POLITICA
OPNyA: Andrés Larroque avala a un polémico funcionario vinculado a Iván Tobar

El director provincial de Institutos Penales, Claudio «Momia» Otero, viene avanzando sobre las direcciones de los centros de menores pero no para mejorar su pésimo funcionamiento sino para colocar allí a sus amigos de confianza, garantizando el control de cajas chicas y horas extras y, para los nuevos directores, una categoría jerárquica según el nuevo reglamento, que implica para los trabajadores rasos una reducción salarial y un cambio del régimen horario.
Durante las últimas horas la noticia fue que Otero decidió cambiar a Alejandro Robledo de la dirección del instituto Almafuerte de La Plata, como ya hizo en el Pellegrini, el Eva Perón o el Pablo Nogués. A diferencia de los otros, el Almafuerte posee un buen concepto entre los trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), no solo por el régimen disciplinario, sino también por la escuela y los talleres, una lógica que solía ser propia de todos los institutos por igual aunque en épocas pasadas.
En ese marco, el “Momia” Otero decidió designar como director del Almafuerte a Diego Quiroga, un cuestionado asistente de minoridad al que apodan «Atila», porque a su paso por un instituto “no deja nada”. Quiroga iba a asumir la semana pasada, con el apoyo de la organización autodenominada Unión de Trabajadores Asistenciales de Niñez y Adolescencia (UTANyA), que carece de personería gremial y fundó un asistente de minoridad del Almafuerte llamado Maximiliano López. UTANyA contaba con el apoyo y recursos de Iván Tobar, hasta que este fue recientemente detenido por el tiroteo entre barras de Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y Club Estudiantes de La Plata en el hospital San Roque de Gonnet.
La cuestión es que esta decisión produjo un escandalosa interna entre funcionarios del OPNyA que empezaron a preocuparse por las decisiones del “Momia”, que se mueve como un elefante en un bazar, tan así que su frase más repetida sería «Los voy a hacer mierda», sin importar si está hablando con los trabajadores, con los menores o con otros funcionarios.
Se comenta en los pasillos que los funcionarios más cercanos a Andrea Cáceres, la directora Ejecutiva del OPNyA, ninguno de los cuales pertenece a la órbita de los Institutos Penales, casi terminan a las piñas una discusión con el “Momia” Otero. Dicen que hasta el mismo Andrés Larroque se interesó en el problema de las direcciones de los Institutos Penales.
En la cocina de la dirección provincial, una parte del personal hizo un planteo hacia el mismo subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Pablo Lachener, en contra de la forma en que se pretendía reemplazar la dirección del Almafuerte. Así fue que el “Momia» tuvo que postergar la asunción de Quiroga, pero ya dejó trascender que se va a producir en esta semana, suponiendo que la actual dirección se va a cansar de las presiones y se va a ir por su cuenta, como ocurrió en los otros institutos.
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El disco rígido cargado con información sensible que estuvo bajo llave y ahora pone en jaque la estrategia del Gobierno

