Sin contratiempos en el horizonte, salvo que surja algún error no forzado, el presidente Javier Milei se encamina a lograr antes del fin de la semana próxima la sanción en el Senado de una reforma laboral que podrá exhibir como un trofeo político ante la Asamblea Legislativa que se reunirá el próximo 1 de marzo para escuchar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

luego del traspié provocado por la aprobación de un polémico artículo que reducía salarios a empleados en uso de licencia médica, que debió ser corregido en la Cámara de Diputados, la jefa del bloque de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), apuesta a replicar en la sesión que se convocaría para el viernes próximo la coalición política que le permitió aprobar el proyecto en la Cámara alta por primera vez el pasado 12 de febrero.

“Vamos a tener 42 votos”, afirmó Bullrich en diálogo con en medio de la alegría del deber cumplido tras haber logrado el último viernes que las comisiones de Trabajo, que también preside, y de Presupuesto y Hacienda firmaran dictamen favorable al proyecto con el cambio introducido por la Cámara baja y dejarlo, así, listo para su tratamiento en el recinto del Senado al filo del vencimiento del período de sesiones extraordinarias, el próximo 27 de febrero.

El texto modificado había ingresado en segunda revisión al Senado apenas hora y media antes de que el oficialismo reuniera el plenario de comisiones y tan sólo ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo terminara de aprobar con un cambio (la eliminación del artículo 44), en relación con lo que había salido de la Cámara alta diez días antes.

Lo que tendrá que votar el Senado es si acepta o no el texto tal cual salió modificado de la Cámara de Diputados. En caso de salir negativa la votación, la Cámara alta estará insistiendo en la versión que aprobó diez días atrás, que incluía el polémico artículo 44 que reducía al 75% y al 50% los salarios de aquellos trabajadores en uso de licencia médica, según la causa de la lesión o enfermedad fuera involuntaria o por una actividad extracurricular del empleado.

El optimismo de la jefa de la bancada libertaria en el Senado se fundamenta en los hechos. En el dictamen que le dio luz verde al proyecto para su sanción definitiva en segunda revisión pusieron sus firmas representantes de todos los bloques de la oposición dialoguista, desde la UCR hasta las fuerzas provinciales, pasando por Pro.

Como ocurrió cuando el proyecto se discutió por primera vez en el Senado, el peronismo en sus diferentes versiones quedó en soledad en su rechazo a un proyecto que introducirá fuertes cambios en las relaciones laborales y que el Gobierno sostiene que permitirá crear nuevos puestos de trabajo y pasar a la legalidad a los que hoy se encuentran en la informalidad.

En este escenario, todo indica que el próximo viernes los dos tableros del recinto de la Cámara alta volverán a mostrar el mismo resultado de la sesión del pasado 12 de febrero, cuando el proyecto de aprobó en general por 42 votos a favor y 30 en contra.

Así, a favor de la sanción de una nueva reforma laboral votarán los 21 miembros de La Libertad Avanza, a quienes se sumarán los 10 miembros de la UCR que comandan Eduardo Vischi (Corrientes) y los 3 de Pro, bloque que preside Martín Goerling (Misiones).

La lista de respaldos se completa con un archipiélago de monobloques y fuerzas provinciales con terminales políticas en sus gobernadores. En este pelotón figuran Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), que responden a Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, respectivamente; la radical Edith Terenzi (Despierta Chubut), alineada con Ignacio Torres, y la exPro Beatriz Avila (Independencia), que ahora juega en sintonía con Osvaldo Jaldo.

Completan la nómina Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes del Frente Renovador de Misiones que gobierna la provincia mesopotámica y lidera el peronista Carlos Rovira, y los dos miembros remanentes de Provincias Unidas: los peronistas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Como se dijo, la oposición a la reforma laboral en el Senado estará encarnada por el peronismo y los 28 senadores que en tres variantes conviven bajo el techo del interbloque Popular: la versión kirchnerista reunida en el bloque Justicialista, que tiene 21 miembros; los díscolos de Convicción Federal, con cinco integrantes; y los dos representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, con el exgobernador Gerardo Zamora a la cabeza.

Tal vez la votación del próximo viernes sea la última con esta configuración del peronismo en el Senado, ya que en Convicción Federal analizan de manera muy seria pegar el portazo y dejar de compartir el mismo techo con el kirchnerismo. Es cuestión de horas para que se rompa la unidad peronista en la Cámara alta.

Los 30 votos en contra de la reforma laboral se completan con José María Carambia y Natalia Gadano, los dos senadores de Movere-Santa Cruz. Son dos legisladores que han mostrado una fuerte independencia del gobernador Claudio Vidal, aún cuando ingresaron por la coalición que llevó al dirigente peronista a destronar al kirchnerismo después de 30 años de dominar la provincia patagónica.

Hace una semana, la difusión del contrato entre la Cancillería y la Asociación Cultural Inglesa para dar cursos de inglés a diplomáticos, que involucraba a su esposa y directora de esa asociación, Josefina Rouillet, comenzaba a impactar en la escena mediática y generaba las primeras y duras críticas desde el kirchnerismo. Fue entonces cuando Federico Sturzenegger consiguió la comunicación que buscaba: una hora de charla con el presidente Javier Milei, quien según cuentan voces informadas le transmitió total respaldo a sus explicaciones, refrendadas poco después en las redes sociales por el canciller Pablo Quirno.

