POLITICA
Murió el papa Francisco: Bergoglio y la Argentina, una relación compleja contaminada por la política
Porteño de pura cepa y testigo muy atento a las circunstancias políticas que vivió la Argentina desde la mitad del siglo XX, Jorge Bergoglio mantuvo durante su pontificado una relación compleja con el país que lo vio nacer y al que nunca regresó. Las mayores tensiones se presentaron en sus vínculos con el poder y sus agentes de turno, más que en el diálogo y la comunicación gestual con la enorme base de creyentes que adhirió a su sensibilidad pastoral.
Muchos de sus detractores, incluso, reconocen que el papa Francisco es quizás la figura más trascendente de la Argentina de este tiempo. Su llegada al trono de San Pedro marcó una bisagra, que dividió su vida en dos etapas bien diferenciadas y desiguales en extensión.
Hasta los 76 años, Bergoglio ejerció su ministerio e influencia en ámbitos de alcances más reducidos, como la Compañía de Jesús y, más tarde, la Iglesia porteña, al ser designado arzobispo de Buenos Aires en 1998, con la posterior proyección que le dio la presidencia del Episcopado, entre 2006 y 2011. En todo ese período, la política argentina lo consideró un actor secundario de la escena nacional, si bien cuando fue superior provincial de los jesuitas se arriesgó: albergó y protegió en el Colegio Máximo de San Miguel a perseguidos políticos de la dictadura militar y transportó él mismo a personas, a escondidas, mientras atravesaba puestos de control de la zona de Campo de Mayo.
Su elección como Papa el 13 de marzo de 2013 lo colocó en lo más alto del escenario internacional, lo que potenció su liderazgo, a la vez que generó reacciones adversas en algunos sectores por la impronta social que le imprimió a su pontificado.
Sin establecer parangones irreverentes, así como la Biblia dice que Jesús comenzó su vida pública a los 30 años y solo la ejerció en los últimos tres años de su vida, hasta los 33, cuando fue crucificado, para el universo contemporáneo la vida pública de Bergoglio se inició a partir de su elección como Papa, a los 76, y se desplegó ante los ojos del mundo en los últimos 12 años de su vida.
Puertas adentro de la Iglesia argentina, el pontificado de Francisco tuvo una influencia decisiva en la preeminencia de la dimensión pastoral, con la construcción de una iglesia más abierta, una presencia más intensa en el campo social y nuevos temas en la agenda de prioridades, como la atención de los excluidos, marginados y refugiados y el “cuidado del ambiente y la casa común”, un legado de la encíclica papal programática Laudato si. Llamó a vivir la alegría de la vida cristiana y a forjar una Iglesia más misionera, más cerca de los pobres. Revalorizó la economía y la política al concebidas al servicio de la persona humana.
En los nombramientos de obispos priorizó la designación de sacerdotes con experiencia pastoral e impronta social. Así lo demuestran los casos de los arzobispos de Córdoba, Ángel Rossi, de formación jesuita y proclamado cardenal en 2023; de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con experiencia en las villas y en la pastoral carcelaria; de Tucumán, Carlos Sánchez, párroco de La Merced, a una cuadra de la Catedral local; de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, también cardenal desde diciembre de 2024, y de La Plata, Gustavo Carrara, referente de los curas de villas y barrios populares. Hubo una renovación de estilos en el elenco episcopal.
Además, el papa Bergoglio se llevó a Roma para conducir el estratégico Dicasterio para la Doctrina de la Fe al arzobispo Víctor Manuel Fernández, teólogo de su más estrecha confianza y también designado cardenal, que por expresa indicación de Francisco viene llevando adelante una política que tiende a evitar medidas canónicas extremas, como los tradicionales castigos a sacerdotes y teólogos por errores doctrinales.
Conocedor nato del clero de su país, Francisco mantuvo un diálogo directo y personal con obispos y sacerdotes de las diócesis más remotas.
Si bien durante su adolescencia concurrió una vez con su hermano a una unidad básica del peronismo y ambos fueron saludados en persona por Eva Perón, Francisco negó haber tenido familiaridad ni simpatía por ese movimiento político. En el libro “El pastor”, publicado por los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin en 2023, el papa argentino declaró que nunca fue militante ni simpatizante del peronismo. “Pero, en la hipótesis de tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo?”, deslizó, a modo de definición.
En ese libro fustigó con dureza a los dirigentes sindicales que no pueden explicar sus enriquecimientos y reveló un intento de coima que le pidieron en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario de la zona de Flores.
