Tiene razón Javier Milei. Emitir dinero no crea riqueza. Aunque varios se hayan hecho ricos gracias a la emisión monetaria. Tampoco emitir leyes y decretos es condición suficiente para cambiar la realidad. Y eso vale tanto para oficialistas como opositores. A la Argentina y a los argentinos les sobra experiencia en acumular normas que no se cumplen o se violan. Hasta las mejores.

Así, la decisión del Gobierno de comunicar una serie de medidas y proyectos para blindar el superávit fiscal, “piedra angular” del plan económico, es más una construcción narrativa de prevención, con varios destinatarios, antes que un seguro eficiente para su proyecto económico. Un nuevo gesto decisionista del Presidente, cuya efectividad va a depender de varios factores y circunstancias. En los próximos días varios se pondrán en juego.

Eso explica que hayan sido anunciadas por cadena nacional (la séptima desde que asumió Milei) en la noche del viernes por el Presidente, rodeado de las cabezas de su equipo económico y del titular del Banco Central. Los grandes tomadores de decisiones económicas, en primer lugar, los legisladores nacionales, luego, y, finalmente, la opinión pública fueron los tres destinatarios del anuncio del autoblindaje oficialista. Un acción multipropósito,

Después de varias semanas agitadas en el frente financiero, cambiario y bursátil, así como adversas en el Congreso, y a menos de 24 horas de haber cerrado con cierto éxito las alianzas para competir en las elecciones legislativas nacionales de octubre, el Gobierno buscó demostrar que retomaba la iniciativa. En las tres dimensiones había estado sometido a un testeo exigente en el que había mostrado fisuras y errores y recibido algunos aplazos dolorosos.

El mensaje, al igual que la forma en lo que se lo representó, fue una contraofensiva para tratar de disipar sombras que alteraban a los mercados, para neutralizar y descalificar a una lábil y efímera, pero creciente, confluencia opositora (peligrosa a los ojos y los fines del Gobierno), y para aglutinar el agitado frente interno. Antes de que fuera tarde.

La reafirmación de la reconocida determinación presidencial para sostener los ejes de su proyecto económico en lo fiscal y monetario apuntó a ese primer destinatario, que se conoce como “los mercados”. Se lo reconoció con elogios un considerable número de economistas y consultores, entre los cuales no faltaron varios que en otras ocasiones han sido críticos de medidas oficiales. No es poco. Más cuando el rating de la cadena nacional llegó a 28 puntos de rating en la televisión. Pero la primera gran respuesta la darán hoy las operaciones financieras.

Para los legisladores díscolos el mensaje tuvo el propósito de transferirles el costo político que estaba pagando el Gobierno por la decisión de vetar proyectos sensibles para la opinión pública (como el aumento a los jubilados o e las prestaciones para las personas con discapacidad).

Los destinatarios fueron los que se enrolan en el universo moderado, a los que se acusó de desestabilizadores, funcionales al kirchnerismo.

En ese descalificante sustantivo colectivo concentran ahora los libertarios el concepto de casta, que tan exitoso les fue en el ascenso al poder y que a lo largos de estos primeros 19 meses ha ido desdibujándose a partir de algunas sociedades e incorporaciones hechas y medidas tomadas. También, a raíz de algunos sonoros y no resueltos escándalos, entre los que sobresalen el caso $Libra o el del avión negro del polémico proveedor del Estado Leonardo Scaturicce.

El argumento tiene por objetivo romper coincidencias circunstanciales en el ámbito legislativo y mucho más: estructurar el andamiaje narrativo para construir una campaña electoral hiperpolarizada, reducida a la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo (antes que mileísmo-antimileísmo). Es lógico. El fanatismo (o voto duro) no suma más del 30% o 35%. El rechazo es más fuerte y es más fácil unir por la negativa, antes que ser víctima de esta.

Sin embargo, no será tan fácil que las meras palabras tengan suficiente poder disuasivo, aún cuando puedan tener impacto en la opinión pública y penetren en los votantes blandos. Al menos, durante el período crítico que va desde ahora hasta el 10 de diciembre, cuando se renovará la composición del Congreso.

Entre los impulsores y votantes de las iniciativas que rechaza el Gobierno y ha decidido vetar se cuentan legisladores cuyos mandatos vencerán este año y que no tienen posibilidades de renovarlos, con el agravante de que algunos hoy sienten más desafección hacia el oficialismo que hace unos días, tras los cierres de alianzas impuestos por la armadora libertaria Karina Milei.

También están los que responden a gobernadores que fueron amigables durante más de un año y medio y que ahora dicen padecer la falta de gratitud del Gobierno, lo que los afecta en su gestión y en sus perspectivas político-electorales.

Se suman a ellos los que por convicción y contrato electoral no tienen ningún incentivo para acompañar ciertas políticas oficiales (aún cuando apoyen muchas otras) y menos si afectan a sectores vulnerables y tienen repercusión social. Entre ellos está el bloque de la Coalición Cívica, parte del radicalismo y el heterogéneo espacio federal, donde diputados como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot han argumentado con números que no se trata de superávit fiscal sí o no, sino de la asignación de prioridades del gasto.

En ese terreno le enrostran al Gobierno la decisión de que no haya presupuesto para este año y que se hubiera prorrogado por segundo período consecutivo el elaborado en 2022 por Alberto Fernández y Sergio Massa, que contó con el voto de los entonces únicos dos diputados de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y Victoria Villarruel.

