POLITICA
Misiones: el ex policía preso electo legislador se comprometió a no ser funcional al gobierno provincial
Ramón Amarilla hizo una elección histórica en Misiones, logró el tercer puesto y ocupará una banca en la Legislatura. Desde su lugar de detención, el ex policía envió un mensaje a sus colaboradores y votantes asegurando que no existe un acuerdo con el oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC).
Horas después del cierre del comicio, el ex uniformado publicó un mensaje a través de redes sociales desde la Unidad Penal donde está detenido con prisión preventiva hace más de 8 meses.
“El trabajo que hicieron fue excelente. Estamos aprendiendo. Creo que todo lo que se ha logrado es gracias a ustedes. Estoy emocionado y agradecido por el trabajo que han hecho y el acompañamiento que tuvimos”, puntualizó.
Luego, subrayó: “Hemos demostrado a toda la provincia y al gobierno que estamos unidos, que tenemos voluntad y que somos gente buena”, subrayó.
“Hay mucha información errónea de lo que nosotros pretendemos. Solo queremos lo mejor para todos los misioneros. Para cada policía, penitenciario, personal de salud, empleado público, judicial, docente, yerbatero, agrario, tabacalero y municipal”, señaló.
Amarilla lideró en mayo de 2024 un levantamiento policial que puso en jaque al gobierno de Hugo Passalacqua y del hombre fuerte del FRC, Carlos Rovira. Luego de un acuerdo, el ex policía intentó montar en septiembre otra asonada, pero ese movimiento fue descubierto por la Justicia y no prosperó.
Por la movida de mayo, está acusado de sedición en el juzgado de Instrucción 6. Por lo ocurrido en septiembre, hay otra causa que está en Instrucción 2. El magistrado a cargo de este último tribunal, Fernando Verón, decretó su prisión preventiva. La decisión fue avalada luego por la Cámara.
Tras la elección del domingo, está en duda hasta cuándo podrá seguir alojado en la Unidad VIII de Cerro Azul. Lo que ni la política ni la Justicia se atreven todavía a aclarar es desde cuándo tiene fueros y si su condición le permitirá asumir su banca.
“Estoy esperando que me den la libertad para que podamos reunirnos personalmente y organizarnos mucho mejor”, concluyó Amarilla en el video difundido el lunes 9. El partido “Por la vida y los valores” lo llevaba como cabeza de lista. Por los guarismos que se manejan según el escrutinio provisorio, la fuerza habría logrado 4 de las 20 bancas en disputa.
Además de Amarilla, ingresarían Rita Flores y Walter Ríos y Débora Mangone. La particularidad de estos últimos es que son pareja.
El ex policía votó en la cárcel, pero el periodismo gráfico no pudo registrar el momento del sufragio. Ni el Servicio Penitenciario ni la Justicia se pusieron de acuerdo para permitir el paso de los fotógrafos que querían tomar esa imagen.
“No me voy a pasar al oficialismo”
El día de la votación se difundió otro mensaje de Amarilla por redes sociales. “Ha circulado que yo he transado con la Renovación. Sáquense eso de la cabeza. Nunca. Nunca transaré con el FRC. Por culpa de ellos estoy acá, injustamente preso. Hago responsable a todas las autoridades de gobierno por la privación de mi libertad dentro de este penal”, aclaró.
Con los resultados sobre la mesa, el ex uniformado dijo a Misiones Cuatro: “Yo voy a seguir siendo el mismo Ramón Amarilla. El compromiso, la dignidad y la responsabilidad de siempre”, remarcó.
En los comicios del pasado domingo 8, el FRC obtuvo una ajustada victoria. Logró el 28,6% contra el 21,9% de La Libertad Avanza y el 19,1% del partido de Amarilla. La Renovación gobierna Misiones desde hace más de 20 años. La segunda y la tercera fuerza tuvieron su debut electoral en esta votación.
A pesar de lo ajustado del resultado, el FRC conservará su hegemonía en la Legislatura unicameral. Tendrá 20 de las 40 bancas (14 mantuvo de la elección de 2023 y 6 ganó en esta), frente a una oposición dispersa en seis bloques, ninguno de ellos con más de 5 lugares.
En su discurso del domingo, Rovira hizo un llamamiento a todas las fuerzas que participaron en la votación para aunar esfuerzos. “Hacemos un llamamiento a todo el arco político de la provincia para ponernos juntos a trabajar”, dijo durante el acto en la casa del militante, con los resultados de las urnas ya puestos.
En un gesto que podría preanunciar la relación entre la Justicia y la Casa Rosada en 2026, el Gobierno decidió un aumento del 280 por ciento para el presupuesto del Consejo de la Magistratura.
Mediante una decisión administrativa, la Jefatura de Gabinete de ministros, a cargo de Manuel Adorni, asignó los fondos que había estimado el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación el año pasado, pero que no habían sido contemplados por el presupuesto oficial aprobado en el Congreso.
En el Consejo de la Magistratura, cuyo presidente es Horacio Rosatti, festejaron eufóricos el envío de los fondos solicitados. “Esta es una señal de cómo será la relación entre la Justicia y el Gobierno en este años”, dijeron a fuentes del organismo.
De esta manera, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura encontraron en Adorni, además de en el viceministro Sebastián Amerio, un canal de diálogo que les permitió agilizar las gestiones para la administración del día a día. Durante la feria, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estuvo de gira por Europa, con viajes académicos y laborales, según un comunicado del organismo.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aseguró que hubo un resultado positivo de las gestiones con el Gobierno para atender las necesidades de infraestructura y tecnología de los tribunales federales y nacionales de todo el país. La falta de estos recursos provocó el año pasado reclamos varios por parte de los funcionarios judiciales.