En la etapa en que el kirchnerismo acumuló poder, a partir de 2003, Bergoglio era considerado “un enemigo” por Néstor Kirchner. Los cruces llevaron a que el Gobierno promoviera la celebración de los Tedeum del 25 de Mayo fuera de Buenos Aires, para evitar las homilías críticas del arzobispo. Cristina Kirchner, ya en su segundo mandato presidencial, saludó en marzo de 2013 la elección de un “papa latinoamericano”, sin mencionarlo por su nombre.
Fuertes tensiones se habían vivido, por ejemplo, en ocasión del debate por la ley del matrimonio igualitario, en julio de 2010, cuando el kirchnerismo respaldó una propuesta de organizaciones LGBT. Bergoglio era partidario de aceptar el reconocimiento de la unión civil. pero en el Episcopado prevaleció una postura de rechazo más confrontativa, que llevó a la Iglesia a una derrota. Ya elegido Papa, en un vuelo que lo llevaba desde Río de Janeiro a Roma, Francisco declaró: “Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?”, lo que marcó un quiebre en la posición de la Iglesia. Francisco distinguió entre la pastoral con las personas que presentan orientación sexual diversa y la ideología de género, a la que consideraba “peligrosa” porque entendía que “anula las diferencias”.
Francisco fue un líder inmanejable para la dirigencia política, a pesar de que muchos viajaron a Roma para fotografiarse junto a él. Los cuatro presidentes argentinos que coincidieron con su pontificado –Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- intentaron acercamientos, tuvieron fricciones y no lograron encauzar una relación armónica, en un con texto de fuerte crecimiento de la pobreza en la Argentina, que pasó del 27,4% al 52,9%, aunque las proyecciones para la próxima medición pronostican un descenso al 36,8 por ciento en el primer año del gobierno libertario.
La grieta profundizó las diferencias y frustró un viaje a la Argentina largamente esperado por los católicos y por el propio pontífice, como él mismo declaró en varias entrevistas. La posibilidad más firme fue a fines de 2017, cuando Francisco programó una visita a Chile, pero nuestro país no fue incluido en la agenda y eso acentuó la desilusión de muchos dentro y fuera de la Iglesia. Se dio, así, la paradoja de que se escucharan críticas en las propias filas católicas, mientras sectores habitualmente críticos de la Iglesia, especialmente por la actuación de los obispos durante la dictadura militar, celebraran los mensajes del Papa en materia social.
El kirchnerismo abrazó los mensajes pastorales y la preocupación constante del Papa por los marginados y vulnerables, pero no logró que el pontífice recibiera a Cristina Kirchner en su condición de cabeza de la oposición o de vicepresidenta.
Durante su mandato presidencial, la viuda de Kirchner había sobreactuado su acercamiento, con tres visitas al Papa en Roma –una de ellas con una ruidosa delegación de La Cámpora- y otros tres encuentros “casuales” en los viajes que Francisco realizó a Brasil (2013) –donde forzaron un saludo y una foto con el candidato Martín Insaurralde-, Cuba (2014) y Paraguay (2015).
La relación con Alberto Fernández –facilitada inicialmente por dirigentes como Gustavo Beliz y Martín Guzmán- comenzó con una auspiciosa visita del Presidente al Vaticano en enero de 2020, pero ingresó en el freezer luego de la pandemia y de la sanción de la ley del aborto. Molestó especialmente a Francisco y a los obispos argentinos que el debate se llevara adelante en medio de la emergencia sanitaria. Además, el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía enfrió más la relación con el Vaticano.
No fue inocente, durante la gestión de Massa, el comentario de Francisco sobre la inflación en la entrevista con AP, cuando declaró que la Argentina enfrentaba “un nivel de inflación impresionante”, en torno del 52%, cuando en 1955 el año en que Bergoglio terminaba el secundario- llegaba apenas al 5 por ciento.
Fue cercano, en cambio, el vínculo con el dirigente social Juan Grabois, a quien le reservó un lugar en los encuentros con dirigentes de movimientos populares, donde predicó el desafío de las tres T:: techo, tierra y trabajo, una guía para las organizaciones sociales. En la última convocatoria, en septiembre de 2024, Francisco criticó al gobierno de Milei por el uso de gas pimienta en una manifestación.
El vínculo con Macri, cuando era presidente, también quedó signado por la frialdad. Fue una relación distante, como la que ambos habían tenido en Buenos Aires, cuando el líder de Pro era jefe de gobierno de la ciudad y Bergoglio era arzobispo. En julio de 2016, Francisco ordenó a la fundación pontificia Scholas Ocurrentes que rechazara una donación de $16 millones del gobierno de Macri. Priorizó que la Iglesia mantuviera la independencia y la prudente distancia del poder.
