POLITICA
Ordenan avanzar con la investigación sobre un empresario sospechado de ser testaferro de Hugo Moyano
Con un fallo breve y contundente, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó avanzar con la investigación por presunto lavado de activos que afrontan dos de los empresarios más poderosos de Bahía Blanca, Gustavo Elías y Gustavo Damiani, sospechados de lavar fortunas y actuar desde hace años como supuestos testaferros del líder de Camioneros, Hugo Moyano, y sus familiares más cercanos.
El fallo de la Cámara Federal contravino así los intereses de Elías y Damiani, quienes controlan un holding amplio de empresas en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras ciudades. Ambos habían reclamado el cierre de la investigación judicial tras plantear que se habían acogido a un blanqueo fiscal, además de por prescripción y por considerar que se vulneraron sus derechos a ser juzgados en un plazo razonable, entre otros motivos.
Los camaristas Roberto Amabile y Pablo Larriera rechazaron los planteos de las defensas y remarcaron que se trata de una pesquisa compleja, dada la “gravedad de los hechos presuntamente cometidos, que lesionan bienes jurídicos como la hacienda pública, el orden económico y financiero, la administración de justicia y, en algunos casos, la fe pública”.
“La causa ha requerido la obtención de múltiples informes de la ex AFIP, levantamiento de secretos [fiscales], análisis contable de operaciones complejas y la evaluación de vínculos societarios múltiples (amén del pendiente informe de reincidencia)”, remarcó Amabile en su voto, al que adhirió su colega. “Todo ello demuestra una actividad compatible con la complejidad del caso, sin que pueda de momento imputarse una demora inaceptable a los órganos de persecución penal”, concluyó.
La investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos, lo que provocó la apertura de una pesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva
Ya en julio de 2022 y mayo de 2023, la fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.
¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías habría apelado a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.
Consultados entonces por , desde el Grupo Elías desestimaron la investigación por “inconsistente” y sostuvieron que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó entonces uno de sus abogados, Daniel Llermanos, también letrado histórico de Moyano.
Llermanos lamentó entonces que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona”.
Sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca no compartió los planteos del letrado. Por el contrario, en la resolución de diez carillas que fecharon el 12 de este mes, los camaristas Amabile y Larriera rechazaron todos los argumentos de las defensas, aunque sí le requirió al Juzgado instructor que le “imprima la debida diligencia a la investigación”.
Para el fiscal González Da Silva, la trama delictiva habría abarcado cerca de 40 personas, muchas de las cuales son parientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y sociedades distintas. Y todo eso bajo la sospecha de que el grupo Elías actúa o actuó como testaferro de terceros, que podrían ser Hugo Moyano y su familia.
Jugador de peso en el puerto de Buenos Aires, donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para contenedores, Elías es dueño hoy de un holding que incluye múltiples sociedades y medios de comunicación, como La Nueva, en Bahía Blanca. Y en 2007 constituyó junto a Llermanos la firma Ivetra SA, un bastión del holding.
Sin embargo, trece meses después de recibir el segundo dictamen fiscal, el juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, se declaró incompetente tras desgranar los hallazgos preliminares de la pesquisa. Detalló, así, “la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”.
Ya en septiembre de 2024, en tanto, la Cámara Federal bahiense apartó al juez López da Silva y reafirmó que la pesquisa debía continuar en Bahía Blanca. “No puede perderse de vista que, desde el inicio de la causa, la investigación se ha radicado y desarrollado en esta jurisdicción, con motivo de ser el lugar de principal asiento de negocios y el centro de vida de los sujetos investigados”, remarcó el camarista Amabile en la resolución. Ahora, además, les requirió celeridad a los instructores “para un pronto tratamiento” de toda la madeja bajo sospecha.
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POLITICA
Se oficializaron los aumentos salariales para ministros y altos funcionarios: no aplicará para Milei y Villarruel
El presidente Javier Milei oficializó este viernes un aumento salarial para los altos funcionarios de su Gobierno, medida que no incluirá al propio mandatario ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 931/2025, aunque aún no se precisó el monto de la suba.
En la actualidad, el Presidente cobra $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.
A partir de este mes, los incrementos acumulados del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, negociados entre enero de 2024 y julio de 2025, se aplicarán a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios equivalentes. Sin embargo, queda explícitamente excluida la remuneración del presidente y la vicepresidenta, y la medida no tendrá efecto retroactivo.
