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Otra baja en el Gobierno: renunció el superintendente de servicios de la salud

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Gabriel Oriolo renunció a la jefatura de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación y el control de las obras sociales. Oriolo, que argumentó “motivos personales”, se va en medio de la crisis financiera de casi todas las prestadoras médicas y con el Gobierno en una pulseada permanente con las prepagas por los costos de los servicios y los medicamentos.

Oriolo, un exejecutivo de Osde, desembarcó en la SSS de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. La salida se informará el lunes próximo, en el Boletín Oficial, según aseguraron fuentes del Ministerio de Salud a . Su reemplazante será Claudio Stivelman, actual gerente general de la SSS.

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Durante su gestión, Oriolo intervino ocho obras sociales sindicales y en las últimas dos semanas aceleró el cierre de otras cinco, consideradas “sellos de goma” y que no contaban con suficientes afiliados. En el sistema, existen alrededor de 290 obras sociales, de las cuales la inmensa mayoría atraviesa una crisis financiera sin precedentes, de acuerdo a fuentes del sector consultadas por .

Oriolo confirmó su salida a través de un mensaje en redes sociales en el que reivindicó las tareas de control del organismo y le agradeció por su paso en la gestión pública al presidente Javier Milei y al ministro Lugones. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional”, señaló el exejecutivo de Osde.

Oriolo agregó: “Durante este año y medio al frente de la @SSSalud impulsamos reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada: terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas“.

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Como sucedió durante otras gestiones, el gobierno de Milei utilizó a la SSS como atajo para domesticar a algunos sindicatos díscolos. Oriolo, por ejemplo, activó en mayo una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA ante la amenaza del gremio de colectiveros de ir a un paro sectorial por el retraso en el pago de los salarios. Roberto Fernández, jefe de la UTA, finalmente cedió.

Antes de su renuncia, se sabía que Oriolo tenía también en la mira a Oschoca, la prestadora de los camioneros, cuyo presidente es Hugo Moyano. Oschoca tendría una deuda de más de 20 millones de dólares y hoy Moyano la mantiene en pie gracias a un aporte adicional que negoció con los empresarios como parte del acuerdo paritario.

Bajo su gestión, se intervinieron ocho obras sociales sindicales: Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines; la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera); la Obra Social del Personal Mosaista; la Obra Social de Fotógrafos; Obra Social de Vareadores; la Obra Social del Personal Ladrillero; la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina, y la Obra Social de la Industria del Fósforo.

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De todas las obra sociales intervenidas, el Gobierno tiene particular interés en Osprera, de los trabajadores rurales de la Uatre. Está ahora a cargo Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente. Petroni, que percibe un salario de $8.000.000, fue designado por Oriolo, aunque la intervención de la obra social se concretó mediante un decreto presidencial.

El ministro de Salud, Mario Lugones, y su vice, Cecilia Loccisano, exesposa de Jorge TriacaMinisterio de Salud

El Gobierno desbancó de la conducción de Osprera a José Voytenco, el jefe de la Uatre y un dirigente del PJ chaqueño. Argumentó que la deuda total de Osprera era de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora SSS.

Voytenco dijo que las acusaciones de la SSS “son falsas” y fue a la Justicia tras ser desbancado de su doble función de jefe del sindicato y de la obra social, por lo que cobraba a fines de 2024 un salario de $14.005.643. “En una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenir la obra social. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco, que afirmó que al menos diez de los contratados por Petroni son delegados o miembros de la lista opositora en el gremio que impulsa Pablo Ansaloni, diputado nacional de La Libertad Avanza.

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De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Oriolo, en un intento de recuperar ese dinero, se los demandó a la actual intervención, la que encabeza Petroni, el hombre de los Menem. Nunca obtuvo una respuesta.



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Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires”

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Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.

En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.

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Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.

Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.

En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.

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El video:

La entrada Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires” se publicó primero en Nexofin.

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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN

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Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

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El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.

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La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.

El resultado en Disputados de la votación a la ley de Registro Nacional de Datos Genéticos, donde se aprobó la media sanción

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.

En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

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Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.

A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.

En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

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El mensaje que publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando salió la media sanción del proyecto de ley

La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.

En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

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Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.

La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.

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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:

  • Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
  • Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
  • Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
  • El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo

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En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.

La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.

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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.

Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.

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El Senado insistió por la implementación de la Emergencia en Discapacidad. (Foto: Senado)

“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.

La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.

Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos

Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.

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En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.

El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)
El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)

“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.

Qué es la moción de censura

Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.

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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.

Senado, Discapacidad, Martin Lousteau

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