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Nisman: dos ex funcionarios apuntan a Sergio Berni por la contaminación de la escena del crimen

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El ex jefe de la Prefectura Nacional Luis Heiler y el ex secretario de  secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Darío Ruiz hicieron un descargo y señalaron que llegaron al departamento del ex fiscal Alberto Nismann “por orden” del ex viceministro de Seguridad Sergio Berni. Lo hicieron en sendos escritos presentados ante el fiscal Eduardo Taiano quien investiga el crimen del ex fiscal de la AMIA y, en particular, sobre ellos por la contaminación del departamento de Puerto Madero durante el polémico procedimiento policial del 18 y 19 de enero de 2015.

En su declaración espontánea, según informaron a Clarín fuentes judiciales, Heiler dijo que esa noche Ruiz lo llamó primero y luego habló con Berni quien estaba a punto de salir de su chacra en la ciudad bonaerense de Lima y le ordenó que “nos encontráramos en el lugar de los hechos ni bien él arribara a Buenos Aires”.

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El prefecto aclaró que pese a que había dispuesto que fueran al departamento efectivos de la sección científica de su puerta, la fiscal Viviana Fein decidió que “la Policía Federal tenía a su cargo la preservación del lugar y las pericias de criminalística”. Llegó al departamento con Berni y luego se retiró hacia el edificio Guardacostas.

Además, semanas más tarde ordenó el inicio de las actuaciones administrativas correspondiente y las envío al fiscal Taiano.

Por su parte, Ruiz negó como afirmó el ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo -otro de los imputados- qué el haya sido uno de sus “resortes jerárquicos del Ministerio de Seguridad de la Nación” y quien le ordenó que concurriera al procedimiento.

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Ruiz, actual Coordinador de Políticas en el Ministerio de Seguridad bonaerense que dirige Javier Alonso, aclaró que su función no componía “eslabón alguno en la cadena de mando de Di Santo”. Y afirmó que “en ningún momento le he dado ni ordenes ni instrucciones al mencionado ex Jefe de Policía”.

Durante su “corta estadía – ni antes, ni durante, ni después -, en las afueras del departamento donde se hallara sin vida el Fiscal Federal Alberto N. Nisman, ingresé a la Unidad Funcional n°2 del Piso 13° de la Torre “Le Parc”, sita en la calle Azucena Villaflor n°450 de Puerto Madero”, destacó.

Luego tomó conocimiento del hecho por una comunicación telefónica de Di Santo “a las 23.50 horas del 18.01.2015, en la que se me informara respecto a una incidencia acaecida dentro del departamento que habitara el Dr. Nisman en Puerto Madero que podría tenerlo como protagonista”. Luego “por indicación del Dr. Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la Nación) me dispuse arribar junto con el nombrado, ahora ex Jefe de Policía Federal Argentina Román Di Santo y el ex Sub Jefe Héctor Tebes al domicilio de la calle Azucena Villaflor n°450”.

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Aclaró que desde el exterior del departamento vio y saludó a la distancia al juez Manuel De Campo quien estuvo a cargo de la causa en ese momento.

En su descargo, Di Santo “quizás mal asesorado, omitió mencionar la norma que determina la distribución de roles y aperturas de cargos inferiores, donde cada Secretaria tiene funciones propias y específicas”, dijo Ruiz.

En su escrito, Ruiz destacó que “no di ninguna orden directa o indirecta aquellos días 18 y 19 de enero de 2015 ni a Di Santo, ni a ningún miembro de las fuerzas de seguridad vinculada al procedimiento realizado en el edificio donde vivía el Fiscal Nisman”.

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“No lo hice de manera fáctica y tampoco tenía ni las facultades ni las atribuciones legales para hacerlo. Mas allá de descartar su mala fe, es preciso destacar que el ex Jefe policial Di Santo no podía desconocer ni en aquel momento, ni ahora tales circunstancias”, finaliza el descargo de Ruiz.

Técnicos de la División Operaciones de Técnicas Especiales de la Policía Federal toman huellas de la computadora y el celular de Nisman el 18 de enero. /Captura de video

En enero pasado, Berni negó los cargos que el hizo el fiscal Taiano en un escrito y defendió su actuación en el polémico procedimiento durante el cual, tal como se ve en el video, discutió con Fein sobre cómo iniciarlo.

