La victoria cristalina y pura que creyó alcanzar Patricia Bullrich en el Senado corre el riesgo de escurrirse entre sus dedos. En la madrugada del jueves pasado, la media sanción a la reforma laboral fue una victoria política incuestionable para el Gobierno: un triunfo histórico en una de las reformas más necesarias y más resistidas de las últimas décadas en la Argentina. Con eso, Bullrich sumó una muesca valiosísima en su revólver político. Pero la maratón de “la Piba” contra la casta sindical que le puso aquel apodo a principios de los 2000 todavía no termina: después de casi treinta años del capítulo “la Piba versus los Gordos de la CGT”, la llegada a la meta sigue pendiente, y acaba de complicarse.

Los éxitos políticos se miden en el puro presente. Los triunfos reales y estructurales, en el mediano y largo plazo, cuando las leyes y las decisiones de Gobierno se concretan en resultados palpables. El problema para el Gobierno es que el futuro queda lejos, y en el presente, la taba del triunfo en el Senado se dio vuelta demasiado rápido. La munición gruesa que puede usar la oposición dura para complicar el tratamiento de la “modernización laboral” en la Cámara de Diputados salió del mismo Gobierno. Apenas horas después de terminada la votación por la reforma laboral, cayó el precio del triunfo en el Senado: la polémica por las licencias médicas y la cobertura salarial en caso de enfermedad coparon el centro de la escena.

Una gran pregunta atraviesa la discusión sobre la reforma laboral en su marcha hacia Diputados: ¿quién es el padre de la criatura, es decir, del artículo 44 del Título VII que recortó el salario en caso de enfermedad o accidente? En el Gobierno, arrecia una disputa por la paternidad, pero inversa: nadie pelea por atribuírsela sino por atribuírsela a los otros. La interna libertaria en las más altas esferas está al tope. Y ahora, los Gordos de hoy y de siempre encuentran argumentos para llamar a la huelga general: plantarse en contra de una ley “anti derechos del trabajador”.

El desafío de la gestión de Javier Milei en este momento pasa por la gobernabilidad, pero no la gobernabilidad externa: ése fue el signo dominante de 2025, un Congreso indomable por fallas en la gestión del vínculo oficialismo y oposición. Para el Gobierno, hoy el problema es la gobernabilidad interna, es decir: el gobierno de la interna en el seno del poder libertario. Ese es el rasgo más persistente del modus operandi político de la gestión mileísta: se puede rastrear en 2024 y en 2025, con derivaciones en causas judiciales que investigan corrupción en el Gobierno, y empieza a notarse también este año, aún en días de éxito legislativo como los de la semana pasada. Un pasito pa’ adelante, dos pasitos pa’ atrás: esa parece ser la coreografía a la que se autocondena el mileísmo.

Capacidad cada vez mayor para ordenar la vida política y social detrás de un modelo de reformas estructurales, históricamente impopulares en la Argentina. Del otro lado, incapacidad para ordenar el tironeo por el control de los cotos de poder dentro del Gobierno. El gran problema: esa incapacidad interna termina repercutiendo en la efectividad de la gobernabilidad externa, en este caso, la construcción de obstáculos por parte del oficialismo para confirmar la reforma en Diputados. Por ahí pasa la síntesis.

Es cierto que el mejor socio de Milei es la oposición: un vacío político y una falta de alternativa potable en la otra orilla del escenario político, tanto en la oposición dura como en la más dialoguista. No hay una oposición política organizada y con capacidad de disputar el poder que ordene al Gobierno: Milei no tiene miedo a perder una elección. El monopolio del mercado político y electoral complica la calidad de la gobernabilidad mileísta. Siempre se necesita un enemigo externo y con chances de triunfo para domar las internas oficialistas, y gobernar mejor. La libertad de mercado electoral y la disponibilidad del triunfo electoral mejora la competitividad de oficialismo y oposición. Cualquier hegemonía, aunque sea la nueva hegemonía de tercio, empeora la política.

