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El anuncio del paro en el fútbol argentino forzó una lectura política sobre un expediente penal económico que se desarrollaba de forma silenciosa, marcado por documentos, vencimientos y planillas, y un hilo conductor: la presunta retención de impuestos y aportes previsionales que, según la denuncia, no fueron ingresados en término. La reacción de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, se produjo luego de que el juez en lo penal económico, Diego Amarante, dispusiera citarlos a declaración indagatoria. La respuesta no fue jurídica ni procesal. Fue política: detener el torneo como mecanismo de presión.

El Gobierno eligió un camino opuesto: no respondió. No hubo comunicado, conferencia de prensa, voceros ni mensajes en redes sociales. Ningún indicador digital habitual del ecosistema oficialista: sin posteos, sin réplicas, sin mensajes amplificados por funcionarios ni señales indirectas. Fuentes consultadas por Infobae calificaron el silencio como una decisión deliberada: “No quieren pisar el palito”, explicó una de ellas, en referencia a la hipótesis que circula en la Casa Rosada sobre el sentido del paro. La lectura oficial sostiene que la conducción del fútbol buscó provocar una reacción del Ejecutivo para luego afirmar: “¿Ven? Están detrás de esto”. El Gobierno resolvió no dar esa escena.

“Es un tema de la AFA con la Justicia. No tenemos nada que decir”, fue la respuesta coincidente que recibió este medio de distintos interlocutores oficiales consultados sobre la suspensión de la fecha 9. En privado, una fuente con acceso a la conversación política del Gobierno introdujo un matiz: el paro estaría diseñado para encuadrar el expediente judicial como parte de la supuesta “persecución política” que la conducción de la AFA denuncia desde hace tiempo. Por eso, en Balcarce 50 optaron por el silencio: dejar que la discusión permanezca en el juzgado y no se traslade al terreno político.

Ese contraste es el núcleo del conflicto: un paro que busca politizar una causa y un Gobierno que trata de evitar esa politización, mientras el expediente sigue su curso bajo una lógica penal definida por fechas de vencimiento, mora y montos retenidos. En ese punto, la causa aparece para el oficialismo como suficientemente sólida para explicar por qué la citación a indagatoria no constituye un gesto político sino una decisión judicial anclada en prueba documental.

La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la agencia impositiva que encabeza Andrés Vázquez, encuadró la conducta investigada en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El artículo 4° tipifica la apropiación indebida de tributos: sanciona al agente de retención o percepción que no deposite, total o parcialmente, en los treinta días corridos posteriores al vencimiento del plazo legal, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere el mínimo previsto por mes. El artículo 7° prevé una figura equivalente para la apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La escala penal es la misma: de dos a seis años de prisión.

Según fuentes técnicas con acceso al expediente, la discusión no gira en torno a si existe hoy una “deuda exigible” en términos administrativos. El eje es otro: si se retuvo dinero ajeno y si se lo depositó en término. ARCA no denunció una “deuda”, sino, en términos penales, omisión: retener y no ingresar a tiempo. Ese punto es decisivo y, para los denunciantes, explica la contradicción entre el comunicado público de la AFA y los fundamentos de la denuncia.

En su mensaje oficial, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones incluidas en la denuncia y que “el pago voluntario” de esas obligaciones se realizó “en forma previa a su vencimiento”. También afirmó que el planteo ya fue presentado ante el tribunal y que el tema permanece “pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”. Además, acusó a ARCA de considerar obligaciones “que aún no se encuentran vencidas” como sustento de un delito penal tributario, “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Ese texto, aislado, busca instalar una idea simple: si no hay deuda exigible y el pago fue previo al vencimiento, la imputación penal sería un abuso. No obstante, la reconstrucción documental a la que accedió Infobae —planillas incorporadas en la denuncia y su ampliación— muestra otra realidad: vencimientos concretos, un “día 31” (cuando se configura el tipo penal si no se depositó) y pagos que, cuando aparecen, aparecen tarde. Muy tarde.

