POSADAS.- Ramón Amarilla, suboficial retirado de la Policía de Misiones y vocero central del reclamo de los uniformados de la provincia, está preso desde hace casi siete meses en una cárcel de Cerro Azul, a 70 kilómetros de la capital misionera, por haber formado parte de un grupo de WhatsApp en el que uniformados jóvenes planeaban un reclamo violento, incluyendo la toma de autobombas por la fuerza. También se lo acusó de la ocupación de una sede policial.

“No tengo nada que ver, nunca estuve en ese grupo de WhatsApp y aún así, sin ningún elemento en mi contra, me tienen preso desde el 19 de septiembre. Me dijeron que iba a salir en diciembre, después que iba a salir en marzo. Me destruyeron la vida”, le dijo a en una entrevista en el patio del pabellón 2 de la cárcel de Cerro Azul, el domingo pasado.

“Yo estaba jubilado de la Policía, con un servicio de 31 años y una conducta intachable, y aún así me volvieron a incorporar a la Policía para expulsarme y sacarme el sueldo. Mi esposa sobrevive haciendo repostería, me hicieron mucho daño”, contó Amarilla, que acaba de cumplir 58 años.

Amarilla culpa al poder político que gobierna la provincia y tiene injerencia en la Justicia provincial de tenerlo detenido para amedrentar cualquier intento de nuevos reclamos en la Policía o en otros gremios estatales, como docentes, personal de salud o municipales. Ahora, tomó la decisión de presentarse como candidato a diputado provincial en las elecciones del 8 de junio.

Casi como una forma de forzar su libertad, necesita sacar 25.000 votos para ganarse una banca como diputado en la Legislatura. “Desde allí voy a seguir luchando por los reclamos y derechos de la Policía y otros estatales”, dijo Amarilla, que no quiere pronunciarse en otras cuestiones políticas.

“Yo no quería ser candidato, me lo vinieron a ofrecer varias veces y lo rechacé. No me interesa meterme en política, solamente trabajé siempre para ayudar a reclamar por las condiciones de trabajo de los policías y nunca negocié nada para mí, a pesar de que me ofrecieron varias veces ventajas personales”, relató.

Para entender la situación de Ramón Amarilla hay que remitirse a lo que sucedió en Misiones 11 meses atrás, cuando en mayo se produjo la que fue probablemente la mayor protesta de empleados estatales de la historia reciente de esta provincia.

El 16 de mayo pasado, un grupo de policías cortaron a la madrugada la avenida Uruguay -de acceso al microcentro de la ciudad-, frente a la sede del Comando Radioeléctrico, e iniciaron un acampe que duró 10 días y concentró la atención de todos los medios de comunicación nacional, que acompañaron la protesta. Inmediatamente, los docentes, que venían reclamando hacía meses, tomaron la cuadra siguiente, sobre la avenida Uruguay, y armaron su propio campamento, al que se fueron plegando gremios del personal de salud, municipales y hasta periodistas.

En una provincia controlada hegemónicamente por el exgobernador Carlos Rovira desde hace casi 25 años, el poder político empezó a verse desafiado como nunca antes. Los más virulentos fueron los docentes, que cada jueves marcharon a la Legislatura para protestar durante las sesiones en manifestaciones que terminaron con piedrazos, triples vallados que fueron derribados, grupos que fueron a tirarle piedras al domicilio del gobernador Hugo Passalacqua y, lo que nunca antes había pasado, docentes manifestándose frente a la casa de Rovira.

A Amarilla no se lo vio en esas protestas, según pudo comprobar este cronista, que estuvo cubriendo el reclamo con epicentro en el Comando Radioeléctrico.

El hombre que cada noche apareció en los noticieros de la televisión nacional jamás se salió de su libreto de reclamar únicamente por mejores salariales para la familia policial. Sin embargo, en los círculos de poder de Misiones consideran que sin aquella protesta policial, jamás se hubieran producido los desbordes que llegaron a amenazar al poder como nunca antes en los casi 25 años de hegemonía del Frente Renovador de la Concordia, liderado por Rovira.

Amarilla apuntó contra el jefe de la Policía, Sandro Martínez, quien estuvo en el centro de las críticas durante aquellos días porque prácticamente la totalidad de la policía se plegó a la protesta y no respondía a su mando. Durante esos días, efectivos en actividad se sumaron al acampe, primero sin identificarse y más tarde, a medida que crecía el reclamo, ya con el uniforme. Amarilla era uno de los tres o cuatro referentes y voceros de la Mesa Policial.

Ante la impotencia de las autoridades para desarticular la protesta que no paraba de crecer, recurrieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien envió efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. El domingo 19 de mayo, más de 100 efectivos de las fuerzas federales se acordonaron a 100 metros del Comando Radioeléctrico y casi se produce un choque entre uniformados.

En ese contexto, el jefe de la Policía, Martínez, desobedeciendo el plan que según fuentes oficiales habían acordado un día antes el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, intentó ir a hablar con los referentes y fue insultado por sus propios subordinados. “Ante semejante falta de autoridad para controlar a la fuerza, optaron por cortar el hilo por lo más delgado y meterme preso a mí para meterles miedo a los demás y que nadie se atreva a reclamar”, afirmó Amarilla.

Tras levantarse el acampe, en mayo pasado, Amarilla siguió participando de dos reuniones más con el Gobierno siempre en el marco del reclamo salarial. Poco después empezaron sus problemas judiciales.

Primero fue la causa por el robo de patrulleros que impulsan el juez de instrucción N°6, Ricardo Balor, y el fiscal René Casals. “Yo jamás participé de eso”, se defendió Amarilla. Según él, dentro de la policía hay muchos jóvenes “exaltados, con poca experiencia” y su rol como vocero siempre fue llevar calma y no alentar desbordes.

Días antes de su detención -relató Amarilla-, notó que lo estaban siguiendo de la división de Inteligencia de la Policía de Misiones. “Los conozco porque trabajé también ahí”, explicó. “Cuando advertí que me seguían, empecé a seguirlos yo a ellos, estuvimos como media hora dando vueltas por Itaembé Guazú (un gran barrio de viviendas sociales en las afueras de Posadas)”, contó.

El 19 de septiembre, el juez de Instrucción 3, Fernando Verón, lo citó para que se presentara por una causa por “conspiración y sedición” que inició por los chats de un grupo denominado “Sólo Cola”, que integraban un grupo de policías que aparentemente planificaban incendios para forzar la salida de autobombas, tomarlas por la fuerza y utilizarlas para una nueva protesta de los uniformados. Amarilla quedó detenido.

“Yo soy una persona muy formal, de no decir malas palabras, jamás formaría parte de un grupo que se llama ‘Sólo cola’, apenas me presenté en el juzgado le dije al secretario que no tenía nada que ver con ese grupo, pero igual me llevaron al penal de Cerro Azul y siete horas después estaba en el calabozo que comparto acá con otros dos internos”, señaló.

Amarilla dice que él sí participó de la protesta frente al Comando Radioeléctrico, pero aclara que nunca se tomó el lugar y siempre estuvo funcionando.

Los policías en actividad no pueden hacer reclamos salariales, pero sí pueden realizarlas los retirados o sus familiares. Durante aquellos días, recorrió el acampe y el Comando y lo que se veía era que formalmente había una guardia teóricamente trabajando, pero la realidad es que las instalaciones estaban absolutamente copadas por la protesta que cada día recibía más apoyo de uniformados de toda la provincia.