De todos modos, existían contactos aceitados con funcionarios y dirigentes de Pro, como María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Jorge Triaca, entre otros.
Los distanciamientos caracterizaron la relación con el gobierno de Javier Milei, a pesar de que el Papa recibió en el Vaticano al líder libertario, quien en años anteriores le había dedicado fuertes exabruptos. La verborragia de Milei generó la reacción de sacerdotes de villas y barrios populares, que durante la campaña electoral de 2023 oficiaron una misa en desagravio por los insultos al Papa. Los mensajes de Francisco apuntaron siempre a promover la cultura del encuentro y superar las divisiones y el conflicto.
Días antes de compartir el último encuentro con Grabois, Francisco recibió en la residencia de Santa Marta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, semanas después de que la Iglesia denunciara la falta de distribución de alimentos en comedores comunitarios.
Hay una diferencia sustancial entre una grabación que alude a un delito y otra que es solo una conversación sobre chismes de oficina. Por eso, el único elemento real que indicaría un presunto caso de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados sigue siendo el primer audio del exdirector de Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo. Vale la pena reiterar que se trata de un audio ilegal, porque no fue autorizado por ningún juez, y que está, además, editado. Nadie precisó hasta ahora tampoco si se trató de la grabación de una conversación en un lugar público (bar o restaurante) o si fue un mensaje enviado por WhatsApp. Las grabaciones de conversaciones entre personas −y también de las telefónicas– solo son válidas y legales cuando las autoriza un juez, aunque los magistrados, como es este caso, pueden tomar una conversación ilegal solo como presunto indicio de un delito, y buscar después las pruebas y testimonios verdaderos y ya legales.
Los últimos audios atribuidos a Spagnuolo solo consignan enojos de este con diversos funcionarios, pero en ningún caso se refiere a la posibilidad de un delito. Son cuestionamientos políticos o personales, que incluyen al propio Presidente, al que acusa de estar ausente de los conflictos internos de su gobierno. De todos modos, importantes funcionarios esperan la difusión de más audios y, lo que es peor, ignoran si su contenido será una continuidad de la eterna rumorología oficinesca y si revelarán nuevos detalles de supuestos delitos, que ya han llevado al centro de la discusión pública a Karina Milei y a su principal colaborador, Eduardo “Lule” Menem, quien desmintió cualquier involucramiento personal en la trama que presuntamente relató Spagnuolo.
Las preguntas que deben contestarse, más allá de los condicionamientos que existen, son muchas, pero las principales son tres. La primera: ¿es cierto que existió una relación corrupta entre algunos funcionarios mileístas y la droguería Suizo Argentina, como se desliza en el primer audio del exfuncionario echado por el gobierno de Javier Milei? Ese es el núcleo central de la investigación que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. La segunda: ¿quién grabó esas conversaciones, sobre todo cuando se anticipa que todas las grabaciones que existen sucedieron durante casi un año? Spagnuolo habría sido grabado hasta hace dos meses desde mediados del año pasado. La última ¿quién entregó esos audios para que sean difundidos en medios audiovisuales de filiación claramente opositores al Presidente y cercanos a los anteriores gobiernos kirchneristas?
Efecto Chocolate o fiesta de Olivos, la clave detrás del nuevo escándalo
El Gobierno está paralizado por el desconcierto. Nunca imaginó que las muchas luchas internas concluyeran en semejante tormenta de acusaciones, verdaderas o falsas. Quién lo sabe. Un ejemplo de ese aturdimiento fue la escena que protagonizó Martín Menem el lunes en el canal LN+. Se había comprometido a ser entrevistado por el periodista Luis Majul; Menem estuvo en el canal, pero se retiró sorpresivamente poco antes del reportaje. Majul atribuyó a una “estrategia oficial” la huida del más conocido de la nueva camada de los Menem. La verdad es que Martín Menem había estado en la mañana de ese día con el periodista Antonio Laje y dejó una pobre imagen cuando intentó defender a su primo y a la secretaria general de la Presidencia. Es probable que alguien importante del Gobierno le haya dicho al presidente de la Cámara de Diputados, poco antes de mostrarse en público con Majul, que era mejor que no defendiera más a los funcionarios cuestionados. La entrevista finalmente se realizó este martes por la noche.