La denuncia sostiene que la AFA, como agente de retención, habría retenido impuestos y contribuciones de la seguridad social que luego no ingresó dentro del plazo legal, por montos superiores a los mínimos previstos tanto en la norma actual como en la anterior. Según información obtenida por Infobae, la conducta sería sistemática: se habría reiterado durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese período se contabilizan 69 hechos autónomos, ya que cada mes y cada obligación omitida dentro del plazo legal constituye un hecho independiente según el régimen penal tributario. El monto total denunciado asciende a más de 19 mil millones de pesos en retenciones de impuestos y aportes.

Uno de los cuadros revisados por este medio, vinculado a seguridad social detalla por período: fecha de vencimiento, día a partir del cual se configura el incumplimiento penal, monto retenido, monto pagado, fecha de pago y días de mora. Allí se registra un ejemplo clave: período marzo de 2024, vencimiento 30/04/2024, configuración del tipo desde el 31/05/2024 y pago realizado el 26/09/2024. La mora informada: 149 días. Para los denunciantes, no es una interpretación política: son fechas. En otros períodos, la mora disminuye, pero siempre supera el umbral: existen demoras de 57 días, 62 días y valores intermedios, todos por encima de los treinta días corridos que la ley considera determinantes.

El segundo cuadro, referido a retenciones de impuestos —IVA y Ganancias en distintas modalidades— abarca períodos más acotados, pero con montos que reflejan la gravedad atribuida por la denuncia. Para agosto de 2025, por ejemplo, figuran tres rubros: retención IVA, retención Impuesto a las Ganancias y retención Ganancias Art. 79. Los montos registrados: $118.797.704 (IVA), $103.387.406 (Ganancias) y $271.562.835 (Ganancias Art. 79), con una mora informada de 92 días. Para septiembre de 2025, los importes que figuran son $43.418.626 (IVA), $81.792.107 (Ganancias) y $297.046.621 (Ganancias Art. 79), con mora de 62 días. El total acumulado de ese cuadro para el artículo 4° asciende a $916.005.301.

Estos números cumplen una doble función. Por un lado, demuestran que el umbral mínimo del tipo penal —$100.000 por mes— se supera ampliamente en cada período. Por otro, permiten sostener una afirmación central que consta en la información reservada volcada por ARCA en la causa: lo sancionable no es el pago tardío o la mora administrativa, sino la falta de ingreso en el plazo oportuno. “Todos los pagos que la AFA ahora informa como pagos fueron ingresados con posterioridad al plazo legal del vencimiento establecido y excedente, en algunos meses, ampliamente los 30 días que la ley penal establece”, resume el argumento técnico al que accedió Infobae.

El punto jurídico que más incomoda a la defensa pública de la AFA es, precisamente, el que otorga espesor a la causa: en estas figuras, pagar después no necesariamente exculpa. Así lo plantea la denuncia: “Lo sancionable es la falta de ingreso de las sumas retenidas en el plazo oportuno, sin que el ingreso de estas con posterioridad exculpe el actuar presuntamente ilícito”. Allí se invoca como respaldo el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que califica el delito como de omisión, de carácter instantáneo, consumado “en el momento preciso en que el acto omitido debería haberse realizado”.

En términos prácticos: si el agente de retención retuvo, venció la obligación, transcurrieron treinta días corridos y no depositó, el tipo penal queda configurado. Lo que ocurra después puede ser relevante para otros análisis, pero no modifica el núcleo objetivo de la conducta. “No es una discusión de caja. Es una discusión de plazos”, sintetizó ante Infobae una fuente que participó de la elaboración técnica de la denuncia. Otra fuente lo resumió así: “El punto no es si después pagaron; es cuándo pagaron”.

