POLITICA
Neuquén: el gobierno provincial no aportó personal policial e impidió la ejecución de un desalojo mapuche con sentencia firme
El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.
A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.
Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.
La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.
El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.
El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.
Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.
El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.
María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.
La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.
Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.
La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.
“Papelón histórico”
La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.
Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.
“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.
Otros casos
No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.
Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.
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POLITICA
El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.
Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.
Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.
En la Casa Rosada cayó particularmente mal que tanto Fernández y Morán ponderaran el argumento que habían utilizado los jueces de primera instancia acerca de que un gasto de 0,23% del PBI no es un impacto significativo. “Ahora se ve que la Justicia se dedica a decir cuánto es mucho y cuánto es poco”, se quejaba esta mañana una fuente que participa de las reuniones de Gabinete.
Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.
Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.
Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023″, informan.
Por el otro lado, el Gobierno alega a que los fondos disponibles durante los últimos años eran suficientes y que eran las mismas casas de estudios las que debían optimizar sus gastos. En el oficialismo habían anunciado propuestas de auditorías sobre las Universidades Nacionales a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero hasta diciembre del año pasado, la cúpula del organismo permanecía prácticamente acéfala. Es que, de los siete auditores generales que deben conformar el cuerpo principal del organismo, solo hay uno con mandato vigente. Se trata de Juan Manuel Olmos, su presidente.
La decisión judicial ratificada por la Cámara impone la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que estipulan la actualización salarial de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la fecha de sanción, en septiembre de 2025. También dispone que se repongan todos los programas de becas para estudiantes universitarios. El fallo descarta que la aplicación de la ley pueda afectar los fondos públicos de modo relevante. En palabras de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el impacto fiscal de la cautelar “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”, enfatizando que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.
La controversia judicial comenzó cuando el juez federal Enrique Cormick -a instancias de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas- ordenó que se aplique la ley y calificó de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” al Decreto 759/2025. Este decreto, firmado por el Ejecutivo, había suspendido la ejecución de la norma argumentando que primero debían determinarse fuentes de financiamiento específicas, lo que según el Estado correspondía al ámbito exclusivo del Congreso.
El Poder Ejecutivo calificó en reiteradas ocasiones de “arbitraria” la decisión judicial y sostuvo que no podía aplicar la ley sin definir previamente las partidas presupuestarias y sus fuentes de financiamiento, advirtiendo supuestos riesgos sobre el equilibrio fiscal. Para la Cámara, estos planteos resultan “poco serios”. El tribunal enfatizó que la previsión legal ya era imperativa y que las cautelares ordenadas no pueden considerarse sentencias definitivas encubiertas.
POLITICA
$LIBRA: Novelli tuvo un ida y vuelta frenético con un banco de Miami el día que se reunió con Milei y Davis en la Rosada
Antes, durante y después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis en la Casa Rosada, y mientras el estadounidense transfería millones de dólares a cuentas por determinar, el lobista Mauricio Novelli mantuvo un ida y vuelta permanente con un banco de Estados Unidos. Acumuló llamadas entrantes y salientes, ingresos al homebanking y revisión de los estados y balances de cuenta, según reconstruyó en base al material que expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) recuperaron del teléfono celular del lobista y “abrepuertas” del poder.
El ida y vuelta con el International Finance Bank (IFB), con sede en Miami, ocurrió el jueves 30 de enero de 2025, al mismo tiempo que billeteras virtuales vinculadas a Davis transfirieron millones de dólares, y Novelli consultó precios para comprar autos de alta gama y relojes de lujo, lotes en countries y departamentos en Olivos, y a la noche le anunció a un contacto que había cerrado un “deal tremendo”.
El puntapié inicial se registró a las 9:39, cuando su hermana, María Pía Novelli, le envió un formulario por WhatsApp para ordenarle al IFB que le girara US$26.000 a la Argentina, según consta en el documento fechado el día previo, en el que se consignó que los fondos serían destinados a fondear una cuenta bancaria propia (“Funding Account”).
Para Novelli no era un jueves cualquiera. A las 11.47, Davis cruzó Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y Novelli pidió turno al “Luigi Barber Shop” para acicalarse, a la que llegó demorado. Entre otros motivos, porque tuvo que interactuar con alguien o un website ubicado en las islas Caimán. Pero sí llegó a tiempo para la cita más importante del día. A las 13.51, las antenas lo ubicaron en la zona de la Casa Rosada. Y a las 13.56 ingresó a la Casa Rosada con el estadounidense y con su socio Manuel Terrones Godoy, autorizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos y salidas del palacio presidencial que obtuvo .
Cuatro minutos después, a las 14, desde una billetera vinculada a Davis se transfirieron US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken, un exchange de criptomonedas que permite convertir activos digitales en dinero fiduciario. Y dos minutos después, a las 14.02, comenzó la reunión con el Presidente.
