Alejandra Monteoliva acaba de ser nombrada por el Gobierno como ministra de Seguridad de la Nación en lugar de Patricia Bullrich, que el próximo 10 de diciembre asumirá su banca en el Senado. La designación fue comunicada por la Oficina del Presidente, que describió a la flamante funcionaria como una figura central en la construcción de la llamada “Doctrina Bullrich”.

¿Pero quién es la nueva titular de la cartera de Seguridad? En principio, Monteoliva, de 55 años, es una mujer dedicada a esa temática desde hace 30 años, de acuerdo a la información oficial a la que accedió .

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, provincia en donde nació, la recientemente nombrada funcionaria obtuvo además una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes de Colombia, país en el que vivió 19 años y en que trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.

Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad en Colombia y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.

En los años 2012 y 2013 fue funcionaria del gobierno Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego, llegó el salto a la gestión nacional. Monteoliva se desempeñó como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Bullrich desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidad para el Programa Mundial de Alimentos. Antes de ser nombrada nueva ministra de Seguridad nacional, desde junio del año pasado Monteoliva era la secretaria de Seguridad Nacional de la cartera que tenía como titular a Bullrich.

Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentaron una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero, y otros ilícitos precedentes, por parte de Luciano Nicolás Pantano (monotributista, categoría G) y Ana Lucía Conte (jubilada), quienes podrían ser testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Pantano y Conte serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados. “La mencionada dirección correspondería, según surge de la información recabada, a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto de la presentación.

Y añade: “Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica. Para arribar a esa conclusión es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quién sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino”. Los dirigentes de la CC sospechan que ese predio podría ser de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Uno de los vínculos que tiene Pantano con la AFA es que es el titular de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. Además, es dirigente del Club Almirante Brown, de la Primera B Nacional.

“La maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito. Los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de l a persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, denuncian los dirigentes de la CC, que presentaron un tuit de Carlos Tevez como prueba de que la propiedad podría estar vinculada a Toviggino.