La denuncia enumera los tres elementos necesarios para la consumación de un delito de omisión. Primero, la existencia de un deber de actuar, derivado de la condición de agente de retención y percepción de la AFA. Según la presentación, esa condición no está en discusión: la entidad retiene impuestos y recursos de la seguridad social por sus obligaciones como empleadora y pagadora de distintos conceptos. Segundo, la capacidad de acción: la posibilidad de disponer de las sumas retenidas en el momento debido. Este aspecto, de acuerdo con la información obtenida por Infobae, estaría respaldado por acreditaciones bancarias, constitución de plazos fijos, testimoniales y otras pruebas incorporadas al expediente, orientadas a demostrar que la AFA podía cumplir y, no obstante, no habría cumplido en término. Tercero, la omisión del depósito en el plazo de treinta días corridos posteriores al vencimiento, que, según los cuadros, no se habría verificado.

Para la acusación, existe un agravante adicional: la naturaleza de los fondos retenidos. La denuncia subraya que el dinero omitido no era “dinero propio” de la AFA, sino recursos correspondientes a los sujetos retenidos. En otras palabras, la entidad habría actuado como recaudador y garante, en la porción retenida, de la renta pública. De ahí la gravedad de la conducta. No es equiparable a una obligación tributaria propia impaga, sino a la retención de dinero ajeno que debía transferirse al Estado.

En ese contexto, la citación a indagatoria dispuesta por Diego Amarante cobra un sentido. La indagatoria no implica condena ni sentencia: es un acto procesal de instrucción que requiere que el juez considere que existen elementos de prueba suficientes para imputar un hecho y garantizar el derecho de defensa. Políticamente, sin embargo, marca un hito: transforma el expediente de una disputa técnica entre un organismo recaudador y una entidad deportiva en una causa penal que involucra a sus máximas autoridades. Ese fue, al parecer, el detonante del paro.

La AFA intentó revertir el sentido de la imputación. Su comunicado no solo niega la existencia de deuda exigible, sino que sostiene que el pago fue previo al vencimiento. Para el expediente, según los documentos revisados, esa afirmación choca con fechas concretas de mora. Narrativamente, hay una contradicción: un comunicado que habla de pagos antes del vencimiento y una denuncia que exhibe pagos con 149 días de retraso, 92 días de mora, 62, 57, todos por encima del umbral penal de treinta días. “Lo que discuten públicamente es una cosa; lo que muestran los papeles es otra”, deslizó ante Infobae una fuente que sigue la causa.

El paro, desde esa perspectiva, aparece como el intento de trasladar el debate de un expediente a la narrativa política. Del derecho penal tributario a la “persecución política”. La forma en que se anunció resulta notoria: la AFA comunicó que la decisión se tomó de manera “unánime” por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol y que se suspendía la fecha 9 —del jueves 5 al domingo 8 de marzo— y “el resto de las categorías” del fútbol argentino. No obstante, según la información obtenida por Infobae sobre esa reunión, no estuvieron presentes Estudiantes ni representantes de varios clubes. Ese dato debilita la pretensión de unanimidad y revela que el paro puede interpretarse como una decisión política impulsada desde la cúpula, presentada como consenso total aunque el cuadro de presencias no lo refleje.

En el Gobierno, ese movimiento fue leído como una maniobra que buscaba una reacción: la AFA acusa, el Gobierno responde, la AFA confirma su tesis de persecución. Pero la respuesta fue nula, tanto en el plano formal como digital. Infobae consultó a diversas fuentes oficiales y no obtuvo declaraciones públicas. “Es un tema de la AFA con la Justicia. No tenemos nada que decir”, reiteraron. En el oficialismo consideran que la conducción del fútbol buscó una reacción para confirmar que la Casa Rosada estaba detrás de la denuncia judicial. Por eso, el silencio fue deliberado.

En un contexto donde el Gobierno suele fijar postura de manera inmediata ante los temas que considera propios, la ausencia de mensajes digitales resultó más elocuente que un comunicado. No hubo posteos, réplicas ni mensajes de usuarios amplificados por funcionarios. Quienes conocen la lógica comunicacional del poder sostienen que ese silencio no es accidental: responde a una estrategia de no alimentar la narrativa adversaria. “Si contestamos, se convierte en una pelea política. Y ellos quieren eso”, explicó a Infobae una fuente libertaria.

