POLITICA
Militares retirados acumulan reclamos y crece la tensión con el ministro Luis Petri
La abultada deuda que arrastra la obra social, que asciende a $160.000 millones, y la suspensión del pago de haberes previsionales a 23 oficiales y suboficiales condenados por delitos de lesa humanidad tensó al máximo la relación entre los foros que agrupan a generales y almirantes retirados con el ministro de Defensa, Luis Petri. En medio del conflicto, las autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se mantienen al margen y en silencio.
La decisión de dar de baja del Ejército a 23 oficiales y suboficiales condenados por la Justicia, firmada por Petri en enero último, llevó a militares retirados de distintas promociones a llevar adelante una cadena solidaria para realizar aportes voluntarios en favor de los oficiales y suboficiales afectados, que ya no reciben el haber de retiro. En lo que va del año se llevan recaudados $4,7 millones para ayudar a tres coroneles y un suboficial que no tienen recursos para solventarse por sus propios medios.
Al disponerse la baja de los militares condenados, sus cónyuges pasaron a percibir el cobro de pensiones. Pero el Foro de Generales Retirados decidió salir en auxilio de los casos en que los militares afectados son viudos o no tienen pareja.
Así lo reveló a el presidente del Foro de Generales Retirados, general de brigada José Luis Figueroa, quien, además, dio detalles de la “mala administración y amenaza de quiebra” que pesa sobre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que preside el contador mendocino Roberto Fiochi, designado por el ministro de Defensa en noviembre de 2024.
Cerca del ministro Petri, en tanto, se relativizó el reclamo y, ante una consulta de , minimizaron la representatividad de la entidad que exteriorizó los reclamos. El Foro de Generales Retirados, por su parte, recordó que reúne a más de 160 oficiales superiores pertenecientes a 45 promociones del Ejército.
La tensión de los militares retirados con Petri se da en momentos en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso el traslado de 19 militares que cumplían condena condenas en la cárcel de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
“Cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza, la obra social de los militares tenía reservas positivas por más de $25.000 millones y un adecuado nivel de prestaciones, sin cortes de cobertura médica. En un año y medio, tras la inoperancia e ineptitud mostradas en las gestiones de Oscar Sagás y Fiochi, el déficit asciende a más de $160.000 millones, a lo que se suma una caótica situación prestacional”, denunció el general Figueroa.
El panorama en Iosfa se agrava, según los generales retirados, por el colapso generado por los cortes de los prestadores y el desamparo y demoras en los reintegros a los afiliados por gastos por incapacidad o por medicamentos de alto costo”.
Los militares se quejan por la persistencia de una gestión cuyos malos resultados ya fueron expuestos al ministro Petri, insistieron voceros castrenses a .
Explicaron que en la gestión de Sagás se expandieron los gastos de la obra social y se iniciaron “tratativas para tercerizar las prestaciones con una gerencia dora privada, en un negocio, para el cual se iniciaron convenios de confidencialidad a espaldas del Directorio de la institución”. Y señalaron que los desaciertos en la administración se extendieron y profundizaron en la actual gestión de Fiochi, que al asumir encontró una deuda de $92.000 millones.
Varios miembros del Directorio, que representan a las Fuerzas Armadas, alertaron sobre la situación, al extremo de que algunos de ellos renunciaron. Entre otros gastos superfluos, cuestionaron el pago de más de 200 pasajes aéreos entre Buenos Aires y Mendoza, y un plus por desarraigo, cobrado por varios funcionarios procedentes de Mendoza, además de la compra de vacunas antigripales por contratación directa, con un costo de $ 600 millones, sin una urgencia que lo justificara.
Entre otras acusaciones, se cuestiona a Fiochi por el nombramiento de la gerente general de la obra social, Carolina Podlesker, licenciada en ciencias políticas especializada en relaciones internacionales, con antecedentes en el Ministerio de Defensa.
También expresó su preocupación al ministro Petri, en una nota remitida el 28 de abril pasado, el presidente del Foro de Almirantes Retirados, contralmirante, Carlos María Ramiro, quien transmitió su sorpresa por la crisis financiera de la obra social, cuando la institución presentaba “un balance equilibrado y positivo”.
Los almirantes retirados recordaron que por la falta de regularización de los aportes y contribuciones de las fuerzas y de los afiliados, el Iosfa se vio obligado a gestionar un crédito por $40.000 millones en el Instituto de Ayuda para pagos de retiros y préstamos militares (IAF), el organismo que presidía Fiochi antes de llegar al Iosfa. Se recordó que al informar al Directorio sobre los detalles del préstamo, el propio Fiochi adelantó el interés tomado iba a oscilar entre el 35% y el 37%, pero que finalmente se fijó una tasa del 52,05%”.
