POLITICA
Ñoquis en el Senado bonaerense: piden enviar a juicio oral a un asesor acusado de desviar millones de pesos
Transcurridos 15 meses desde que la Justicia requirió el desafuero de Flavia Delmonte, la legisladora provincial acusada de liderar una red de “ñoquis” y “prestanombres”, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió desdoblar la investigación que la tiene como protagonista. Y requirió enviar a juicio oral a su principal colaborador, mientras espera que ella termine su mandato, en diciembre, o el Senado bonaerense le quite los fueros.
El fiscal instructor, Mario Rafael Pérez, plasmó esa estrategia en dos resoluciones sucesivas que firmó para evitar que la pesquisa se empantane por la inacción deliberada del Senado provincial, que cerró filas alrededor de Delmonte, de origen radical. No trató el pedido judicial, no le dio estado parlamentario, ni le envió una respuesta al juez o al fiscal del caso, ni siquiera para acusar recibo del pedido o informarles que no lo tratarían, según verificó .
El boicot del Senado provincial fue más lejos. También se negó a responder los pedidos de la Fiscalía sobre el listado completo de los empleados que designó Delmonte, el listado completo de quienes se desempeñan en el bloque de Cambiemos, ya sea en planta permanente o transitoria, o los nombres de los empleados de la comisión de Comercio Interior, Pyme y Turismo durante el período que la presidió esa legisladora.
La negativa a responder por parte del Senado provincial abarcó, incluso, datos de carácter general. ¿Por qué? Porque tampoco le remitió a la Fiscalía los reglamentos o estatutos que fijan los derechos y obligaciones de los empleados de la Cámara, además de ocultar algunos datos de las planillas que sí le entregó, en respuestas que omitieron el nombre, el sello y la firma del funcionario que tomó la decisión de tapar esa información, para de ese modo evitar, según el fiscal, “eventuales responsabilidades”.
“Estas y otras demoras e irregularidades, se encuentran debidamente documentadas y pueden observarse en el expediente”, aclaró Pérez, lo que sostuvo que provocó demoras en la pesquisa por la presunta defraudación a la administración pública bonaerense, “con perjuicio para las personas que ya han sido sometidas a proceso”.
Ante ese cuadro, el fiscal Pérez desdobló la investigación. Por un lado, esperará el desafuero o el final de mandato de Delmonte, en diciembre, ya que no renovará su banca en las elecciones de este año; por el otro, definió la situación procesal de otros dos acusados. Así, solicitó que se sobresea a uno de los colaboradores de la senadora, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, y requirió que se envíe a juicio oral a su mano derecha, Kevin Alan Razimoff. Ambos pedidos deberán ahora ser definidos por el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola.
Consultada por cuando la Fiscalía reclamó su desafuero, Delmonte remarcó que se había presentado de manera espontánea ante la Justicia, que declaró por escrito, que la investigación sólo se basaba en el testimonio de su excuñada –y también exempleada suya- y que, tras tres años de pesquisa, adujo que no habría pruebas sólidas en su contra. “Yo he sido y sigo siendo muy respetuosa del Poder Judicial, pero al mismo tiempo resulta evidente que el fiscal se ha tomado atribuciones impropias, al punto de provocar situaciones abusivas, como que me hayan seguido agentes de la Policía Federal”, sostuvo.
Según reconstruyó , sin embargo, los agentes federales no siguieron a Delmonte, sino a su asesor, Razimoff, con autorización judicial. Y al controlar los movimientos de Razimoff se toparon con un encuentro con la senadora. Del mismo modo, la Fiscalía Especializada no pidió las llamadas entrantes y salientes de la legisladora, sino de Razimoff. Y en esa “tira” de comunicaciones aparecieron algunas con ella, que invocó ambos ejes para reclamar la recusación del fiscal Pérez, que el juez Olivera Zapiola todavía no resolvió.
La Fiscalía determinó, además, que Delmonte o alguno de sus colaboradores operaron el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que luego los denunció, Tamara Yanina Arce. ¿Qué nombre habilitaron para operar ese homebanking? “flaviadelmonte2015″. ¿Y desde dónde lo operaron? Según verificaron los sabuesos informáticos, desde computadoras en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares de Razimoff en Gonnet y en San Bernardo.
A través de ese homebanking, manos anónimas intentaron obtener más dinero. Gestionaron un préstamo por $252.000 –cerca de US3700 al tipo de cambio entonces vigente-, pero no llegaron a concretarlo por las demoras ocasionadas por la pandemia Covid-19, indicó entonces el abogado de Arce, Rodrigo Bonzo, ante la consulta de .
Según la Fiscalía, ese sistema recaudatorio electrónico no sólo abarcó a Arce, sino a por lo menos otros cinco supuestos empleados de Delmonte, quien comenzó su recorrido político bajo el ala del presidente del Comité Provincia de la UCR, el senador nacional Maximiliano Abad, aunque en el partido de la Costa se mueve en tándem con el peronista Juan de Jesús, y para el balotaje presidencial de 2023 apoyó a Javier Milei.
Apoyado en las evidencias que acumuló en la investigación, el fiscal Pérez indagó a los cinco empleados de Delmonte bajo sospecha, como también a Razimoff y Torrijos Fuertes, que negaron todas las imputaciones criminales. También requirió el desafuero de la senadora, el 20 de febrero, pedido que convalidó el juez Olivera Zapiola tres meses después, el 24 de mayo del año pasado.
Para la senadora Delmonte, la ofensiva de la Fiscalía responde a motivaciones políticas. “Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de la Costa, pero esta causa penal se armó para afectar mi candidatura, para que otros logren a través de los tribunales lo que no logran con los votos. Yo sigo viviendo donde siempre viví, voy a la panadería y por la calle se solidarizan conmigo”.
Desde los tribunales de Dolores indican, en tanto, que el desafuero resulta insoslayable para indagar a Delmonte, según impone la legislación vigente. Pero aún si el Senado bonaerense no trata el pedido de desafuero, la senadora podría afrontar dificultades en el mediano plazo. Podría seguir los pasos de otro senador bonaerense por el radicalismo, Antonio Armando Nieto, que afrontó dificultades judiciales similares. La Justicia lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 “ñoquis”.
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Cuadernos de la coima, cristina kirchner, Justicia
POLITICA
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.
intervención del puerto de Ushuaia,January 28, 2026,fueron intervenidas,#PuertoDeUshuaia,pic.twitter.com/8FL0AAj7qD,January 22, 2026,Abigail Contreiras Martínez,Ushuaia,Gustavo Melella,Conforme a,Ushuaia,,Tierra del Fuego. Un puerto intervenido, protestas y empleo en recesión en una provincia dominada por la grieta entre el peronismo y Milei,,»Es un atropello». Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia,,Denunciante y empoderado. Quién es el sindicalista que el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia
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