También es cierto que la oposición dura, el kirchnerismo residual y el peronismo clásico anquilosado, tiene en el Gobierno al mejor socio: los daños políticos que se autoinfligen mantienen viva, al menos, la llamita del calefón kirchnerista y sindical cuando parece que está a punto de quedarse sin gas.

La interna indomable viene cobrándose nombres destacables del oficialismo. En relación al artículo 44, el foco cae sobre Federico Sturzenegger. Su explicación pública sobre ese punto fue el tipping point del artículo 44: el momento en que la discusión saltó de escala y empezó a viralizarse el cuestionamiento. Su estilo de comunicación, una especie de hiperabstracción y fría racionalidad desenganchada de la vida cotidiana, volvió a ponerlo contra la pared de la opinión pública. En el debate en el Senado, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti encontró argumentos atendibles en ese artículo: “Si una persona tiene cáncer de mama, le van a pagar el 75 por ciento del básico”.

“Federico no tiene base política”, decía tres días antes de la votación en el Senado una figura clave de un ministerio mileísta, también clave. Los cuestionamientos sobre su rol en la reforma, con eje en el artículo 44 alimentan esa versión. El ímpetu desregulador de Sturzenegger, su sociedad autoral con Milei para dar la batalla de las ideas liberales en economía y el privilegio de esa cercanía con el Presidente le crean críticos en el Gobierno.

¿Cuándo se hizo la inclusión del artículo de la discordia? Las fuentes son divergentes: la versión que más circula habla de seis minutos antes de la votación, cuando se repartió el proyecto a votar, que sufrió modificaciones hasta último momento. Otros señalan que en realidad el artículo ya estaba incluido en la versión del martes 10. Lo que está claro es que el Gobierno se resiste a abrazar ese artículo. Desde hace días, Bullrich intenta controlar la interpretación y ofrece una corrección al artículo 44 para evitar una contramarcha en Diputados.

En esa interna, Bullrich salió ganadora. Primero, encontró el tono político necesario para una negociación complejísima con sus aliados dialoguistas, con las provincias y con el sindicalismo más duro. En público, la libertaria Bullrich celebró “el consenso” y el espíritu “reformista”. “Salen veintiocho cambios, es el consenso. Es la idea de llegar a un consenso entre los que somos reformistas”, dijo hace una semana. A años luz de la crítica a los tibios y el tono de orden y mano dura. Así, con estrategia casi moncloísta, llegó una victoria clara de la gobernabilidad externa.

Segundo, fue pragmática con la “casta sindical”, y así bajó la intensidad de su resistencia. En la negociación, los benefició con la caja sindical pero los limitó en los acuerdos sectoriales. Tercero, alineó a las distintas terminales de la interna libertaria en función del objetivo común de obtener la media sanción en diputados.

En su relación con la oposición, el Gobierno se anotó triunfos parlamentarios tanto en la media sanción de la reforma laboral como en el caso de la media sanción de la baja de la imputabilidad. Dos proyectos caros a Bullrich.

Bullrich se quedó con el apelativo de “la Piba” cuando fue ministra de Trabajo en el gobierno de De la Rúa. “Los Gordos” de la CGT la definieron así, despectivamente, en esa batalla político sindical. Todo un capítulo de la historia del trabajo en la Argentina. De esa época, 2001, es el encontronazo televisivo entre Bullrich y Hugo Moyano, donde los planteos del debate muestran el estancamiento argentino en un problema endémico: la resistencia del sindicalismo a cualquier reforma y las acusaciones de corrupción y prebendas que pesan sobre esa corporación. La llegada de Milei al poder se explica, en parte, por la persistencia de esa élite sindical, refractaria a cualquier modernización. Falta saber si esta reforma laboral alcanzará su objetivo. Primero, que sea sancionada. Segundo, que cree empleo.