El dirigente Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, presentó una denuncia penal contra el legislador José Luis Espert, que encabeza la lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Lo acusó de haber recibido fondos del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Grabois pide que se investigue si los movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El supuesto desembolso habría sido en 2020, de acuerdo con la presentación de Grabois, que denuncia además otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario acusado de narcotraficante.

La presentación de Grabois dice estar basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, y en notas publicadas por los periodistas Sebastián Lacunza (El diarioAR) y Rodis Recalt (Perfil).

La cifra de los 200.000 dólares aparece en un cuadro en el que figura el nombre de Espert con ese monto y que, según Grabois, fue usado como prueba por la fiscal de Texas. Se trataría de un supuesto “libro contable secreto” -dice la denuncia- que llevaban Machado y una supuesta socia suya, Debra Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, advierte la denuncia.

Fuentes judiciales informaron a que la denuncia contra Espert ingresó el viernes pasado en los tribunales federales de San Isidro y que, por sorteo, le tocó al juez Lino Mirabelli.

El primer paso será ahora determinar si el caso se tramita en San Isidro. Hay chances de que no sea así porque en 2021 hubo una causa abierta en el juzgado federal 8 de los tribunales de Comodoro Py (el del juez Marcelo Martínez de Giorgi) y que estaría vinculada con esta.

El primer dato sobre la relación entre Espert y Machado fue en 2019, cuando Espert era candidato presidencial por el partido Despertar y viajó a Viedma en un avión de Machado para presentar un libro. Él mismo le agradeció públicamente a Machado el viaje en avión. Dos años después, cuando el empresario fue detenido, aquel vínculo fue cuestionado incluso por liberales: Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, emitió un comunicado en el que le pidió explicaciones a Espert. “Consideramos necesario que se esclarezca la situación, a fin de poder continuar las conversaciones institucionales entre ambas fuerzas”, decía el texto.

Más dura fue, en 2023, Lilia Lemoine, que acusó a Espert -por entonces enfrentado a Javier Milei, que era candidato a presidente- de ser “una persona traicionera” y dijo que en Despertar, que era su partido, “se quedaron con plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos”.

Hoy, Machado está arrestado en el país a la espera de que la Justicia argentina decida si hace lugar al pedido de extradición presentado por los Estados Unidos, que pretende juzgarlo por tráfico de drogas.

El pedido de extradición estaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -según informaron en el tribunal- lo devolvió al juzgado federal número 2 de Neuquén, que lo había tramitado. El motivo del envío fue un pedido de la defensa de Machado, que sostuvo que el 23 de enero de 2024, en Texas, se dictó un fallo que puede ser determinante para el futuro de su caso.

La Corte dispuso que el juez de Neuquén indague -vía Cancillería- sobre el contenido de esa supuesta sentencia. En su último fallo de este caso, el máximo tribunal ordenó: “Remítase al juez a quo [el de primera instancia], tanto la presentación como los autos principales, para que cumpla con lo solicitado y obtenida que sea la respuesta, se informe a este Tribunal junto con la devolución del legajo”.

El fiscal nacional electoral Ramiro González instó a que la Justicia electoral invite al Poder Ejecutivo a que firme el Compromiso Ético Digital para evitar la publicación de fake news y que le pida informes sobre la campañas que realiza contra la utilización de deep fakes y el uso de la Boleta Única por primera vez.

El fiscal hizo estas consideraciones en un dictamen que presentó ante la jueza federal María Servini, quien tramita un amparo presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Ramiro González instó a que la Justicia ordene medidas preventivas concretas y urgentes al Poder Ejecutivo Nacional contra la difusión de “deep fakes” y el uso no autorizado de servicios de clonación de voz y rostro con inteligencia artificial en el proceso electoral.

El Compromiso Ético Digital 2025 es una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca proteger la integridad del debate democrático y el proceso electoral nacional ante los desafíos de la desinformación y las nuevas tecnologías, como los deep fakes. Se implementa desde 2019 para “preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones nacionales”.

El Compromiso busca “construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral”. Y trabaja para “contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión”.

La idea del tribunal es que lo firmen los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, los bloques parlamentarios y las plataformas tecnológicas, con el objetivo de “mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”.

Las empresas tecnológicas que se adhieren al Compromiso Ético Digital 2025 declaran que reconocen la complejidad y la tensión generada por la difusión o proliferación de “información inexacta o noticias falsas” durante el proceso electoral y acuerdan “colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión,” dentro del marco de sus posibilidades y herramientas.

La acción de amparo, contra la Jefatura de Gabinete de Ministros del ministerio del Interior, se inició el 4 de agosto pasado. Gil Domínguez argumentó que esta práctica vulnera derechos fundamentales y humanos.

El fiscal González coincidió con esta preocupación del amparista que atenta “de manera colectiva» contra “el derecho fundamental y el derecho humano a elegir libremente en el marco de un proceso electoral transparente”. El dictamen subraya que el Ministerio Público Fiscal comparte la preocupación de que la voluntad popular se exprese libremente, “exenta de confusiones y, particularmente, de aviesa desinformación”.

González recordó que la incursión de los “deep fakes” ya ha lesionado el derecho de elegir libremente». Y citó el caso de las elecciones legislativas del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde se difundieron videos de IA simulando que hablaban el expresidente Mauricio Macri y Silvia Lospennato, su candidata.

Y hay otro antecedentes sobre elecciones en Córdoba, donde fue sancionada una empleada de una agencia de publicidad por subir en Facebook avisos falsos. “No caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deep fakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular”, dijo el fiscal.

González sostuvo que la utilización de deep fakes con fines electorales “constituye una forma de interferencia política sofisticada y profundamente lesiva para el sufragio libre e informado de las personas”. Además, indicó que el uso no autorizado de clonación de voz y rostro con IA en procesos electorales podría configurar un delito, como lo es la inducción de engaños al sufragar, que se castiga con penas de gasta dos años de prisión.

A pesar de que el Estado Nacional solicitó el rechazo de la acción, porque dijo que Gil Domínguez no tenía personería, el fiscal González sostuvo que puede demandarse al Ejecutivo un “compromiso adicional” en el ámbito de la prevención. Por ello, el dictamen solicita a la jueza que haga lugar al amparo y se requieran informes urgentes y medidas preventivas, para evitar el uso ilegal o abusivo de la IA.

El Fiscal específicamente requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre que acciones de difusión y sensibilización realizó sobre los usos indebidos de las herramientas de Inteligencia Artificial que pudieran afectar el normal desarrollo de los comicios. Y además que se notifique a las empresas responsables de plataformas digitales (X, TikTok Pte. Ltd. y Google Argentina SRL) sobre la regulación aplicable en materia de infracciones o delitos electorales.