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POLITICA

Ordenan avanzar con la investigación sobre un empresario sospechado de ser testaferro de Hugo Moyano

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Con un fallo breve y contundente, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó avanzar con la investigación por presunto lavado de activos que afrontan dos de los empresarios más poderosos de Bahía Blanca, Gustavo Elías y Gustavo Damiani, sospechados de lavar fortunas y actuar desde hace años como supuestos testaferros del líder de Camioneros, Hugo Moyano, y sus familiares más cercanos.

El fallo de la Cámara Federal contravino así los intereses de Elías y Damiani, quienes controlan un holding amplio de empresas en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras ciudades. Ambos habían reclamado el cierre de la investigación judicial tras plantear que se habían acogido a un blanqueo fiscal, además de por prescripción y por considerar que se vulneraron sus derechos a ser juzgados en un plazo razonable, entre otros motivos.

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Los camaristas Roberto Amabile y Pablo Larriera rechazaron los planteos de las defensas y remarcaron que se trata de una pesquisa compleja, dada la “gravedad de los hechos presuntamente cometidos, que lesionan bienes jurídicos como la hacienda pública, el orden económico y financiero, la administración de justicia y, en algunos casos, la fe pública”.

“La causa ha requerido la obtención de múltiples informes de la ex AFIP, levantamiento de secretos [fiscales], análisis contable de operaciones complejas y la evaluación de vínculos societarios múltiples (amén del pendiente informe de reincidencia)”, remarcó Amabile en su voto, al que adhirió su colega. “Todo ello demuestra una actividad compatible con la complejidad del caso, sin que pueda de momento imputarse una demora inaceptable a los órganos de persecución penal”, concluyó.

La investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos, lo que provocó la apertura de una pesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva

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Ya en julio de 2022 y mayo de 2023, la fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.

¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías habría apelado a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.

Consultados entonces por , desde el Grupo Elías desestimaron la investigación por “inconsistente” y sostuvieron que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó entonces uno de sus abogados, Daniel Llermanos, también letrado histórico de Moyano.

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Daniel Llermanos es abogado de Hugo Moyano y también de Gustavo Elías

Llermanos lamentó entonces que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca no compartió los planteos del letrado. Por el contrario, en la resolución de diez carillas que fecharon el 12 de este mes, los camaristas Amabile y Larriera rechazaron todos los argumentos de las defensas, aunque sí le requirió al Juzgado instructor que le “imprima la debida diligencia a la investigación”.

Para el fiscal González Da Silva, la trama delictiva habría abarcado cerca de 40 personas, muchas de las cuales son parientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y sociedades distintas. Y todo eso bajo la sospecha de que el grupo Elías actúa o actuó como testaferro de terceros, que podrían ser Hugo Moyano y su familia.

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Jugador de peso en el puerto de Buenos Aires, donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para contenedores, Elías es dueño hoy de un holding que incluye múltiples sociedades y medios de comunicación, como La Nueva, en Bahía Blanca. Y en 2007 constituyó junto a Llermanos la firma Ivetra SA, un bastión del holding.

Sin embargo, trece meses después de recibir el segundo dictamen fiscal, el juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, se declaró incompetente tras desgranar los hallazgos preliminares de la pesquisa. Detalló, así, “la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”.

Ya en septiembre de 2024, en tanto, la Cámara Federal bahiense apartó al juez López da Silva y reafirmó que la pesquisa debía continuar en Bahía Blanca. “No puede perderse de vista que, desde el inicio de la causa, la investigación se ha radicado y desarrollado en esta jurisdicción, con motivo de ser el lugar de principal asiento de negocios y el centro de vida de los sujetos investigados”, remarcó el camarista Amabile en la resolución. Ahora, además, les requirió celeridad a los instructores “para un pronto tratamiento” de toda la madeja bajo sospecha.

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La CGT busca el apoyo de la Iglesia para una movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

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La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo para debatir y lograr consenso sobre sus próximos pasos. En plena batalla contra la reforma laboral en los Tribunales, los líderes cegetistas tuvieron un primer éxito con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que se sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Mientras esperan que el Gobierno apele esta semana el primer fallo, los jefes cegetistas no quieren quedarse quietos y por eso citaron al encuentro de los 50 integrantes de su conducción para ampliar la discusión interna sobre la estrategia que se pondrá en marcha.

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En principio, la cúpula de la CGT propondrá la realización de una movilización hacia la Plaza de Mayo el 30 de este mes para conmemorar el Día del Trabajador: la idea es que la concentración haga especial hincapié en el pensamiento del Papa Francisco en materia social y por eso se está hablando con representantes de la Iglesia para que se sumen de alguna forma a la convocatoria.