Mientras conversaban con Milei y Davis en el despacho presidencial, sin embargo, Novelli recibió una llamada del número +1-305-648-8800. Pertenece al International Finance Bank, pero no atendió. Se concentró en la reunión, en la que el jefe de Estado se sacó una “selfie” con el CEO de Kelsier Ventures.
No está claro, por el contrario, si Novelli todavía estaba reunido con el Presidente cuando, minutos después, sí respondió por WhatsApp una consulta de un agente inmobiliario. Le comunicó que sí, que estaba interesado en visitar un departamento de 140 metros cuadrados que estaba a la venta en el Puerto de Olivos. “Veámoslo”, le respondió. Cinco minutos después, a las 14.31, salió de la Casa Rosada con Davis y Terrones Godoy.
Del material analizado por no surge qué ocurrió con Davis tras salir del palacio presidencial. Pero sí consta que María Pía Novelli le preguntó a su hermano, a las 15.11, “cómo viene eso”, pero el “trader” no le respondió. Recién a las 16:39, Novelli le contestó a una agente inmobiliaria que le interesaba ver una propiedad. Y ocho minutos después le devolvió la llamada al International Finance Bank. Mantuvo una conversación que se extendió durante 4 minutos y 37 segundos. Al colgar, entró al homebanking para clientes minoristas del IFB. Y en los minutos siguientes también consultó la sección de banca personal del sitio oficial y revisó sus resúmenes electrónicos de cuenta.
Según surge de la documentación que los expertos informáticos de la Datip recuperaron de su teléfono móvil, Novelli era cliente del International Finance Bank desde al menos 2022. Operaba una cuenta corriente (checking) bajo el segmento de “Preferred Banking”, con códigos SWIFT IFBKUS3M y ABA 067011692, y tenía a la señorita Mariana Camacho como oficial de cuenta. El banco además le emitió cartas de referencia en las que certificaba que el “trader” había manejado sus asuntos con la entidad de manera “muy satisfactoria”.
Para Novelli, el International Finance Bank le daba prestaciones beneficiosas en tiempos del “cepo” cambiario que rigió en la Argentina durante años. Según consta en mensajes con su hermana, el banco le daba la opción de retirar dinero de la plataforma Earn2Trade y usar una tarjeta internacional para retirar efectivo.
Recién a las 17.28 de ese jueves, en tanto, es posible encontrar nuevos rastros de Davis en Buenos Aires. Él o alguno de sus colaboradores transfirió más dinero. Giró US$3,4 millones a distintas billeteras virtuales. Es decir, 23 minutos antes de que Milei posteara a las 17:51 en su cuenta oficial de X la “selfie” que se había sacado con el estadounidense en el despacho presidencial y afirmara que lo estaba “asesorando” en temas de blockchain.
El ida y vuelta de Novelli con el banco registró entonces otro episodio. Diez minutos después del posteo presidencial, a las 18:01, desde el IFB volvieron a llamar a Novelli. Esta vez la comunicación duró 12 minutos y 17 segundos y fue Novelli quien dio por terminada la llamada, según los metadatos del teléfono, para luego abocarse a cerrar la visita a un inmueble que quería comprar y a conseguir un Rolex Daytona. Pero se topó con dos obstáculos: los dueños de la propiedad se iban de vacaciones y recién podría ver el inmueble el 17 de febrero y en la joyería le informaron que ese modelo solo se vendía con factura. “Los otros dos los compré con factura. Pasa que ahora estoy complicado con el blanco”, argumentó el lobista en un audio.
A las 18.48, en tanto, Davis le escribió por WhatsApp a un amigo disculpándose por la demora en responder. “Estuve ocupado”, le explicó en inglés, de acuerdo a mensajes obrantes en la demanda colectiva -“class action”- que tramita en Nueva York. Y a las 19.19, ante una consulta de su interlocutor, Davis replicó con una ironía: “Las cosas malas suenan bien cuando las dice Manu”, en aparente alusión a Terrones Godoy.
Novelli también se mostró exultante en sus mensajes, tanto con su hermana como con terceros. Y a las 23:12, tras revisar sus estados de cuenta en el IFB, Novelli le escribió a un contacto que había cerrado un “deal tremendo” y que quería celebrarlo. Intentó reservar en el boliche Afrika del barrio de Recoleta, pero estaba cerrado. Terminó reservando mesa para cuatro personas en el restaurante Roldán, en los bosques de Palermo.
