Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

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“No tenemos la maquinita de hacer plata”, dijo el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, al momento de justificar la medida. Es la segunda población de Entre Ríos que entra en crisis por la caída de fondos. Sin embargo, el Gobierno provincial aseguró que no hubo pedido de asistencia.

El mandatario explicó que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los sueldos”, se llevó de $30 mil a $50 mil un adicional que cobraban los municipales. Es ese monto el que se integrará “en comestibles, ticket o bonos, como quieran llamarle”, expresó en declaraciones a un medio local.

Alderete, que tiene como oficio ser chofer profesional, subrayó que los $20 mil que se suman en mercadería al sueldo “supera la inflación” si se toma la remuneración de la categoría 10, una de las más bajas del escalafón.

“Es un bono comestible para paliar la situación actual”, redondeó. En este sentido, deslizó que durante el mes en curso habrá instancias a fin de evitar que esta forma de pago continúe. Además, confesó que mantiene “la ilusión de que esto mejore”.

Los bonos se podrán utilizar en el comercio local. “Se convocó a negocios de la ciudad que nos puedan dar a pagar con plazo para paliar esta situación económica”, detalló. En este contexto, la liquidación de haberes comenzó el miércoles 1° y culminará el martes 7.

“No tenemos la maquinita de hacer plata”

El intendente reclamó consideración a la planta de personal. “El empleado tiene que estar a la altura de las circunstancias. No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en materia de coparticipación y (la distribución de) ATN”, los aportes del Tesoro Nacional para desequilibrios, acotó.

“La coparticipación, que es casi el único recurso que tenemos, ha disminuido mucho”, adujo. En esa línea, trajo a colación el documento que rubricaron los intendentes de las principales ciudades argentinas el martes. Allí se expone la grave crisis financiera de los gobiernos locales. “En las comunidades chicas es peor”, graficó.

“En mi gestión se ha priorizado el aumento de sueldo a los empleados, acorde a los índices inflacionarios”, expuso. “Llevamos un 300%” de incremento de haberes, subrayó.

Alderete es el primer intendente peronista en la localidad desde la recuperación de la democracia. Ganó los comicios en 2023 y lleva dos años de gobierno. Sauce de Luna es una ciudad de apenas 3.300 habitantes. Está ubicada en la zona centro-norte de Entre Ríos, dentro del departamento Federal.

Respuesta del Gobierno

Lo ocurrido tomó por sorpresa a la administración provincial. Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que ni Alderete ni ninguno de sus funcionarios tramitó ayuda financiera para atender los pagos de haberes.

“Estamos en contacto permanente con todos los intendentes de la provincia y no hay ningún otro municipio atravesando una situación de estas características. Es un caso aislado”, aseguró a este medio un funcionario con despacho cercano al gobernador Rogelio Frigerio.

Con cierto fastidio, agregó: “En términos generales, los municipios han logrado sostener sus cuentas en equilibrio. No estamos viendo una situación de crisis extendida en los gobiernos locales”.

Luego, consignó: “La semana que viene vamos a recibir a la Liga de Intendentes del PJ. No hubo ningún planteo previo ni del presidente Adrián Fuertes ni de otros mandatarios locales. No es un tema que aparezca como preocupación general del sector”, resaltó.

Antecedentes

Sauce de Luna es la segunda localidad de Entre Ríos que entró en crisis por la falta de recursos. Semanas atrás, La Providencia cerró sus puertas durante cinco días. “Se informa a la población que la Comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, notificó el presidente comunal Edgardo Schneider.

“Desde que comenzó el 2026 estamos sin fondos. Esperemos sepan comprender la situación”, completó el titular del gobierno local.

La administración provincial aclaró que lo ocurrido se debía a una cuestión organizativa. “La situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”, el ministerio de Gobierno entrerriano.

“En relación puntual a La Providencia, la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial”, aclaró la cartera. La explicación es que se necesita “completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción”.

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