POLITICA
“No queda otra cosa que mentir”, las confesiones de los responsables del laboratorio del fentanilo mortal

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, junto a la fiscal Laura Roteta, finalizó la indagatoria de los diez primeros imputados por el fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo SA, vinculado a la presunta muerte de 96 pacientes. El último fue el dueño de esas empresas farmacéuticas, Ariel García Furfaro. El exconvicto, que realizó pingües negocios con gobernadores e intendentes mediante la venta de remedios económicos, no sorprendió en su defensa. Continuó caminando por la cornisa: distribuyó responsabilidades entre sus empleados y en una “mano negra” que habría plantado las bacterias dentro de las ampollas de fentanilo. “¿A quién se le puede ocurrir que voy a fundir mi propia empresa?”, le habría dicho al magistrado, según reproduce su abogado, Gastón Marano, el mismo letrado que consiguió la libertad y absolución de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como “jefe de la banda de los Copitos” en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. García Furfaro, quien integró la comitiva oficial del gobierno de Alberto Fernández a Moscú para gestionar la distribución de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, quedó detenido después de casi seis horas de declaración. Tampoco su defensor lo solicitó. El empresario polirrubro había expresado: “Prefiero estar acá. Necesito que se investigue todo”.

Eso fue lo que hicieron el juez y la fiscal. En menos de tres meses, un tiempo récord por la complejidad del delito que se investiga, acumularon pruebas y estudios científicos que van desde chats de empleados de los laboratorios, que revelan la presunta utilización de insumos vencidos para la elaboración de medicamentos, “desvío de calidad” en los medicamentos que salían a la venta, suciedad en la planta elaboradora –palomas y arañas–, paredes descascaradas; hasta el nexo entre las bacterias halladas en el fentanilo y en la sangre de pacientes fallecidos, pasando por el reconocimiento de los propios directores técnicos de los establecimientos de que había que “dibujar” la documentación obligatoria que asegura la calidad y esterilidad de un medicamento.

Los investigadores también habrían acreditado, a través de esas comunicaciones, que la autoridad sanitaria que debía controlar las Buenas Prácticas de Elaboración en las plantas elaboradoras de García Furfaro avisaba cuándo se iba a realizar la inspección.
Chats de empleados
Infobae publicó ayer los comprometedores chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes de pacientes tratados con el lote 31202 de Fentanilo HLB, que revelan irregularidades en la elaboración de los productos farmacéuticos.
Están incorporados a la causa y resaltados en color amarillo. En el dictamen fiscal se sumaron más comunicaciones que resultan escandalosas; cada una de ellas forma parte de las pruebas que le fueron leídas a García Furfaro y al resto de los imputados, entre ellos su madre, Nilda Furfaro, y sus dos hermanos, Diego y Damián. También está imputada su abuela de 88 años.

Parte de esos nuevos chats se pueden resumir así:
— “Me parece que no queda otra cosa que mentir”. La persona que escribió ese mensaje es Javier Tchukran (preso al igual que Ariel, Damián y Diego García), director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Laboratorios Ramallo. El contexto del chat es una conversación entre miembros del equipo de la empresa en la que analizan cómo responder ante una inspección de la ANMAT y la falta de registros adecuados sobre el destino de un lote de fentanilo. La expresión de Tchukran surge ante la recomendación de simular documentación o falsear información requerida por la autoridad regulatoria.
El fragmento textual se encuentra acompañado de otros mensajes donde los participantes intercambian indicaciones para encubrir irregularidades y acordar una versión común destinada a evitar sanciones o la detección del desvío de producto.

–Rocío Garay (supervisora de control de calidad), ante la falta de insumo para una valoración, escribió: “Hola Wilson, buen día, con respecto al propofol que hay que entregar no hay tetrahidrofurano para hacer la valoración… por eso no se hizo. ¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?”. Wilson Pons (jefe de control de calidad) responde: “Buen día, Rocío. Y me parece que no queda otra cosa que mentir.”
–Javier Tchukran (director de manufactura) dice: “Ven a lo que voy de hacer cosas dibujadas, después nos pasan estas cosas. Por favor, no dibujemos más y, cada vez que hagamos algo, asegurémonos de tener la información necesaria mínima”.
–María Victoria García (empleada): “Hay que hacerlo completo porque no hay bach de eso” (en relación con la necesidad de armar un batch record inexistente para presentar a INAME-ANMAT).
–Diego Chavarri (empleado): “Todos sabíamos que esa producción se hizo en el aire con respecto a la documentación”.
Ese intercambio de chats ocurrió el 27 de diciembre de 2024. Se refiere al lote que resultaría contaminado, identificado con el número 31202, elaborado nueve días antes, el 18.

