El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques continúa dándole forma a la cartera que conduce y este viernes por la madrugada firmó dos decretos que fueron publicados en Boletín Oficial, en donde designa a un nuevo titular para la Oficina Anticorrupción.

El nombramiento se formalizó mediante el decreto 194/2026, en donde además el funcionario aceptó la renuncia de quien fuera el titular del organismo, Alejandro Melik. El abogado había sido designado en diciembre de 2023 y su dimisión quedó formalmente aceptada con fecha 13 de marzo.

Tenía un vínculo muy cercano con el ex titular de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y había ejercido como secretario penal. En el texto le agradecen “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

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En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de al politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

Además, tiene a su cargo la atención, asesoramiento y acompañamiento de víctimas de delitos, tarea que se canaliza a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos e interviene en el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

La subsecretaría también impulsa políticas de atención, asesoramiento, acompañamiento y contención psicosocial para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y abuso sexual infantil, mediante el Programa las Víctimas contra las Violencias. Y, entre otras cosas, fomenta el acceso a la información, la promoción y la formación en derechos, y coordina acciones específicas para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.

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El peronismo afronta el comienzo de una nueva discusión interna de cara a las elecciones del año que viene. Pero esta vez no hay conflictividad incesante en el medio. Al menos, por ahora. Frente a la decisión del gobierno nacional de eliminar las PASO -aunque aún no hay un proyecto de ley en el Congreso-, dentro de la principal fuerza de la oposición existen distintas miradas sobre la continuidad o no de las elecciones primarias.

El año pasado hubo un consenso mayoritario en el Congreso para suspender las PASO. Pero este año, con el recambio de las cámaras y las necesidades políticas y electorales de cada gobernador, puede haber un ajuste en las posiciones parlamentarias. Lo cierto es que la Casa Rosada tiene la decisión de avanzar con su eliminación mientras que una parte importante de la oposición las quiere conservar.

Todavía no hay un poroteo tan fino frente a una posible votación. Por eso el primer paso que debe dar el peronismo es alinear internamente su postura y saber hasta dónde tiene capacidad de generar acuerdos por fuera del bloque justicialista.

“Si hay que ir a una PASO, vamos. Si se llega a una amplitud que pueda ganar en primera vuelta, vamos. No hay problema”, aseguró un funcionario de primera línea del gobierno bonaerense que trabaja en el armado político de Axel Kicillof. En La Plata no ponen trabas para participar de una eventual primaria, pero creen que la verdadera extensión en la representación la pueden lograr si esa disputa es contra un representante de otro sector de la oposición.

Una de las hipótesis que trazan en la gobernación tiene que ver con formar parte de una PASO y que el rival directo, bajo el techo de una misma coalición, sea un representante de Provincias Unidas, donde se nuclea una parte importante de la oposición que no tiene vinculación con Unión por la Patria.

Para Kicillof las PASO no son un problema. Así como el año pasado presentó un proyecto para suspenderlas en la provincia, no pondrá trabas en la discusión que se dé dentro del peronismo para unificar una postura, teniendo en cuenta que el gobierno de Javier Milei tiene en su hoja de ruta eliminarlas antes de que culmine este año.

“Hay que ampliar porque sino no llegamos. Discutir entre peronistas no amplía. En definitiva, somos los mismos que estuvimos juntos en el 2023 y en el 2019″, reflexionó un dirigente bonaerense de estrecha relación con el Gobernador. En el kicillofismo advierten que antes de pensar en una eventual PASO, lo que hay que hacer es romper las fronteras del armado político que tuvo el peronismo en las últimas dos elecciones ejecutivas, porque sino no tendrán potencial para competir en un mano a mano con Milei.

Kicillof cree que una gran interna opositora sería con candidatos que representen otras fuerzas que no sean el peronismo. Sino es una interna partidaria abierta, tal como planteó el senador sanjuanino Sergio Uñac. De todas formas, el Gobernador no tiene reparos en competir, sino logra ser un candidato de consenso que aglutine a la mayor parte del frente opositor.

Un puñado de días atrás, el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que el gobernador bonaerense “es el compañero más preparado para gobernar el país”, en lo que fue una clara señal de apoyo al principal precandidato a presidente que tiene el peronismo.

El “Gitano” también dio una postura sobre unas eventuales PASO. Aseguró que el peronismo debe definir a través de los votos sus candidaturas, ya sea con elecciones primarias o con una interna partidaria. Consideró que en una eventual PASO se pueden presentar candidatos bajo el lema partidario o el lema de una coalición que contenga a otros sectores de la oposición. “Queda el mejor y el resto nos encolumnamos tras el mejor”, sostuvo.

Quintela está dentro de un grupo de gobernadores de la oposición que bancan la continuidad de las PASO. Ahí también están incluidos Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En una sintonía diferente está Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Melella (Salta), que están a favor de la eliminación de las primarias. El salteño no es parte de Unión por la Patria, pero en su partido provincial contiene a una parte importante del peronismo salteño.

El tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil no se expresaron sobre el tema aún, pero ambos tienen posturas históricas vinculadas a la eliminación de las PASO. Por el gasto, por el desgaste de la gente o por su utilidad, nunca han defendido las primarias a rajatabla. Ambos, como ha pasado en los primeros dos años de gestión libertaria, juegan tácticamente cerca del Presidente.

Sergio Massa, en tanto, mantiene una postura intermedia. Está de acuerdo con que haya Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligatoriedad. Entiende que las PASO no siempre sirven para dirimir diferencias internas, pero advierte que es una de las opciones que hoy tiene el frente opositor para ordenar la propuesta electoral.

El espacio que concentra a legisladores del interior, y que tiene en primera plana a Miguel Pichetto, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, empuja con absoluta decisión la idea de pelear para que haya PASO en todo el país. Están convencidos que es la principal herramienta para poder aglutinar a varios sectores de la oposición, ordenar las candidaturas y legitimar el proceso político.

El esquema que conduce Juan Grabois apoya la continuidad de las PASO, al igual que La Cámpora, que históricamente respaldó el formato electoral que comenzó durante la gestión de Cristina Kirchner. Incluso, el año pasado, los diputados camporistas votaron en contra de la suspensión de las primarias, marcando una continuidad en su postura respecto a esa herramienta electoral.

Algunos días atrás Uñac presentó una carta al PJ Nacional para que el peronismo tenga una interna partidaria abierta y que esa elección sea antes de que culmine el año. La propuesta está trazada sobre la hipótesis de que el gobierno nacional va a reunir las voluntades suficientes para poder voltear las PASO en el corto plazo.

El peronismo tiene distintas miradas respecto a qué hacer con las elecciones primarias. Así como también existen en Provincias Unidas, un bloque legislativo importante para definir el futuro de la iniciativa libertaria en el Congreso. El PJ debe unificar una postura para resolver el mecanismo que tendrá la coalición que intentan conformar. En definitiva, esa también será una herramienta para asegurarse apoyos de otros sectores de la oposición de cara a las elecciones del 2027.

El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.

El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.

Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.

La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.

Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.

La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.

En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.

Qué pasará con los planteos argentinos

El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.

Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()

“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.

La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.

Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.

Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.

Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos

En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.

El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.

Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.

Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.

Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.

Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.