POLITICA
Movimientos sociales y sindicales marcharán a la Secretaría de Trabajo por un “salario mínimo digno”
La escalada de protestas y movilizaciones que se extenderá hasta fin de año por parte de organizaciones sociales, gremiales y piqueteras continuará este miércoles 26 de noviembre. Ese día, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros movimientos opositores al gobierno de Javier Milei, convocaron a una marcha frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. La principal demanda es que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance el valor de la Canasta Básica Total (CBT), para garantizar que “los trabajadores populares puedan vivir con dignidad”.
La protesta es concomitante a la reunión convocada por el Gobierno para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial. El cónclave abordará la determinación del nuevo monto, así como los valores de la prestación por desempleo.
Actualmente, el salario mínimo es de 322.200 pesos mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Para los trabajadores jornalizados, el valor mínimo es de 1610 pesos por hora.
En diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, el salario era de 156.000 pesos. Desde entonces, se actualizó en 107 por ciento, mientras que la inflación en igual período fue superior al 170 por ciento, Una pérdida de poder adquisitivo del 25 por ciento.
La convocatoria oficial se desarrollará en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo y de reclamos de los sectores sindicales y sociales, como la UTEP, para recomponer los ingresos.
La comisión deberá evaluar los distintos planteos y definir un nuevo monto que actualice el salario mínimo, vital y móvil, junto con los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
A este reclamo las organizaciones populares suman otros pedidos: un bono de fin de año, actualización de programas sociales, y reconocimiento real del trabajo socio-comunitario.
El salario
“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, prevista para las 11 de la mañana en Leandro N Alem 650 se inscribe en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP —que agrupa a feriantes, cooperativistas, quienes trabajan en comedores, merenderos y espacios de cuidado— junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia.
Los líderes sociales y gremiales que organizan las protesta exigen que el SMVyM iguale la canasta básica total para una familia. Esa demanda se basa en datos recientes del INDEC, que estiman la CBT por encima de $1.200.000, lo que evidencia una brecha enorme con el salario mínimo vigente.
Las dos CTA ya advirtieron que el salario básico “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro. El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una carta documento firmada por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A).
En la presentación, las centrales de trabajadores recordaron que la convocatoria al Consejo es una obligación legal del Poder Ejecutivo y que debe realizarse de manera periódica para garantizar actualizaciones acordes a la evolución de los precios.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y referente de Frente Patriótico por la Justicia Social, le expresó a Infobae: “Está muy bien, es correcto, el planteo del salario mínimo de la CTA y por supuesto que acompañamos ese reclamo, pero no deben olvidar los compañeros de las centrales sindicales a los excluidos de la economía popular que pelean por el aumento del salario social complementario, que debería el gobierno de Milei ponerlo a la mitad de ese salario mínimo y no la miseria de 78 mil pesos cono está desde que asumió la presidencia”.
A través de la marcha del miércoles los organizadores también le solicitan a La Libertad Avanza actualizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. También el rechazo al artículo 73 del Presupuesto 2026, que prevé derogar partes de la Ley 27.160, la normativa sancionada en 2015 que establece la movilidad automática de la AUH y otras asignaciones.
También reclaman que programas como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) “se reactiven, que se actualicen, y que se otorgue un bono de fin de año”. Denuncian que estos programas están “congelados” y que no acompañan la inflación acumulada.
Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP opinó ante una consulta de Infobae: “Hay un deterioro extremo del tejido social, en los territorios la crisis avanza a paso agigantados al igual que el narco tráfico, consecuencias de las políticas de Javier Milei”.
También interpretó: “Nuestro sector trabajador es el más golpeado, porque lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado desde que asumió este gobierno”.
La dirigente social también adelantó: “Nuestra agenda de lucha de cara a fin de año, será un diciembre con mucho conflicto en todo el país ya estamos desarrollando asambleas para construir una gran movilización porque la situación es insostenible”.
En paralelo, la CTA Autónoma presentará dos documentos técnicos como contrapropuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno: plantea fortalecer la protección social, ampliar derechos y mejorar la distribución del ingreso. La movilización del miércoles será un espacio clave para poner en la escena pública estas demandas combinadas.
Como adelantó este medio, la Casa Rosada anticipa un “fin de año conflictivo” ya que para la UTEP y aliados, esta jornada es apenas la continuidad de la movilización del pasado 19 de noviembre frente al Congreso que demostró mostró que la conflictividad social ya escaló con la fusión de organizaciones de jubilados, piqueteros de izquierda, trabajadoras populares, sectores sindicales distanciados de la CGT y la UTEP que se unieron para mostrar un frente amplio “contra el ajuste y la precariedad del gobierno de Javier Milei”, tal como difundieron en un comunicado conjunto a través del cual se advertía sobre “una ofensiva de movilización” que se extenderá en todo el mes de diciembre, con asambleas en todo el país.