–Sofía Díaz (empleada): “Para la próxima, intenten no ser tan repetitivas en las horas y análisis”. Luciana Matti (empleada) responde: “Oka, empezamos a poner todas horas reales, entonces” (a propósito de manipulación de datos en registros).
–Sofía Díaz, nuevamente, advierte: “Me sigo encontrando datos crudos de partículas con números iguales entre ellos, hasta en el mismo orden, así que porfa no lo hagan más, porque están trabajando el doble al tener que cambiarlos.”
–Rocío Garay, sobre controles de análisis ante posible auditoría: “Al HPLC –por el equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución– había que pararlo si viene el ANMAT, si no que sigan corriendo.” A lo que Wilson Pons responde: “Seguramente, calculo que van a llevar la contramuestra 31202 del fentanilo y se van, porque vinieron en un remise.” Garay añade: “Pero vas a tener que hacer el protocolo con datos del otro…el único dato que debe faltar es el HPLC.”
Estos extractos reflejan tanto la planificación de respuestas fraudulentas ante inspecciones como la manipulación sistemática de registros documentales y de calidad dentro del laboratorio, con el objetivo de evitar sanciones y ocultar desvíos de productos y procesos no autorizados.

En una conversación del 6 de diciembre de 2024 (doce días antes de la producción del fentanilo mortal) entre Rocío Garay (supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad de Laboratorios Ramallo) y Wilson Pons (jefe de Control de Calidad), Garay reporta: “Explotó la UPS” (el sistema de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica del laboratorio) y agrega: “Empezó a explotar cuando volvió la luz”. En el mismo intercambio, comentan además que desconocen si se dañó el equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución porque también dependía de esa UPS. Wilson Pons responde: “Ah bueno, qué viernes tenemos. Sí, esperemos que no haya pasado nada con los HPLC. Entre la UPS y el derrumbe del muro, tenemos el viernes completo.”
La conversación ocurre días previos a la producción del fentanilo HLB contaminado. Se había producido un corte de luz, luego hubo una sobrecarga al restablecerse el suministro, y explotó la UPS, dejando vulnerables varios equipos críticos para la producción y control de calidad, en particular el cromatógrafo.
En ese mismo periodo, también hubo reportes de graves fallas edilicias en el laboratorio, como la caída de un muro.
Estos mensajes, recuperados del teléfono de Pons, reflejan la precariedad estructural y la ausencia de controles efectivos en la planta al momento de la elaboración de fentanilo y otros medicamentos.

-El 25 de febrero de 2025 se registra el siguiente diálogo entre Edgardo Sclafani (jefe de Sección de Producción y Procesos de Validación) y Wilson Pons (jefe de Control de Calidad). Edgardo Sclafani le comunica a Pons: “Me llamó Diego (García) y me dijo que la semana que viene hay inspección desde ANMAT.” Pons responde: “Ok. Estamos al horno. Y bueno, habrá que pelearla.” Los interlocutores reconocen la situación crítica frente a la falta de documentación y a las irregularidades conocidas internamente.
–“Hola Wilson, oye, sabes que necesitamos que hagan unos protocolos de producto terminado de los lotes 72494 al 72499, que les está faltando, por fa”. El mensaje se envió el 1 de abril de 2025. Lo escribió un miembro del equipo a Wilson Pons. Este pedido se formula en el contexto de urgencia para completar la documentación faltante con el propósito de poder presentarla ante requerimientos internos o de la autoridad regulatoria.
-“Otra cosa: en depósito me dice que hay techo con chapas sueltas y más de 20 palomas”. El mensaje fue enviado por Rocío Garay, De esa manera, Garay advierte a sus superiores sobre la preocupación de los encargados del depósito, quienes reportan el riesgo sanitario derivado de la presencia de aves y la precariedad de la infraestructura, con techo parcialmente desprendido y deficiente control ambiental.

La situación se expone en el marco de reiteradas advertencias sobre incumplimientos de requisitos técnicos y de seguridad, justo en el período de producción de lotes críticos de fentanilo y otros medicamentos.
Estas conversaciones, entre otras a las que accedió este medio, forman parte del Anexo III del dictamen fiscal, compuesto por mensajes internos documentados como evidencia de prácticas inadecuadas dentro de la empresa de Ariel García Furfaro.
Para la fiscalía, “el cuadro descripto permite sostener que existió por parte de estas empresas una conducta deliberada de grave incumplimiento a la normativa vigente, sistemática y reiterada, una cultura organizacional completamente viciada que acredita, en esta instancia, el conocimiento que tenían las personas sobre las cuales se solicita su citación en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación sobre la potencialidad dañosa e ilícita de su acción y el riesgo que generaban”.
Para el Ministerio Público Fiscal: “La persistencia de las fallas en los procesos productivos a lo largo del tiempo, incluso frente a las observaciones efectuadas por el organismo de control, permite inferir que los autores no sólo conocían los riesgos de sus incumplimientos, sino que también los asumían o se conformaban con ellos”.
Por esa razón: “No se trata de un error o descuido aislado, sino que todos los antecedentes a los que hemos hecho referencia nos demuestran que se trató de una decisión consciente de seguir actuando pese al riesgo concreto a la salud pública que esa forma de actuar generaba. El riesgo se concretó en la pérdida de la vida de varias personas”.