Como suele ocurrir casi siempre, el único funcionario que exhibe eficacia para la defensa del Gobierno, aun en los casos más difíciles, es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; tal vez por eso, Milei acaba de calificarlo como “el mejor jefe de Gabinete de la historia”. Aunque Francos es el funcionario político más competente de su gobierno, la hipérbole nunca es suficiente en el estilo del jefe del Estado.
El periodismo profesional y la Justicia esperan todavía varias respuestas para asegurar con certeza que existen o existieron hechos de corrupción en la administración de Milei. Pero la economía y las encuestas no tienen tanta paciencia. Las acciones de empresas argentinas registraron una importante caída el lunes en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires. Y, lo que es más importante, el riesgo país aumentó hasta superar los 800 puntos básicos. La economía argentina, tanto el Gobierno como las empresas, necesitan que el riesgo país baje a menos de 400 puntos básicos para poder acceder a los mercados internacionales de crédito. Nada es casual.
Spagnuolo forma parte de una cuadrilla de amigos del Presidente sin experiencia en el manejo del Estado, verborrágicos, inoportunos y audaces. Es el precio que las sociedades pagan cuando eligen a los outsiders y es, al mismo tiempo, la consecuencia del fracaso de todo lo que pasó antes de que ellos llegaran. A su vez, la encuestadora Management & Fit dio a conocer una encuesta realizada sobre el exclusivo caso Spagnuolo. Los dos principales resultados se resumen en que la sociedad argentina tiene mayoritariamente una pésima opinión de lo que se conoció con el primer audio del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que también una mayoría social dice que no cambiará su voto en las elecciones legislativas. Este último dato es expresivo de que los argentinos, o mucho de ellos, le reconoce al gobierno de Milei que estabilizó la economía descarriada que dejaron el trípode Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa. La encuesta consigna de igual modo que más del 50 por ciento (el 56,1 para ser preciso) sostiene que el caso repercutirá en su nivel de confianza en la gestión del Gobierno. Cuidado. Superar la decepción social es más arduo que construir la confianza pública.
Fuentes inmejorables de la Justicia señalaron que el juez Casanello se apuró esta vez porque sintió que había sido engañado el año pasado, cuando cerró rápidamente un expediente sobre licitaciones de medicamentos en esa agencia estatal para asistir a discapacitados. En aquel expediente actuó también un fiscal sin cuestionamientos, Carlos Rívolo, quien acompañó la decisión del juez. Si bien se mira la historia reciente, la relación de los laboratorios farmacéuticos y las droguerías han sido siempre conflictivas, salvo mientras gestionó la salud pública, o tuvo influencia en ella, el exministro de Salud Ginés González García, que tenía excelentes vínculos con los fabricantes de medicamentos.
Inclusive el gobierno de Mauricio Macri, quien conocía personalmente a los dueños de varios laboratorios (era −o es− amigo personal de algunos) por su historia como empresario, tuvo una crisis importante con los dueños de esos laboratorios y con las droguerías. Fue cuando ordenó que el PAMI hiciera licitaciones internacionales para los medicamentos más caros o les colocara un precio máximo a todas las drogas, a los que se podían adherir los que quisieran. Se adhirieron todos. El precio de los medicamentos para una enfermedad llegó a bajar un 82 por ciento; el promedio general de la caída de los precios que compraba el PAMI fue de entre el 30 y el 40 por ciento.
El negocio de los medicamentos significa 10.000 millones de dólares anuales en el país, pero 4000 millones son comprados por el PAMI. Aquella decisión de Macri, que la instrumentó el entonces vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, significó un ahorro de 1000 millones de dólares. El Estado es el principal cliente de los laboratorios medicinales, nacionales o extranjeros radicados en el país, porque a las compras del PAMI deben sumársele las que hacen los hospitales públicos, la mayoría en poder de las provincias. En aquella discordia del expresidente con los laboratorios y droguerías, Macri les explicó a sus funcionarios: “En esta cuestión están el dinero y el honor. Ahorremos dinero, pero respetemos el honor de las personas y las empresas”. Por eso, se conoció poco y nada de aquella dura disputa. Las droguerías pasan más inadvertidas, pero son tan importantes como los laboratorios porque se encargan de la distribución, o de parte de ella, de la producción de los laboratorios. Una de esas droguerías, la Suizo Argentina, controlada por los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, es la que está siendo investigada ahora por el juez Casanello.