El 27 de agosto del año pasado el plenario del Consejo de la Magistratura había aprobado con 15 votos a favor el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para 2026 por la suma de $2.007.943.778.229.
Cinco meses después, mediante la Decisión Administrativa 1/2026 publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año, Adorni otorgó un total de $ 28.973.850.716 de crédito presupuestario en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Esto representa, en este inciso, un incremento del 280 % en relación a lo asignado por la ley de presupuesto N° 27.798, y responde al monto oportunamente estimado por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Una negociación redonda, mucho mejor que la paritaria que selló el gremio judicial.
Enfrentado con su padre, Pablo Moyano sigue sin ir a su oficina de la calle San José del Sindicato de Camioneros. Después de varios meses de ausencia, y casi dedicado exclusivamente a la gestión deportiva, el número dos del sindicato reapareció la semana pasada para apoyar a un delegado que había sido agredido a golpes por otros afiliados que responden a una facción contraria.
Pablo Moyano se mostró junto a Gustavo Daniel Ferreira, el trabajador de recolección de residuos que fue brutalmente golpeado en el playón de la empresa Urbasur. El gesto se interpreta como un desafío directo tanto al jefe de la rama, José “Teta” Garnica, uno de los dirigentes que cuenta con el respaldo de su padre Hugo.
La rama de recolección de residuos tuvo hasta hace poco como referente a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, pero desde hace un tiempo Garnica tomó parte del control por decisión de Hugo Moyano, que tiene 82 años y que cada vez delega más tareas en sus hijos, aunque no en Pablo, su heredero natural.
El triunvirato de mando de la CGT que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello comenzará desde mañana un raid por el interior para mantener reuniones con gobernadores y expresarles su rechazo a la reforma laboral.
La gira sindical tendrá su primera parada en Córdoba, donde los dirigentes serán recibidos por el mandatario Martín Llaryora. Un día después irán a Corrientes para encontrarse cara a cara con el exgobernador Gustavo Valdés, de origen radical y también dialoguista con la gestión de Javier Milei.
Lo curioso es que los popes sindicales no lograron confirmar las reuniones con tres gobernadores peronistas, a los que acusan en reserva de evadirlos. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Los tres fueron tentados por el ministro del Interior, Diego Santilli, de recibir fondos a cambio de apoyo legislativo.
La interna del peronismo bonaerense está que arde. La desconfianza entre kirchneristas y axelistas llegó a un punto tal que en ambos sectores entienden que se usan voceros y dirigentes para hacer volar misiles cruzados. Un caso especial es el de Luis D´Elía, el histórico jefe de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y referente de La Matanza, que ganó predicamento como líder piquetero con Néstor Kirchner fue presidente (2003-2007).
Hace ya un tiempo que D´Elía dejó las filas del kirchnerismo y declaró abiertamente su apoyo a una eventual candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof. Lo hizo enojado con el destrato de La Cámpora y porque, según él, Cristina Kirchner se olvidó de los “presos políticos” durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero en el kirchnerismo entienden que hay algo más que bronca acumulada.
“La verdad es que lo de Luis es increíble. Pero no es él solo; creemos que detrás hay un ministro de Kicillof”, deslizó un dirigente de los que accede a San José 1111, el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner. Para los cercanos a la expresidenta y a Máximo Kirchner, las palabras de D´Elía son fogoneadas por alguien que los supo conocer mucho: Andrés “Cuervo” Larroque.
La designación de Manuel Chavarría Bertolami en el Ente Binacional Yacyretá (EBY) es la comidilla de la Cámara alta por estos días. No porque su nombramiento haya sido una sorpresa, sino porque no quiere “largar” el cargo de Prosecretario de Coordinación Operativa que ocupa.
El tema ya generó, al menos de manera informal, la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que le habría hecho llegar a Chavarría y a las autoridades del Senado una suerte de dictamen verbal en el cual sostiene que ambos cargos son incompatibles y que, por lo tanto, debería optar por uno de los dos.
Sin embargo, Chavarría se resiste a dejar el cargo y hasta envió una nota ofreciéndose a trabajar ad-honorem como prosecretario, cargo que ocupa desde diciembre de 2023 por recomendación del entonces senador por Salta Juan Carlos Romero. Pero con el andar de la administración libertaria Chavarría se soltó de la mano del salteño y buscó un padrinazgo más fuerte en la Casa Rosada.
Ahora, se jacta de tener relación con Santiago Caputo, lo que no le alcanzó para ser candidato en las elecciones legislativas del año pasado, pero que le habría granjeado su nombramiento en el EBY.
Lo que más llama la atención del asunto es que Chavarría pretenda mantener su cargo en el Senado cuando pasará a cobrar un sueldo mejor en Yacyretá. Algunos sospechan que lo que le interesa es mantener los pasajes aéreos y el chofer, entre otras prebendas, que le corresponden como prosecretario del Senado y que por eso quiere mantener los dos cargos.
el presupuesto oficial aprobado en el Congreso,pic.twitter.com/mpguf0yOT4,January 25, 2026,Conforme a,,Techint, un enemigo «simbólico». El feroz ataque de Milei contra Paolo Rocca tomó por sorpresa al Gabinete,,De campaña. Milei suma viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas,,Semana clave para el PJ. Cristina Kirchner puede intervenir en la interna entre Máximo y Kicillof antes del cierre de listas
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
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