POLITICA
Otro revés para el Gobierno: la Justicia frenó la disolución del INTI por seis meses
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Gobierno a abstenerse de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Gobierno aseguró que apelará la medida.
La jueza Martina Forns admitió la cautelar que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Estado a que abstenga de ejecutar “cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del Decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI”.
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En el Decreto 462/2025, el gobierno resolvió quitarle el carácter de instituto al organismo y reconvertirlo en una dirección que funcione bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Concretamente, el Ejecutivo planteó transformar al INTI “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”.
Contra esa decisión, ATE interpuso la cautelar donde pidió que se declare inconstitucional lo dispuesto en el decreto “por configurar una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento del INTI”.
Los demandantes también plantearon que “la centralización de los recursos del INTI en el Tesoro Nacional burocratizaría y politizaría el pago de salarios, al depender exclusivamente del presupuesto asignado por el Ministerio de Economía, y que tal modificación eliminaría la capacidad del organismo de autogestionar sus ingresos para sostener su estructura operativa”.
La jueza Forns le dio la razón a ATE y prohibió avanzar con “cualquier disposición administrativa que altere o desnaturalice la garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales”.
Para la magistrada, la disposición del gobierno vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, “al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso se verifican circunstancias graves y objetivas, se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, concluyó la sentencia.
Otros fallos adversos
Con esta decisión de la Justicia, el gobierno acumula sentencias adversas que le impiden avanzar con su esquema de reforma del Estado.
Días atrás, el mismo juzgado dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto con el que el Gobierno pretendía el cierre de Vialidad.
El fallo, al que tuvo acceso TN, ordenó al gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto 461/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
La jueza remarcó que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″, y que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo mismo sucedió con el decreto que buscaba convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima. El juez federal, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que frenó la disposición al sostener que “la decisión del Ejecutivo podría contradecir la voluntad del Congreso”.
El juez determinó “como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”.
El fallo además dispuso “requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.
Mencionó que “el artículo 1 de la Carta Orgánica del Banco establece expresamente que el BNA es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, cuyo régimen no se encuentra sujeto a las normas generales de la administración pública nacional”.
inti, Justicia, Gobierno
POLITICA
Con duras críticas al Gobierno, Cristina Kirchner volvió a hablar desde su casa: «A la Argentina la están liquidando»
Cristina Kirchner reapareció públicamente domingo a través de un audio que envió al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que este año se realiza en Corrientes. “Mi proscripción es disciplinadora”, expresó.
Es la primera vez que la expresidenta participa del evento estando presa y lo hizo con un mensaje cargado de definiciones políticas, denuncias de persecución y referencias a la situación económica de la Argentina.
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La actividad, bautizada como “Plaza Cristina Libre”, reunió a organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones feministas que reclamaron por su libertad. Desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la exmandataria agradeció la convocatoria y sostuvo que su detención “no es un hecho aislado”, sino un símbolo de la época.
“Sé que las compañeras militan por nuestra libertad, y no digo mi libertad, porque no soy la única privada de su libertad en la Argentina actual”, arrancó Cristina en el audio de seis minutos. Y agregó: “La libertad no es caminar por la calle, es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad”.
En su mensaje, Cristina Kirchner vinculó su situación judicial con la actualidad económica: “Hoy hay millones de argentinos endeudados, hipotecados, privados de la libertad de decidir. En un país que tampoco puede decidir nada a favor de su pueblo”.
“Cada vez tenemos menos tiempo para la familia, menos chances de tener una casa, un auto o unas vacaciones. Esa es la vida que hoy llevan la mayoría de los argentinos”, lamentó. También habló de los comercios y fábricas que cierran “todos los días” y de la tristeza que ve en la calle: “Me cuentan que la gente está muy desesperanzada. Hay una tristeza infinita”.
“Mi proscripción es disciplinadora”
La expresidenta aseguró que su prisión domiciliaria y su proscripción representan “la metáfora perfecta y disciplinadora” de un país al que “le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”.
Sin nombrarlo, volvió a marcar diferencias con el Gobierno y se amparó en una cita a El Eternauta, de Héctor Oesterheld, para subrayar la importancia de lo colectivo: “Nadie se salva solo”, dijo.
“Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. Va a depender del esfuerzo y el trabajo que hagamos en convencer al resto de los argentinos de que se merecen una vida mejor. Depende de juntar el esfuerzo individual con el de millones en un proyecto colectivo, porque nadie se salva solo”, expresó.
