POLITICA
Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías

El Gobierno oficializó una decisión que ya habían anticipado a finales de 2025: la reestructuración integral del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. El anuncio, que impacta directamente sobre más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.
Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La deuda que mantiene ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Gobierno consideran que estos problemas operativos derivan de irregularidades en la gestión de las administraciones anteriores.
Entre las poblaciones más golpeadas por el deterioro de la entidad se encuentra Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceder a servicios básicos de salud.
Frente a este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de alternativas viables para rescatar a IOSFA del colapso. La reorganización planteada consiste en una división estructural del organismo.
De esta manera, la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) nace como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su ámbito de acción se extiende a todo el territorio nacional, con la misión central de “brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio Directorio. El decreto estipula que las prestaciones jamás podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio aprobado por el Decreto N° 492/1995, ni a futuras actualizaciones.
La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas. Esta estructura garantizará, según el Ejecutivo, una conducción especializada y alineada con las necesidades particulares de cada institución militar. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y el control de la nueva obra social, actuando como autoridad de aplicación y responsable último de su funcionamiento.

En paralelo, se establece la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.
Esta desarrollará sus funciones a nivel nacional, bajo estrictos parámetros de control por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.
El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, todos serán designados y removidos, en caso de ser necesario, por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con probada idoneidad y antecedentes técnicos en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los miembros demuestren competencia y formación en administración, así como experiencia en organismos complejos.

La OSFA Tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados directos de la obra social, retirados y pensionados. A ellos se suman los beneficiarios incorporados, que int tegran el grupo familiar primario del titular, incluyendo cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, bajo ciertas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios formales. Según lo dispuesto, el directorio podrá autorizar la incorporación de afiliados adherentes, siempre que no posean otra cobertura de salud y cumplan con los requisitos de sustentabilidad financiera.
Mientras tanto, la OSFFESEG incorpora como titulares al personal con estado militar de Gendarme en actividad, personal policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, personal civil en relación de dependencia en ambas fuerzas, empleados de la propia obra social y personal retirado o pensionado de ambas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular también accede a la cobertura, con condiciones similares a las fijadas para la OSFA. Además, el Directorio de la OSFFESEG tiene la facultad de admitir nuevos afiliados adherentes, siempre que se acredite la viabilidad financiera y se trate de personas sin otra cobertura.

Ambas obras sociales contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de los haberes, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.
El decreto establece que tanto OSFA como OSFFESEG deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existiera un excedente y todas las obligaciones de salud y administrativas estuvieran cubiertas, hasta un 12 % podrá dirigirse a otras prestaciones sociales.
A su vez, autorizaron al directorio de cada institución a formular el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos anuales y balances, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante sus respectivos ministerios.
Además, aclararon que ambos equipos de trabajo estarán sometidos a auditorías internas bajo la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir rigurosas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés.
En esa línea, establecieron que el mandato de los miembros será de cuatro años, con posibilidad de reelección. De manera obligatoria, todos los integrantes deberán acreditar competencia y experiencia en la gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.
Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé la transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, incluyendo la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la definición de toda la normativa complementaria necesaria.
El proceso contempla la preservación de las prestaciones actuales y la protección de la población afiliada a lo largo de toda la transición. Las sedes centrales de ambas nuevas obras sociales estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a “circunstancias excepcionales que tornan necesario y urgente adoptar medidas inmediatas de reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud”, ante el “desequilibrio estructural y desfinanciamiento que atraviesa el IOSFA”. El Ejecutivo remarcó que la reestructuración permitirá “asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”.
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POLITICA
Kicillof se encamina a presidir el PJ bonaerense, pero aún no se destrabó la negociación por otros cargos

