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Pese a que varias voces del Gobierno la presentaron como una de las prioridades legislativas de este 2026, la mesa política resolvió postergar para “más adelante” el envío de la reforma política al Congreso Nacional, según confirmaron dos importantes fuentes a Infobae. La decisiones responde a la necesidad de evaluar, sin presiones, los apoyos de los legisladores y gobernadores aliados y dar lugar a la construcción de un proyecto de consenso.

Con ese objetivo en mente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cuidó de hacer mención del proyecto que por ahora no es más que un borrador al que accedieron contados miembros del Gabinete. En su lugar, anunció el envío de la tan anunciada modificación del Código Penal, uno de los pendientes de las sesiones extraordinarias, y un paquete de leyes menores a través de las cuales prometen defender la propiedad privada.

“La reforma política queda para la segunda tanda que será enviada lo antes posible”, admitió un integrante del reducido círculo diseñado por el presidente Javier Milei para impulsar la hoja de ruta legislativa diseñada por la Casa Rosada.

Algo similar planteó ante este medio otra fuente inobjetable que admitió además que el oficialismo busca protagonizar una mapeo previo de los respaldos con los que cuenta que le permita trazar aproximaciones de las posturas de los diversos bloques. “Se enviará en el próximo paquete. Por ahora el resto de los espacios parecen no tener decidido nada y no tiene sentido debatir el tema hasta que no haya claridad. Un sector de la UCR dice estar a favor, el peronismo dividido, el PRO no está del todo claro”, enumeró otro de los integrantes a este medio.

Aún con las fechas en maduración, en Balcarce 50 evalúan insistir con el proyecto que incluye cambios en el sistema de votación actual “en los próximos días”. “Podría ser a finales de abril, pero aún no está definido”, argumentaron desde el Gobierno a este medio. Un legislador violeta se cuidó de aclarar que no hubo postergación como tal sino que tendrá lugar en el corto plazo.

En la administración libertaria remarcan la centralidad de implementar las modificaciones que deberán instrumentarse por ley. Incluso, el propio ministro del Interior, Diego Santilli, hizo eco de la posibilidad durante la reunión que convocó la Cámara Nacional Electoral en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) para analizar el uso de la boleta única papel (BUP).

“Este debate va a estar en el Congreso en los próximos meses. Recojo el guante como ministro de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado”, subrayó durante su discurso de apertura. El flamante funcionario prometió que el oficialismo habilitará el debate aunque expuso un período de tiempo amplio contemplado entre “abril, mayo, junio”.

El funcionario trabaja en establecer nuevos contactos con los gobernadores aliados, que alternará entre visitas y reuniones en Casa Rosada, para convecerlos de acompañar las voluntades del Ejecutivo. Por estas horas, define concretamente el cronograma que planea dar inicio la semana próxima.

Fue el propio mandatario el que expuso la necesidad de reformar el sistema electoral durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias con la idea de que “los representantes sean responsables ante sus representados”. En su lógica, y como anticipó este medio, La Libertad Avanza (LLA) no solo apuesta a implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino que busca además modificar el forma en el que se financian los partidos políticos para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”.

Otro punto clave gira en torno a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron suspendidas para el proceso electoral de medio término en 2025, pero contra las que Presidente planea avanzar y concretar su eliminación. Sin embargo, el punto supone un debate interno entre las voces que advierten que no cuentan con los números para concretar la determinación y los que sostienen que un sector del peronismo, el que responde a la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, están abiertos a la eliminación de la herramienta que rigen desde 2009.

Si bien a principios de marzo de 2025 suspendieron su aplicación, en las filas libertarias planean “revisar” el tema al calificarlas de “innecesarias” y garantinzar que “supone un alto costo” para el Estado. “Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron. Hasta entonces el panorama en el Congreso es complejo.

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El Congreso suma días de escasa actividad y, efecto directo del impacto que provoca el caso $LIBRA -más las estribaciones de los vuelos de Manuel Adorni-, el Gobierno buscaría reactivarlo para tratar de recuperar aire político. Difundió títulos de proyectos. El temario es incierto en algunos casos sobre el contenido de las iniciativas y en general, acerca de las prioridades para el tratamiento, es decir, los tiempos para poner en marcha la maquinaria. Eso incluye la necesidad de negociaciones, en un tablero que destaca el juego de los gobernadores. No es el mejor momento de las provincias: el cuadro ya delicado del año pasado suma un arranque del 2026 con caída significativa de la coparticipación. En ese terreno tendrán que moverse los operadores de Olivos.

El objetivo político es obvio, repetido como primera reacción frente a situaciones críticas en todos los ciclos. En este caso, sigue fuerte el oleaje por la inclusión de la esposa de Adorni en el vuelo a Nueva York y la difusión de un viaje familiar a Punta del Este, que tensó al máximo la interna violeta. Y escaló el criptogate. El punto débil de este tipo de respuestas -como intento para imponer la agenda política- es la posibilidad de que se trate sólo de títulos que se consumen rápidamente.