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Durante el fin de semana, el Encuentro Plurinacional tuvo múltiples actividades y debates, y en su apertura ya había habido referencias directas a la situación judicial de la exmandataria y a la idea de que “no hay democracia con proscripción”.
Este domingo, bajo el puente que une Chaco y Corrientes, militantes desplegaron una enorme bandera con la consigna “Cristina libre”, que se replicó en carteles, remeras y pañuelos.
Cristina Kichner, Encuentro de Mujeres
POLITICA
Pese a la ronda de diálogo, continúa el foco de conflicto por las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas
CÓRDOBA.- Entre las discusiones pendientes entre las provincias y la Nación está el de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, que dejaron de recibir fondos de la Anses desde la asunción de Javier Milei. No se transfirió ni un peso, salvo a Córdoba y Entre Ríos, para las que existe una orden de la Corte Suprema de Justicia. En las conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli no hay avances.
En ese contexto, volvió a surgir la idea de que si los gobernadores no quieren cubrir el financiamiento, podrían pasar las cajas a la órbita nacional. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma previsional está incluida.
A mediados de año, los representantes de las 13 provincias en el Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres) analizaron la situación convencidos de que la reforma previsional no incluirá la cobertura del déficit de las cajas no transferidas. La presunción está en línea con el planteo de Milei de delegar estas materias a las provincias o los municipios. Vinculado con eso está el interés de los mandatarios de automatizar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos, puntos sobre los que tampoco hubo avances con Santilli.
“Si no les parece, que pasen los sistemas a la Nación”, plantearon algunos legisladores libertarios durante la previa a la discusión del presupuesto. Si esa posibilidad se reabriera sería una solución a las finanzas de las provincias que aceptaran, pero también abriría conflictos importantes con los trabajadores estatales.
El argumento de Nación para no pagar es que la Anses debe terminar las auditorías para conciliar las cuentas, pero los meses de deuda se acumulan y también las urgencias financieras de las provincias. El proyecto de presupuesto 2026 incluye una partida de $122.000 millones para cumplir con la obligación legal de cubrir el rojo que tendrían esos sistemas si estuvieran en manos de la Nación. En realidad, lo que se plantea es que se girarán “anticipos” condicionados a que se cumplan determinados objetivos.
La cifra es más que exigua: un convenio firmado hace unas semanas con el entrerriano Rogelio Frigerio establece que a esa caja, entre este mes y octubre del 2026, se le pagarán $48.000 millones a cuenta de la cifra que terminen estableciendo las auditorías.
Un trabajo del Ieral que dirige Osvado Giordano −quien estuvo frente a la Anses unos dos meses− establece que la cifra presupuestada cubriría sólo el 4% de lo que debería transferirse si se consideraran montos definidos según los déficits de años previos, que según la ley deben actualizarse con la misma fórmula de las jubilaciones. Si se cumpliera esa disposición se requerirían $2,2 billones, no $122.000 millones.
Cuando era funcionario, Giordano sugirió usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para cancelar las deudas. La propuesta no prosperó y la deuda siguió acrecentándose.
Las cajas no transferidas, además de las de Córdoba y Entre Ríos, son las de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde fines de 1993, esos gobernadores hacen uso de la facultad constitucional de tener regímenes propios para los estatales provinciales. En ese año, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, habilitó el pase de los sistemas a la Nación cuando creó el sistema de las AFJPs. El período de transferencias se cerró en 1996.
A finales de 1999, un nuevo pacto fiscal fijó que Nación haría un “financiamiento gradual” del rojo de las cajas no transferidas siempre que el sistema se “armonizara” con el nacional. La mayoría de las provincias no avanzó con reformas previsionales, pero siguieron recibiendo los fondos hasta que con Cristina Kirchner empezaron a usarse como forma de premios o castigos con los gobernadores.
En la gestión de Mauricio Macri se acordó que la Anses financiaría solo el monto equivalente al déficit que tendrían si el sistema hubiera pasado a manos nacionales. Es la regla que rige hoy. En el presupuesto 2023 −extendido dos veces por la administración libertaria− se incorporó la fórmula de actualización por movilidad jubilatoria que nunca se cumplió. Desde diciembre del 2023, Milei cortó los giros.
En la Corte Suprema de Justicia, solo Frigerio y Martín Llaryora lograron giros a cuenta por parte de Nación. El pampeano Sergio Ziliotto tuvo audiencia hace diez días y la Anses insistió en que debe terminar las auditorías; este año, La Pampa destinó $145.000 millones a su caja de jubilaciones. El santafesino Maximiliano Pullaro y el correntino Gustavo Valdés también llegaron al máximo tribunal con la demanda.