Este mes se discute en el peronismo una antesala de lo que será la disputa interna rumbo a las presidenciales -y provinciales- del 2027: la renovación de autoridades del PJ bonaerense del 15 de marzo. En esa puja, el gobernador Axel Kicillof busca quedarse con la conducción del partido, siempre y cuando sea cimentada en un acuerdo de unidad.
En este sentido, por estos días hay intensas negociaciones entre el entorno del mandatario provincial y referentes bonaerenses de La Cámpora. Luego de las primeras reuniones hay un primer entendimiento: Kicillof será el presidente del partido. Pero hay un asterisco, y es que eso sucederá solo si se ponen de acuerdo en el reparto de cargos, donde hoy están trabados.
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“Hay un impasse a la espera de la llegada de Axel», confió a TN un dirigente que es parte activa de las negociaciones. Sucede que el Gobernador está fuera de La Plata -centro de reuniones- por cuestiones de gestión y su palabra es esencial para definir el rumbo de las conversaciones.
Según pudo reconstruir este medio, la negociación parte de un punto de acuerdo que meses atrás era impensado: Máximo Kirchner (actual presidente del PJ provincial) ofreció a Kicillof hacerse cargo de la conducción. Esto era lo que pedía su espacio hace tiempo, con el histórico reclamo de que el partido no respaldaba su gestión.
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El Gobernador está de acuerdo en aceptar “si hay consenso” y eso está circunscripto a la discusión por el reparto de cargos. Y por estas horas, hay una fuerte disputa por la vicepresidencia primera. Las conversaciones se extenderán hasta el domingo.
Ese lugar de peso en el PJ lo quieren tanto el Movimiento Derecho al Futuro como La Cámpora. El espacio de Kicillof quiere ubicar allí a la vice Verónica Magario -también alternativa a la presidencia si no hay unidad- mientras que no trascendieron nombres por el kirchnerismo.
El detalle de las negociaciones
El acuerdo que propone el MDF es quedarse con la vice primera y el control de la Junta Electoral, lo que dejaría a La Cámpora con la vicepresidencia segunda, la secretaría general y el Congreso del PJ. El reparto parece equitativo, pero el peso de la primera vicepresidencia hoy empantana la discusión.
Por el lado del Gobernador hay una comitiva encabezada por la vice Verónica Magario, el ministro Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares; mientras que por el núcleo duro K hacen lo propio los legisladores Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora).
“Nuestras conducciones son que alguien de nuestro sector sea quien conduzca el partido. Y obviamente gobernabilidad”, apuntó otro referente del MDF. “Si eso es así, hay posibilidad de que haya acuerdo. Si no, iremos a internas”, remarcaron.

“Muy buen tenor en las reuniones, pero todavía partiendo de muchos escenarios posibles”, señaló uno de los referentes que forman parte de los encuentros, poniendo paños fríos a la urgencia por el acuerdo.
Si bien el Partido Justicialista es muy verticalista y la figura del presidente tiene mucho peso, también es significativo el poder del Congreso del PJ. De allí que la disputa por esos cargos tensionen el acuerdo por estas horas.
“La línea nuestra siempre fue que la presidencia del partido sea para Axel, en un marco de unidad, sin elecciones”, explicaron. Y apuntaron: “Ellos se quieren quedar con todos los cargos y eso es inaceptable”. “Es como el cierre de listas de septiembre”, graficó un armador de Kicillof a TN.
Porque, además, hasta que no se resuelva ese reparto, tampoco puede empezar a ordenarse el partido en el territorio. Es decir, también se renovarán autoridades en los 135 distritos y deben trabajar para establecer condiciones en cada uno de ellos. Y claro, ya se arman listas separadas “por si acaso”.
PJ, Axel Kicillof, Peronismo
POLITICA
Botón de arrepentimiento: las empresas podrán pedir información extra cuando el usuario quiera suspender un servicio

Luego de que el Gobierno nacional estableciera cambios en el funcionamiento de Defensa del Consumidor, esta madrugada se confirmó cómo funcionará el nuevo protocolo para dar de baja un servicio. Según explicaron, los proveedores tendrán más libertad para solicitar datos para verificar la identidad del usuario.
Por medio de la Disposición 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo, estableció que, al gestionar la baja de un servicio o ejercer el derecho de arrepentimiento en una contratación, el consumidor debe cumplir los pasos previstos por la empresa proveedora.
A pesar de esto, las autoridades remarcaron que las medidas podrán ser sumadas siempre que sean consideradas razonables y efectuadas por los medios habituales. Asimismo, apuntaron que estas tendrán que tener como “finalidad exclusiva la verificación de identidad y seguridad del usuario”.
Previo a esto, la aprobación de la disposición 954/2025 sobre el “Botón de Arrepentimiento” y la “Baja de Servicios” introdujo una unificación normativa destinada a simplificar y actualizar los procedimientos para que los consumidores puedan cancelar servicios contratados de forma remota.

