POLITICA
OPNyA: Por falta de pago, trabajadores amenazan a Axel Kicillof con una retención masiva de tareas
En medio de salarios de miseria y una administración desbordada por su propia ineptitud, el gobierno de Axel Kicillof dejó sin pagar las horas extras del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) correspondientes a abril y enfrenta una próxima medida de fuerza por parte de sus trabajadores.
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En un organismo público donde la precarización laboral ya era la norma, la gestión de Axel Kicillof ha logrado lo impensado: superar el colmo. A pesar de implementar recortes sistemáticos, la administración del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) se desploma bajo el peso de su propia ineficiencia. Hoy, miles de familias trabajadoras atraviesan un nuevo capítulo de angustia e incertidumbre: no hay fecha concreta para el pago de las horas extras que debiera haberse realizado el día 20 de abril.
Se trata de una situación que indigna incluso a quienes ya están acostumbrados a maniobrar entre sueldos que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica. En la práctica, casi ningún empleado sobrevive con el salario básico. La mayoría depende de las horas extras y quien no las hace es porque tiene otra fuente de ingreso por fuera del organismo. Es la ley no escrita de una administración que paga poco y exige mucho.
Pero esta vez, la gestión rompió todos los límites. El pago de las horas extras -que normalmente se efectúa entre el 16 y el 20 de cada mes- sigue brillando por su ausencia. De manera informal, desde el organismo apenas balbucean excusas técnicas, atribuyendo el retraso a supuestos “errores de sistema”, explicaciones que sólo alimentan la bronca generalizada.
“Todo el mundo está puteando por esto”, reconocen fuentes internas con brutal sinceridad. En medio de un clima ya caldeado por el reciente decreto del gobernador, que habilita la aplicación de un nuevo reglamento impulsado por la gestión y cuatro gremios afines, la falta de pago se percibe como una verdadera provocación: una mojada de oreja a los trabajadores que ya caminan por la cornisa.
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POLITICA
Javier Milei, en medio del escándalo por los audios: “¿Creen que me preocupa lo que puedan hacer de acá a dos meses?”
El presidente Javier Milei se mostró junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, durante la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, tras el escándalo por los audios que salpica al Gobierno sobre presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El jefe de Estado no hizo referencia directa a lo que dijo Diego Spagnuolo, extitular de Andis y grabado de manera clandestina, pero sí sugirió un intento de la oposición de tratar de debilitar al oficialismo en año electoral.
“No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en dos meses?”, se preguntó el líder de La Libertad Avanza, que coronó la oración con una risa irónica.
En esa misma línea, el mandatario también aseguró que al Gobierno “no le falta política”, sino que “los de enfrente -en referencia también a la oposición- quieren romper todo, que es algo muy distinto”.
Durante su discurso, el mandatario hizo una mención especial a Guillermo Francos, de quien dijo que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento».
Fuera de la discusión política, destacó su paso por Corporación América, al que definió como “fundamental” para valorar al sector privado, y concluyó: “Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años. Y esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo, inversión y asunción de riesgos ante las tempestades causadas por una dirigencia política anti empresa”.
No será la única aparición del jefe de Estado durante la jornada. Se presentará además en el teatro San Carlos de Junín, donde llevará adelante un acto de campaña junto a los candidatos a diputados nacionales bonaerenses.
El mandatario no fue el único en hablar hoy, ya sea directa o indirectamente, sobre el escándalo de los audios. Horas antes, “Lule” Menem calificó el hecho como una “una burda operación política del kirchnerismo”.
En su descargo en X, no negó la autenticidad de las grabaciones pero aclaró que nunca intervino en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad ni tuvo conocimiento de hechos ilícitos. Remarcó además que jamás habló con Karina Milei ni con el Presidente sobre este tema en particular.
Al igual que su primo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que no puede garantizar la autenticidad técnica de los audios, pero sí que su contenido “es absolutamente falso”.
Dijo que “pone las manos en el fuego por Lule y por Karina” y consideró que se trata de una maniobra política con fines electorales, ya que la difusión se produjo a menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses.
tras el escándalo por los audios que salpica al Gobierno,pic.twitter.com/EVVsJ4lYgL,August 25, 2025,August 25, 2025,Javier Milei,Karina Milei,Diego Spagnuolo,Conforme a,,Defensa oficial. Un funcionario del ministro de Seguridad habló sobre el escándalo de los audios y aseguró que son una “prueba inválida”,,Presuntas coimas. Karina Milei cambió la estrategia de comunicación y ordenó a los Menem salir a dar explicaciones,,Presuntas coimas. Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”,Javier Milei,,Presuntas coimas. Difunden nuevos audios de Spagnuolo y se confirma que lo grabaron de manera sistemática,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Análisis. Milei y una crisis sin fusibles
Un dirigente de la Seccional La Matanza de la UOCRA y dos delegados sindicales fueron condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete.
La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza, Horacio Héctor Giusso, e involucra a Diego Oscar Oviedo, Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores como coautores del delito de turbación de la posesión, cometido en la planta de la pyme en Altos de Laferrere, partido de La Matanza.
Oviedo se desempeña como secretario de Actas de la UOCRA de La Matanza, que lidera Heraldo Cayuqueo, y Palavecino y Flores eran delegados de Concrete, que en sus tres plantas del Conurbano tiene 100 empleados.
