Transcurridos 15 meses desde que la Justicia requirió el desafuero de Flavia Delmonte, la legisladora provincial acusada de liderar una red de “ñoquis” y “prestanombres”, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió desdoblar la investigación que la tiene como protagonista. Y requirió enviar a juicio oral a su principal colaborador, mientras espera que ella termine su mandato, en diciembre, o el Senado bonaerense le quite los fueros.

El fiscal instructor, Mario Rafael Pérez, plasmó esa estrategia en dos resoluciones sucesivas que firmó para evitar que la pesquisa se empantane por la inacción deliberada del Senado provincial, que cerró filas alrededor de Delmonte, de origen radical. No trató el pedido judicial, no le dio estado parlamentario, ni le envió una respuesta al juez o al fiscal del caso, ni siquiera para acusar recibo del pedido o informarles que no lo tratarían, según verificó .

El boicot del Senado provincial fue más lejos. También se negó a responder los pedidos de la Fiscalía sobre el listado completo de los empleados que designó Delmonte, el listado completo de quienes se desempeñan en el bloque de Cambiemos, ya sea en planta permanente o transitoria, o los nombres de los empleados de la comisión de Comercio Interior, Pyme y Turismo durante el período que la presidió esa legisladora.

La negativa a responder por parte del Senado provincial abarcó, incluso, datos de carácter general. ¿Por qué? Porque tampoco le remitió a la Fiscalía los reglamentos o estatutos que fijan los derechos y obligaciones de los empleados de la Cámara, además de ocultar algunos datos de las planillas que sí le entregó, en respuestas que omitieron el nombre, el sello y la firma del funcionario que tomó la decisión de tapar esa información, para de ese modo evitar, según el fiscal, “eventuales responsabilidades”.

“Estas y otras demoras e irregularidades, se encuentran debidamente documentadas y pueden observarse en el expediente”, aclaró Pérez, lo que sostuvo que provocó demoras en la pesquisa por la presunta defraudación a la administración pública bonaerense, “con perjuicio para las personas que ya han sido sometidas a proceso”.

Ante ese cuadro, el fiscal Pérez desdobló la investigación. Por un lado, esperará el desafuero o el final de mandato de Delmonte, en diciembre, ya que no renovará su banca en las elecciones de este año; por el otro, definió la situación procesal de otros dos acusados. Así, solicitó que se sobresea a uno de los colaboradores de la senadora, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, y requirió que se envíe a juicio oral a su mano derecha, Kevin Alan Razimoff. Ambos pedidos deberán ahora ser definidos por el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola.

Consultada por cuando la Fiscalía reclamó su desafuero, Delmonte remarcó que se había presentado de manera espontánea ante la Justicia, que declaró por escrito, que la investigación sólo se basaba en el testimonio de su excuñada –y también exempleada suya- y que, tras tres años de pesquisa, adujo que no habría pruebas sólidas en su contra. “Yo he sido y sigo siendo muy respetuosa del Poder Judicial, pero al mismo tiempo resulta evidente que el fiscal se ha tomado atribuciones impropias, al punto de provocar situaciones abusivas, como que me hayan seguido agentes de la Policía Federal”, sostuvo.

Según reconstruyó , sin embargo, los agentes federales no siguieron a Delmonte, sino a su asesor, Razimoff, con autorización judicial. Y al controlar los movimientos de Razimoff se toparon con un encuentro con la senadora. Del mismo modo, la Fiscalía Especializada no pidió las llamadas entrantes y salientes de la legisladora, sino de Razimoff. Y en esa “tira” de comunicaciones aparecieron algunas con ella, que invocó ambos ejes para reclamar la recusación del fiscal Pérez, que el juez Olivera Zapiola todavía no resolvió.

La Fiscalía determinó, además, que Delmonte o alguno de sus colaboradores operaron el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que luego los denunció, Tamara Yanina Arce. ¿Qué nombre habilitaron para operar ese homebanking? “flaviadelmonte2015″. ¿Y desde dónde lo operaron? Según verificaron los sabuesos informáticos, desde computadoras en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares de Razimoff en Gonnet y en San Bernardo.

A través de ese homebanking, manos anónimas intentaron obtener más dinero. Gestionaron un préstamo por $252.000 –cerca de US3700 al tipo de cambio entonces vigente-, pero no llegaron a concretarlo por las demoras ocasionadas por la pandemia Covid-19, indicó entonces el abogado de Arce, Rodrigo Bonzo, ante la consulta de .

Según la Fiscalía, ese sistema recaudatorio electrónico no sólo abarcó a Arce, sino a por lo menos otros cinco supuestos empleados de Delmonte, quien comenzó su recorrido político bajo el ala del presidente del Comité Provincia de la UCR, el senador nacional Maximiliano Abad, aunque en el partido de la Costa se mueve en tándem con el peronista Juan de Jesús, y para el balotaje presidencial de 2023 apoyó a Javier Milei.

Apoyado en las evidencias que acumuló en la investigación, el fiscal Pérez indagó a los cinco empleados de Delmonte bajo sospecha, como también a Razimoff y Torrijos Fuertes, que negaron todas las imputaciones criminales. También requirió el desafuero de la senadora, el 20 de febrero, pedido que convalidó el juez Olivera Zapiola tres meses después, el 24 de mayo del año pasado.

Para la senadora Delmonte, la ofensiva de la Fiscalía responde a motivaciones políticas. “Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de la Costa, pero esta causa penal se armó para afectar mi candidatura, para que otros logren a través de los tribunales lo que no logran con los votos. Yo sigo viviendo donde siempre viví, voy a la panadería y por la calle se solidarizan conmigo”.

Desde los tribunales de Dolores indican, en tanto, que el desafuero resulta insoslayable para indagar a Delmonte, según impone la legislación vigente. Pero aún si el Senado bonaerense no trata el pedido de desafuero, la senadora podría afrontar dificultades en el mediano plazo. Podría seguir los pasos de otro senador bonaerense por el radicalismo, Antonio Armando Nieto, que afrontó dificultades judiciales similares. La Justicia lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 “ñoquis”.