El escándalo y su estrépito lo sorprenden al Presidente cuando atraviesa momentos complicados de la economía. Corren los diez días hábiles, que comenzaron el jueves pasado, para que vete la ley de financiamiento universitario, que significa un aumento del presupuesto para las universidades de cuatro billones de pesos a casi ocho billones. Es mucho dinero. La aprobación de ese proyecto de ley tuvo los votos necesarios en las dos cámaras del Congreso como para suponer que podrían rechazar el seguro veto presidencial. Pero rechazar el veto es una votación distinta, como lo demostró el proyecto sobre el aumento de las jubilaciones, que no tuvo los votos necesarios para anular el veto presidencial. El veto del Presidente solo puede ser rechazado con los dos tercios de los votos de cada una de las cámaras parlamentarias. Se trata de una mayoría sumamente agravada. A la vez, Milei debió subir de nuevo los encajes bancarios para sacarle pesos a los bancos y secar la plaza de dinero efectivo. Los encajes son parte de los pesos que ahorran los argentinos y que quedan inmovilizados, teóricamente en resguardo de sus auténticos dueños; no pueden ser usados por las instituciones financieras. La decisión significó una nueva escalada en la discordia del Presidente con los bancos, pero el principal problema es que tal decisión provocará un mayor estancamiento de la economía. Es un momento en el que los últimos datos económicos registran datos negativos: caída de la actividad económica y aumento de la morosidad en el pago de préstamos y tarjetas de crédito.
La difusión de los audios, cuyo autor original es un fantasma, y los percances de la economía suceden cuando faltan solo diez días para las elecciones en la crucial provincia de Buenos Aires, y menos de dos meses para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Tanto el Presiente como Francos atribuyeron el escándalo de Spagnuolo a la inminencia electoral. Puede ser, pero la existencia política de Spagnuolo es una creación del mileísmo, no de la oposición. La única respuesta que vale la pena, a todo esto, es la que también busca el juez Casanello y consiste en saber si hubo −o si no hubo− corrupción con los medicamentos de los discapacitados. Hablar de las manos en el fuego es solo una metáfora.
presunto caso de corrupción,Efecto Chocolate o fiesta de Olivos, la clave detrás del nuevo escándalo,Joaquín Morales Solá,Karina Milei,Javier Milei,Discapacidad,Conforme a,,Fentanilo contaminado: el oficialismo busca trabar la creación de una comisión investigadora en Diputados,,Tras 16 años. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo,,Afiliaciones falsas. Allanan oficinas del PAMI de Chaco antes de indagar al apoderado de La Libertad Avanza en la provincia,Karina Milei,,Continúan los allanamientos. Caso de presuntas coimas: las últimas noticias de los audios del escándalo este martes 26 de agosto,,»¿Dónde está la plata?». Presuntas coimas: Paula Oliveto advirtió que los audios “son la prueba para empezar a buscar otro tipo de pruebas”,,»Cristina no me dice que haga una denuncia». Causa Audios: el abogado Gregorio Dalbon negó que se trate de una operación kirchnerista
POLITICA
Una convocatoria del sindicalismo K desafía al sector mayoritario de la CGT y hay indicios de ruptura
Cuando el diseño de la futura CGT parecía encaminado, este miércoles habrá una postal que grafica un escenario de ruptura: mientras el sector mayoritario de la central tiene previsto reunir al mediodía a unos 150 dirigentes en un asado de “camaradería” para poner en marcha la renovación de autoridades cegetistas, el 5 de noviembre próximo, el sindicalismo kirchnerista convocó a un encuentro a las 18 para diferenciarse y exigir que “se discuta un proyecto antes un recambio de nombres”.
Aunque aún nada esté cerrado, avanza un principio de acuerdo entre varios sectores internos de la CGT para mantener el esquema de triunvirato y suenan algunos nombres para integrarlo, pero hasta ahora no hubo contactos oficiales con los dirigentes kirchneristas como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (bancarios), entre otros, que mantienen una postura crítica ante estrategia cegetista actual.
Hasta ahora, va ganando consenso la propuesta del sector mayoritario de la CGT, que integran “los Gordos” (Sanidad y Comercio, hoy divididos), los independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias) y el moyanismo (Camioneros), a quienes hay que sumar al barrionuevismo (Gastronómicos, estaciones de servicio, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros) y a un grupo de aliados (como UDA, Judiciales y Alimentación).
En este bloque había diferencias acerca de si seguir con un triunvirato o volver al único titular de la CGT, pero en las últimas semanas se consolidó la idea de mantener el esquema de 3 cotitulares y circulan nombres como los de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Jorge Sola (seguro) y Maia Volcovinsky (judiciales), entre otros.
