El texto aprobado por la Asamblea General de la ONU incluyó una solicitud explícita para la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos. Esta medida responde a una demanda sostenida de naciones africanas y afrodescendientes que buscan el retorno de objetos significativos que fueron extraídos durante siglos de dominación, y surge en el contexto de la conmemoración del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

Tal como precisó Europa Press, la resolución fue promovida por Ghana y aprobada con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra. El texto reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, subrayando dimensiones como la magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias de estos crímenes a lo largo de los siglos. El documento ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.

La resolución hace hincapié en que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten actualmente en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, situaciones de subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas. Esto implica que, pese al paso del tiempo, millones de personas siguen afrontando las ramificaciones históricas de los regímenes esclavistas y coloniales. El texto también destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de existir antecedentes en los que se concedieron reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.

La resolución aprobada también refleja el análisis de los regímenes legales que institucionalizaron la esclavitud. Entre los ejemplos históricos citados, se menciona el llamado “asiento de negros”, formalizado por la Corona española el 18 de agosto de 1518. Este instrumento convertía a las personas africanas en una mercancía sujeta a fiscalización y se integraba en un sistema de monopolio comercial organizado por el Estado. Adicionalmente, la resolución refiere al concepto “pieza de indias” portugués, un mecanismo legal que cuantificaba a mujeres, niños y ancianos africanos como fracciones de un esclavo varón adulto, fijando así parámetros para la acumulación y el tráfico de seres humanos.

También figura en el texto la Carta de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, fechada el 3 de junio de 1621. Esta legislación aplicaba principios del derecho romano-neerlandés para clasificar a los africanos como “res mobiles”, es decir, bienes muebles comercializables. Estas referencias subrayan cómo diferentes sistemas coloniales crearon estructuras legales que permitieron, durante siglos, la explotación sistemática de comunidades africanas y afrodescendientes.

El documento ratifica igualmente el “reconocimiento colectivo de las repercusiones profundas y duraderas de los abominables regímenes de la esclavitud y el colonialismo”, así como la persistencia del neocolonialismo, en la vida de africanos y sus descendientes. La resolución señala que esa herencia histórica se ha traducido en sufrimiento, alteración cultural, trauma emocional y discriminación permanente, efectos constatados a lo largo de la historia y en el presente.

El gobierno de Ghana afirmó, a través de sus redes sociales, que la propuesta busca “hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama figura como principal impulsor de la iniciativa. Ghana remarca la importancia de avanzar hacia una responsabilidad legal internacional, que implique acciones concretas más allá de las declaraciones de condena y la memoria simbólica.

En cuanto a los apoyos y rechazos, los tres votos en contra provinieron de Israel, Estados Unidos y Argentina. Por otra parte, algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación. Estas posturas reflejan la diversidad de posiciones sobre el modo de abordar las consecuencias históricas de la trata y la esclavitud, así como las implicancias legales y políticas de avanzar hacia demandas de restitución y reparación.

La resolución subraya que a pesar de que en otros contextos históricos se han dispuesto indemnizaciones y reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no existe aún un marco comparable para quienes sufrieron la trata de africanos esclavizados. Esta distinción resulta central, ya que apunta a una deuda pendiente en la agenda internacional de derechos humanos y justicia histórica.

Por otra parte, el documento recoge la necesidad de devolver objetos y archivos culturales, incluidas piezas de museo, monumentos y manuscritos, que poseen no solo valor artístico e histórico, sino también espiritual y social para los países africanos de donde fueron extraídos. Esta petición apunta al reconocimiento del saqueo cultural asociado a la esclavitud y el colonialismo y apoya las demandas contemporáneas de restitución que han cobrado fuerza en distintos foros internacionales.

El texto aprobado considera la codificación progresiva de la esclavitud racializada de los africanos como un fenómeno global. Se reconoce cómo diferentes imperios y potencias coloniales legitimaron y regularon el tráfico de personas, reflejando la dimensión internacional y sistémica de estos crímenes. Además, se establece la relación directa entre esos sistemas históricos y las persistentes desigualdades que enfrentan actualmente las personas de ascendencia africana.

La resolución pone de manifiesto la continuidad de prácticas discriminatorias, atribuibles tanto a los legados coloniales como a políticas actuales que perpetúan la marginación y el subdesarrollo. Se establece así un vínculo entre pasado y presente, reafirmando la necesidad de medidas tanto simbólicas como jurídicas para abordar los agravios históricos y sus efectos actuales.