“La obra social colapsó y no hay reacción del ministro”, apuntó el general Figueroa, quien estimó que cada mes la deuda se incrementa en $15.000 millones. Entre otras irregularidades detectadas en una auditoría interna se observaron retrasos en la ejecución presupuestaria y en el proceso de facturación, sobre todo en las relacionadas con medicamentos especiales.
POLITICA
«El anarquista de la molotov»: detuvieron a otro de los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
Luego de los incidentes frente al Congreso, la Policía Federal detuvo este domingo a Milton Tolomeo, señalado como “el anarquista de la molotov”. Fue atrapado en Avellaneda tras un allanamiento en su casa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la captura en sus redes sociales: “El anarquista de la Molotov, preso. Desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos”.
Leé también: El Gobierno identificó a 17 manifestantes que causaron incidentes fuera del Congreso durante la reforma laboral
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos. Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”, detalló en X.
La investigación avanzó a partir del análisis de los videos de los incidentes ocurridos el miércoles pasado, cuando un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a las fuerzas de seguridad en medio de la protesta contra la reforma laboral.
Tolomeo no figuraba en las listas preliminares de sospechosos ni en los videos difundidos inicialmente por el Ministerio de Seguridad, donde se identificaron a cuatro personas. Tampoco aparecía en la nómina de 17 implicados que se conoció el viernes.
Sin embargo, los peritos lograron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra el personal de las fuerzas federales. La detención se concretó este domingo por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Durante el allanamiento en la casa de Tolomeo, los efectivos secuestraron bidones con combustible, la ropa que habría usado durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas.
El Gobierno había pedido celeridad en la identificación de los responsables de los destrozos y ataques durante la marcha, y los calificó como “terroristas”. Con esta detención, ya son tres los acusados que quedaron a disposición de la Justicia.
Molotov, Congreso, Incidentes
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Detuvieron al manifestante que arrojó una molotov durante la marcha contra la reforma laboral
El Gobierno confirmó del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral el miércoles. Se trata de Milton Tolomeo, que fue identificado por las autoridades como el “anarquista de la Molotov”.
“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En un video que compartió este domingo por la mañana en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan».
La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).
Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.
En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.
En medio de los disturbios, el grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar las bombas Molotov.
Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.
Los 14 que continuaban detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización.
En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.
manifestante,anarquista de la Molotov,pic.twitter.com/cG2F98Xck9,February 15, 2026,Actualidad política,Congreso Nacional,Conforme a,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Contra el columnista. Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz,,En la provincia de los Menem. Villarruel se fotografió con un gobernador kirchnerista en su visita a un festival,Actualidad política,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,¿Con qué necesidad?,,La calidad de nuestra clase dirigente
POLITICA
Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma
Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.
La medida, que buscaba descomprimir las tensiones con el personal policial provincial, para algunos no fue suficiente. Por ende, representantes de los uniformados entregaron ayer por la tarde un petitorio en General Roca y se anunció un acampe policial para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma, convocado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, para exigir una mejor recomposición salarial y denunciar la precarización de los haberes.
La decisión reflejó el hartazgo del sector ante lo que consideraron el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales, y anticipa una profundización del conflicto si no se obtienen respuestas inmediatas.
Qué exigen los policías rionegrinos
El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.
Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.
En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.
La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.
El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.
Qué ofreció el Gobierno rionegrino
Según el anuncio del Gobierno, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial recibió en febrero una mejora del 6,79 %, ya que al ajuste por inflación (5,2 %) se suma un adicional específico del 1,5%, dando como resultado un haber inicial de $1.417.366 para el personal de seguridad. Este incremento también se aplicará al personal en situación de retiro y pensionadas, según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.
La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero. El esquema de aumentos operó bajo un criterio de actualización automática basada en la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.
Para las fuerzas de seguridad, el incremento también se aplicará sobre el “valor punto policial” y sobre los adicionales relevantes, asegurando que “incida de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”. Además, el ingreso mínimo para otros escalafones de la fuerza quedará en $1.254.000.
La variación del IPC correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, definió la tabla salarial policial para febrero. Por otro lado, en mayo de 2026 se asignará un nuevo incremento, con la variación del IPC correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026. Así quedarán los aumentos para este mes:
- Suma fija no remunerativa y no bonificable de 250.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 125.000 pesos cada una, a pagarse el 20 de Febrero y el 20 de Marzo respectivamente.
- Incremento adicional únicamente para personal Policíal y Servicio Penitenciario Provincial del seis por ciento (6%), a abonarse en cuatro cuotas del 1,5% cada una, junto con los haberes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
- Aumento del 100% al ítem de ayuda escolar. Se abonó con los haberes de febrero de 2026. Hijo: 80.000 pesos e hijo con discapacidad, 160.000 pesos.
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