Según argumentaron las autoridades, la decisión buscaba “facilitar el conocimiento y ejercicio de esos derechos por parte de los consumidores y usuarios”, al mismo tiempo que impulsaba la simplificación de “su instrumentación por parte del sector proveedor”.
De la misma forma, detallaron que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo será responsable de dictar las normas interpretativas o complementarias que resulten necesarias para su adecuada implementación. Esto implicaría que la regulación mantenga un carácter dinámico, con la posibilidad de introducir ajustes que mejoren su eficacia operativa y aborden situaciones específicas que surjan en la práctica.
Entre los puntos clave, la medida especificaba que, al momento de utilizar el “Botón de Arrepentimiento” o solicitar la baja de un servicio, el proveedor no podía exigir al consumidor ningún trámite adicional ni requerir una registración previa.
Sin embargo, con la nueva modificación, las empresas podrán solicitar información que consideren necesaria para poder verificar la identidad y los datos del consumidor en ciertas circunstancias para procesar la baja o revocación de contratos de servicio.
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De hecho, en la disposición 954/2025, habían contemplado la posibilidad de adoptar “medidas razonables de verificación de datos que hacen a la identidad del consumidor”.
En este sentido, las autoridades justificaron la nueva medida al indicar que sería “fundamental para salvaguardar la seguridad de los usuarios y la integridad de sus datos, previniendo eventuales acciones fraudulentas y asegurando que las solicitudes de baja o arrepentimiento emanen fehacientemente del consumidor interesado”.
En este contexto, aclararon que la implementación de mecanismos de validación no debe considerarse como una carga burocrática. Por el contrario, aseguraron que estos procedimientos constituirían una medida de seguridad destinada a evitar que terceros ajenos al contrato puedan rescindir servicios o revocar operaciones de manera inconsulta.
Para estos casos, la medida prevé que, cuando sea necesario corroborar los datos consignados por el consumidor, este deberá completar los mecanismos o pasos previstos por el proveedor. De la misma manera, recordaron que la Ley N° 24.240, en su artículo 10 ter, establece con claridad que toda contratación de servicios realizada por teléfono, medios electrónicos o similares puede rescindirse utilizando el mismo canal empleado para su contratación.
POLITICA
La SIDE neutralizó un ciberataque contra la Cancillería: estaría vinculado al alineamiento con EE.UU.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que la Agencia Federal de Ciberinteligencia logró neutralizar un ciberataque dirigido contra el dominio oficial de la Cancillería argentina.
Según el comunicado oficial, el intento de agresión consistió en una maniobra de “Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)”, la cual fue detectada de manera temprana y repelida con éxito. De este modo, los equipos técnicos especializados activaron los protocolos correspondientes y evitaron “cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos”.
El organismo enmarcó este incidente en una “campaña coordinada de acciones hacktivistas” dirigida contra los países que integran el Board of Peace (Consejo la Paz), espacio creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al que se sumó Javier Milei.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) February 5, 2026
La SIDE detalló que se registraron ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que confirma “un patrón de agresión digital contra los Estados miembros de dicho espacio estratégico” en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.
Desde la Secretaría sostuvieron que, al formar parte de este nuevo esquema internacional, Argentina se convirtió en “uno de los objetivos de esta ofensiva digital”.
Ante este escenario, el Estado trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad con el fin de anticipar y neutralizar agresiones que pongan en riesgo la soberanía digital y la seguridad nacional. Este evento ocurre tras un antecedente de ciberamenaza en octubre de 2025, cuando el Ministerio de Salud fue víctima de un ataque de tipo ransomware.
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Cancillería,Ciberataque,consejo de paz,SIDE
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