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Operativo Puf: anulan el caso donde se investigaba un supuesto complot kirchnerista para perjudicar al fiscal Stornelli

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La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.

Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.

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En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.

Eduardo ValdésFernando Massobrio

Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.

La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.

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Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.

El juez Juan Ramos PadillaFiscales. gob.ar

El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.

Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.

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El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que «no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.

Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.

Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.

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Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.

Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.

La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.

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Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.

El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.

“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.

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Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.

El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.

Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.

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Los cuadernos de las coimas,Carlos Stornelli,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Reto a los jueces. Emplazan al tribunal de “los cuadernos de las coimas” para que agilice el juicio contra Cristina Kirchner,,Sin vuelta atrás. Los cuadernos de las coimas: convocan a una audiencia clave para iniciar el juicio contra Cristina,,Bajo agua. Un país que muestra la extrema pobreza en infraestructura que no soporta ni la lluvia, ni el frío o el calor

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Diputados: el Gobierno retrasa la conformación de la Comisión de Juicio Político mientras avanza el caso $LIBRA

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Mientras la Cámara de Diputados avanzó esta semana en la integración de casi 20 comisiones, una de las más sensibles quedó fuera del cronograma: Juicio Político. El órgano, clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, sigue sin conformarse en un contexto atravesado por el avance del caso $LIBRA.

En el oficialismo aseguran que la constitución se formalizará en el corto plazo, aunque por ahora los nombres se manejan con hermetismo. La definición, según pudo saber de fuentes oficiales, quedará políticamente en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del titular de Diputados, Martín Menem.

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“Alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión. Entre los nombres que circulan aparece el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, aunque la decisión no está cerrada. En el oficialismo evalúan inclinarse por un diputado con formación jurídica, lo que acota el abanico de opciones.

Gabriel Bornoroni, uno de los libertarios que podrían quedar al frente de la Comisión de Juicio PolíticoManuel Cortina

La comisión arrastra, además, un antecedente conflictivo. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, nunca llegó a activarse plenamente.

Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.

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Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.

La exlibertaria Marcela Pagano Santiago Oroz

El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.

Los bloques opositores podrían revocar la delegación que le otorgaron al presidente de la Cámara en la sesión preparatoria y, mediante una resolución, forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Aunque ese escenario hoy aparece lejano, en el oficialismo prefieren evitarlo: avanzar con la integración, pero mantener el control político del cuerpo.

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La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.

En la oposición ya suenan algunos nombres: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Mariela Coletta y Juan Brugge (Provincias Unidas); y, por UP, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Snopek, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez.

En paralelo, Diputados avanzó entre lunes y martes con la constitución de comisiones. El dato saliente fue que el oficialismo logró quedarse con la presidencia de dos áreas que hasta ahora controlaba la oposición: Salud y Discapacidad.

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Se trata de comisiones que el año pasado representaron un frente de conflicto para el Gobierno. Desde allí se impulsaron proyectos luego vetados por Milei y ratificados por el Congreso con mayoría agravada, como la emergencia en discapacidad y la ley de salud pediátrica, conocida como “ley Garrahan”.

En Salud, el tucumano Pablo Yedlin (UP) fue reemplazado por el libertario Manuel Quintar, de Salta. En Discapacidad, Daniel Arroyo (UP) dejó la presidencia en manos de Gerardo Huesen (LLA), también tucumano.

Diputados libertarios salen de una reunión en Casa RosadaHernan Zenteno

Los libertarios también se aseguraron el control de Energía y Combustibles, con el mendocino Facundo Correa Llano, y de Legislación General, que quedó a cargo de Santiago Santurio.

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A su vez Pro, en tanto, retuvo la comisión de Educación, encabezada por Alejandro Finocchiaro, un aliado del oficialismo. También quedó en manos de un aliado, el santacruceño José Garrido, la presidencia de Industria.

Por su parte UP mantuvo la conducción de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales (Ariel Rauschenberger), Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Mientras que Provincias Unidas se quedó con Transporte (Jorge Rizzotti), Pyme (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brugge).


caso $LIBRA,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Insólito. Un diputado de Pro compró un rifle de aire comprimido, lo envió al Congreso y activó un operativo de seguridad,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

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Qué respuesta dio el diputado que pidió un rifle de aire comprimido por delivery al Congreso

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La mañana de este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro inesperado cuando el personal de seguridad detectó un rifle de aire comprimido en el escáner de paquetería que ingresaba al Congreso. El paquete, dirigido al despacho de Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Pro, generó una inmediata activación del protocolo de seguridad.