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POLITICA
El Gobierno recordó a las víctimas del atentado a la AMIA tras confirmarse la muerte del ayatolá Ali Jamenei
La Oficina del Presidente emitió este viernes un comunicado en el que expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán.
En el texto oficial, difundido desde la Casa Rosada, el Gobierno sostuvo que se trató de una acción contra “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad” y cuestionó con dureza su rol durante décadas. “Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agrega el documento.
Leé también: Trump confirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques coordinados de Israel y EE.UU.
En este sentido, el gobierno hizo especial referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La administración nacional recordó que, según determinó la Justicia argentina, “se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.
“La búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague, con su libertad o con su vida, por tan horrible crimen”, se señala el mensaje.
Por último, el Gobierno de Javier Milei manifestó su expectativa de que la ofensiva militar contribuya a cerrar un ciclo de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra el camino hacia una etapa de mayor estabilidad y respeto por los derechos humanos para la población de ese país.
El mensaje de Cancillería tras la noticia de la muerte de Jamenei
El canciller argentino Pablo Quirno se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Ali Jamenei murió este sábado durante el ataque en Teherán. En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores también recordó que el líder supremo iraní es uno de los imputados por el atentado contra la AMIA.
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah“, escribió el canciller al principio de su mensaje.
Quirno remarcó que la “decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa».
Y agregó: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó una resolución para solicitar al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional del ayatolá Ali Jamenei “por tomar parte con los restantes imputados iraníes” y por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.
A su juicio, Jamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Jamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.
Leé también: Quién era Ali Jamenei, el líder supremo iraní que desafió a EE.UU . y concentró el poder durante más de 30 años
El gobierno iraní repudió, en julio del mismo año, la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.
En un duro comunicado, señaló que Javier Milei está alineado con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos” que serían —según su visión— los verdaderos responsables del ataque.
La respuesta iraní se produjo días después de que Rafecas resolviera que se juzgue en ausencia a los 10 acusados —entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah—, todos prófugos de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.
Irán, AMIA
POLITICA
EEUU pone la lupa sobre las estaciones espaciales chinas en Argentina y su posible uso militar
Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos encendió la alarma sobre la presencia de infraestructura espacial china en América Latina, con especial foco en la Argentina.
El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, sostiene que el régimen asiático consolidó en la región una red de estaciones terrestres y telescopios con capacidad de uso civil y militar, que podrían servir para recopilar inteligencia y fortalecer su estructura de defensa.
El trabajo fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental y señala al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.
Neuquén, en el centro del análisis
El informe dedica un apartado específico a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Allí funciona una antena de 35 metros de diámetro capaz de captar señales satelitales.
Según el documento, “en 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”.
Base china en Neuquén.
La base comenzó a construirse en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y fue finalizada en 2017. Se trata de un predio de aproximadamente 200 hectáreas cedido por 50 años, con exenciones impositivas. De acuerdo a datos oficiales provinciales, la inversión superó los 50 millones de dólares.
Desde Washington advierten que este tipo de infraestructura podría integrarse a redes estratégicas del Ejército Popular de Liberación chino, en el marco de su política de expansión tecnológica y espacial.
Telescopios y estaciones bajo la lupa
El reporte también menciona al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en la provincia de San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado y desarrollado por el país asiático. Se trata de un telescopio capaz de generar datos de localización milimétrica.
En el texto se afirma que “estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”.
Otro punto señalado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. Según el informe, fue aprobada en 2021 como instalación civil tras un acuerdo entre la firma argentina Ascentio Technologies y la empresa china Emposat. No obstante, el documento sostiene que la firma mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército chino y que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas.
Para los legisladores estadounidenses, las instalaciones argentinas no funcionan de manera aislada, sino que conforman “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a Beijing.
Recomendaciones y advertencias de Washington
El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, sostuvo: “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”.
Además, agregó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.
Entre las sugerencias incluidas en el documento se destaca que “la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china”.
También plantea que “las agencias estadounidenses deberían reevaluar la cooperación en materia de espacio, defensa y tecnología avanzada con los países que albergan infraestructuras espaciales vinculadas a la República Popular China”.
El texto concluye con una recomendación contundente: “el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses”.
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POLITICA
Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”
El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.
Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.
Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
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