El registro de los múltiples contactos del trader Mauricio Novelli con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo -antes, durante y después del tuit presidencial que le dio vida pública a la moneda virtual $LIBRA-, junto con otra información sensible como chats y geolocalizaciones, permanecía hasta este viernes guardado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, dentro de un disco rígido externo al que solo tenía acceso el juez.
Pero el contenido de ese disco rígido, extraído de los dispositivos de Novelli, fue liberado el viernes por la mañana a todas las partes del proceso que se acercaron con un pendrive en la mano al juzgado de Martínez de Giorgi en Comodoro Py. Y, de a poco, comenzó a hacerse pública información que, cuanto menos, pone en crisis la estrategia comunicacional del Gobierno sobre el tema $LIBRA.
En la causa, el trader Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy son investigados bajo la hipótesis de haber oficiado de nexo entre el creador del activo, Hayden Mark Davis, y la cúpula del poder libertario. Constituirían la “pata local” de la investigación. El vínculo de ambos con Javier y Karina Milei no estaba bajo controversia; se remonta al menos a 2021, y de él hay distintas muestras: Milei, por caso, fue profesor en la escuela de trading que dirige Novelli.
Lo que refuerza el registro de llamados que la Justicia tiene entre sus manos -y desde el viernes también las partes- es la hipótesis de que el Presidente y su hermana Karina estuvieron involucrados en el lanzamiento del activo que dejó un tendal de damnificados y quedó sospechado de estafa. El horario de los contactos entre Novelli -que se encontraba con Hayden Davis en los Estados Unidos- y los hermanos Milei daría cuenta de que estos seguían de cerca los movimientos y que, contrariamente a lo que luego diría el Presidente, sí estaban al tanto de los detalles del proyecto.
Los llamados son apenas una parte del material, que incluiría también geolocalizaciones, fotos, archivos, chats y otros intercambios. Por estas horas, las querellas, es decir, quienes fueron acreditados por la Justicia como damnificados en la maniobra investigada, están abocados a analizar esa montaña de datos, que pesa unos 40 gigabytes, señalaron las fuentes.
Ni Javier Milei ni su hermana Karina cuentan con la representación oficial de un abogado en la causa, por lo que todavía no tienen acceso formal al expediente.
El camino de la información
El recorrido de esa información -que ayer comenzó a conocerse de a retazos y que pone en jaque la estrategia que el Gobierno mantuvo hasta ahora en el caso- comenzó a mediados de noviembre, cuando expertos del Ministerio Público Fiscal enviaron a la fiscalía de Eduardo Taiano un informe preliminar con datos de los peritajes realizados en dispositivos electrónicos que la Justicia secuestró en marzo del año pasado, en una serie de allanamientos realizados en domicilios ligados a Novelli y su socio Terrones Godoy.
En esa primera entrega ya había un rastro de presuntos borradores de acuerdos confidenciales que tenían como eje central la formalización de una “asociación indirecta con el Gobierno de Argentina” para monetizar la imagen del presidente Javier Milei, tal como contó este medio.
Sin embargo, ese material, pese a formar parte del expediente, no estuvo siempre al alcance de las partes, lo que motivó cuestionamientos y quejas de las querellas. Parte de la información fue puesta en reserva por el fiscal Taiano, para la realización de un “trabajo interno”, según sostuvo en un escrito reciente.
El 13 de enero de este año, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DATIP) completó el envío del material al remitir los anexos digitales a través de la “nube” del Ministerio Público Fiscal (MPF). Pero el volumen de la información impidió que pudiera descargarse correctamente.
Tras varios intentos fallidos, la DATIP optó por enviar el material de manera física a la fiscalía, en un disco rígido externo. El dispositivo fue encriptado con un software especial y protegido con una contraseña, que fue entregada en un papel junto con el aparato, el 4 de marzo.
El juez Martínez de Giorgi recibió luego ese disco desde la fiscalía de Taiano. Por disposición del juez, quedó resguardado bajo llave en la caja fuerte de la secretaría del juzgado.
Ese material, que hasta entonces solo estaba bajo custodia del tribunal, y era reclamado por las querellas, fue puesto a disposición de todas las partes el viernes por la mañana. Por la tarde, comenzaron las primeras revelaciones.
borradores de acuerdos confidenciales,Federico González del Solar,Conforme a
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Adorni cerró Argentina Week instando a los empresarios a que se sumen a la batalla cultural: “Defiéndanse”

(Desde New York, Estados Unidos) Manuel Adorni cerró el ciclo Argentina Week instando a los empresarios que se sumen a la batalla cultural del gobierno. El jefe de Gabinete hizo su presentación en el Bank of America, que fue escenario del inédito evento oficial convocado para atraer inversiones privadas al país.
En el tramo central de su discurso, Adorni arengó a los empresarios argentinos a respaldar la perspectiva ideológica del gobierno vinculada al capitalismo de mercado y al ajuste de la estructura estatal.
El jefe de Gabinete dijo:
-“Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio. Pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural”.
-“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan».
-“Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros, estar a la altura de la historia.
-“Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara: acompáñennos en esta nueva etapa”.

Adorni viajó con su esposa Bettina Angeletti en el vuelo que trajo a Javier Milei a Estados Unidos. Y en este contexto, se publicaron en las redes sociales una sucesión de imágenes trucadas con inteligencia artificial.
El jefe de Gabinete aprovechó su discurso de cierre de Argentina Week para condenar esa campaña sucia que involucró a su esposa Bettina Angeletti: “Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos».
En un discurso de siete minutos, que fue escuchado con atención por Luis Caputo -ministro de Economía-, Santiago Bausilli -presidente del Banco Central- y Alec Oxenford -embajador de argentina en Estados Unidos-, Adorni defendió el plan de ajuste y la integración con Occidente que propone Milei.
El jefe de Gabinete enfatizó:
-“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, industria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”.
-“La Argentina es capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer, libres de las ataduras políticas que hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el Gobierno, las reprimían».