En Córdoba todos los gremios provinciales marcharon en reclamo de la ley de emergencia previsional vigente, que implica un aumento de cuatro puntos de los aportes de los estatales, para financiar el déficit de las cajas de jubilaciones. Los manifestantes advirtieron que la Provincia atraviesa un estrangulamiento financiero derivado de la deuda que mantiene el gobierno nacional. Por orden de la Corte, la Anses este año le debe pagar $60.000 millones a cuenta de la deuda y en marzo conciliar las auditorías desde el año 2019 a 2024.
No se transfirió ni un peso,estuvo frente a la Anses unos dos meses,Gabriela Origlia,Anses,Jubilaciones,FMI,Conforme a,Anses,,Reajuste mensual. Cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre,,Aumento y aguinaldo. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre,,Aumento mensual. De cuánto es la AUH en diciembre
POLITICA
Sin pactos y con control libertario, Patricia Bullrich adelantó cómo manejará el Senado desde diciembre
Con el recambio legislativo en proceso y un Senado que llegará al 10 de diciembre atravesado por meses de choques con la Casa Rosada, Patricia Bullrich comenzó a moldear el estilo de conducción que tendrá al frente de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.
La actual ministra de Seguridad ya se reunió con senadores de distintos bloques y dejó un mensaje que circuló rápido por los despachos: promete “procesos ordenados” y un escenario de “cero acuerdos” con el kirchnerismo.
La referencia no pasó inadvertida entre los legisladores que la escucharon en las últimas horas. Varios de ellos —identificados como dialoguistas— valoraron que la expresidenta del PRO será, según les aseguraron desde el propio Gobierno, la única interlocutora entre los senadores y el Presidente, lo que evitaría los cortocircuitos que caracterizaron el primer año legislativo de Javier Milei.
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“Si hay una sola línea política y está alineada con el Ejecutivo, facilita todo. El problema fue cuando había dos voces y ninguna ratificaba lo que prometía”, reconoció un referente del centro político, en diálogo con Infobae.
Para esos sectores, la ex ministra de Seguridad representa un “peso político propio” que podría ordenar una Cámara alta donde, hasta ahora, convivieron dirigentes libertarios con escasa experiencia, improvisación estratégica e idas y vueltas que desgastaron apoyos claves.
El desafío no será menor: en el Senado comenzará a discutirse la reforma laboral, uno de los proyectos insignia del Gobierno, que genera una mezcla de expectativa, advertencias y demandas de prolijidad en su presentación pública.
Desde el oficialismo admiten que el clima no será sencillo. El Presupuesto 2026 avanza con tiempos muy ajustados en Diputados, las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas antes del 10 de diciembre, y diciembre es un mes “políticamente incómodo” por las festividades y la escasez de días hábiles.
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Aun así, el Gobierno quiere darle prioridad a la reforma del mercado laboral y apuesta a que Bullrich sea la encargada de pilotear las negociaciones.
Del otro lado del tablero está el kirchnerismo, que intentó mostrarse cohesionado esta semana con una cena de unidad encabezada por el formoseño José Mayans.
La foto, sin embargo, mostró ausencias sensibles que encendieron alarmas internas y fueron celebradas por los sectores dialoguistas y por aliados circunstanciales del oficialismo.
“Quisieron exhibir fuerza y terminaron dejando más dudas”, evaluó un legislador provincial.
La tensión en ese espacio no es nueva. Desde el final del gobierno de Alberto Fernández, las autocríticas brillan por su ausencia y Cristina Kirchner —ahora en prisión domiciliaria— sostiene a sus alfiles Germán Martínez en Diputados y Mayans en el Senado.
La interna por la conducción del bloque continúa abierta, a lo que se suma la presión que reciben gobernadores y senadores para definir si continúan dentro del interbloque o si evalúan armar espacios propios antes de que avance el calendario electoral de 2027.
En ese marco, el caso del pampeano Pablo Bensusán generó ruido extra. Una versión indicaba que migraría al bloque Convicción Federal (CF), pero desde su entorno lo desmintieron. De todos modos, admiten que, ante presiones exageradas, podría terminar formando un bloque propio en línea con su gobernador.
Es una señal que inquieta al cristinismo, que desde el 10 de diciembre contará con 28 legisladores, cuatro de ellos de CF. Cualquier fractura les complicaría la posibilidad de conformar mayorías o alcanzar los dos tercios que fueron centrales en otros años.
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La Libertad Avanza; Javier Milei,Patricia bullrich,Senado
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