En la Legislatura de la provincia del Neuquén presentaron un proyecto de ley que propone un cambio sustancial en el acceso de los extranjeros no residentes a los servicios públicos provinciales de Salud y Educación Superior.

La iniciativa, impulsada por la diputada Brenda Buchiniz del Bloque Cumplir, plantea la implementación de aranceles obligatorios para quienes se encuentren en la provincia bajo la categoría de residentes transitorios o cuenten con una autorización de residencia precaria, según lo establecido en la ley nacional Nº 25.871.

El eje central del proyecto reside en la decisión de cobrar por la prestación de servicios de salud pública y educación superior a extranjeros que no hayan adquirido la residencia permanente. Esta medida, según la autora, responde a la necesidad de proteger los recursos provinciales y garantizar que el financiamiento de estos servicios recaiga principalmente en quienes contribuyen de manera regular al sostenimiento del sistema.

En abril del año pasado, el bloque de Juntos por el Cambio (PRO-NCN) de dicha provincia presentó un proyecto de ley que buscó arancelar la atención médica a extranjeros, tanto a turistas como a residentes transitorios o precarios. La iniciativa fue impulsada por la diputada Verónica Lichter.

El destino de lo recaudado

La propuesta establece que los fondos recaudados a través de estos aranceles se destinarán a la creación de dos fondos especiales: uno para salud y otro para educación. El Fondo Especial para la Salud Pública se nutrirá de los ingresos generados por el cobro a extranjeros y tendrá como destino exclusivo el financiamiento de la atención y los servicios en hospitales y centros de salud provinciales, la adquisición y mantenimiento de equipamiento médico, la capacitación del personal y la mejora de la calidad sanitaria. El texto detalla que estos recursos también podrán atender otras necesidades del sistema público de salud que determine el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud o el organismo que lo reemplace.

En el ámbito educativo, el Fondo Especial para la Educación Pública se conformará con los aranceles cobrados a extranjeros en instituciones de nivel terciario, institutos técnicos superiores e institutos de formación de la provincia. Estos recursos estarán destinados exclusivamente a solventar gastos de funcionamiento, mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y mobiliario, y otros gastos con fines educativos, quedando expresamente prohibido su uso para el pago de salarios.

El proyecto contempla excepciones en situaciones de urgencia o emergencia médica, así como para víctimas de trata de personas, refugiados y solicitantes de asilo. En estos casos, la provincia garantiza la prestación de los servicios de salud, aunque la autoridad sanitaria podrá buscar el recupero de los gastos incurridos. El articulado aclara que, para estos supuestos, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la ley Nº 3.431, en la medida en que resulten pertinentes.

Además, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de reciprocidad con otros países. El objetivo es asegurar que los habitantes de Neuquén reciban atención sanitaria gratuita durante su tránsito o estadía temporal en países con los que se suscriban estos acuerdos. En tales casos, los extranjeros alcanzados por el artículo 1º quedarían exentos del pago de aranceles tanto en salud como en educación superior.

La administración y reglamentación de la ley quedaría en manos de los ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos de la provincia, que tendrían la potestad de dictar las normas necesarias para su implementación dentro de sus respectivas competencias.

Fundamentos y argumentos

En los fundamentos del proyecto, la diputada Buchiniz sostiene: “El Estado no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen de manera efectiva a su sostenimiento”. También argumenta que el sistema público de salud y educación de la provincia se financia con los aportes de los ciudadanos neuquinos y argentinos, y que resulta injusto que quienes no han contribuido ni tributado de manera regular accedan gratuitamente a prestaciones de alto costo. La legisladora enfatizó que “los recursos del contribuyente no pueden ser confiscados para sostener obligaciones que no le corresponden”.

El texto subraya que la propuesta no implica un abandono de la solidaridad ni del humanitarismo, ya que garantiza la atención en casos excepcionales y prevé mecanismos de protección para los grupos más vulnerables. Sin embargo, fuera de esos supuestos, la diputada consideró que “es justo que quienes no forman parte del contrato social provincial paguen por los servicios que demandan”.

La creación de fondos especiales con afectación específica busca evitar que los recursos recaudados se diluyan en la burocracia y asegura que se destinen exclusivamente a la mejora de infraestructura, equipamiento e insumos, sin engrosar estructuras administrativas ni sostener gasto corriente. El proyecto se presenta como un acto de orden y racionalidad presupuestaria, bajo el principio de que “el Estado no debe ni puede ser un proveedor gratuito universal, sino que debe garantizar reglas claras y justas y esto es que quien utiliza un servicio, lo pague”.

“La Provincia del Neuquén tiene derecho a resguardar sus recursos y a velar por el bienestar de quienes efectivamente los generan y sostienen con su esfuerzo. Establecer aranceles a los extranjeros en salud y educación es un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al abuso del gasto público indiscriminado”, concluyó la diputada Buchiniz entre los argumentos.

Otros casos en el país

En febrero del 2024, el Gobierno de Salta oficializó el cobro de la atención sanitaria a extranjeros. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.

Otra provincia que se sumó a esta iniciativa fue Mendoza, que desde el 1 de agosto del año pasado estableció su sistema de cobro a través de un decreto, con el objetivo de recuperar fondos y fortalecer el sistema de salud local. La medida especifica que los costos deben ser cubiertos por los propios pacientes extranjeros o sus seguros, y aplica a aquellos categorizados como residentes transitorios o precarios.

En Santa Cruz se tomó una medida similar en abril del 2024 y que fue tomada como respuesta a un déficit económico significativo en el sistema de salud provincial. Las tarifas se ajustan según el tipo de atención y la duración de la internación y busca disuadir el uso no contributivo del sistema de salud por parte de extranjeros.

A mediados de septiembre, la Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras. Sin embargo, luego entró en un parate debido al acuerdo que Argentina y Bolivia habían firmado sobre asistencia sanitaria recíproca.

En marzo de este año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció el cobro de la atención médica en hospitales públicos a ciudadanos extranjeros que no cuenten con DNI argentino. La medida no incluye emergencias, que siguen siendo gratuitas.

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