-“La Argentina integra a Occidente con la capacidad para expresar la seguridad de sus propias fronteras, junto a un control migratorio estricto gracias a fuerzas de seguridad acordes y fuerzas armadas serias y correctamente equipadas».
-“Hoy, la Nación Argentina ofrece, por primera vez en décadas, federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio. Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo. Y el Gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria”.
-“De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas”.
-“Para ponerlo en contexto, fue una expansión parecida a la que sucedió en Estados Unidos hace más de cien años y generó la consolidación del estado de California, uno de los estados más importantes, una nueva fiebre del oro en la Argentina».
Cuando terminó su discurso, los miembros del gobierno y los empresarios que aún quedaban en el Bank of America se levantaron de sus sillas y los aplaudieron.
Adorni agradeció el gesto y sonrió.
corresponsal:Enviado a New York Estados Unidos
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La ex secretaria de Deportes de San Luis va a juicio por presunta malversación de fondos por más de $290 millones

Una funcionaria que participó en la gestión de gobierno de Alberto Rodríguez Saá en la provincia de San Luis enfrentará un juicio por un presunto caso de corrupción que comenzará la próxima semana. Se trata de la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien está acusada por malversación de fondos públicos por un valor cercano a $290 millones.
De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el proceso judicial está previsto que comience el próximo lunes 16 de marzo. Allí, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, intentará probar que la imputada concentró al mismo tiempo los cargos de secretaria de Deportes durante el período 2022 y 2023.
Justamente, entre las maniobras bajo investigación, figura la creación del Ente Deporte San Luis en marzo de 2022, que recibió un aporte no reintegrable de $280 millones. Seis meses después, en octubre de 2022, Ramirez fundó la asociación civil San Luis FC, un club dedicado al fútbol femenino y donde también fue designada como presidenta, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a su vez, dirigía el ente público.
La acusación apunta a que, desde la creación del club, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado por más de $166 millones, abarcando gastos de transporte, viandas, electrodomésticos y otros rubros. Para fundamentar los cargos, la fiscalía provincial de San Luis sostuvo: “Cualquier gasto que tuviera San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente presidido también por ella”. Según la fiscalía, las operaciones tenían apariencia legal, pero ocultaban una maniobra destinada a beneficiar intereses particulares.

Uno de los hechos que más resaltan en la causa fue la compra de un colectivo marca Volvo de 60 asientos, modelo 2018. Según la acusación, la operación se realizó pocos días antes de que Ramírez dejara su cargo, en diciembre de 2023, por un monto cercano a los $290 millones. El fiscal aseguró que “la cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo iniciado el 1° de diciembre del 2023, es decir, nueve días antes de la salida de la funcionaria”. La tasación oficial determinó que el valor real del vehículo era de $114 millones porque estaba en malas condiciones, lo que implicó un sobreprecio de $175 millones.
La fiscalía provincial de San Luis calificó inicialmente los hechos como malversación de caudales públicos, pero a partir de un dictamen del Procurador General provincial, la máxima autoridad judicial local, la figura legal aplicable resultó ser la de corrupción. También se incluyeron los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso ideal y real. El Ministerio Público, integrado por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, remarcó el impacto institucional negativo y la necesidad de restaurar el orden legal.
La defensa de Ramírez, encabezada por Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación formal, alegando que vulnera principios procesales básicos. Argumentaron que no todas las órdenes de pago estaban dirigidas a San Luis FC y que hubo un cambio en la calificación legal sin nueva convocatoria para ejercer la defensa. “No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado”, enfatizó Juárez. La jueza Banó rechazó el planteo y habilitó la apertura a juicio.

Entre los testigos citados para el debate figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa de la exfuncionaria. Su declaración está vinculada al subsidio otorgado a San Luis FC y la compra del colectivo, operación que fue autorizada mediante un decreto firmado durante su gestión. También deberán declarar el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, exfuncionarios de la Secretaría de Deportes e interventores del club, así como peritos que realizaron tasaciones y verificaciones del vehículo.
De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que pondría en duda su presencia en los tribunales. La participación de exfuncionarios y peritos será determinante para establecer si las transferencias y operaciones cuestionadas respondieron a un procedimiento administrativo correcto o, como sostiene la fiscalía, constituyeron maniobras irregulares para beneficiar a un club privado presidido por la propia Ramírez.
En mayo del año pasado, la jueza de Garantía N°4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, ordenó la apertura a juicio de la causa. Hay un pedido de condena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación central sostiene que Ramírez habría realizado transferencias y operaciones que benefician a una entidad que ella misma dirigía, lo que constituye negociaciones incompatibles con la función pública.



















