POLITICA
Murió el papa Francisco: Bergoglio y la Argentina, una relación compleja contaminada por la política
Porteño de pura cepa y testigo muy atento a las circunstancias políticas que vivió la Argentina desde la mitad del siglo XX, Jorge Bergoglio mantuvo durante su pontificado una relación compleja con el país que lo vio nacer y al que nunca regresó. Las mayores tensiones se presentaron en sus vínculos con el poder y sus agentes de turno, más que en el diálogo y la comunicación gestual con la enorme base de creyentes que adhirió a su sensibilidad pastoral.
Muchos de sus detractores, incluso, reconocen que el papa Francisco es quizás la figura más trascendente de la Argentina de este tiempo. Su llegada al trono de San Pedro marcó una bisagra, que dividió su vida en dos etapas bien diferenciadas y desiguales en extensión.
Hasta los 76 años, Bergoglio ejerció su ministerio e influencia en ámbitos de alcances más reducidos, como la Compañía de Jesús y, más tarde, la Iglesia porteña, al ser designado arzobispo de Buenos Aires en 1998, con la posterior proyección que le dio la presidencia del Episcopado, entre 2006 y 2011. En todo ese período, la política argentina lo consideró un actor secundario de la escena nacional, si bien cuando fue superior provincial de los jesuitas se arriesgó: albergó y protegió en el Colegio Máximo de San Miguel a perseguidos políticos de la dictadura militar y transportó él mismo a personas, a escondidas, mientras atravesaba puestos de control de la zona de Campo de Mayo.
Su elección como Papa el 13 de marzo de 2013 lo colocó en lo más alto del escenario internacional, lo que potenció su liderazgo, a la vez que generó reacciones adversas en algunos sectores por la impronta social que le imprimió a su pontificado.
Sin establecer parangones irreverentes, así como la Biblia dice que Jesús comenzó su vida pública a los 30 años y solo la ejerció en los últimos tres años de su vida, hasta los 33, cuando fue crucificado, para el universo contemporáneo la vida pública de Bergoglio se inició a partir de su elección como Papa, a los 76, y se desplegó ante los ojos del mundo en los últimos 12 años de su vida.
Puertas adentro de la Iglesia argentina, el pontificado de Francisco tuvo una influencia decisiva en la preeminencia de la dimensión pastoral, con la construcción de una iglesia más abierta, una presencia más intensa en el campo social y nuevos temas en la agenda de prioridades, como la atención de los excluidos, marginados y refugiados y el “cuidado del ambiente y la casa común”, un legado de la encíclica papal programática Laudato si. Llamó a vivir la alegría de la vida cristiana y a forjar una Iglesia más misionera, más cerca de los pobres. Revalorizó la economía y la política al concebidas al servicio de la persona humana.
En los nombramientos de obispos priorizó la designación de sacerdotes con experiencia pastoral e impronta social. Así lo demuestran los casos de los arzobispos de Córdoba, Ángel Rossi, de formación jesuita y proclamado cardenal en 2023; de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con experiencia en las villas y en la pastoral carcelaria; de Tucumán, Carlos Sánchez, párroco de La Merced, a una cuadra de la Catedral local; de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, también cardenal desde diciembre de 2024, y de La Plata, Gustavo Carrara, referente de los curas de villas y barrios populares. Hubo una renovación de estilos en el elenco episcopal.
Además, el papa Bergoglio se llevó a Roma para conducir el estratégico Dicasterio para la Doctrina de la Fe al arzobispo Víctor Manuel Fernández, teólogo de su más estrecha confianza y también designado cardenal, que por expresa indicación de Francisco viene llevando adelante una política que tiende a evitar medidas canónicas extremas, como los tradicionales castigos a sacerdotes y teólogos por errores doctrinales.
Conocedor nato del clero de su país, Francisco mantuvo un diálogo directo y personal con obispos y sacerdotes de las diócesis más remotas.
Si bien durante su adolescencia concurrió una vez con su hermano a una unidad básica del peronismo y ambos fueron saludados en persona por Eva Perón, Francisco negó haber tenido familiaridad ni simpatía por ese movimiento político. En el libro “El pastor”, publicado por los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin en 2023, el papa argentino declaró que nunca fue militante ni simpatizante del peronismo. “Pero, en la hipótesis de tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo?”, deslizó, a modo de definición.
En ese libro fustigó con dureza a los dirigentes sindicales que no pueden explicar sus enriquecimientos y reveló un intento de coima que le pidieron en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario de la zona de Flores.
En la etapa en que el kirchnerismo acumuló poder, a partir de 2003, Bergoglio era considerado “un enemigo” por Néstor Kirchner. Los cruces llevaron a que el Gobierno promoviera la celebración de los Tedeum del 25 de Mayo fuera de Buenos Aires, para evitar las homilías críticas del arzobispo. Cristina Kirchner, ya en su segundo mandato presidencial, saludó en marzo de 2013 la elección de un “papa latinoamericano”, sin mencionarlo por su nombre.