La CGT citó para este jueves a su Consejo Directivo para debatir sus próximos pasos

El lugar elegido no sólo tiene que ver con la importancia política de la Plaza de Mayo en la historia y con la ubicación de la Casa Rosada, a la que dirigirán fuertes críticas por la situación socioeconómica, sino también con la Catedral de Buenos Aires como escenario de un acto que reivindicará las ideas de Jorge Bergoglio.

Como sucedió en los últimos años, se propondrá hacer la movilización callejera un día antes del 1° de mayo “para que los trabajadores puedan descansar en su día”, explicó a Infobae uno de los directivos de la CGT.

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Además de este tema, el triunvirato cegetista, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), prevé que en la reunión del Consejo Directivo se analice la situación social, económica y laboral del país y la abultada deuda del Estado con las obras sociales, que, según los dirigentes, empeora la crisis del sistema de salud.

La CGT marchó por el Día del Trabajador el 30 de mayo de 2025 con una fuerte reivindicación del Papa Francisco (Foto: Jaime Olivos)

Para la central obrera, el desafío por delante es, más allá de mantener la estrategia judicial contra la Ley 27.802, es cómo encontrar soluciones ante el crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.

La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.

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“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó un referente dialoguista de la CGT.

Una marcha del FRESU contra la reforma laboral del Gobierno (Foto: Jaime Olivos)

En la CGT predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.

Además de anunciar que producirá sus propios índices socioeconómicos (como también lo hará la CGT), la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, confirmó que realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

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Sorpresa en la causa AFA: a dos meses del Mundial, Toviggino se diferenció de Tapia en la causa por evasión y pidió apartar al juez que le prohibió salir del país

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El Mundial y la Justicia le come los talones a la AFA. Faltan dos meses para el inicio de la Copa del Mundo y el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino apuró el contraataque: apeló el procesamiento por la denuncia de ARCA y recusó al juez que le prohibió salir del país. Por primera vez, la estrategia judicial muestra una separación de la de Claudio Chiqui Tapia.

El mandamás del fútbol argentino presentará en las próximas horas la apelación, pero no acompaña el pedido de recusación contra el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

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Según pudo saber TN, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, apeló el procesamiento que Amarante dispuso contra Toviggino por la retención indebida de aportes previsionales por $19 mil millones. También presentó un escrito para apartar al juez bajo la acusación de “enemistad manifiesta”, como se anticipó aquí el domingo.

Amarante embargó a Tapia y Toviggino por $350 millones cada uno y les mantuvo la prohibición para salir del país.

Los procesamientos a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

¿Por qué el juez Amarante responsabiliza a los popes de la AFA? Según consignó en el procesamiento, en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia desde los ejercicios 2017 en adelante, aparece la firma de Chiqui Tapia en carácter de Presidente; mientras que del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece al menos 18 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la AFA.

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El juez en lo penal económico Diego Amarante les prohibió a Claudio «Chiqui» Tapia y a Pablo Toviggino salir del país. (Foto: TN).

Para Amarante, “Tapia tenía conocimiento de la condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino y el consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión”.

En el caso de Toviggino, el juez sostuvo que el tesorero de la AFA revistió el carácter de Vocal titular del Comité Ejecutivo, siendo este el máximo órgano de gobierno de la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden -entre otras- a la administración de la AFA y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.

«Chiqui» Tapia cuando declaró en Tribunales en la causa por presunta evasión de $19.000 millones. (Foto: AP).

Como sucede con Tapia, la firma de Toviggino “aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 y de 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024″.

Además, en el padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Toviggino aparece al menos 12 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la Asociación de Fútbol Argentino».

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El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en su salida de Tribunales de Retiro previo a la indagatoria por presunta evasión. (Foto: NA - Daniel Vides)
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en su salida de Tribunales de Retiro previo a la indagatoria por presunta evasión. (Foto: NA – Daniel Vides)

Con el procesamiento, Amarante ordenó restricciones a ambos, como:

  • La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
  • La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
  • La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
  • La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.

Amarante procesó y embargó además a los exintegrantes del Comité Ejecutivo de la AFA Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing; Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. Sin embargo, les levantó la prohibición para salir del país.

El abogado de Toviggino reclamó el cierre de la causa por la aplicación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal sobre “conciliación o reparación integral del perjuicio”, con el argumento de la AFA finalmente pagó la deuda.

AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino

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Comienza el juicio contra una comunidad mapuche por usurpar un campo privado en Río Negro

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Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.

Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.

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El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.

La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).

Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.

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La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

La Lof Cayunao será juzgada

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.

Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.

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Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.

El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.

Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.

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El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

El campo usurpado

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.

El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.

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Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.

Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.

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