Ese silencio también refuerza la tesis que el Gobierno deja correr: que no existe persecución política, sino una investigación penal nacida de un organismo recaudador que presentó evidencia y un juez que, tras analizarla, dispuso indagatorias. En esta lectura, ARCA actúa cuando entiende que se configuran los extremos objetivos del régimen penal tributario. El juez, por definición, responde al expediente.

El conflicto se ordena en dos planos que chocan. En el plano judicial: una denuncia con encuadre legal, jurisprudencia de Corte, 19 meses consecutivos, 69 hechos, un monto global de 19 mil millones de pesos y cuadros que exhiben mora reiterada por encima del umbral penal. En el plano político, un comunicado que niega deuda exigible, afirma pagos previos al vencimiento, acusa a ARCA de impulsar un caso sobre obligaciones “no vencidas” y, como cierre, anuncia un paro del fútbol como repudio. Entre ambas dimensiones, el Gobierno opta por la abstención discursiva: evitar la batalla simbólica que la conducción del fútbol pretende montar sobre el expediente.

En la denuncia emerge además un punto que explica por qué la causa es tan sensible: el dinero retenido no es “de la AFA”. Es de terceros. La denuncia insiste: la AFA habría retenido y omitido ingresar a tiempo sumas que pertenecen a los sujetos retenidos. Si eso se comprueba judicialmente, la conducta no se asemeja a una morosidad ni a un atraso operativo: se perfila como un esquema de financiamiento con fondos que debían tener otro destino. La narrativa de “no hay deuda exigible” pierde fuerza porque el reproche penal se centra en la retención y la omisión de depósito en término.

En este tipo de causas, la discusión se concentra en la prueba dura: fechas de vencimiento, liquidaciones, extractos, constancias de pago, movimientos bancarios, trazabilidad de fondos y la identificación de responsabilidades de quienes toman decisiones dentro de la organización. Por eso la citación de Tapia y Toviggino resulta central: el expediente no apunta a “la AFA” como ente abstracto, sino a quienes, por rol y función, aparecen como responsables de los actos relevantes. En la práctica, es el paso de la institución al nombre propio; el que la AFA intenta revertir con una respuesta política.

La AFA buscó instalar la idea de persecución. La agencia denunciante sostuvo que se trata de ley penal tributaria aplicada a hechos concretos. Un juez cita a indagatoria indicando que existen elementos suficientes para escuchar a los imputados y avanzar. Y el Gobierno, que podría involucrarse, elige no hacerlo. Con ese silencio —institucional y digital— procuró impedir que el expediente sea absorbido por la lógica de la polarización.

El paro actuó como mensaje político: una presión a la Justicia y, al mismo tiempo, una advertencia de poder. Lo cierto es que ARCA presentó una reconstrucción con períodos, vencimientos, montos y moras; apoyó su postura en doctrina y jurisprudencia; y sostuvo que el pago tardío no borra la consumación del delito. Amarante, al citar a indagatoria, tradujo esa arquitectura en un acto procesal.

El Gobierno, al optar por el silencio, buscó que el eje sea estrictamente judicial. No responder para evitar el duelo político. No reaccionar digitalmente para no convalidar la pelea. Dejar que el expediente permanezca donde se originó. Ese silencio —más que un vacío— se convirtió en una respuesta: la cancha no es el lugar donde se discute una imputación penal económica de 19 mil millones de pesos, con 19 meses de conducta reiterada y 69 hechos computados. Esa discusión, por ahora, está en manos de un juez y de un expediente. Y en esa arena, el relato pesa menos que la prueba.

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Este viernes, si no media ningún inconveniente, el Gobierno aprobará en el Senado algo impensado: una reforma laboral. Y también aprobará algo que hubiera sido impensado hace un tiempo: la reforma del Código Penal Juvenil —14 años serás imputable—.

