tarde, los referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia y la Izquierda acordaron ir mañana al recinto con la idea de que sea una sesión “corta y expeditiva”.

En esas conversaciones se llegó a un entendimiento en el cual, según explicó uno de los participantes, se estableció intentar que la sesión sea “lo más ordenada y corta posible, tratando de que no haya -o haya lo menos posible- cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento”.

En ese formato los secretarios parlamentarios de cada uno de los bloques estuvieron de acuerdo en que los temas centrales van a ser el financiamiento a las universidades nacionales y los fondos para el hospital pediátrico Garrahan que incluye la eliminación del concepto de “beca” para los nuevos residentes. “En estos temas se va a abrir el debate”, agregó.

Para los temas que se refieren a los emplazamientos para la comisión de Presupuesto y Hacienda, que son los proyectos de los gobernadores que implican una modificación en el formato de reparto de los ATN y de la tasa vial del impuesto a los combustibles, definieron que empujarán que sea sin debate. “Se vota directamente emplazar al diputado libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión, con fecha y hora para comenzar el tratamiento. No queremos que se discuta en el recinto un tema que ya fue girado a la comisión y que el problema es que Espert no la cita».

Los presidentes de los bloques van a llevar ese plan de labor a la reunión que comanda el presidente de la Cámara, Martín Menem, y saben que enfrentarán la resistencia de La Libertad Avanza y de los bloques satélites del oficialismo que de manera subrepticia hoy anticiparon cuál es la idea de sesión que tienen para mañana.

Mediante un posteo, el vocero de Menem señaló: “Según cálculos del equipo parlamentario de Diputados, esta sesión -por la de mañana- podría durar 38 horas. Estos tiempos se estiman de acuerdo a la cantidad de OD, expedientes y decretos incluidos en el temario”.

De esta manera, LLA explicita por lo menos parte de su estrategia: abrir todos los debates y estirar lo más que se puede la sesión estipulada para arrancar mañana al mediodía.

“Menem ayer adelantó que estiman esa cantidad de horas. En eso meten cuestiones de privilegios y la intención de entorpecer y embarrar lo más que se pueda con la idea de vaciar el recinto y que se caiga la sesión, por eso nos pusimos de acuerdo sobre cómo encarar la sesión de mañana”, explicó otra fuente de los bloques opositores.

En este esquema prevén que, al igual que las últimas sesiones, no habrá acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria y que se pedirá que se vote en el recinto las diferentes opciones que se propongan para llevar adelante la sesión.

Los que pidieron la sesión aseguran tener un mínimo de 131 diputados, lo que les habilitaría el quórum. “Trabajarán durante toda la jornada de hoy para ampliar ese número y poder llegar más holgados”.

No se sumarán más temas al debate, por lo que los vetos a las leyes previsionales y a la emergencia en discapacidad no estarán en el temario. Pero uno que sí está dentro de la lista de temas a tratar, pero que aún no se definió si lo harán o no es la insistencia por la Ley de Emergencia para Bahía Blanca.

Respecto de este punto -ley que vetó Javier Milei y cuya insistencia ya fue aprobada en el Senado– hoy se terminará de definir porque hay sectores como el de la UCR que quieren votar a favor de la insistencia de la ley, pero que aún no definieron si van a dar quórum.

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El Gobierno se negará a entregar mensajes de Luis Caputo y Sergio Massa y avanzará con una nueva apelación ante la Justicia de los Estados Unidos por el Juicio de YPF. El Ejecutivo rechazará la orden de la jueza Loretta Preska sobre la presentación de información de funcionarios y activos argentinos que abarca el discovery.

Según pudo saber TN, la Procuración General del Tesoro sostendrá la negativa a brindar la información en la audiencia de este martes que mantendrá con la jueza y con los fondos demandantes. Nación asegura que evalúa distintas alternativas para frenar la medida, como solicitar una suspensión en la misma instancia o elevarlo directamente a la Corte de Apelaciones.

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En la Casa Rosada dicen que “de ninguna forma” van a entregar información privada de integrantes de la gestión y de exfuncionarios. La mesa legal del oficialismo insiste en que Preska se “excedió en su jurisdicción” al ordenar la entrega del material junto con los datos sobre activos argentinos.

Mientras que en Balcarce 50 aseguran que evitarán quedar en incumplimiento sobre la ejecución de la sentencia y que eso derive en la aplicación de multas diarias, un sector reconoce que “eventualmente sucederá si nos piden cosas que no vamos a dar”. La línea que bajó la mesa chica del presidente es “apelar hasta la última instancia”.

La Procuración del Tesoro continúa manteniendo reuniones para definir la presentación de escritos y la forma en que defenderá la postura de la Argentina. En Nación sostienen la postura de que no brindarán ningún tipo de garantía mientras esté firme el proceso de apelación formal del fallo que ordenó ejecutar la transferencia de las acciones.

Los fondos -que ya consiguieron una sentencia a su favor por US$16.100 millones y un fallo para cobrar con parte de las acciones de YPF- piden información que confirme que la petrolera y la Argentina “son lo mismo”, con la intención de identificar activos y embargarlos. El oficialismo asegura además que no negociará con los demandantes.

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La Casa Rosada espera también la definición de la Corte de Apelaciones sobre si admite el reclamo de la Argentina para que suspenda la entrega de acciones mientras la apelación formal está en estudio. El tribunal de alzada debe definir en qué sala definirá la cuestión. La administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae en apoyo de la estrategia argentina.

El Gobierno ya le avisó a la Justicia de los Estados Unidos que apelará ante la Corte Suprema en caso de que rechacen su pedido. La Corte de Apelaciones ya fijó audiencias orales para la semana del 27 de octubre por la apelación de la sentencia de fondo, que tendrán lugar luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de ese mes.

Gobierno, YPF