Investigar a la autoridad sanitaria
En el dictamen fiscal de 155 fojas en el que se solicitaron las imputaciones y detenciones de los dueños, directivos y responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, se cuestionó la actuación de la autoridad sanitaria por falta de controles.
Sobre este punto, dijo la fiscalía: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.Por último, se agregó: “No debe soslayarse que las conductas señaladas lesionaron la confianza legítima de los usuarios del sistema sanitario, afectando a la par el correcto funcionamiento del mercado de medicamentos y vulnerando el mandato constitucional de protección de la salud pública. La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria”.Ante la situación descripta, se le solicitó al magistrado avanzar en la investigación de conductas penalmente reprochables por parte de distintos funcionarios de la Administración Pública Nacional.
POLITICA
El Gobierno quitó el capítulo de Ganancias e hizo 28 cambios a la reforma laboral para garantizar la media sanción en el Senado

El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.
En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.
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Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.
No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.
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En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.
Los principales cambios acordados con la oposición
De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.
En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.
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POLITICA
Reforma laboral completa: artículo por artículo, así es el proyecto de Milei que aprobó el Senado

El Senado le dio media sanción en la madrugada de este jueves a la reforma laboral promovida por el Gobierno. La aprobación se dio luego de un largo debate iniciado el miércoles por la tarde y en paralelo a una numerosa movilización en las inmediaciones del Congreso que derivó en diversos incidentes. La norma avanzó con cambios respecto del texto original.
El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones. Introduce una significativa rebaja de las contribuciones patronales, uno de los puntos más discutidos.
¿Habrá cambios en las remuneraciones?
Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al mérito “personal” del trabajador o productividad.
En caso de despido, ¿cómo se calcularán las indemnizaciones?
Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. Se habilita a las pyme el pago en cuotas.
¿Quién pagará las indemnizaciones por despido?
Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores y la Anses dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5 % para las pymes.
¿Qué pasará con las vacaciones?
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
¿Se reducirán o se extenderán las jornadas laborales?
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
¿Se limita el derecho de huelga?
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
La reforma contiene una serie de incentivos impositivos para la contratación de nuevos trabajadores y para la registración de aquellos que están en la informalidad. El objetivo es alentar la creación de empleo registrado, aunque los críticos señalan que estos beneficios tributarios a los empleadores contribuirán a desfinanciar el sistema previsional.
¿Qué beneficios impositivos se prevén para la formalización de trabajadores en negro?
El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.
¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral?
El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses (cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social), la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.
¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores?
El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.
La reforma introduce modificaciones en la ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué se propone para desactivar los juicios laborales prolongados?
La reforma se propone desalentar la llamada “industria del juicio”. Por eso establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme, es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos.
Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que regirá por dos años. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y la devolución anticipada de IVA a inversiones.
¿Qué sectores podrán acogerse a este régimen? ¿A partir de qué monto?
Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa; parte de U$S 150.000 a U$S 9 millones.
¿Qué beneficios impositivos contempla?
Posibilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.
media sanción,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,“La única que está presa es la expresidenta Cristina Kirchner”. Bullrich le respondió a Mayans por una frase controvertida y por sus críticas a Milei,,Optimismo oficial. El Gobierno arremetió contra la izquierda por los disturbios en el Congreso, pero no confrontó con la CGT,,Reforma laboral. Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso: piedrazos, bombas molotov y gas pimienta
POLITICA
Marcha en contra de la reforma laboral: los destrozos le costarán a la Ciudad de Buenos Aires $270 millones

La marcha convocada por la CGT este miércoles contra la reforma laboral derivó en graves incidentes que le costaron $270 millones a la Ciudad de Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, los daños incluyeron la rotura de baldosas, vandalismo en mobiliario urbano y la afectación de 500 metros cuadrados de césped en la Plaza de los Congresos.
*Los destrozos registrados durante la marcha de la CGT le costaron $270 millones a la Ciudad*
– Se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta.
– Hubo rotura de… pic.twitter.com/qqzRWwyeeK— Gabriel Iezzi (@gabrieliezzi) February 11, 2026
Ante los destrozos, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó un endurecimiento de las penas contra los manifestantes: “El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito”.
El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito.
No alcanza con multas, tienen que ir presos. pic.twitter.com/TmcRCWzXDi
— Jorge Macri (@jorgemacri) February 11, 2026
El operativo de recuperación de la zona afectada requirió el despliegue de 120 barrenderos, hidrolavadoras y camiones recolectores para revertir las pintadas y los daños en la infraestructura. Previamente, la Ciudad había retirado 140 contenedores en 60 cuadras para evitar obstrucciones, pero la violencia de los enfrentamientos resultó en la vandalización de veredas y cruces peatonales.
Los incidentes en el Congreso
La movilización, que comenzó alrededor de las 15 horas desde la Plaza de Mayo y otras zonas del centro porteño hacia la Plaza de los Dos Congresos, se destacó por la presencia de columnas gremiales y adhesiones de movimientos sociales. Desde temprano se montó un amplio operativo de seguridad y vallado policial para evitar conflictos y garantizar el desarrollo del debate parlamentario.
A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, algunos de los manifestantes quisieron avanzar hacia el Congreso y generaron incidentes. Los más violentos lanzaron piedras, lanzas improvisadas y bombas molotov, entre otros objetos que utilizaron como armas. A raíz de los enfrentamientos, hay por lo menos 43 detenidos y decenas de demorados.
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