Al día siguiente, la Justicia verificó que Novelli recibió al menos dos transferencias en criptomonedas —una por USDT 657.500 y otra por USDT 37.500—. Y el “abrepuertas” del poder ya pensaba en su seguridad personal. Le consultó a un contacto de nombre Ezequiel cuánto costaba blindar una camioneta Toyota SW4 o un Peugeot. “Yo quiero blindarlo completo”, le dijo. “Que no me pase nada”.
teléfono celular,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,Escándalo cripto,,»Me voy a ocupar yo». Los audios que revelan cómo Novelli se encargó en persona de los pagos en efectivo a Javier Milei,,$LIBRA. Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que involucró a Milei,,Caso $LIBRA. Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei
La diputada libertaria Lilia Lemoine quedó al frente de la Comisión de Juicio Político en Diputados. La acompañarán el peronista de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Snopek en la vicepresidencia y los oficialistas Sebastián Pareja y Nicolás Emma como secretarios. El resto de los cargos en la mesa de conducción quedó en manos de UxP y otras fuerzas políticas.
“Asumo sin ninguna expectativa la presidencia de esta comisión”, le dijo Lemoine a TN. Y apuntó contra la oposición: “Del otro lado hay gente con fuertes deseos destituyentes que usa elementos del Estado de forma incorrecta desde 2024. Vienen amenazando con sacar al presidente Javier Milei del poder. Es agraviante escucharlos en connivencia con medios que reciben pauta. Es obvio que van a intentar cualquier cosa para que el Presidente no pueda trabajar normalmente”.
Desde UxP, Guillermo Snopek sostuvo que el espacio buscará “hacer cumplir la Constitución Nacional”. En tanto, Néstor Pitrola y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, pidieron que se habilite de forma inmediata el tratamiento de un nuevo pedido de juicio político contra Milei, presentado este martes en la Cámara baja.
En su presentación, los diputados del Partido Obrero hablaron de “hechos gravísimos”. Entre los argumentos, mencionaron el caso de la criptomoneda LIBRA, el incumplimiento de leyes como la de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, denuncias vinculadas a la ANDIS y distintas medidas institucionales adoptadas por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2023.
Cómo funciona la Comisión de Juicio Político
La Comisión de Juicio Político es el ámbito del Congreso donde se analizan los pedidos de enjuiciamiento contra el Presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Corte Suprema.
Según el sitio oficial de Diputados, su función es “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad” contra funcionarios alcanzados por la Constitución y la ley 24.946, así como también en las denuncias presentadas ante la Cámara.
Leé también. El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Actualmente ya existen varios pedidos de juicio político contra Milei. Uno de ellos fue impulsado por el diputado de UxP Juan Marino, quien cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno. En su presentación, advirtió que las acciones del Presidente “colocan a la Argentina fuera de su histórica postura de defensa de la región como zona de paz” y la subordinan a la estrategia de seguridad de Donald Trump.
También hay iniciativas de Agustina Propato, Aldo Leiva y Pablo Todero, todos de UxP. A esto se suman pedidos de enjuiciamiento contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y uno anterior contra el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En el oficialismo no descartan que el caso de la criptomoneda $LIBRA derive en nuevas presentaciones, tanto contra Milei como contra otros integrantes del gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Hasta ahora, ninguno de los expedientes avanzó por la falta de definición en la conducción de la comisión. Con la llegada de Lemoine, el oficialismo pasa a controlar la agenda y, junto a sus aliados, reúne mayoría entre los 31 integrantes.
La comisión tiene la tarea de analizar las pruebas y, eventualmente, emitir un dictamen de acusación. Para que avance, ese dictamen debe ser aprobado luego por dos tercios de los presentes en el recinto de Diputados. Si eso ocurre, el proceso pasa al Senado, que con la misma mayoría decide la destitución o absolución del acusado.
En este esquema, el oficialismo cuenta con un respaldo clave: los 95 diputados de La Libertad Avanza y aliados, lo que le garantiza un tercio del cuerpo y le permite bloquear cualquier intento de llevar un juicio político al recinto.
La polémica con Marcela Pagano
La conformación de la comisión arrastra un antecedente conflictivo. El 10 de abril de 2024, minutos antes de una reunión convocada para designar autoridades, el presidente de la Cámara, Martín Menem, envió una nota interna para suspenderla.
Sin embargo, los diputados desconocieron la decisión y avanzaron igual. En ese contexto, eligieron a Marcela Pagano —también de La Libertad Avanza en ese momento— como presidenta.
“Esto es un papelón”, cuestionó entonces el titular del bloque oficialista, Oscar Zago.
También hubo críticas de referentes con experiencia parlamentaria como Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, quienes calificaron la situación como “una anomalía” y advirtieron que “no se puede suspender una comisión”.
Por su parte, Pagano intentó despegarse del conflicto: “Quiero apartarme de esta desprolijidad. No por ser nueva y oficialista me voy a creer más que el resto de los diputados. Me enteré de la convocatoria como todos”.
Ese mismo día, Zago aseguró que había hablado con Milei por WhatsApp para informarle la decisión del bloque de postular a Pagano y que el Presidente le había dado el visto bueno.
juicio político, Lilia Lemoine, Diputados
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