El incidente se desencadenó cuando un repartidor, con la apariencia habitual de quienes realizan entregas, intentó ingresar el paquete al edificio. El personal de seguridad observó a través de la pantalla del escáner la silueta de un arma, lo que motivó la rápida intervención de los custodios. El joven quedó demorado y el edificio ralentizó su rutina habitual. El nombre de Javier Sánchez Wrba figuraba en el exterior del paquete, lo que llevó a la seguridad a contactarlo de inmediato.

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Al ser notificado, el diputado bonaerense se presentó en el ingreso del anexo y explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, afirmó Sánchez Wrba, y agregó: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”.

La situación se vio reflejada en redes sociales, donde la noticia circuló rápidamente y motivó comentarios de otros diputados, como Esteban Paulón, quien realizó una publicación en la plataforma X que aludía al episodio sin mencionar directamente al legislador del Pro. Ante la repercusión, Sánchez Wrba remarcó: “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.

Javier Sánchez Wrba presentó una nota formal ante la presidencia de la Cámara para aclarar la procedencia y el destino del aire comprimido recibido en el Congreso

La presidencia de la Cámara, consultada por Infobae, se refirió a la actuación del equipo de seguridad y buscó disminuir la tensión generada, indicando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

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En respuesta formal al episodio, Javier Sánchez Wrba dirigió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde aclaró que la compra del aire comprimido se realizó por Mercado Libre y que, por un error logístico, el envío se dirigió a su despacho y no a su domicilio. “Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba, en un documento al que tuvo acceso Infobae.

El diputado adjuntó la factura de compra del producto y dejó constancia de su disposición para cualquier requerimiento adicional que permita despejar malos entendidos. En el texto presentado, Sánchez Wrba sostuvo: “Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra”.

Al esclarecer la situación, el legislador tomó el paquete y lo trasladó a la cochera del anexo, donde lo depositó en el baúl de su vehículo.

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Este caso no fue el único episodio reciente relacionado con objetos prohibidos que ingresan por error a las instalaciones del Congreso. Hace dos semanas, en el Senado, se vivió una situación similar cuando el senador Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Justicialista, olvidó un cuchillo de asado en su mochila, la cual fue retenida por la seguridad. El propio senador aclaró el hecho y prometió salames quintero de Mercedes como gesto de agradecimiento al personal de seguridad.

Las autoridades parlamentarias reiteraron la importancia de los controles y protocolos de seguridad, al tiempo que minimizaron la gravedad del suceso, sosteniendo que el rifle de aire comprimido corresponde a un objeto de uso recreativo y de venta libre. El episodio, que interrumpió la rutina habitual en el Congreso, se resolvió con la presentación de la documentación respaldatoria y la aclaración pública por parte del diputado involucrado.

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Un diputado pidió por delivery un rifle de aire comprimido que llegó al Congreso y activó un operativo de seguridad

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El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba fue protagonista de un hecho insólito durante la tarde del miércoles cuando recibió en el Congreso un paquete por delivery que llevaba un rifle de aire comprimido y activó un operativo de seguridad.

El legislador pidió el rifle, con fines recreativos, a través de una aplicación de compra online y, según contó, se equivocó de dirección: en vez de poner su domicilio, puso el del Anexo de Diputados.

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Cuando el paquete llegó al edificio y fue escaneado, despertó un operativo de seguridad ante el temor de que fuera un arma verdadera.

Javier Sánchez Wrba, diputado nacional Pro. Foto Cámara de Diputados.

Ante los llamados del departamento de Seguridad a las autoridades de la Cámara, el diputado socialista Esteban Paulón, enterado de la situación y del envío al Anexo A del Congreso posteó en redes: “Otro día trancu en Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI (Mercado Libre) y pidió que se la envíen a su oficina de… Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.”, señaló Paulón.

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Sánchez Wrba tuvo que enviar una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, para aclarar la situación: “Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, escribió el diputado.

Factura del rifle que compró el diputado Javier Sánchez Wrba
Factura del rifle que compró el diputado Javier Sánchez Wrba

También adjuntó una factura con la compra para dejar asentado que se trataba de un rifle con fines recreativo.

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