“Lo recontra bancó”, dicen cerca del arquitecto de la Ley Bases e impulsor de la reforma laboral desde el Consejo de Mayo.

Con el escudo presidencial como principal herramienta de defensa ante propios y ajenos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado atravesó una de las semanas más negras desde que decidió saltar desde el macrismo y engrosar las filas libertarias para convertirse en cruzado y cara visible de las reformas y el inédito ajuste en las cuentas del Estado.

Los repetidos aunque discretos reproches internos por su férrea defensa (¿y autoría?) del artículo 44 de la reforma laboral, que reducía el salario del empleado licenciado incluso con enfermedades terminales, y una denuncia por el costo del alquiler de las oficinas del ministerio, en Diagonal Norte al 700, se sumaron a la polémica por los cursos, que derivó en una denuncia penal presentada el viernes ante la Justicia por la senadora cristinista Juliana Di Tullio.

“Todo forma parte de una operación, no sabemos de dónde viene y tampoco cuándo termina”, expresaban cerca del ministro, en el final de una semana que llegó con algo de alivio desde el Congreso. Quitado el polémico artículo 44, la modernización laboral fue aprobada por amplia mayoría, y podría convertirse en ley a fines de esta semana, en el Senado.

“La reforma tiene muchos enemigos, y con la Ley Bases y las reformas también tocamos muchos intereses y kioscos”, se defiende uno de los leales al ministro, que decidió hablar solo a través de sus posteos en redes sociales.

Los laboratorios, los industriales y la “casta corporativa” forman parte de la lista de eventuales “promotores” de esa supuesta ofensiva, aunque por lo bajo cerca de Sturzenegger califican de “furcio” y “error” las declaraciones a radio Mitre en las que el ministro descartó el pago total de una licencia “si te rompés la pierna jugando al futbol” y defendió los recortes en los salarios de los eventuales afectados.

¿Fuego amigo? “Sería una locura, es tirarnos tiros en los pies a nosotros mismos. ¿Le vas a querer hacer daño a alguien que es recontra bancado por el Presidente?”, descarta un funcionario cercano a Sturzenegger, quien se refugió en sus funcionarios de confianza (Maximiliano Fariña, Cecilia Domínguez y el exdiputado radical Alejandro Cacace) para “no perder el eje y seguir a full” en su función ministerial.

Más allá de la diplomacia y el silencio público, las críticas internas apuntaron a los modos del ministro. “Elefante en un bazar” o “mono con navaja” fueron las metáforas animales que usaron dos fastidiados funcionarios para referirse a las declaraciones y actitudes de Sturzenegger, a quien culpan de haber “empiojado” el debate por la reforma, pero al que de todos modos le reconocen su “solvencia profesional”.

“Darle un contrato a la esposa está mal, aunque todo sea legal”, criticaron desde otra terminal libertaria, lejos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ordenó defender a Sturzenegger y a Quirno, en el caso del contrato por $114 millones por nueve meses de cursos de inglés para empleados de Cancillería y diplomáticos.

Antiguos roces de Sturzenegger con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartieron gestión en el gobierno de Cambiemos, e iniciales choques subterráneos con el asesor presidencial Santiago Caputo, “que nunca se lo tragó”, fueron recordados por un informado exlibertario como antecedentes.

Desde el Palacio San Martín también puntualizaron el encono que Sturzenegger recolectó en la Cancillería por los fuertes y sucesivos recortes en esa área, y desde el sindicato ATE recuerdan que entre las primeras reuniones que Quirno tuvo como canciller −asumió a principios de noviembre− estuvo una charla con “el coloso”, como lo denomina Milei, un elogio que irrita a varios de los celestiales.

Conocedores de esos y otros rumores, cerca de Sturzenegger defienden a su jefe. ¿El contrato de los cursos? “El primero es de 2018, se discontinuó durante la gestión de [Gerardo] Werthein y se volvió a acordar. Autorizaron la Sigen y la Oficina Anticorrupción”, dicen voceros del ministerio, aunque Di Tullio cree que podría haber “presunto tráfico de influencias” de Sturzenegger en la adjudicación de ese contrato, denuncia que incluyó a Quirno, la subsecretaria Cristina Dellepiane y Rouillet, y recayó en el juzgado criminal y correccional número 1.

¿Y los alquileres? “Estamos ahí desde 2024, es un edificio preparado para la función pública, ahí estaba el Ministerio de Modernización durante el gobierno de Cambiemos. Y pagamos menos que lo que otros inquilinos abonan por otros pisos”, retrucan en relación al contrato, revelado por la agencia de noticias NA al igual que el de los cursos de inglés, un total de $720 millones anuales por cuatro pisos y 22 cocheras.

Afectado por la andanada −trascendió que estaría dolido con medios de prensa no kirchneristas por haber “amplificado” las denuncias− Sturzenegger no se mueve un centímetro de su reformismo militante.

“La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de castas en décadas”, escribió en su cuenta de X, el viernes. Felicitaciones a Caputo por la “gran desregulación del mercado de capitales”, retuiteos a posteos de la senadora Patricia Bullrich (para quien trabajó antes de sumarse al Gobierno) y, sobre todo, adhesiones a fervorosos tuits del Presidente conformaron el combo de sus tomas de posición pública, en la semana de los cuestionamientos, y también del respaldo presidencial.