Por eso mismo, la inquietud en los bloques de LLA se da en espejo con la cautela de socios y alguna andanada de la oposición dura, básicamente el peronismo K. El jefe de Gabinete difundió un listado de proyectos que el oficialismo buscaría imponer, como si automáticamente contara con mayoría asegurada, algo que, para coronar las sesiones extraordinarias, demandó un costoso ejercicio de negociaciones para sumar votos en Diputados y en el Senado.

La lista tuiteada por Adorni, como “nuevo paquete de leyes”, incluyó un tema pendiente de la etapa de extraordinarias -la reforma de la ley de Glaciares, que iría al recinto de la Cámara baja en abril, después de audiencias públicas-, junto a la reforma del Código Penal, un enunciado de proyectos sobre “propiedad privada”, y dos cuestiones de mínima ríspidas: emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Hasta ahora, el Gobierno intentó sin éxito y por distinta vía -veto, derogación- deshacerse de esas dos leyes, incumplidas.

El mensaje del Gobierno para esos dos casos señala el objetivo de “compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”. Una manera de referir al ajuste. Las jugadas anteriores resultaron frenadas por la oposición en sentido amplio y parte de espacios considerados aliados, un conglomerado que incluyó desde legisladores que responden a gobernadores del PJ “amigos” hasta algunos socios. Se trata de temas sensibles. Y se verá hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a negociar.

Además de ese listado, y desde hace meses, el oficialismo viene difundiendo versiones sobre otros proyectos, entre ellos una reforma impositiva por ahora no formalizada. Tema delicado. Y en los últimos días, volvió sobre la idea de una “reforma política”, básicamente electoral, que repone la intención de anular el mecanismo de las PASO o limitarlo. Los dos renglones, económico y político, parecen inabordables sin una negociación seria.

El clima que domina el Congreso fue expuesto en parte este miércoles, en el Senado. El temario no era precisamente de alta intensidad: allanar el camino para la designación de la ex legisladora Lucila Crexell -de impactante salto a la condición de aliada violeta- como embajadora en Canadá y la extensión en el cargo del juez Carlos Mahiques, camino a cumplir 75 años. Sin embargo, todo el mundo sabía que la cita iba a resultar teñida por el caso $LIBRA y los viajes de Adorni, con el recurso de cuestiones de privilegio y cruces ruidosos.

De todos modos, dejó señales. Como era de esperar, la batalla desde la bancada oficialista estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Y las cargas más duras fueron expresadas por el peronismo/kirchnerismo. El resto, en líneas generales, tuvo bajo perfil. No anticipó comportamientos para los proyectos que llegarían, sino recelos y cautela. En cambio, quedó en claro el contexto en que el Gobierno tendrá que negociar acuerdos.

El intento desde el círculo presidencial para recuperar aire no está motorizado sólo por los casos referidos, sino además por datos de la economía. No constituyó un hecho aislado la reacción de Javier Milei frente al índice de precios mayoristas de febrero. Destacó que la marca del INDEC haya sido del 1% y hasta se anotó una lectura para mostrar que no llegaba a un punto, sino que empezaba con cero. Eso, para ratificar la esperanza sobre una significativa baja de la inflación, a coronar en agosto.

Por lo pronto, trató de contrarrestar el efecto del IPC del mes pasado, que al igual que en enero fue del 2,9%, con números por encima del promedio en los rubros de vivienda y tarifas (6,8), y alimentos y bebidas (3,3). Con todo y por si acaso, el mensaje en las redes sociales dejó una aclaración sobre la incidencia que podrían tener servicios y desequilibrios monetarios en próximos índices.

No se trató de un indicador aislado sobre el cuadro económico y social. Algunos relevamientos son destacados por sus matices o cifras disímiles por actividad, como el frío y caída en industrias y mejoras o crecimiento en renglones como minería. Esta semana, en cambio, añadió otro informe negativo: el aumento del desempleo, que en el cuarto trimestre del año pasado llegó el 7,5%.

Otros números se agregan a las preocupaciones de los gobernadores, en la antesala de lo que fuentes del Ejecutivo anticipan como una nueva ronda de contactos a cargo de Diego Santilli. En rigor, no es un tema nuevo, sino de arrastre: la sostenida caída en la trasferencia de plata a las provincias, generalizada en lo que hace a la coparticipación y, aún con diferencias, también en fondos discrecionales.

La recaudación anotó en febrero siete meses a la baja, con una caída de más de 9 puntos porcentuales en la comparación interanual. La coparticipación, por supuesto, siguió el mismo camino, con un descenso mayor a los 7 puntos. El cuadro político suma, entonces, una fuerte pincelada de deterioro de las cuentas provinciales. Todo eso estará en la mesa de negociaciones: el clima y los números.

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