Recuerden que esto es nuevo. Durante años y años, el Congreso tenía un cepo temático. ¿Qué quiere decir un cepo temático? Que no se podían discutir muchísimos temas, aunque la realidad los ponía ahí. Para esta tribu maravillosa llamada kirchnerismo, la evidencia no modifica la creencia. A pesar de que gran parte de su base electoral le decía “estamos padeciendo la inseguridad”, no había políticas ni leyes nuevas para la inseguridad. Para la reforma laboral, cuando les preguntás qué propusieron hasta acá, lo que dicen es que propusieron la disminución de la carga horaria o la ampliación de derechos. Pero eso es lo que pide el mercado ahora, lo que pide la situación laboral. No han propuesto ninguna reforma durante tantos años.

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Ahora pueden salir estas reformas. Pero no tiene que haber nada raro durante esta semana. El pájaro nacional de Argentina es el cisne negro. Que no aparezca uno. Y que ojalá algún día en la Argentina aparezca un cisne blanco. El cisne blanco que tanto deseamos y esperamos es ese pájaro que viene cuando sale algo muy bien, espectacular, sin que nadie lo planee, sin que nadie lo planifique. A nadie se le ocurrió, pero por error algo sale bien en la Argentina. Un éxito. Un plan económico que funciona, un gobierno que funciona. Lo estamos esperando.

Mientras tanto —nada menor—, el Gobierno va a sancionar estas leyes. Quiero decir personalmente que estas leyes, solas, solitas, por milagro, no van a obrar. Si creés que va a bajar la inseguridad y van a tomar más empleados de 3, 2, 1, eso no va a ocurrir. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Rompen el statu quo, pero se necesita, por supuesto en el caso de la reforma laboral, que se mejore el nivel de actividad.

Si la puerta de entrada —la contratación— es más barata y la puerta de salida también es más barata, y se reducen los temores y las barreras a contratar, podría crecer el empleo formal en Argentina. Recuerden: está estancado en privados formales desde hace más de 10 años. Seis millones sobre 22. Hay tres o cuatro millones de empleados estatales. El resto son monotributistas. La población económicamente activa en Argentina es de 22 millones. Hace más de 10 años, solo seis millones son registrados privados.

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Si todo sale bien —no doy ninguna garantía, pero hay que hacerlo—, la reforma laboral podría traer a los informales a la formalidad. Está armada para los que están afuera del sistema, no para los que están adentro. Pero eso solamente no va a generar el nivel de actividad ni la contratación.

Lo mismo para la reforma de la inseguridad: va a haber que poner 23 mil millones de pesos en institutos, tutores, asesores pedagógicos, toda una infraestructura que acompañe a estos pibes que, si no van a poder tener un trabajo, van a ir a la calle y van a delinquir. Hay que dejarlos no en manos de la familia, sino en instituciones. Pero eso es dinero. ¿Hay plata para esto?

El Congreso, cancha propia

Lo importante es que el 1° de marzo, Milei se va a parar en ese lugar que hace dos años era ajeno, ingrato —el nido de ratas, la casita de la casta—: el Congreso. Va a jugar de local y va a decir: miren las reformas. Les va a hablar a todos los que están dentro del Congreso, a sus votantes, a gran parte de la sociedad, y al mercado. Miren que estoy pasando las reformas. Ahora tengo músculo político. Lo hicimos. Parece impensado.

Porque además, el peronismo está estallado. Florencia Carignano desconecta los cables, desconecta los micrófonos: signo de impotencia. El micrófono desconectado más importante no es el de Carignano, es el de Cristina Fernández de Kirchner, que no se escuchó en toda la reforma laboral hasta acá. Seguramente tendrá algo que decir, pero eventualmente lo hará después.

