Los resultados de las elecciones nacionales del próximo domingo plasmarán cuánta es la cantidad de bancas que sumará La Libertad Avanza en el Senado, un ámbito en el que sufren una hiperminoría más pronunciada que en Diputados y que es determinante para la aprobación de las reformas estructurales que Javier Milei busca impulsar para el próximo año legislativo.

La Libertad Avanza no pone en juego ninguna banca porque las siete que ostenta actualmente fueron obtenidas en los comicios de 2023, por lo que será todo ganancia para ellos. Este año se eligen senadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

Sobre esa base, la Casa Rosada tiene un escenario estándar en el que podrían ganar ocho senadores nacionales más de los que tienen (2 por CABA y Entre Ríos y 1 por Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego), pudiendo tener cerca diez o más en un escenario optimista en donde crezca la expectativa por el voto libertario. “Preferimos pecar de reservados que de optimistas”, marcó un importante asesor a Infobae.

El panorama más seguro de todos los mencionados es que La Libertad Avanza gane dos senadores en la Capital Federal. Los postulantes de la lista son la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el economista Agustín Monteverde. La funcionaria fue la máxima apuesta de la Casa Rosada para estos comicios, debiendo abandonar su visible puesto en la gestión nacional para pasar al plano legislativo.

Este “sacrificio político” le habría valido la garantía de que, de mínima, presidirá el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. También es la que tiene más chances de pasar a ser Presidente Provisional del Senado, la segunda en la línea sucesoria presidencial.

Los asesores violetas coinciden en que no hay fundamentos para pensar que la lista de Bullrich salga segunda en esa categoría, ya que su imagen es alta en la Ciudad y está acompañada por el oficialismo distrital. No sucede lo mismo en Chaco, donde La Libertad Avanza se alió al gobernador Leandro Zdero para competir contra el peronismo que comanda el exmandatario provincial Jorge Capitanich, quien compite en la boleta a senador.

El tándem libertario compuesto por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider habría comenzado la campaña con el primer puesto, pero ese desempeño habría mermado en las últimas semanas. Aun así, en Rosada destacan que es un escenario cerrado y que podría pasar cualquier cosa, pero que las semanas de crisis recientes y que el loable desempeño de Capitanich podrían hacer probable que LLA salga segundo.

La alianza entre libertarios y el gobernador Rogelio Frigerio sería otro de los lugares donde podrían ganar en la categoría a senadores. En la provincia marcan que el espacio que tiene como candidatos a Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida está entre “5 y 9 puntos arriba”. “Está creciendo Gaillard del peronismo y eso le pone techo a la lista de Bahl y Michel”, remarca una fuente al tanto del escenario provincial.

La provincia de Neuquén es otro de los escenarios donde los libertarios tienen reservas. Consideran que el escenario base es conseguir una banca y que uno realmente optimista sería performar en primer lugar y conseguir dos. La lista la componen los diputados nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi. En el entorno de ambos marcan que podría jugar a su favor la polarización entre LLA y el kirchnerismo, afectando al desempeño de las terceras fuerzas como la del gobernador Rolando Figueroa, que tiene una buena relación con Milei y en particular con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

El neuquino es uno de los mandatarios con los que LLA busca construir gobernabilidad de cara a la segunda parte del mandato de Milei. Lo mismo sucede con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, con quien compiten en la categoría a senador con los libertarios Lorena Villaverde y Enzo Fullone.

Este es uno de los casos más particulares de estos comicios. Villaverde atraviesa por estas semanas una intensa acusación mediática por un caso de tráfico de drogas, la cual se contextualiza en el caso del diputado libertario José Luis Espert, que debió retirar su candidatura este mismo mes. En el entorno de la candidata marcan que siguen con buenas mediciones por el desgaste de Juntos Somos Río Negro (la marca del oficialismo provincial). En tanto, en Balcarce 50 establecen que el escenario de base es un tercer lugar y uno optimista sería lograr una banca.

El actual bloque de La Libertad Avanza está compuesto por siete legisladores y tiene como titular al jujeño Ezequiel Atauche. El vínculo entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado, Victoria Villarruel, está roto, lo que ha incentivado a los armadores nacionales a sacrificar a figuras técnicas y de relevancia en Diputados para asistir al cuerpo de la cámara alta.

En Salta parecen haber bajado las expectativas sobre un eventual triunfo de la candidata a senadora Emilia Orozco, quien tiene una buena llegada a nivel provincial y aspira a la gobernación en los próximos dos años. Se espera que ella acceda a una banca, pero en Buenos Aires creen improbable que su compañero de terna Gonzalo Guzmán pueda hacerlo. La candidata del gobernador Gustavo Sáenz, la exsecretaria de Minería de Milei, Flavia Royón, ha crecido en las mediciones en las últimas semanas.

Santiago del Estero es de las provincias en donde hay menos expectativas de poder lograr una banca. “Sería un batacazo si logramos ser segunda fuerza”, marca un asesor libertario. La cabeza de lista libertaria es Tomás Figueroa, que compite contra el gobernador Gerardo Zamora, que se postuló como primer candidato a senador y ya se sabe que ganará los comicios. El espacio aliado Frente Fuerza Patria Peronista le hace de compañía al oficialismo y eso le podría dar a Zamora el control de los tres senadores.

En Tierra del Fuego el escenario parece haberse decantado hace meses. Los mismos responsables del armado provincial libertario marcan que la lista del gobernador Gustavo Melella saldrá primera y que la lista violeta presidida por el legislador Agustín Coto no corre peligro de perder el segundo puesto.

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El Gobierno nacional reactivó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en distintas provincias, luego de un fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el beneficio a todos los titulares afectados.

La decisión fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 13.653, publicada en el Boletín Oficial, en la que el organismo confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16.986 c/Cautelar”.

El texto oficial dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.

La resolución instruye, además, a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para que se reactiven los pagos y se regularicen los haberes retenidos durante los meses que duró la suspensión.

El fallo del tribunal federal catamarqueño reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron a miles de beneficiarios en todo el país. Por ese motivo, ordenó restituir las pensiones y frenar cualquier tipo de auditoría o revisión hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.

Según la decisión judicial, el objetivo es garantizar la protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad y evitar que se interrumpa el cobro de un ingreso que resulta vital para su subsistencia.

El trasfondo del conflicto

En los últimos meses, diferentes organizaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo habían denunciado suspensiones masivas de pensiones sin previo aviso ni evaluación técnica adecuada.

La resolución también busca evitar que se repitan prácticas administrativas que vulneren los derechos reconocidos por la Ley 22.431 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.

El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.

El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.

Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

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