En diciembre pasado, el fiscal Taiano imputó a Berni, y a Ruiz, entre otros, por la contaminación de la escena del crimen tras el crimen del fiscal Nisman.

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La imputación a Berni y Ruiz llegó dos semanas después de que también fueran imputados, por esa misma situación en la escena del crimen, el ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, y el ex jefe de la Prefectura, Luis Alberto Heiler.

Di Santo había presentado un descargo por escrito en el que mencionó varias veces que él había sido convocado al departamento de Nisman por los funcionarios de Seguridad Darío Ruiz y Sergio Berni.

Caso Nisman: un video muestra cómo se contaminaron pruebas clave,Caso Nisman: un video muestra cómo se contaminaron pruebas clave,

Berni es actualmente senador de la Provincia de Buenos Aires y Ruiz ocupa el cargo de Coordinador de Políticas en el Ministerio de Seguridad bonaerense que dirige Javier Alonso.

Caso Nisman: un video muestra cómo se alteraron pruebas claveCaso Nisman: un video muestra cómo se alteraron pruebas clave

El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes involucrados en la voladura de la AMIA.

Por su asesinato está procesado el experto informático Diego Lagomarsino, en calidad de «partícipe necesario» y cuatro guardaespaldas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Lagomarsino era el dueño del arma que finalmente fue disparada para matar a Nisman.

Durante la noche del 18 de enero de 2015 y la madrugada del día siguiente más de 80 funcionarios -incluso un espía de la SIDE sin permiso alguno- comenzaron a llegar y a caminar por todo el departamento sin tomar medidas de recaudo para evitar la pérdida de huellas dactilares y otros pistas.

El fiscal Taiano sostiene en su imputación que «la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad».

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Por ejemplo, el fiscal cita que hubo un policía de consigna en el pasillo que daba al dormitorio de Nisman, pero que la medida «resultó totalmente inútil, puesto que una gran cantidad de personas circularon por el dormitorio y algunos incluso se sentaron en la cama sin ningún tipo de protección».

También, que todos los funcionarios pudieron acceder al segundo cuarto del departamento, donde había «un teléfono celular y una computadora encendidos».

Y más: «Peritos de la Policía Federal pisaron en reiteradas oportunidades una toalla blanca con manchas de sangre que estaba en el sueño del baño».

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Según la imputación de Taiano, «si bien al día de hoy se encuentra probado que la muerte del doctor Nisman fue un homicidio, lo cierto es que aun existen elementos que no han podido ser dilucidados como consecuencia directa de las irregularidades cometidas en la escena del crimen».

Los policías y prefectos que actuaron desde el principio en la escena del crimen, «demoraron aproximadamente una hora en dar aviso a las autoridades judiciales de lo sucedido en el departamento de Nisman».

Un video muestra cómo se ensució la pistola con que murió Nisman.Un video muestra cómo se ensució la pistola con que murió Nisman.

Caso Nisman,AMIA,Cristina Kirchner

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Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia

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CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.

Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.

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“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.

Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.

De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.

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Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.

En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».

En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.

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Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.

Noticia en desarrollo


Gabriela Origlia,Conforme a

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El gobernador de La Pampa presentó amparo para frenar la Ley de Glaciares

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La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.

La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.

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Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.

Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.

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Detalles del amparo y postura del Gobierno

En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.

El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.

Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.

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La Justicia Federal de La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, decidirá si suspende la entrada en vigor de la Ley de Glaciares - hcdn.gob.ar

Impacto sobre inversiones mineras y reacción social

El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.

Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.

El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.

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Próximos pasos judiciales y agenda minera

La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.

Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.

El debate sobre la Ley de Glaciares reaviva la discusión sobre el equilibrio entre actividad minera y protección ambiental en Argentina REUTERS/Bernat Parera/File Photo

La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.

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Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales

La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.

Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.

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ANDIS: los cuadernos de Calvete revelaron otro circuito de corrupción con la compra de insumos de alto costo para los discapacitados

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Los cuadernos de Calvete

Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.

Planillas y más “empresas favorecidas”

Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.
Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.

La nueva maniobra

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