En el mismo momento, hay tres senadores peronistas que están yéndose del bloque que comandaba Mayans: Jujuy, Catamarca y Tucumán. Tucumán, tradicionalmente peronista, manda un besito y abre su propio boliche, distinto del de Mayans, distinto del del peronismo. Y en ese boliche dicen: esta es mi carta, tenemos platos especiales para el Gobierno y Casa Rosada. De hecho, hay conversaciones de estos gobernadores peronistas con Casa Rosada porque lo necesitan. Es transaccional, no ideológico. El peronismo hoy es un movimiento. Un movimiento migratorio.

Marzo empieza desde lo político con la pelota dominada para el Gobierno. Si no hay un cisne negro.

El desafío está en otro lado: la inflación

Hay algo en donde el Gobierno tenía la pelota dominada y ya no. Tiene que ver con la inflación y con la pregunta sobre el nivel de actividad y el nivel de empleo.

Voy a la inflación. Los salarios están acá y los precios están acá. Hay una inercia inflacionaria. La economía argentina es como cuando vos te tenés que operar y vas a un médico. Vas a hacer una interconsulta. Y hay un momento en donde un tipo te dice: vos tenés que operarte. Y otro dice: de ninguna manera tenés que operarte. Ya es tan técnico que decís: ¿qué hago, tiro la moneda, hago una tercera consulta? Lo mismo pasa con los economistas. Un doctor dice: “Ojo, que la inflación no es solo un fenómeno monetario”. Mete una cuña en esa frase que era bíblica. No se discutía.

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Entonces, la pregunta es: si hay equilibrio fiscal, si hay control de la emisión y una política monetaria, ¿qué pasa, por qué la inflación no termina de bajar? Y dicen otros: hay una inercia inflacionaria que no es tan fácil de parar. Y además, este mes aumentan la carne, los servicios, los precios regulados, los colegios, los útiles. Vamos a tener que esperar un poquito para que se termine de desinflar la inflación. Algunos optimistas dicen que en el segundo semestre, el año que viene, baja la inflación. Definitivamente, hay que tener paciencia. Es un proceso.

Y hay un precio que está funcionando como ancla: el salario. El salario es un precio de la economía fundamental. Hay sectores donde sube, porque están más dinámicos. Y muchos otros donde el salario está como un ancla clavado, sin productividad. Vas a pedir aumento y te dan uno, uno y medio por ciento. O no te dan nada. Y te dicen que tenés que esperar. O te dicen: mandame un mail, que te lo vamos a contestar formalmente.

En ese hueco que se produce —en esa distancia entre lo que ganás y lo que cuestan las cosas— se arma, como en el hueco de un árbol, un nido. ¿Y qué anida? El malestar. El malestar social. ¿Y sabés quién aprovecha ese nido de malestar? La oposición. La oposición que hoy no tiene texto, no tiene líder, no tiene guión, no tiene argumento. Empieza a crecer en la medida en que, para una parte de la población, los salarios están medio clavados y no acompañan la mejora del ingreso. Este es el punto número uno.

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El partido de fútbol del Mundial que conocemos hace muchísimos años: de un lado la inflación, del otro los salarios. ¿Quién va a ganar? Es una pregunta. No está escrito el resultado.

El caso FATE

La otra cuestión es el empleo. FATE es simbólico. Pero hay dos posiciones.

Una dice: industricidio. Están cerrando 22.000 empresas. Van a terminar con el tejido más sensible, que es el tejido industrial, el tejido social. Esto lo dice un sector y hay que escuchar lo que están diciendo. Se perdieron 200.000 o 250.000 empleos formales en los dos últimos años. Cierran las empresas. ¿Qué van a hacer con eso hasta que se transformen?

La otra parte de la biblioteca dice: esperate un poquito. FATE tenía el modelo de negocios destruido, roto, inviable desde hace 10 años. Se unió con Continental, con cubiertas internacionales, para tratar de reformar el modelo. No pudo. Rompió ese convenio. Trató de asociarse con otros. No pudo. Empezó a quedar viejo en su tecnología. Y finalmente empezó con el Ayudín: pedir protección arancelaria. Entonces tuvo competencia artificial —era competitivo artificialmente—. Más el SUTNA, que es dificilísimo como gremio. Más la definitiva apertura china. Y termina de resolverse una escena que venía muy mal, dice el Gobierno. No nos echen la culpa a nosotros. Ya venía muy mal.