Javier Milei confirmó que retomará las giras en Córdoba y Buenos Aires: los detalles
El decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un “nuevo sistema de empleo público” que contemple ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y remuneraciones ajustadas a responsabilidad y funciones. El objetivo declarado es garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización del sector.
El Gobierno justificó la decisión en el tiempo de congelamiento salarial y en el saneamiento de las cuentas públicas, destacando 22 meses de superávit fiscal y una reducción del índice de pobreza. No obstante, se estableció que, si el Ministerio de Economía detecta un déficit fiscal, los incrementos quedarán automáticamente congelados hasta recuperar superávit, sin necesidad de un acto administrativo adicional.
El decreto también invita al Poder Judicial, al Legislativo, a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de suspensión de aumentos en contextos de déficit. La norma deroga además el artículo que mantenía congeladas las remuneraciones desde diciembre de 2023, adoptado en plena crisis inflacionaria de 2023.
El Ejecutivo reformó por decreto la SIDE: cuáles son los cambios y nuevas atribuciones
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POLITICA
El Gobierno decretó el aumento de sueldo de funcionarios: Milei y Villarruel quedan excluidos
Tras dos años de congelamiento en los haberes, el Gobierno dispuso este viernes el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Decreto 931/2025 publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial. Según la norma, el incremento no será retroactivo, quedará sujeto a la continuidad del superávit fiscal y del aumento quedaron excluidos el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.
El texto primero hizo hincapié en la situación al momento de la asunción de la administración libertaria, con inflación y pobreza en aumento, y la declaración de la emergencia económica. Así, se instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”.
De esta manera, la medida alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
Sin embargo, el decreto no mencionó el porcentaje de recomposición ni en cuánto quedan los sueldos.
La estimación oficial de la desactualización que sufrieron los haberes de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60% en cuanto a poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El monto final del aumento no está aún precisado y se prevé que vaya acorde a los aumentos que fueron recibiendo los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.
Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023 y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos.
Cuánto ganan los funcionarios
Los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, son los siguientes:
Tal como publicó , desde antes de las elecciones se acumulan quejas en las distintas carteras por el congelamiento y el desfase entre los funcionarios de alto rango con las líneas más bajas.
Entre Navidad y Año Nuevo una altísima fuente del Gobierno ya había anticipado a este diario que se iba a concretar. Esta postura era impensable antes del 26 de octubre. Por ese entonces, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado. Entonces Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.
En tanto en estos más de dos años hubo quejas de parte del mandatario y sus ministros para los constantes aumentos en el Congreso, sobre todo de parte de los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político.
Finalmente, no se aumentó el sueldo pero sí a sus ministros. Respecto a Villarruel, que también quedó afuera, en público se quejó por la cuestión. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, arremetió, a principios de 2025, en un comentario en su cuenta de Instagram.
congelamiento,aumento de sueldos,Decreto 931/2025,quejas,Javier Milei,Victoria Villarruel,Conforme a,,Otra sociedad “pantalla” de la AFA. El hombre que pasó de cobrar una asignación social a recibir US$2,3 millones en Miami,,Resistido por la oposición. El Gobierno publicó el decreto que reestructura la SIDE,,Reacción. La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la SIDE por DNU y alertó sobre el «espionaje político»,Javier Milei,,Tras la aprobación en el Congreso. El Gobierno promulgó las leyes de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal,,Dólares. Quedaron liberados US$20.000 millones del blanqueo y desaparece una restricción cambiaria clave para empresas,,Por DNU. El Gobierno reforma la ley de inteligencia: amplía la posibilidad de aprehender personas y crea un nuevo organismo
El Gobierno estableció este viernes por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una reestructuración integral de la SIDE, como anticipó TN. Implica una reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control.
El DNU reorganiza la estructura de la SIDE, le quita algunas áreas, pero refuerza su capacidad de influencia y control.
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Uno de los puntos más controvertidos es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó la medida por la sensibilidad de la información y para reducir el riesgo estratégico nacional”.
Además, el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en casos de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, deberán avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Reforma integral de la SIDE por DNU: los puntos clave
El DNU disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En el plano digital, el Gobierno separó la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio fuerte es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para evitar superposiciones y simplificar la estructura.
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La SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
El DNU crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, lo nuclear y el espacio. Su función será proveer información relevante para la producción de inteligencia.
El DNU también modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Ahora, esa función pasa del Poder Ejecutivo al secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
SIDE, reforma, Javier Milei
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