La investigación sobre el fentanilo contaminado avanza con la declaración de uno de los principales implicados. Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, brindó su testimonio ante el juez y la fiscal federal, donde expuso su versión de los hechos. Su declaración se extendió por varias horas, donde detalló aspectos clave de la producción y distribución del medicamento.

El empresario Ariel García Furfaro declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Asistido por su abogado Gastón Marano, García Furfaro dirigió sus acusaciones contra un excolaborador y contra la Anmat.

En su testimonio, sostuvo que en diciembre, al momento de la elaboración de los lotes de fentanilo, había iniciado los trámites ante la Anmat para cerrar HLB Pharma y trasladar sus operaciones a Laboratorios Ramallo.

García Furfaro refirió conocer solo a dos o tres personas de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la cual enfrenta un posible juicio oral. Durante el interrogatorio, el empresario afirmó: “Yo me dedicaba a lo comercial con [la droguería] Alfarma, a la venta y a la compra de lo que era importación. En HLB, hasta octubre del año pasado, lo manejaba otra gente, Andrés Quinteros”.

Se le imputa haber participado, junto a 16 o más personas que trabajaban para HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, en una cadena de decisiones. Estas decisiones abarcan “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N° 31.202 y N° 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma. Estos lotes se derivaron para su elaboración en la planta de la firma Ramallo.

El lote 31.202 comprendió 154.530 ampollas producidas entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado. Fue liberado para su comercialización el 4 de enero de este año. Su distribución a hospitales y centros privados que compraron el producto se realizó a través de droguerías como Alpharma, propiedad del propio García Furfaro; Glamamed y Nueva Era, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.

El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en alertar a la Anmat sobre la contaminación bacteriana de ampollas cerradas. Este centro había adquirido 10.000 ampollas en diez cajas del lote 31.202. Ingresaron al stock del área de Farmacia el 1° de abril y, seis días después, comenzaron a entregarse a las unidades de terapia intensiva según los requerimientos médicos.

El otro lote, con 151.430 dosis, se liberó del laboratorio para su venta a través de droguerías el 6 de enero. En ambos casos, la adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.

Análisis realizados en el instituto Malbrán confirmaron esta contaminación. El tribunal determinó que el proceso de elaboración tuvo “múltiples falencias”, muchas consideradas críticas, con “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Para el juzgado y la fiscalía federales, García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y el propietario y gerente “oculto” de Laboratorios Ramallo. En sede judicial, mantuvo la versión que había manifestado a .

Dijo que se enteró el 8 de mayo, por la droguería Nueva Era, de que el producto causaba efectos adversos –mencionó fiebre– en pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. Allí fue con el abogado Sebastián Nanini, colaborador del intendente Mario Ishi, de José C. Paz, a quien había vendido HLB Pharma. Ese día, la Anmat emitió su primera alerta.

“Habré ido dos veces a la Anmat. El resto de las veces iba [Andrés] Quinteros. Ahora entiendo por qué no me salían los certificados [para producir medicamentos que adquiría de otras firmas, como Surar Pharma, clausurada desde 2015]. Yo creo que me generaron este lío a propósito”. García Furfaro le atribuyó haberse ocupado de las gestiones ante la agencia regulatoria “los últimos seis años”.

En su declaración de casi seis horas, el empresario insistió en pedir que se investigue cómo se contaminaron las ampollas con bacterias, específicamente por las Klebsiellas, que son gérmenes nosocomiales multirresistentes.

“Anmat nos quería cerrar”, afirmó. Dedicó parte de su tiempo ante el juez a explicar por qué “quería” estar preso. “Aparte de saber qué pasó con la gente, con las víctimas, tengo 30 trabajadores que están al borde del suicidio“, manifestó. Calificó de “gente espectacular” a los dos directores técnicos de los laboratorios. “Si algún empleado mío hizo una maldad, yo me hago responsable, pero son gente de trabajo”, continuó. Sobre sus dos hermanos, detenidos, expresó que “son pibes laburantes”.

Hacia el final, en una declaración donde reiteró que el ministro de Salud, Mario Lugones, había ordenado a la Anmat el cierre del laboratorio, García Furfaro planteó que todos los lotes de la campaña de fentanilo de diciembre deberían haberse contaminado con las bacterias.

“Esa parte es la más difícil. Todos estamos pensando qué pudo haber pasado”, dijo. “Entre lote y lote se desinfectaba todo. Limpieza. Tenemos autoclave que miden media cuadra. Se desinfecta. Todos los años, hay que parar y hacer todo de nuevo. Todo lo que se necesitaba se compraba, en eso no se mezquinó nunca”, agregó, en respuesta a la fiscalía.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Fabiola Czubaj.

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.

En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.

Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.

La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.

Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.

El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.

Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.

Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.

La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.

Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.

Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.

Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.

Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.

Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.

Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.

En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.