Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, el empresario de la carne publicó un descargo en sus redes sociales y apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y contra la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia que él mismo se ofreció a pagar y desde la administración bonaerense le respondieron.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Horas antes, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que “El Rey de la Carne” permanecía internado en el Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico por un virus.

“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono», se quejó.

Horas después, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se hizo eco del reclamo y anunció que el empresario será trasladado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.

Ante las críticas de algunos usuarios en redes que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial. “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”, contestó.

Este martes por la mañana, la esposa de Samid había utilizado su cuenta para comunicar la internación en el sanatorio privado. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X.

Fue tras eso que le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado en avión sanitario a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.

Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.

Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril, un sanatorio privado de la ciudad balnearia donde años atrás también fueron ingresadas personalidades argentinas como Susana Giménez en la pandemia, la exmodelo “Pata” Villanueva y Diego Maradona por los 2000.

En 2019, fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria por haber creado una asociación ilícita, montada para evadir impuestos en su cadena de frigoríficos.

Ya cumplida su condena, en las elecciones de medio término del año pasado, el empresario de 78 años fue candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal, pero no obtuvo los votos suficientes para conseguir una banca.

Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.

Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.

Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.

El conflicto salarial de la UTA no es uno más del rompecabezas de paritarias porque esconde una pelea que involucra de manera directa al Estado. La balanza de los subsidios estatales para garantizar el servicio se fue desequilibrando con el paso del tiempo. El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA es de $1952,6, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado + boletos vendidos) es de $1405,68 por viaje, según el informe de enero de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Detrás de estas cifras surge otro indicador alarmante: bajó un 10% la cantidad de pasajeros en las líneas del AMBA, por donde circulan 18.000 colectivos habilitados.

“Nosotros no queremos irnos a ningún lado, pero no estamos de acuerdo con esta situación. Estoy de acuerdo con la unidad, no con tres secretarios generales. Esta era la oportunidad para poder hacerlo, pero lamentablemente mi idea y la de otros compañeros no resultó. Hace dos mandatos que lo de lo del triunvirato no da resultados”, dijo Fernández el 5 de noviembre al retirarse ofuscado del estadio de Obras Sanitarias, donde se desarrolló el Congreso de la CGT que eligió al nuevo triunvirato, integrado por Jerónimo, Sola y el camionero Octavio Argüello.

La relación de la CGT con la UTA está guiada por las tensiones. Se agudizaron las diferencias cuando en abril del año pasado, en lo que fue el tercer paro general contra Milei, los colectiveros decidieron a último momento no plegarse a la huelga general con el argumento de que estaba en curso una conciliación obligatoria por un conflicto sectorial. Algunos sindicalistas tomaron esa actitud de la UTA como una traición.

Con un estatuto interno blindado para opositores, Fernández no da señales claras de dejarle el sillón a un sucesor. Logró neutralizar a Miguel Bustinduy, que no pudo penetrar en el gremio por ningún medio y decidió crear un sindicato propio: la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA), que reúne a unos 5000 choferes que prestan tareas para el grupo empresario DOTA. El teléfono de Bustinduy también recibió llamados de dirigentes de la CGT, quienes buscan garantizar el impacto de la protesta en rechazo a la reforma laboral que impulsa Milei.