Este lunes y de forma virtual, comenzó el primer juicio por el lava jato argentino: se trata de la causa donde se procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, al igual que empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, entre otros, por administración fraudulenta, por el direccionamiento, los sobreprecios y el supuesto circuito de sobornos alrededor de la construcción de dos plantas de tratamiento -de agua potable y líquidos cloacales- para la empresa estatal AySA. En la primera audiencia hubo un planteo unánime de las defensas: que la UIF deje de querellar luego del decreto de Javier Milei quitándole dicha potestad al organismo antilavado.

Después de cinco años desde que el juez federal Sebastián Casanello dio por clausurada la investigación y envió a juicio oral la causa, inició el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El Ministerio Público Fiscal se encuentra representado por Fabiana León.

Pese a la resistencia de la fiscal ante el TOF 7, la modalidad del juicio será virtual y las audiencias se celebrarán de forma quincenal.

Durante el primer encuentro, que inició a las 9:30 y terminó cerca de las 14, se dio lectura por secretaría al requerimiento de elevación de juicio impulsado por el fiscal Federico Delgado.

Hay que recordar que para el desarrollo de este juicio se aceptaron 290 testigos, entre los que se encuentran los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, también a la actual diputada nacional Margarita Stolbizer, entre otros.

Uno de los primeros planteos que se escuchó por parte de las defensa fue unánime: que la UIF, organismo querellante en este expediente, deje de ejercer dicho rol a lo largo del debate.

En caso de que el Tribunal acepte el planteo de las defensas, tendrá un impacto directo a la hora de los alegatos: la única parte acusadora será el Ministerio Público Fiscal.

La Oficina Anticorrupción (OA) dejó de querellar durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el entonces titular del organismo, Felix Crous, firmó una resolución a través de la cual daba de bajar a la OA como querellante en una extensa lista de casos de corrupción.

El pedido, en este caso, responde al Decreto 274/2025 firmado por el presidente el 17 de abril, que establece que el organismo antilavado ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La nueva norma limita el ro lde la UIF en los procesos judiciales.

En enero, el Gobierno había designado al fiscal federal Paul Starc al frente de la UIF para reemplazar a Ignacio Yacobucci, a quien despidieron entre otros argumentos por supuestos «abultados gastos» en el área según la versión oficial.

Sin embargo, fuentes de la UIF indicaron que Yacobucci fue desplazado por haber querellado en causas de corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La UIF es clave para ayudar a la Justicia a investigar casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y movimientos financieros complejos, como pasó en la Ruta del Dinero K y en otros expedientes de entramados de blanqueo de activos y administraciones fraudulentas.

Bajo las nuevas directivas y su rol que ya no será de querellante, se especificó que la información de la UIF solo podrá ser utilizada también para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El organismo se encarga de recopilar, analizar y difundir información financiera emite normativas y directrices a entidades financieras y no financieras, entre otras funciones.

Ante este nuevo escenario, los abogados defensores sostuvieron que no debe participar más del juicio de Odebrecht. Es el primer coletazo del Decreto que lleva la firma del presidente de la Nación, en un caso de hechos de corrupción de envergadura en los tribunales de Comodoro Py.

En este expediente se investigaron las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o «Planta del Bicentenario».

Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht S.A. -sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A. ​​

Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, De Vido, José López y Baratta.

La particularidad es que en el banquillo de los acusados no se encontrarán ninguno de los empresarios brasileros. Durante la instrucción el juez Casanello muchos fueron citados a indagatoria sin éxito.

Ahora se suma otra circunstancia no menor: el Superior Tribunal de Justicia como contó Clarín, declaró nulas las pruebas obtenidas en el marco de los acuerdos de delación premiada por “contaminación de la prueba”.

Asimismo, la justicia de Brasil sostuvo en tres resoluciones que esas pruebas no pueden utilizarse en ningún otro tribunal ni jurisdicción.

El requerimiento de elevación a juicio sostiene que se «celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».

Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos.

En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recae sobre los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por «probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas».

El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por Camargo Correa y Esuco. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.