En el fallo, el juez consideró probado que “el 7 de marzo de 2023, un grupo de unas 20 personas, portando banderas de la UOCRA, bloqueó el acceso principal de la fábrica con dos automóviles, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de materia prima entre las 6.50 y las 12″ y menciona que “los videos aportados por la acusación mostraron la presencia de Oviedo y Palavecino en los vehículos que obstruyeron la entrada”.
El tribunal impuso a Oviedo, Palavecino y Flores la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, y estableció reglas de conducta: prohibición de contacto con Félix Sebastián Di Maio (dueño de la pyme), Germán Darío Arévalo y Luis Hernán Villavicencio, y prohibición de ingreso a la planta de Concrete por cuatro años. De todas formas, se afirma en el fallo que “la ejecución de la pena queda en suspenso bajo estas condiciones”.
En diálogo con Infobae, Sebastián Di Maio dijo: “Con este fallo siento alivio porque la justicia es lenta y uno está solo en un Conurbano que está difícil. Se hizo justicia y siento que puedo seguir apostando a este país».
Según el empresario, que se dedica a la producción de hormigón elaborado, sufrió “10 años de hostigamiento” por parte de los delegados desde que fueron elegidos porque le hacían exigencias desmedidas y le pedían una “colaboración” económica para el sindicato. “Cobraron el sueldo durante 10 años sin trabajar -dijo- y ante cualquier queja nuestra les metían presión a los empleados para que trabajaran a desgano o no hicieran horas extra”.
“Gente del sindicato llamaba a los empleados para que exigirles que no trabajen -relató-. En la empresa trabaja gente que vive en la zona y les decían: ‘Sé dónde mandás a los pibes del colegio y sé quién es tu mujer’. Era parte del hostigamiento para que no fueran a trabajar”.
Como las empresas del rubro suelen cerrar a fin de año por una baja del trabajo, y ante la actitud hostil de los representantes sindicales, Di Maio bajó las persianas de la planta de La Matanza durante dos meses y dejó abiertas las otras dos, en Avellaneda y en Tortuguitas, y despidió a los delegados y a 4 empleados.
En ese momento, el empresario se puso en contacto con la abogada Florencia Arietto, una experta en asesorar a pymes bloqueadas, que le recomendó reabrir la empresa, pero a la semana se produjo el bloqueo por parte de los dirigentes y activistas de la UOCRA La Matanza. Por eso Di Maio presentó una denuncia penal contra los delegados, en la que figura que la pyme “perdió aproximadamente 5 millones de pesos por la imposibilidad de despachar hormigón ese día” y que “los camiones de proveedores externos no pudieron ingresar hasta el mediodía, lo que afectó la producción y la entrega a clientes”.
Aunque la defensa de los acusados argumentó que el bloqueo se encuadró en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el juez Giusso citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el derecho de huelga no ampara conductas que excedan el ejercicio pacífico ni justifica la comisión de delitos comunes durante conflictos laborales.
Arietto afirmó que la condena a los 3 representantes de la UOCRA no tiene cumplimiento efectivo, pero resaltó: ”Es un antecedente que nos sirve para replicar en otros casos porque es de manual, es el típico bloqueo».
POLITICA
Se cae el caso del Fútbol para Todos: el fiscal pidió absolver a Mariotto y penas leves para Aníbal Fernández y Capitanich
El caso del supuesto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la AFA para el programa Fútbol para Todos está a punto de quedar en la nada: en las últimas audiencias del juicio, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y reclamó leves penas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Las acusaciones iniciales más severas quedaron en una acusación de fraude y violación de deberes de funcionario público, que merecieron un pedido de tres años de prisión en suspenso para Aníbal Fernández y una acusación de violación de sus deberes de funcionarios para Capitanich, con un pedido de pena de ocho meses de prisión en suspenso. Ambos fueron jefes de gabinete de Cristina Kirchner.
Capitanich reaccionó ante el alegato fiscal: en una declaración pública sostuvo que fue “inconsistente, infundado y conjetural” y que “no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”. Dijo que incluso el fiscal reconoció que que “los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos”. Por lo que, a su criterio, es “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.
“Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, dijo Capitanich.
Al quedar fuera del caso los administradores del programa y solo acusados los funcionarios, es difícil que el tribunal oral federal integrado por los jueces Ricardo Basilico, Juan Michilini y Adrián Grumberg, puedan establecer que existió una conducta delictiva, dijeron a fuentes de los tribunales.
En la misma línea remarcaron que es extraña la tesis de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a las arca de la AFA y por eso no se configura el fraude a la administración pública.
El fiscal general Osorio pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de AFA, a dos años de prisión; a Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; a Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato a un año y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco, a dos años.
El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. En tanto, el fiscal Osorio pidió absolver a Mariotto, excoordinador de Fútbol para Todos; a Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; a Rubén Manuel Raposo, exadministrador financiero de AFA; a Raúl Pagano, exgerente financiero de FAA; a Sergio Marchi, exsecretario general de FAA; y a Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin.
Estos últimos están relacionados con financieras que cambiaban por dinero los cheques que los clubes recibían de la AFA. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.
La acusación era por fraude y desvío de fondos públicos, vinculados al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación del futbol, fortaleciendo la economía de los clubes y sin que los usuarios debieran pagar para ver los partidos del torneo de primera división.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los clubes aumentaron sus deudas y no pagaron sus acreencias con la AFIP.
La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes. En la acusación inicial, el fiscal Taiano había estimado que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas financieras intermediarias, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban completos ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias. La causa se centró en los contratos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010.
La AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio. La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Hernán Cappiello,Conforme a
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