De todas maneras, en la opinión pública el mensaje presidencial y la discusión abierta no parecen ir más allá del universo de las minorías intensas. Hasta acá en ese segmento se ha venido imponiendo el Gobierno.

Sin embargo, como la pretensión oficialista es obtener en octubre el favor de un 45% del electorado, según han instalado los responsables de la campaña electoral libertaria, alcanzar esa cota requiere sumar a casi 15 puntos de votantes blandos.

Muchos de ellos rechazan formas presidenciales, algunas de sus políticas públicas o los efectos de otras y no les resulta incentivo suficiente la baja de la inflación o el “pilar” del superávit fiscal para votar candidatos ultravioletas. Muchas veces, ultraviolentos (discursivamente).

Por eso, a la reciente demonización kirchnerista (casi una originalidad en el discurso mileísta) y la instalación de que es una batalla decisiva para terminar con el kirchnerismo y con los que le son funcionales se han incorporado otras novedades en la narrativa oficialista.

Entre ellas resalta (y se explica) la reciente promesa de morigerar el lenguaje presidencial, al menos en lo que a insultos verbales se refiere. Aunque no abandonar la simbología o las metáforas estigmatizantes hacia los enemigos. El Presidente reposteó tras su cadena nacional mensajes en los que, por ejemplo, adversarios y críticos estaban representados con la imagen de una manada de mandriles. Al menos, en las palabras no se ha contradicho.

A esa promesa sumará ahora el envío de las normas destinadas a sostener el blindaje fiscal anunciado. Al margen de las decisiones administrativas que no tendrían reparos legales, el proyecto de ley para impedir que el Congreso vote iniciativas que puedan reinstalar el déficit fiscal abrirá nuevas discusiones y no tiene garantizada su sanción.

En primer lugar, porque, como se dijo, sobran desincentivados para complacer al Gobierno. Además, repondrá la discusión sobre el Presupuesto, en lo que el Gobierno está en mora. Y para ser consecuente, también, debería enviar al Parlamento el cálculo de gastos y recursos para el año que viene el 15 de septiembre, como máximo. Justo en la recta final de la campaña electoral. En la Casa Rosada dicen que lo hará. Habrá que ver si muestra esa carta.

Pero antes el escenario político develará dos grandes incógnitas. La más inmediata es si el panperonismo tendrá una sola lista de candidatos a diputados nacionales en la decisiva provincia de Buenos Aires, y, si logra armar esa oferta única (no de unidad), quién la encabezará.

En el Gobierno rezan para que Máximo Kirchner termine siendo el designado. Su proyecto hiperpolarizador no podría recibir mejor regalo. Por ahora, todas las noticias que surgen de ese espacio alimentan ese sueño libertario. A todo o nada.

“Hay una fuerte intención de su espacio para que vaya Máximo y Axel [Kicillof] no lo va vetar. Aunque preferiría que no fuera porque su candidatura va a arruinar los últimos días de la campaña provincial. De lo único que se va a hablar es de él”, se lamentan en el entorno del gobernador, en una nueva demostración de que si algo no hay en Fuerza Patria es unidad ni afecto societario.

La mención a la elección bonaerense el 7 de septiembre es un dato crucial. Aunque las cada vez menos predictivas encuestas le adjudican al perokirchnerismo buenas chances de salir airoso, el “factor Máximo” así como otras dos variables abren un enorme signo de interrogación.

La definición de esos comicios, que tendría fuerte impacto en la campaña nacional y en la marcha del Gobierno, al menos, hasta que se devele la incógnita de octubre, estará condicionada por la participación. También, por la normalidad con la que se desarrolle la jornada electoral provincial, la primera que no dependerá de la logística nacional.

En ese terreno juega un papel relevante la organización y ahí es motivo de preocupación la reasignación de los lugares de votación de un alto porcentaje de electores, que podría agravar la fuerte tendencia abstencionista, que viene registrándose este año en los comicios provinciales.

De allí los inesperados cuestionamientos del oficialismo bonaerense al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, a quien en el ámbito político-judicial se le adjudica afinidad con el kirchnerismo, a lo que han dado verosimilitud algunas de sus decisiones judiciales.

“Con el cambio en los padrones se hizo una complicada ingeniería electoral mandando gente a votar a barrios a los que muchos no irían porque son sinónimo de inseguridad o porque ni saben cómo llegar”, dice un importante asesor del gobierno provincial, que pone en la mira al juzgado de la decana de los jueces electorales, María Servini, donde se habría ideado la reorganización.

“Todo esto tiende a que la gente no vaya a votar. Y si la gente no va a votar le va a ir mejor al mileísmo, aunque ellos digan que el aparto peronista se beneficia. Todos sabemos que las minorías intensas se imponen cuando la gente se desmotiva y no va a votar. Con muchos más norteamericanos votando, Trump no ganaba. Entonces está clarito lo que está pasando”, agregan desde La Plata.

En el oficialismo nacional, piensan todo lo contrario y desconfían, con los mismos argumentos, de lo hecho por Ramos Padilla. Guerra de versiones (¿y excusas?).

Pocas veces como en esta ocasión, durante un año electoral, la atención estará puesta en más canchas que las de la campaña nacional y los indicadores económicos. La inusitada hiperactividad del Congreso, la desdoblada elección bonaerense y los mercados tendrán un rol protagónico. El blindaje que anunció el Gobierno será puesto a prueba en todos estos escenarios.