El texto final, auspiciado por Ghana, enfatiza que la magnitud de la trata y la esclavitud de africanos, así como sus consecuencias estructurales, exige respuestas integrales a nivel internacional, acompañadas de mecanismos de restitución y reparación que aún no se han implementado. La resolución invita a los Estados miembros de Naciones Unidas a reconocer la especificidad y gravedad de estos crímenes, y a considerar medidas concretas que contribuyan a la justicia histórica y la superación de los efectos del racismo y la discriminación.

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Mientras las distintas fuerzas políticas ya comienzan a pensar estrategias rumbo al 2027, la Unión Cívica Radical se enfoca en un proyecto de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires. La intención es debatirlo este mismo año, para evitar lo ocurrido en 2025 en la previa a las legislativas, donde se decidió sobre la marcha suspender las PASO.

Y ya hay una primera fecha para una puesta en común: el 14 de abril. “Vamos a hacer una jornada importante sobre reforma política en PBA. La idea es profundizar sobre varios temas: PASO, BUP, financiamiento de los partidos”, apuntó un referente bonaerense a TN.

Según pudo saber este medio, la idea es hacer una recorrida por las 8 secciones electorales de la provincia y armar foros de debate de la reforma política. Sucede que necesitan recolectar voluntades de todo el espectro político.

Ya hay diálogo con otros espacios y en los próximos días se irán extendiendo invitaciones a distintos bloques y fuerzas políticas. En la Legislatura bonaerense hay dos personas a cargo de la misión de atraer voluntades: Diego Garciarena en Diputados y Nerina Neumann en el Senado.

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“Vamos a presentar varios proyectos, que los estamos trabajando”, anticiparon en el entorno del senador nacional Maximiliano Abad, que es uno de los impulsores.

Al respecto, este miércoles se reunieron Abad, Garciarena y Neumann, con el objetivo de avanzar en una propuesta de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires. Allí hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la transparencia, la equidad y la participación ciudadana.

“La reforma electoral no es un debate técnico de la política, es una prioridad institucional para devolverle a los bonaerenses la confianza en sus representantes. No podemos seguir con un sistema del siglo pasado para resolver los problemas del futuro; la provincia necesita reglas claras que garanticen una democracia plena y moderna”, afirmó Abad.

La necesidad de construir consensos amplios

Al respecto, desde el sector del radicalismo que impulsa esta reforma hicieron especial hincapié en la necesidad de que haya un amplio consenso político. “Si se quiere imponer, no va a perdurar. Puede hacerse para una elección, pero el sistema electoral requiere de acuerdos amplios; si no, es imposible que perdure en el tiempo”, aclararon.

Por su parte, Garciarena se refirió a la necesidad de generar consensos amplios: “Una reforma de esta magnitud requiere de acuerdos políticos. No es la iniciativa de un sector contra otro, sino una construcción amplia que ponga por encima el interés de los bonaerenses. Vamos a convocar a todos los sectores que quieran mejorar la calidad democrática de nuestra provincia”.

En ese sentido, acordaron impulsar jornadas de trabajo junto a los integrantes de cada bloque legislativo, con el objetivo de enriquecer el debate y construir una propuesta sólida que contemple las distintas miradas políticas.

La situación de las PASO y la BUP

Las PASO actualmente están vigentes; solo se suspendieron el año pasado, pero sigue vigente la ley. “Por ahí se le puede buscar la vuelta de que sean optativas, pero PASO tiene que haber, porque si un frente electoral tiene que resolver candidaturas, no tiene cómo”, enfatizó un referente de larga data en la UCR.

“La idea es presentar un sistema superador a las PASO para que no quede nadie afuera y no vuelva a la lapicera en manos de las cúpulas partidarias”, apuntó otra voz de peso en la provincia.

“Es imperioso avanzar hacia la Boleta Única de Papel. Es una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”.

En efecto, la UCR ya tiene una iniciativa presentada de boleta única desde antes de que se aprobara en Nación. Lleva la firma de los diputados provinciales Diego Garciarena, Agustín Forchelli y Maricel Etchecoin.

UCR, reforma electoral, Boleta Única de Papel