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¿Es una venganza de Madanes Quintanilla haberle anunciado el cierre de FATE horas antes de la reforma laboral y del paro? Quienes lo defienden dicen que estaba planificado desde hacía más de un año. Y el Gobierno dice que esto estaba planificado para el 5 de marzo —ya no se iba a renovar la medida anti-dumping—, que se adelantó ahora, pero nada personal con Madanes Quintanilla. Madanes Quintanilla debe pensar que el Gobierno eliminó la medida antidumping para Aluar como un vuelto por lo de FATE. Ahí tenés una discusión.

Y el Gobierno contesta: el aluminio de Aluar tiene el 95% del mercado. Si entran los chinos, le van a ganar 10 o 15%. Igual son los primeros por paliza en el mercado del aluminio argentino. Que no lloren tanto.

Las tasas y la pregunta del millón

La tercera cuestión tiene que ver con el crecimiento. Las tasas. ¿Cómo pueden ser estas tasas? Son inviables si querés crecer, si la economía se tiene que reactivar. Cavallo lo dijo el otro día. El Gobierno todavía teme al efecto —ya no lo llama el efecto kuka, pero tiene ese miedo— de que el dólar suba y arrastre la inflación, que es su contrato electoral. Y usa las tasas para evitar eso.

Dicen los que quieren al Gobierno que las tasas van a ir bajando para permitir cierto nivel de actividad. Pero, ¿bajarán las tasas? ¿Habrá crédito? ¿Se recuperará el salario? Son preguntas que no terminan de estar contestadas.

Dicen también que vienen los dólares de la cosecha, que habrá una segunda mitad del año de reactivación, que la mina Vicuña va a tomar miles de trabajadores porque tiene que armar un campamento a 4.000 metros de altura —y hay toda una ley sobre glaciares, pero toman agua en realidad del mar, miren las minas de Chile—. Hay toda una discusión acerca de que si se pierden 250.000 empleos formales, también se crearon 450.000 posiciones o puestos de trabajo informal. Y dicen los que quieren al Gobierno que en realidad este fenómeno ya viene desde hace 10 años produciéndose, que pudo haberse acelerado, pero que hay una pérdida de empleo formal y un pase al informal. Van a tener que esperar, van a tener que ver cómo se transforma la matriz productiva.

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Y acá viene el desafío. ¿Habrá tiempo, paciencia, resto y espalda para aguantar la reconversión de que esas empresas que no están siendo competitivas se transformen en algo?

Los que quieren al Gobierno dicen que ya no va a bastar con la resiliencia. El empresario argentino es resiliente. Pero no va a alcanzar con decirle “resiliente”, porque resiliente es el que sobrevive como el corcho que sale a flote en la tormenta. No va a alcanzar con salir a flote. Van a tener que ser, además de resilientes, creativos, flexibles, con una cabeza distinta y dinámica. Distinta y dinámica para adecuarse a los nuevos escenarios. Abrir, competir. Sí que les bajen impuestos, sí que les saquen regulaciones, pero van a tener que competir.

Hay muchas pymes que pueden acordar con el rumbo del Gobierno pero dicen: ¿pueden ir un poco más despacio y darnos tiempo para reconvertirnos? Y además —esto es importante—: dennos reglas claras. Estamos. Vamos a intentar competir. Pero si después viene otro gobierno, A transforma a B, otra vez quedamos desnudos. Eso es lo que no podemos.

El Gobierno piensa que esto se va a reconvertir y que hay que pensar más en el mediano plazo que en el corto plazo. Pero el corto plazo, si fuera una obra de teatro, es la que no corta muchas entradas. La gente se agolpa para el corto plazo porque está desesperada. ¿Habrá tolerancia para ver los frutos de esta reconversión que el Gobierno quiere impulsar? Vamos a saberlo en los próximos meses.

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