Fuertes tensiones se habían vivido, por ejemplo, en ocasión del debate por la ley del matrimonio igualitario, en julio de 2010, cuando el kirchnerismo respaldó una propuesta de organizaciones LGBT. Bergoglio era partidario de aceptar el reconocimiento de la unión civil. pero en el Episcopado prevaleció una postura de rechazo más confrontativa, que llevó a la Iglesia a una derrota. Ya elegido Papa, en un vuelo que lo llevaba desde Río de Janeiro a Roma, Francisco declaró: “Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?”, lo que marcó un quiebre en la posición de la Iglesia. Francisco distinguió entre la pastoral con las personas que presentan orientación sexual diversa y la ideología de género, a la que consideraba “peligrosa” porque entendía que “anula las diferencias”.
Francisco fue un líder inmanejable para la dirigencia política, a pesar de que muchos viajaron a Roma para fotografiarse junto a él. Los cuatro presidentes argentinos que coincidieron con su pontificado –Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- intentaron acercamientos, tuvieron fricciones y no lograron encauzar una relación armónica, en un con texto de fuerte crecimiento de la pobreza en la Argentina, que pasó del 27,4% al 52,9%, aunque las proyecciones para la próxima medición pronostican un descenso al 36,8 por ciento en el primer año del gobierno libertario.
La grieta profundizó las diferencias y frustró un viaje a la Argentina largamente esperado por los católicos y por el propio pontífice, como él mismo declaró en varias entrevistas. La posibilidad más firme fue a fines de 2017, cuando Francisco programó una visita a Chile, pero nuestro país no fue incluido en la agenda y eso acentuó la desilusión de muchos dentro y fuera de la Iglesia. Se dio, así, la paradoja de que se escucharan críticas en las propias filas católicas, mientras sectores habitualmente críticos de la Iglesia, especialmente por la actuación de los obispos durante la dictadura militar, celebraran los mensajes del Papa en materia social.
El kirchnerismo abrazó los mensajes pastorales y la preocupación constante del Papa por los marginados y vulnerables, pero no logró que el pontífice recibiera a Cristina Kirchner en su condición de cabeza de la oposición o de vicepresidenta.
Durante su mandato presidencial, la viuda de Kirchner había sobreactuado su acercamiento, con tres visitas al Papa en Roma –una de ellas con una ruidosa delegación de La Cámpora- y otros tres encuentros “casuales” en los viajes que Francisco realizó a Brasil (2013) –donde forzaron un saludo y una foto con el candidato Martín Insaurralde-, Cuba (2014) y Paraguay (2015).
La relación con Alberto Fernández –facilitada inicialmente por dirigentes como Gustavo Beliz y Martín Guzmán- comenzó con una auspiciosa visita del Presidente al Vaticano en enero de 2020, pero ingresó en el freezer luego de la pandemia y de la sanción de la ley del aborto. Molestó especialmente a Francisco y a los obispos argentinos que el debate se llevara adelante en medio de la emergencia sanitaria. Además, el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía enfrió más la relación con el Vaticano.
No fue inocente, durante la gestión de Massa, el comentario de Francisco sobre la inflación en la entrevista con AP, cuando declaró que la Argentina enfrentaba “un nivel de inflación impresionante”, en torno del 52%, cuando en 1955 el año en que Bergoglio terminaba el secundario- llegaba apenas al 5 por ciento.
Fue cercano, en cambio, el vínculo con el dirigente social Juan Grabois, a quien le reservó un lugar en los encuentros con dirigentes de movimientos populares, donde predicó el desafío de las tres T:: techo, tierra y trabajo, una guía para las organizaciones sociales. En la última convocatoria, en septiembre de 2024, Francisco criticó al gobierno de Milei por el uso de gas pimienta en una manifestación.
El vínculo con Macri, cuando era presidente, también quedó signado por la frialdad. Fue una relación distante, como la que ambos habían tenido en Buenos Aires, cuando el líder de Pro era jefe de gobierno de la ciudad y Bergoglio era arzobispo. En julio de 2016, Francisco ordenó a la fundación pontificia Scholas Ocurrentes que rechazara una donación de $16 millones del gobierno de Macri. Priorizó que la Iglesia mantuviera la independencia y la prudente distancia del poder.
De todos modos, existían contactos aceitados con funcionarios y dirigentes de Pro, como María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Jorge Triaca, entre otros.
Los distanciamientos caracterizaron la relación con el gobierno de Javier Milei, a pesar de que el Papa recibió en el Vaticano al líder libertario, quien en años anteriores le había dedicado fuertes exabruptos. La verborragia de Milei generó la reacción de sacerdotes de villas y barrios populares, que durante la campaña electoral de 2023 oficiaron una misa en desagravio por los insultos al Papa. Los mensajes de Francisco apuntaron siempre a promover la cultura del encuentro y superar las divisiones y el conflicto.
Días antes de compartir el último encuentro con Grabois, Francisco recibió en la residencia de Santa Marta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, semanas después de que la Iglesia denunciara la falta de distribución de alimentos en comedores comunitarios.
POLITICA
Una encuesta arrojó que más del 70% de los consultados está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad
En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.
La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.
El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.
El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.
En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.
La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.
Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.
En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.
El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.
Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.
Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.
Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.
Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.
Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Encuesta
El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.
El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”
“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.
En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.
Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.
A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.
El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.
El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
Mesa Política
POLITICA
Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros
El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.
El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.
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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
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