Los kirchneristas, en cambio, reclaman que se discuta un proyecto que sustente a la futura CGT antes de definir sus integrantes, con la intención de garantizar que haya una línea claramente opositora al gobierno de Javier Milei.
Incluso, esta fracción cuestiona duramente algunos de los sindicalistas propuestos por la actual cúpula de la CGT para el nuevo triunvirato. A uno de ellos, en los pasillos de la UOM lo descalifican al identificarlo como un “elegido de Paolo Rocca”, el presidente del Grupo Techint.
El escenario de virtual ruptura quedó a la vista cuando se resolvieron dos convocatorias distintas para este miércoles. Los líderes de la corriente mayoritaria de la CGT organizaron un asado con unos 150 dirigentes en el camping de SETIA, en Ezeiza, antes de aprobar el cronograma electoral de la central. Y Furlán llamó a un encuentro en la sede del PJ, Matheu 130, al que, aseguran, irán unos 15 jefes sindicales de la CGT y dirigentes de las regionales cegetistas para hablar de lo que sucede en el PJ bonaerense y, además, fijar una posición crítica de sus adversarios sindicales.
Se descuenta que a la comida en Ezeiza asistirán los principales líderes sindicales, como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), mientras que a la reunión del PJ concurrirán Furlán, Pignanelli, Palazzo, Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (personal legislativo). Pero será inevitable que al final del día se haga un recuento de los presentes en los dos eventos para ver “quién ganó” en cantidad de sindicalistas.
La idea de quienes rodean a Furlán es buscar apoyos para lanzar su candidatura como único titular de la CGT para el congreso del 5 de noviembre y para eso apuestan a quitarle legitimidad a los acuerdos a los que lleguen sus rivales para la composición futura de la central.
En el sector contrario, seguro de su predominio, afirman que no preocupa la ofensiva kirchnerista: “Si tienen el número suficiente, que se presente en una lista para ver quiénes lo van a votar”, dijo uno de sus referentes.
De todas formas, más allá del contrapunto de este miércoles, los kirchneristas tienen previsto ir a la reunión del Consejo Directivo de la CGT, este jueves, a las 15, para aprobar el cronograma electoral que finalizará en el congreso del 5 de noviembre en Parque Norte.
Antes, el 18 de septiembre, deliberará el Comité Central Confederal, máximo órgano resolutivo de la CGT, para hacer la convocatoria oficial al congreso en el que se renovarán las autoridades cegetistas hasta 2029.
¿Se verán finalmente las caras este jueves los dirigentes enfrentados en posturas tan extremas? Hay un incipiente aroma a fractura, aunque de uno y otro lado aseguran que en la nueva CGT finalmente estarán todos. Las próximas horas serán decisivas para medir la solidez o no de la unidad sindical, ese viejo objetivo que declama su dirigencia mientras hace gestos en sentido contrario.
POLITICA
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.
El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal.
Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del “Caso Badaro”, a todos los haberes de jubilados y pensionados.
El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años.
El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: “El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo”.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.
Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado.
“Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”, dijo la Corte.
Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso “Halabi” al Congreso de la Nación para que “se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos”.
Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.
Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.
Según señaló, “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y “por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca”.
También afirmó que los afectados era “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor”.
Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo – con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima.
En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional.
Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización.
El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad.
La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro.
Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional.
En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.
Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del “largo trámite” de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 (“Ley de Reparación Histórica”) “que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia”, dijeron.
Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite.
Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor.
“Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación — órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado”, dijeron Rosatti y Rosenkrantz.
Es más: señalaron que “si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante” para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo” por entender que no era el “carril adecuado” para encausar el planteo.
A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales).
“De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción”, señalaron Rosatti y Rosenkrantz.
Hernán Cappiello,Conforme a
Que significa dejar los platos sucios por varios días seguidos, según la psicología
Griselda Siciliani le habría dado la razón a Flor Vigna: lo que dijo
La batalla del «fast fashion»: Temu vs. Shein, en dónde te conviene comprar desde Argentina
Un laberinto sin salida a la vista
Una convocatoria del sindicalismo K desafía al sector mayoritario de la CGT y hay indicios de ruptura
A la Libertadores 2026 por tabla anual: una lucha entre 13
Chile organizó una colecta para que la familia del hincha que fue operado por fractura de cráneo pueda viajar a la Argentina
Confirmado: Susana Giménez vuelve con un programa de los más esperados
El fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza por el caso de los audios
