POLITICA
Murió Miguel Ángel Espeche Gil, un jurista y diplomático de alto nivel que creó una doctrina
A los 93 años falleció en Buenos Aires Miguel Ángel Espeche Gil, jurista destacado que sirvió al país como un diplomático de alto nivel y obtuvo prestigio internacional por su postura sobre la deuda externa, que fue llamada “Doctrina Espeche”. Cuestionó en ella cómo a partir de la suba de la tasa de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1980 los acreedores incrementaron fuertemente los intereses de las deudas de distintos países en desarrollo.
Su tesis sobre la ilicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa llamó la atención en los medios académicos y originó cinco nominaciones y dos candidaturas al Premio Nobel de la Paz, en 2002 y 2018.Había presentado esa ponencia en 1989 en el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional.
Su versación en el derecho internacional público, su rectitud profesional y exquisito trato personal, su honesta conducta cívica, le valieron el aprecio y reconocimiento general, y no pocas distinciones y condecoraciones de otros países. A lo largo de su carrera diplomática estuvo al frente de las embajadas de nuestro país en Hungría, Bulgaria, Tailandia, Suiza y Liechtenstein.
De tronco radical, Espeche Gil fue presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano y vicepresidente del Instituto Marcelo T. de Alvear. De acendrada convicción católica, presidió la Sociedad Chestertoniana Argentina, que desde nuestro país promovió que se iniciara el proceso de beatificación del insigne escritor inglés, aunque la autoridad eclesiástica correspondiente lo pospuso hasta un mayor estudio.
Vástago de una antigua familia argentina, descendía de uno de los fundadores de San Fernando del Valle de Catamarca. Nació en La Plata, en la casa de su abuelo, el capitán expedicionario al desierto Vicente Espeche Monzón.
Cursó el primario en el colegio Monseñor Rasore y en el Colegio Nacional de La Plata hizo el secundario hasta cuarto año. Se recibió de bachiller en Ciencias y Letras, con medalla de honor, en el Colegio Santo Inacio de Río de Janeiro, donde su padre se desempeñaba como consejero de la embajada argentina.
Vuelto al país, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó de abogado en 1955. En 1958 ingresó por concurso como agregado y vicecónsul en el Servicio Exterior de la Nación, siendo destacado al año siguiente a la embajada argentina en Río de Janeiro, donde obtuvo en 1965 el doctorado en Derecho con nota summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad. Sumó luego doctorados en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1972, y en la Universidad de la República, de Montevideo, en 1975, donde además se doctoró en 1976 en Diplomacia y Relaciones Internacionales.
Con las lógicas interrupciones por su carrera diplomática, entre 1965 y 2015 fue un relevanteprofesor de Derecho Internacional Público en la UBA y la Universidad del Salvador. Entre 1997 y 2000 dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la subsede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta. A partir de 2006 fue coordinador en la Facultad de Derecho de la UBA de la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa. Solía decir que la diplomacia era su profesión y que el Derecho era su hobby preferido.
En la esfera diplomática tuvo una rica trayectoria en funciones de gran responsabilidad, que sería muy largo detallar. Entre otras misiones, en la Cancillería fue director de los departamentos de América del Norte y de Europa Oriental. Entre 1965 y 1967, el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo designó integrante del Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro. Volvió a ocupar esa posición, casi 30 años después, entre 1992 y 1996, esta vez propuesto por la asamblea general de la OEA.
Se retiró del servicio exterior en 2002. Fue un ciudadano responsable, atento a los asuntos públicos, movido por un hondo patriotismo. Integró el Instituto Moreniano, presidió la Fundación San Martín del Instituto Nacional Sanmartiniano y brindó su aporte y consejo a múltiples iniciativas.
Luego de la crisis de 2001 se acercó a Elisa Carrió, quien lo designó coordinador de los equipos internacionales de su agrupación. Presidió el Tribunal de Ética de la Coalición Cívica ARI y fue precandidato a senador en 2007 y candidato a diputado en más de una oportunidad.
En 2007 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2011, de La Plata, su ciudad natal. Fue asesor del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano para los aspectos jurídicos de la deuda externa.
Era un hombre de singular bonhomía, hospitalario, dispuesto a escuchar y a compartir su experiencia en amable conversación. Recordaba que su abuela materna iba a misa en La Plata todos los días, levantándose a las 5.30 de la mañana, y él perseveró toda la vida en profesar con coherencia la fe católica.
Casado con María Elena Maschwitz Capriles, fallecida en 2012, tuvo seis hijos, catorce nietos y ocho bisnietos. No hace tanto alquiló un micro para reunir a muchos de esos descendientes y llevarlos a que conocieran en La Plata los lugares de su infancia familiar. Estaba casado en segundas nupcias con Raquel Sienra de la Bandera, uruguaya, que le sobrevive.
Había nacido en La Plata el 16 de marzo de 1932. El sepelio se efectuó en el cementerio británico en Pablo Nogués, donde ante su féretro, envuelto en la bandera argentina, un sacerdote rezó un responso y varios de sus descendientes lo despidieron en breves palabras con un gran cariño.
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Cuadernos de la coima, cristina kirchner, Justicia
POLITICA
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.
intervención del puerto de Ushuaia,January 28, 2026,fueron intervenidas,#PuertoDeUshuaia,pic.twitter.com/8FL0AAj7qD,January 22, 2026,Abigail Contreiras Martínez,Ushuaia,Gustavo Melella,Conforme a,Ushuaia,,Tierra del Fuego. Un puerto intervenido, protestas y empleo en recesión en una provincia dominada por la grieta entre el peronismo y Milei,,»Es un atropello». Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia,,Denunciante y empoderado. Quién es el sindicalista que el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia
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